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El “Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria” (CESSPA), es inconstitucional por Jesús C. Rangel Rachadell

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El Decreto Nº 458, por el que se crea el “Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria”, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.266, de fecha 7 de octubre de 2013, se encuentra viciado de inconstitucionalidad, por las siguientes razones:
A.  Limitación al derecho a la información
El Decreto de creación del CESSPA incurre en violaciones al derecho a la información, y le entrega esa información a Partidos Políticos, como se expone a continuación:
1. La información que puede obtener el CESSPA es sobre toda materia que se considere “amenazas a los intereses nacionales” (Art. 4 CESSPA), que sea de “Interés estratégico con alto valor agregado” (Art. 8,1 CESSPA), o “sobre la situación actual en cualquier aspecto de interés nacional” (Art. 4,2 CESSPA), por lo que no está limitada a la búsqueda de información relacionada con la seguridad y defensa de la Nación, definiendo un Estado Vigilante o Estado Totalitario.
2. El destinatario de la información solicitada es un supuesto órgano denominado “Dirección Político-Militar de la Revolución Bolivariana” (Art. 3 del CESSPA) –que solo es mencionado en este Decreto ya que no existe jurídicamente- y el Presidente de la República ha informado que también está conformado por partidos políticos, es decir, no es o no será este un órgano del estado, esto lo expresó el 10 de marzo 2013, cuando “El presidente encargado de la República, Nicolás Maduro, invitó este domingo al Partido Comunista de Venezuela (PCV) a formar parte de la dirección político-militar de la Revolución que fue instalada el pasado 5 marzo en el Palacio de Miraflores, Caracas”. Como constancia de esa invitación al Partido Comunista se puede leer la página Web del Diario “Correo del Orinoco la artillería del pensamiento”, Diario oficialista, que aparece publicada en:
El entregar información sobre la seguridad y defensa de la República, y en particular de las instituciones privadas y ciudadanos venezolanos, a organizaciones con fines políticos de cualquier tendencia, es un acto inconstitucional por cuanto son entes distintos al Estado, y genera una discriminación con el resto de las organizaciones políticas legalmente constituidas, al violar la garantía a la igualdad prevista en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que expresa:
Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia:
1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
3. Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana; salvo las fórmulas diplomáticas.
4. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias.
La Constitución, al referir que todas las personas son iguales, incluye a las personas jurídicas como son los partidos políticos.
B. Limitación al derecho a la intimidad
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela protege la intimidad de las personas, cuando expresa en el artículo 60, lo siguiente:
Artículo 60. Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación.
Aunque el Decreto del CESSPA establece que la información se solicitará a las instituciones privadas (ART. 3; 7; 8,1; 8,2; 8,3; 8,6; 10), la información que tienen las instituciones o personas de derecho privado es sobre las personas naturales o con incidencia en el comportamiento de las personas naturales, esto expone a los ciudadanos venezolanos al peligro de que su información íntima sea entregada al CESSPA, siempre y cuando esta información se relacione con cualquier aspecto de interés nacional; interés nacional que determinará el Presidente del CESSPA y que puede estar referido a asuntos personales, ya que no está limitado, restringido o circunscrito a la seguridad y defensa.
Estamos en presencia de una abusiva atribución otorgada al CESSPA, que le permite solicitar a las instituciones privadas cualquier información –sobre cualquier interés-, y se constituye en una injerencia arbitraria en franca colisión con el derecho humano reconocido en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969), y que entró en vigor el 18 de julio de 1978; que establece en su artículo 11, lo siguiente:
Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
(Subrayado por quien transcribe).
C. Limitación al acceso a la información
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el acceso a la información, cuando en el artículo 143, permite el acceso sin más limitaciones que las establecidas en la Ley, el mencionado artículo expresa:
Artículo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad.
El Decreto del CESSPA expresa que su Presidente “podrá declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualesquiera información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones tenga conocimiento o sea tramitada”, de conformidad con “lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el artículo 171 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública”; la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece que el acceso a la información está limitado si los documentos han sido, previamente, “calificados como confidenciales por el superior jerárquico” (Art. 59 LOPA), pero en ese artículo solo se hace referencia a los documentos; por otra parte, el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, permite que sean declarados documentos y expedientes “secretos o confidenciales de conformidad con las leyes que regulen la materia” (Art. 171 DLOAP); pero ninguna de estas leyes hace extensivo el secreto, la limitación o la restricción de la información a la “información, hecho o circunstancia”, lo cual constituye un exceso a los límites aceptables que solo se pueden establecer por ley, y viola la garantía expresada en el transcrito artículo 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La Sala Constitucional, en la sentencia N° 1050, de fecha 23 de agosto de 2000, caso Ruth Capriles Méndez y otros, dibuja el peligro del acceso indiscriminado a la información, cuando expresa:
Lo personal de la información, restringe para aquellos que no piden sus datos o informaciones, el derecho que otorga el aludido artículo 28, ya que de no ser así, se estaría ante una vía para interferir en la intimidad o en la vida privada de las personas, en la obtención de secretos industriales o comerciales, en asuntos atinentes a la defensa y seguridad nacional, etc., los cuales son valores constitucionales igualmente protegidos y por ello la remisión que hace la norma a documentos de cualquier naturaleza que contengan información de interés para comunidades o grupos de personas, no puede ser entendida sino como aquellas informaciones que corresponden al peticionario, como parte de una comunidad o un grupo de personas.
Los ciudadanos están limitados en el ejercicio de su derecho a la información, al no poder invadir la intimidad de las otras personas u obtener cualquier otra información, pero el Estado a través del CESSPA se autoriza asimismo para solicitar información de cualquier interés que autocalifique como “nacional”, y sin ley que lo autorice.
El mencionado artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresa:
Artículo 28. Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley.
D. La imposibilidad de limitar el derecho a la información
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla que en los Estados de Excepción no se puede suspender el derecho a la información, siendo el derecho a la información no solo el derecho a conocer, sino el derecho a no ser vigilada la información a la cual accede el ciudadano, a sus gustos personales, a los libros que lee, e implica la violación al consentimiento sobre lo que quiera informar o que se informe al Estado.
Esta garantía al derecho a la información está contemplada en el artículo 337 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que expresa:
Artículo 337. El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.
En la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción (Gaceta Oficial N° 37.261, de fecha 15 de agosto de 2001), se declara que el derecho a la información no podrá ser restringido, pero, insistimos, el derecho a la información no es solo el conocer o tener acceso a la información, también es el de no aportar la información que invada la intimidad de los venezolanos, así la excusa sea cualquier interés nacional. La protección que otorga la mencionada Ley está contemplada en el numeral 14 del artículo 7, que expresa:
Artículo 7. No podrán ser restringidas, de conformidad con lo establecido en los artículos 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 4, 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27, 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las garantías de los derechos a:
1. La vida
2. El reconocimiento a la personalidad Jurídica.
3. La protección de la familia.
4. La igualdad ante la ley.
5. La nacionalidad.
6. La libertad personal y la prohibición de práctica de desaparición forzada de personas.
7. La integridad personal, física, psíquica y moral.
8. No ser sometido a esclavitud o servidumbre.
9. La libertad de pensamiento, conciencia y religión.
10. La legalidad y la irretroactividad de las leyes, especialmente de las leyes penales.
11. El debido proceso.
12. El amparo constitucional.
13. La participación, el sufragio y el acceso a la función pública.
14. La información.
E. La atribución de solicitar información en materia de seguridad y defensa ya está otorgada a otro órgano
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 325, establece la garantía de la reserva legal a la información en materia de seguridad y defensa, cuando se refiere a “la clasificación y divulgación de aquellos asuntos que guarden relación directa con la planificación y ejecución de operaciones concernientes a la seguridad de la Nación”, y el artículo 323 de la Constitución crea el Consejo de Defensa de la Nación, y mediante Ley orgánica se ordena fijar su organización y atribuciones.
El artículo 323, citado, establece:
Artículo 323. El Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico. A tales efectos, le corresponde también establecer el concepto estratégico de la Nación. Presidido por el Presidente o Presidenta de la República, lo conforman, además, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, el Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano y los Ministros o Ministras de los sectores de la defensa, la seguridad interior, las relaciones exteriores y la planificación, y otros cuya participación se considere pertinente. La ley orgánica respectiva fijará su organización y atribuciones.
La Ley a que se refiere el artículo anterior se denomina Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, aparece publicada en la Gaceta Oficial N° 37.594, de fecha 18 de diciembre de 2002, y entre las atribuciones otorgadas alConsejo de Defensa de la Nación, le corresponde el “Requerir de las personas naturales o jurídicas de carácter público y privado los datos, estadísticas e informaciones relacionados con la seguridad de la Nación, así como su necesario apoyo” (Art. 38,7); y es a este órgano que crea la Constitución al que le corresponde la atribución de recopilar esa información, atribución que también aparece en el CESSPA, por lo que el “Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria”, cuando solicite que se aporte información en materia de Seguridad y Defensa, viola la reserva legal que está prevista en el artículo 323 de la Constitución.
El artículo 10 del Decreto Nº 458, por el que se crea el “Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria”, también duplica la atribución que la Constitución otorga al Consejo de Defensa de la Nación, en los siguientes términos:
Artículo 10. Los órganos de Seguridad, Defensa, Inteligencia, Orden Interno, Relaciones Exteriores y otras instituciones públicas y privadas que sean requeridas para el cumplimiento del objeto de este decreto, estarán en la obligación de aportar toda la Información requerida por el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, en el ejercido de sus funciones.
En este Decreto se excede la reserva legal a favor del Consejo de Defensa de la Nación, por cuanto la materia a la que está circunscrita es la de Seguridad y Defensa, y en el Decreto es a toda información de “cualquier interés”, por eso es que al violar la garantía de la reserva legal realmente está violando el derecho humano a la intimidad de la información personal de los habitantes de nuestro país.

Vamos a exhibir la Venezuela decente por María Elena Arcia Paschen @malarcia

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Ante tanta barbarie, destrucción y oscurantismo nos produce mucha alegría conocer de cerca proyectos e iniciativas que nos confirman que nuestro futuro será sin duda mucho mejor que el presente.

Uno de estos proyectos es el  programa de formación de jóvenes en liderazgo denominado LIDERA cuyo objetivo es brindar herramientas a muchachos provenientes de distintos orígenes y localidades de la geografía nacional y con probados intereses en lo social, cultural, político, empresarial y estudiantil a través de la formación y creación de espacios de debate y participación haciendo énfasis en  los valores de tolerancia, honestidad, solidaridad y libertad.

Se trata de una iniciativa desarrollada por la Fundación Futuro Presente y apoyada académicamente por el Instituto de Estudios Superiores en Administración (IESA), la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Universidad Metropolitana (UNIMET) que hasta la fecha cuenta con una red de más de 800 nuevos líderes  provenientes de distintos sectores sociales,  con distintas perspectivas ideológicas y cuyo punto de encuentro es su deseo a formar parte de una mejor Venezuela.

En momentos como los actuales cuando la adversidad y la incertidumbre impregnan nuestra vida cotidiana y nos inducen a pensar que estamos en un presente sin fin, proyectos como éste nos permiten sentir una brisa de frescura que nos anima a continuar hacia adelante y no abandonar.  Señalaba en días pasados Carolina Jaimes Branger en su artículo “La Venezuela que me ata”, el efecto que producía en ella y en muchos otros la existencia del Sistema de Orquestas. Coincido en que son proyectos como estos los que nos llenan de alegría y esperanza, por un parte, y por otra, nos generan la responsabilidad ineludible de dárselos a conocer a ese maltratado país ávido de buenas noticias, proyectos e iniciativas que nos reencuentren con la Venezuela decente, trabajadora y exitosa.

Estos proyectos tienen mucho en común: son formadores de jóvenes, de distintos orígenes, que quieren rescatar los valores del esfuerzo, la mística, la disciplina, el sacrificio (muchos vienen largas horas en autobús desde lugares remotos a recibir la formación semanal), destacando en sus participantes la  enorme dedicación y entusiasmo, y lo más importante, el compromiso de contribuir a mejorar sus sectores de influencia  y por ende al país.

Insisto en que hay una Venezuela de progreso que se está gestando y que debemos apoyar para contribuir en la ruta hacia el fortalecimiento de la democracia  y la construcción de un país distinto.

Pregunto con algo de ingenuidad y también quizás de romanticismo, ¿qué pasaría si todos los generadores de opinión se incorporaran en una ¨cruzada” para exhibir  públicamente las iniciativas y proyectos que existen hoy en día y que tienen como objetivo contribuir al diseño del país que queremos la gran mayoría? Me atrevería a responder que nuestra capacidad para impulsar programas similares sería infinita  y las esperanzas se multiplicarían dejando de lado el pesimismo para dar paso a una participación activa y de efectivos resultados.

Estamos cansados de críticas, confrontación, desánimo por lo que colaboremos con nuestros lectores y con nosotros mismos a hacernos más amable el tránsito hacia el país del futuro, mostrando las iniciativas positivas y alentadoras, que son más de las que imaginamos y requieren de apoyo para poder continuar mostrando resultados.

 

Venezuela: Ejecutivo constituye mecanismos de restricción a la información pública @ipysvenezuela

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El 07 de octubre de 2013, la Presidencia de la República anunció la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), de acuerdo a la Gaceta Oficial n° 40.266. Junto a otras disposiciones ejecutivas, esta instancia  demuestra un uso desproporcionado del poder del Estado, y podría ser utilizada para restringir la libertad informativa y el acceso a la información pública por parte de los medios comunicación, los periodistas, de los ciudadanos y la sociedad civil organizada en general.

El Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria estará adscrito al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión del Gobierno. Su objetivo será “unificar el flujo informativo sobre los aspectos estratégicos sensibles de la Seguridad, Defensa, Inteligencia y Orden Interno, y Relación Exteriores” del sector tanto público como privado. Con ello se busca “neutralizar posibles amenazas”, según está definido el artículo 7 del decreto  458 de la Presidencia de la República, publicado en Gaceta Oficial N° 40.266.

De acuerdo a las funciones establecidas, este órgano “Solicitará, organizará, integrará y evaluará las informaciones de interés para el nivel estratégico de la Nación, asociadas a la actividad enemiga interna y externa, provenientes de todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado y otras instituciones públicas y privadas, según requiera la Dirección Político-Militar de la Revolución Bolivariana”, establece el artículo 3 del decreto.

El artículo 9 del decreto dispone que el CESPPA tendrá facultades para “declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualesquiera información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones tenga conocimiento o sea tramitada en el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria”. Estas funciones desconocen y vulneran las garantías del derecho a la información y la prohibición de censura, estipulados en los artículos 51, 57, 58, 143 y 337 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El artículo 10 del documento oficial señala que los órganos de Seguridad, Defensa, Inteligencia, Orden Interno, Relaciones Exteriores y otras instituciones públicas y privadas que sean requeridas para el cumplimiento del objeto de este decreto, estarán en la obligación de aportar toda la información requerida por el CESPPA. Estas indicaciones pudiesen colocar en riesgo la protección del derecho a la privacidad de todos los ciudadanos, debido a que se pudiesen justificar y legalizar las acciones de espionaje y seguimiento, las cuales son contrarias a los estándares internacionales de libertad de expresión e información.

Precedente

La conformación del CESPPA tiene como precedente la creación del Centro de Estudio Situacional (CESNA), por el poder ejecutivo el 1° de junio de 2010. Según el decreto presidencial Nº 7.454, publicado en la Gaceta Oficial 39.436, el CESNA era un organismo -adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia- que tenía facultades para declarar el “carácter reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualesquiera información, hecho o circunstancia” que sea tramitado por un organismo estatal.

Penas en el Sistema Eléctrico

Otra decisión ejecutiva que pudiese restringir las libertades informativas está establecida en el Reglamento Especial de Zonas de Seguridad del Sistema y Servicio Eléctrico Nacional,  determinado en el Decreto N° 277, publicado en Gaceta Oficial N° 40.220, el 2 de agosto de 2013. El artículo 32 de esta disposición establece: “Los trabajadores, trabajadoras y demás personas que intervienen en la prestación del servicio eléctrico que divulguen o suministren datos o informaciones a cualquier particular, que comprometa la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional o de su servicio, en perjuicio de la seguridad y defensa de la Nación, serán sancionados civil y penal, y administrativamente, según sea el caso”.

El objetivo de esta normativa es regular el régimen jurídico referido a las zonas de seguridad de sistema eléctrico nacional, luego que éste fuese declarado, por el Consejo de Ministros, en “Estado de  Emergencia” ante las dificultades que se han reportado.

Estos planteamientos podrían limitar el acceso a información de interés público, así como aplicar el uso desproporcionado del poder del estado para castigar a quienes sirvan de fuentes de información en la actividad periodística relacionada a la situación del sistema y servicio eléctrico. De esta manera, se puede condicionar y castigar el hecho de buscar y recibir información sin ningún tipo de presiones, riesgos ni censura.

Amenaza latente

La conformación del CESPA y las disposiciones del Reglamento Especial de Zonas de Seguridad del Sistema y Servicio Eléctrico Nacional configuran una amenaza a la libertad de expresión e información de los trabajadores de medios, las empresas editoriales y los ciudadanos en general, debido a los desproporcionados controles para la búsqueda, recopilación, difusión y recepción de información de interés colectivo.

El CESPPA pudiese configurar una amenaza de censura previa que puede limitar los derechos comunicacionales en Venezuela, y atenta contra la independencia, la pluralidad, y diversidad informativa necesarios para la deliberación dentro del contexto democrático.  De igual manera, se vulnera los principios de libertad de expresión estipulados en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito y ratificado por Venezuela, así como otros instrumentos internaciones de protección de los derechos humanos.

IPYS Venezuela, ante este contexto, considera que cualquier decisión u orden estatal que promueva o incentive la censura o restrinja las libertades informativas son contrarias a los principios fundamentales dispuestos en los artículos 51, 57, 58, 143, 337 de la Constitución Nacional.

 

Fuente: IPYS Venezuela

Huyendo hacia delante por Francisco Ibarra Bravo @franibar10

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Nelson-Merentes (2)

 

El legado es nefasto, de eso no cabe la menor duda. El problema es que no se pueden desmarcar de éste, quienes han sido los responsables del estropicio. La venta de humo pragmático parece haberse agotado y ahora le toca el turno a aquellos que están dispuestos a morir matando. Todo parece apuntar que no habrá rectificación económica alguna y que lo que tendremos será una huida hacia delante.

 

La movida de Nelson Merentes a Finanzas desde la presidencia del BCV, había generado una especie de ilusión de quinceañera que no se correspondía, ni con la realidad política del país, ni mucho menos con su proceder en la presidencia del ente emisor. Nelson Merentes ha sido probablemente el peor presidente que ha tenido el BCV en toda su historia. Este señor era el que algunos pretendían iba a reformar la política económica del gobierno. El que vive de ilusiones muere de decepciones, al final Giordani sigue capitaneando este Titanic que es la economía venezolana.

 

La ley habilitante trae de todo como en botica. Detrás de la excusa de la corrupción vienen los instrumentos para profundizar el modelo económico fracasado que nos ha traído hasta acá. Aquellos que han creído que ante la ausencia del líder el chavismo podría devenir en un movimiento político más moderado han obviado su profunda vertiente militar, sus pesos pesados ideológicos y además toda la red de intereses que se ha tejido alrededor del poder y sobretodo alrededor de la entrega de divisas. El presidente Maduro carece de la fortaleza, y probablemente también de la claridad mental, para delinear un camino diferente. Lo que parece que vendrá en los próximos meses será una huida hacia delante, el problema es que dadas las restricciones actuales, esa huida viene con gas del bueno.

Ley Habilitante o dictadura perfecta… por Alexander Cambero @alecambero

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El filoso cuchillo hegemónico se yergue en contra de la vulnerada Constitución Nacional. La Carta Magna reducida al triste papel de un montón de párrafos estrangulados en el reclusorio más atroz. La denominada Ley Habilitante es la muerte de nuestro Estado de Derecho, es investir de poderes estratosféricos al presidente ilegitimo para que gobierne por encima del bien y el mal. La dictadura muestra su verdadero rostro, oculto tras el montón de elecciones sospechosas. Eventos electorales que fueron el resultado de un brutal ventajismo oficial, que colocó el portentoso poder de un Estado en contra de opciones democráticas castradas en oportunidades equitativas. Ante el creciente rechazo que experimenta el régimen, éste decide avanzar en una política que busca conculcar todas las libertades para terminar de imponer la dictadura perfecta. Les incomoda en grado sumo que millones de venezolanos rechacen el Estado totalitario y policial que planean desde hace quince años.

Los sueños despóticos hacen su aparición. La revolución chiflada quiere terminar por liquidar al adversario, ya no les basta con tener secuestrado los poderes hasta el grado de no percibirse algún rasgo de autonomía. Su interés es dejar las caretas dizque democráticas para buscar el aplastamiento total de la mayoría de los venezolanos, este instrumento es el corazón que motivará toda la acción totalitaria y que coordinarán con la cofradía de entes al servicio de la dictadura comunista. Ellos funcionan como una corte de incondicionales que responden a la estrategia de un gobierno absolutamente incapaz y corrompido. Órganos sin ninguna moral para marcar un derrotero ejemplar. Sus decisiones muchas veces causan profunda desazón en los sectores decentes del país. Ahora facultarán  a Nicolás Maduro para que termine de destruir nuestro futuro. Un funcionario gris sin mayor capacidad para dirigir los destinos de la nación, que teniendo este instrumento en la mano abonará el terreno para instaurar a Cuba en Venezuela. Vendrá la persecución feroz en contra de líderes opositores a quienes los acusarán de corruptos para usurpar sus espacios obtenidos de forma lícita. La revolución sabe que ante su sostenido deterioro en el fervor popular tiene que apelar a estos recursos.

Para tratar de encubrir la intención han comenzado a perseguir algunos corruptos importantes del régimen sin rozar la cúpula podrida. El pésimo alcalde de Valencia, Edgardo Parra, fue llevado hasta el Sebin por hechos dolosos. En el amplísimo garaje de su casa  se encontraron: diez camionetas nuevas, un yate y hasta tiene un jet privado el sacrificado revolucionario que llegó al gobierno limpio de perinola. Nos preguntamos: ¿Es necesaria una Ley Habilitante para actuar contra la corrupción? ¿O será que lo importante es perseguir a los demócratas fundamentales, disfrazando la intención con detenciones como la hecha en Valencia?

El régimen se juega la supervivencia en el tiempo, sabe que su decaimiento hará posible que el proceso revolucionario sucumba de manera irremisible. Por ello tratar de liquidar al adversario es la apuesta para los tiempos por venir. El dinero no les alcanza para lograr sus propósitos, tampoco cuentan con Hugo Chávez para que los envuelva con inciensos de ilusión y la prolongación de una mentira, que con pomposos discursos de invasión alienígena los mareaba. La Ley Habilitante es un instrumento ideal  para sostener la caída.

¿Bajará el dólar paralelo? por José Guerra @JoseAGuerra

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¿Bajará el dólar paralelo? por José Guerra @JoseAGuerra

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Ya el gobierno no encuentra que inventar para bajar el dólar negro. Lo primero que hizo el gobierno fue desconocer la existencia de un mercado paralelo. El vocero oficioso del BCV, Armando León, afirmó tan lejos como en 2006, que “el mercado paralelo del dólar no existía”, cuando era evidente y visible que, como resultado del control de cambios, había una cotización que reflejaba transacciones a una tasa de cambio que no era la oficial.

Lo segundo que hizo el gobierno, a mediados de 2007, fue reconocer que el mercado paralelo era una realidad inocultable y por tanto comenzó a participar en ese mercado mediante distintas operaciones a través de casas de bolsas con el objeto de estabilizar el precio de dólar para que éste no se distanciara significativamente de la cotización oficial.

Pero en la medida en que los desequilibrios de la economía se acentuaron, el gobierno respondió con el cierre masivo de las casas de bolsa en mayo de 2010 y encarcelando a directivos de esas instituciones acusados por el ministro de Giordani que provocar la inflación y la sostenida depreciación de bolívar con relación al dólar.

 

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Derrotado por el dólar paralelo y con una clara tendencia alcista, lanzó el gobierno en junio de 2010 su tercera parada mediante el Sistema de Transacciones con Títulos con Moneda Extranjera (SITME), el cual según el entonces presidente del BCV, Nelson Merentes, “duraría al menos cien años porque era un sistema que se retroalimentaba”. Con semejante esquema para tratar de bajar el dólar paralelo lo que se sucedió fue un endeudamiento masivo y una fuga de capitales monumental mediante la sobre facturación de las importaciones. Dominados de nuevo por el terco dólar paralelo, en marzo de 2013, con la pomposidad del caso, se anunció, por parte de los ministros Giordani y Merentes, la subasta Vickrey modificada, bautizada como Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD). Este sistema era tan engorroso que fracasó en su primer intento para luego, ya con un quinto intento, adoptar el gobierno una simple y vulgar asignación de dólares de forma discrecional, con el nuevo SICAD.

Mientras el gobierno zigzagueaba, dando palos de ciegos, el BCV proseguía inundando la economía de dinero que esta no quiere y que al llegar a sus manos la transforma en adquisición de bienes o moneda extranjera. A un ritmo superior al 60,0% anual ha emitido el BCV dinero con el objeto de financiar el déficit del sector público. Ello ha causado una elevación sin precedentes de los precios de los bienes, una depreciación del bolívar en el mercado paralelo como no se había visto en Venezuela y la ampliación de la brecha cambiaria, tal como se aprecia en el gráfico adjunto.

Con una cotización del dólar en el mercado paralelo con un valor de casi siete veces el precio del dólar en el mercado oficial, insiste el gobierno con la misma medicina que ha fracasado en ensayos anteriores, pero con una diferencia.

En vista de que la credibilidad de los ministritos Giordani y Merentes, los mismos que provocaron la crisis, salió carbonizada tratando de bajar el precio del dólar en el mercado paralelo, recurrió el gobierno a una especie de pitcher relevista, el ministro de Energía y Petróleo, presidente de PDVSA y Vicepresidente para el Área Económica, Rafael Ramírez. Fue enfático en su declaración el día viernes 11 de octubre. Dijo Ramírez: “Los días del dólar paralelo están contados”. ¿Se cumplirá la amenaza de Ramírez?

Para que el dólar paralelo disminuya o desaparezca hace falta un cuerpo de política económica que ahora está ausente en Venezuela. El único anuncio que hizo Ramírez como plenipotenciario en asuntos económicos es que el gobierno va a ofertar US$ 100 millones semanales a un mercado sediento de dólares. Esa cantidad es la mitad de lo que ofertaba el SITME hasta febrero de 2013, por tanto la oferta luce claramente insuficiente.

Por otra parte, en materia fiscal y monetaria no hay anuncios, por tanto todo hace presumir que el exceso de liquidez va a seguir presionado al mercado y elevando la cotización del dólar. Adicionalmente, en lo relativo a las tasas de interés, tampoco dijo algo el nuevo zar de la economía. Es decir, los ahorristas venezolanos van a seguir perdiendo sus ahorros si se quedan en bolívares en vista de la alta inflación y tasas de interés que estimulan el consumo y castigan el ahorro.

Así entonces, luce improbable que el dólar paralelo pueda bajar y lo más seguro es que, pasada las elecciones municipales del 8 de diciembre, se materialice una nueva devaluación, esta vez mayor que la aplicada el 8 de febrero de 2013.

Inseguridad y hambre ¿es amor? por Nitu Pérez Osuna @nituperez

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DIET POWER, INC. WORLD HUNGER

 

Ese señor Ramírez Torres, el Ministro de Interior Justicia y Paz, definitivamente no sabe ni del cargo, ni lo que habla.  Ahora le ha dado por decir que, para luchar contra la delincuencia necesita la colaboración de los medios de comunicación.

Lo primero es que quienes trabajamos en los medios no podemos luchar contra el delito desatado y amparado por este desgobierno, porque no poseemos los conocimientos ni las herramientas para ello.  Esa no es nuestra especialidad.  Nosotros lo que somos es transmisores de información, sucesos y hechos y este régimen, del cual Ramírez Torres forma parte, ha cerrado, clausurado, comprado y silenciado a los pocos medios independientes que han sobrevivido abiertos a estos 15 años de autoritarismo militar castrista.

Lo segundo es que desde ese ministerio se ha acabado con las policías regionales y municipales que han sido, paulatinamente desarmadas, convirtiéndolas en ineficientes.

Tercero, este militarismo creo la llamada Policía Nacional Bolivariana que no sabemos para que sirve, porque su presencia mostrando armas de gran potencia no han logrado bajar ni los robos  ni los muertos. O es mentira, amigo lector, que nos las pasamos viendo con recelo de un lado para otro, en las calles, avenidas y hasta en nuestras casas cuando un desconocido nos merodea?  Siempre creemos que podemos ser la próxima víctima…¡Dios nos ampare!  El se ha convertido en nuestro único guardaespaldas, porque los terrenales, están muy ocupados cuidando a los “chivos”.

Una semana donde no descansaron los precios

El régimen da cifras y más cifras sobre la inflación. Nos tratan de maquillar la realidad dándonos a entender que hacen esfuerzos para aplacarla y culpan al que fue un sector productivo del país de la escasez y el alza de los precios. La verdad es que en este país casi no se produce nada gracias a las expropiaciones y confiscaciones de millones de hectáreas, fábricas e industrias que pasarían a manos del pueblo pero terminaron en manos de uniformados, trayendo como consecuencia “la soberanía de la escasez y del desabastecimiento”, según lo ha afirmado el mismísimo Banco Central de Venezuela.

El alza en los precios de alimentos es tan grande que pongamos sólo un ejemplo: los huevos en Enero de este año,  estaban a 1,50 BsF por unidad… Lo más barato que usted consigue hoy en día es la docena de huevos pequeños en 43 BsF, es decir, a 3,58 BsF un huevito, 3 mil 580 Bs de los débiles ¡Qué barbaridad!  No le pongo más ejemplos ¿para qué? Usted sabe, mi querido lector,  que esto está hecho en revolución, bajo un control de cambios, de precios y con un barril de petróleo que no baja de 100 dólares.

Parafraseando a un expresidente ya fallecido, no se le puede pedir al pueblo que se inmole en nombre de una revolución.  Amor con hambre…

Fuente: El Universal

El incidente con Guyana por Adolfo R. Taylhardat @taylhardat

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La semana pasada ocurrió un incidente en el cual estuvieron involucrados un buque de la Armada venezolana y una nave contratada por el gobierno de Guyana para realizar prospecciones sísmicas para establecer la presencia de yacimientos de petróleo.

Veamos brevemente los hechos:

El 10 de octubre la fragata Yekuana de la Armada venezolana interceptó al navío de bandera panameña Perdana de la empresa Andarko que realizaba prospecciones geológicas en el denominado “Bloque Roraima” por cuenta del Gobierno de Guyana. El buque venezolano conminó al navío panameño a suspender sus exploraciones y a cambiar de rumbo. La tripulación del Perdana, argumentó que su actividad la llevaban a cabo en el lecho de la zona económica exclusiva de Guyana. Por su parte, la tripulación del buque venezolano insistió en que el navío panameño se encontraba en la zona económica exclusiva de Venezuela.

Posteriormente el buque venezolano ordenó al Perdana que lo siguiera hasta la isla de Margarita, donde llegó el domingo 13 y se encuentra atracado en un puerto de esa entidad. El jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral marítima e insular de la Armada venezolana informó que los 36 tripulantes se encuentran en buen estado y están siendo interrogados por el Ministerio Público bajo el “más estricto respeto a los derechos humanos”.

“Quedó claro entonces que el barco y su tripulación no estaban siendo escoltados fuera de las aguas de Guyana, sino que estaban bajo arresto” sostuvo el gobierno de Guyana. “Estas acciones del buque venezolano no tienen precedentes en las relaciones Guyana-Venezuela”,

Según una información publicada en este diario el 31 de septiembre, fecha del viaje del ilegítimo a Guyana, el alto mando de la Armada exigió al Ejecutivo su reacción sobre la información según la cual Georgetown entregó a la trasnacional Anadarko el bloque de nombre Roraima en la proyección de la zona económica exclusiva venezolana. La nota de prensa agrega que hay preocupación en la Armada por la forma como se está manejando el asunto concerniente a la reclamación venezolana sobre el Esequibo y la falta de respuesta venezolana a las múltiples acciones de Guyana en la zona. Según la nota de prensa, desde hace un año la Armada no patrulla las aguas de la zona en reclamación y la fachada atlántica venezolana y solo efectúa labores de patrullaje en el área de la Plataforma Deltana. Esto conduce a pensar que la acción llevada a cabo por el buque Yekuana forma parte de una nueva actitud de la Armada ante la indiferencia del régimen en el tema de la controversia territorial.

El incidente ocurre apenas 11 días después de la visita del ilegítimo a Guyana durante la cual, entre otras cosas, los mandatarios se dieron seguridades recíprocas de amistad y del propósito de continuar la gestión relacionada con el diferendo territorial mediante el mecanismo de los buenos oficios.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana emitió una declaración en la cual expresó la firme seguridad de que la acción llevada a cabo por el buque de guerra venezolano constituye una seria amenaza a la paz en la subregión y la condena severamente.

Por su parte, la cancillería venezolana emitió un comunicado mediante el cual el Gobierno expresa su “más enérgica protesta ante la situación que se planteó con respecto a las actividades de prospección científica y exploración de la plataforma continental y el lecho marino venezolano, realizadas por dicha embarcación”. Además, pide a Guyana “una explicación satisfactoria” del “preocupante hecho”.

Si bien considero oportuna y adecuada la acción llevada a cabo por la Armada venezolana., creo que es importante tener en cuenta que incidentes de esta naturaleza pueden repetirse en cualquier momento. Estoy de acuerdo en que esto se debe en buena parte a la pasividad de las autoridades venezolanas que no han reaccionado oportunamente ante las concesiones petroleras y mineras que Guyana ha venido otorgando en el territorio Esequibo y en el mar adyacente.

Pero hay que ver el tema con serenidad y objetividad. Las fronteras marítimas entre Venezuela y Guyana no están delimitadas y ello se debe a que mientras esté pendiente el diferendo territorial no será posible hacer esa delimitación. A menos que Venezuela lo haga unilateralmente, lo cual no tendría ningún valor legal internacionalmente. Por su parte, Guyana considera como propio el territorio Esequibo y su proyección marítima incluida la zona económica exclusiva. De allí que alegue que las concesiones de exploración que ha otorgado están dentro de su área geográfica de soberanía.

Este problema seguirá latente mientras se soluciona el diferendo territorial y esto está muy lejos de lograrse. El mecanismo de los buenos oficios no ha contribuido en nada y el problema sigue en el mismo estado de cuando se aprobó el Protocolo de Puerto España. Habría que pensar en alguna solución negociada que satisfaga a ambas partes y esto tampoco parece fácil.

Fuente: www.adolfotaylhardat.net/indexbis

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