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El Obispo de San Cristóbal exhortó a las autoridades y a las fuerzas de orden público a no cometer abusos contra manifestantes

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“Salud y Paz en el Señor Jesús”

 

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1. Nos enseña Jesús que si queremos ser felices y ser reconocidos como hijos de Dios, hemos de ser constructores de la paz (Mt 5,9). La verdadera felicidad radica en el seguimiento del Señor Jesús quien, con su entrega pascual, nos dio la capacidad de ser hijos del Padre Dios (Jn 1,12). Esta realidad nos compromete a todos los creyentes, sin excepción a ser edificadores de la paz, en el amor y en la fraternidad. Por ser hijos de Dios somos hermanos, y el distintivo es el amor fraterno, que todo lo puede (Cf. 1 Cor. 13,7).

 

2. La auténtica paz se puede construir en la medida que todos los hijos de Dios se encuentren y sean capaces no sólo de superar las dificultades y diferencias, sino también cuando se reconozca en el otro la imagen de Dios. De aquí surge el respeto por los demás: en el reconocimiento de la dignidad propia de todos y cada uno de los seres humanos. En el fondo es reconocer en cada quien la presencia viva de un Dios que acobija a todos con el amor.

 

 

3. En los momentos difíciles que haya vivido o pueda vivir la humanidad a lo largo de su historia, la única fuerza que ha hecho posible la paz es la del amor, que implica el encuentro, el diálogo y la reconciliación. Esto requiere la decisión de todos para lograrlo, con la ayuda del mismo Dios. Es así como se han podido ir superando los conflictos y se han podido conseguir no sólo acuerdos, sino la construcción de un camino común.

 

 

4. Estamos viviendo momentos de tensión y de crisis en nuestro país. Son variadas las causas y muchos los efectos. Por eso, se requiere de todos nosotros el empeño, desde la solidaridad, la justicia y la fraternidad que nacen del amor, para encontrarnos y así poder dialogar y conseguir la reconciliación. Esto, a la vez, exige que el camino sea el de la no violencia. Con actos de violencia, vengan de donde vengan, no se conseguirá nada; más bien se abrirá el paso a resentimientos, heridas espirituales y mayor división.

 

 

5. Por eso, y porque “hemos creído en el Amor” (1 Jn 4,16), hacemos un llamado a todos para que en nuestra región y en Venezuela, cese todo tipo de violencia. El derecho a la protesta se debe mantener pero en los términos del civismo y de la fraternidad. Podemos tener diferencias, podemos tener desacuerdos… pero no es con la violencia como se va a resolver nada. De allí la importancia de abrir un espacio para el encuentro. Al lograrlo, sin duda daremos un paso importante y podremos “dialogar”. El diálogo no es escucha obsequiosa del otro, sino el poder compartir en un lenguaje de paz y serenidad las ideas, las propuestas, los reclamos y lo que nos ayude a superar la crisis y las dificultades y lograr la reconciliación.

 

6. En el nombre del Señor Jesús, hacemos un llamado a que cese la violencia de todo tipo –la verbal, la de la agresión, la de la represión- y que busquemos demostrar que somos “gente de paz” como solemos cantar durante la Navidad. Deploramos las muertes que han acaecido durante las manifestaciones en diversos puntos del país, así como también el que haya habido numerosos heridos. Pedimos que quienes han provocado estas muertes y daños personales asuman sus responsabilidades y sean castigados de acuerdo a lo establecido por la ley. A los dirigentes políticos, sociales, económicos, estudiantiles les invitamos a encontrarse y compartir las ideas y opiniones en la búsqueda de un consenso y de un camino de paz social para todos. Que el respeto hacia los otros (que incluye sus bienes materiales) sea el signo característico de un compromiso que nos lleve a edificar la verdad, la justicia y la paz en el amor.

 

 

7. Invitamos a todos los creyentes a seguir elevando oraciones para que la luz del Espíritu nos oriente en todo momento y asista a todos los dirigentes y responsables de la sociedad a fin de que se logre el encuentro, el diálogo y el compromiso por la paz y la concordia. Los sacerdotes y agentes de pastoral estamos obligados a promover la paz y la fraternidad tanto con nuestra predicación como con todas aquellas acciones que nacen del compromiso evangelizador de edificar la concordia entre todos los hermanos. Contamos con la protección de María del Táchira, nuestra Señora de la Consolación y del Santo Cristo de la Grita, quien con sus brazos amorosos nos cobija a todos sin excepción.

 

 

 

San Cristóbal, 14 de febrero del año 2014.

 

+Mario, Obispo de San Cristóbal.

Maduro y la Guerra Civil por José Machillanda

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Nicolás Maduro el 19F en un acto impulsivo e incontrolado, se atrevió a amenazar a los venezolanos con la toma militar del Táchira, mediante el uso y empleo del componente Aéreo, Ejército y Guardia Nacional para Liberar al Táchira del Fascismo Político. Poco antes, el Gobernador Ameliach había anunciado un “Ataque Fulminante” en la población de Valencia. Ambas actuaciones muestran una máxima irresponsabilidad e inconsciencia de estos dos actores políticos que, debido a su primitivo estilo y desconocimiento sobre el uso del elemento armado, criminalizan la protesta social y la elevan casi hasta declarar una hipotética Guerra Civil. Maduro y Ameliach, junto a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, se han convertido en bufos referentes del uso de la violencia armada a partir del 18 de febrero, para intentar amedrentar, contener y neutralizar la nueva protesta social que crece como consecuencia de su torpeza, de sus limitaciones y su desconocimiento de los Derechos Constitucionales, los cuales amparan a los ciudadanos venezolanos. Gravísima y equívoca conducta, porque estos actores políticos del postchavismo, no terminan de entender sobre la etiología y efectos de un conflicto social, que de forma irresponsable y con ligereza, se permiten hasta llamar públicamente a una Guerra Civil. Nicolás Maduro, Ameliach y Cabello son incapaces de aceptar que los venezolanos, después de quince años, están hartos y, en consecuencia, dispuestos a contener el primitivismo político y la herencia política de Chávez y sus ideas anacrónicas, sin sentido y lógica con respecto a la política y al sistema político venezolano. Por ignaros e indolentes, estos postchavistas no pueden comprender el vigor, la vitalidad y la responsabilidad de numerosos venezolanos que ya han expresado su convicción para producir un cambio por la vía constitucional, empleando, esta vez, el instrumento legítimo y político de la protesta social.

 

Los tres gobernantes, atormentados y llenos de pavor, emplean entonces la violencia política instrumentando al elemento militar y se asustan porque los demócratas reclaman un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno porque lo que ha ocurrido durante los últimos 10 meses es un franco desgobierno. Franco desgobierno en el cual se ha privilegiado la propaganda y la guerra psicológica, porque no entienden de acciones políticas, ni políticas públicas, ni soluciones propias de gobernantes. Tampoco pueden admitir que la sociedad venezolana agotó su paciencia para tolerar a un grupo de militares y militaristas que como gobierno, son incapaces para resolver los nudos de angustia que vive la República, razón por la cual ha crecido y continuará creciendo la protesta social en Venezuela. La protesta social –sépanlo- es el recurso civilizado de los venezolanos para decirle “ya basta” al socialismo del siglo XXI. La protesta social constituye el instrumento idóneo para que el gobierno sepa, se entere y termine de comprender que sus acciones han sido permanentemente equivocadas y son contrarias y distantes a los intereses del venezolano. Los venezolanos no aceptan, no toleran y no quieren ni pueden entender que el recurso petrolero, o sea la renta petrolera, sea orientado en la región a diferentes gobiernos con déficit democrático, cercanos al postmarxismo, en vez de que los mismos sean orientados a las soluciones de los múltiples problemas que padecen los venezolanos. La protesta social igualmente rechaza el recurso de la militarización de la política y la militarización de la sociedad por ser contrario a la democracia, a la libertad y a la decencia; la protesta social es contraria al engaño y a la conducta irresponsable de un gobierno que habla de diálogo sin comprender que el mismo debe resolver las desigualdades políticas vinculantes. La protesta social definitivamente constituye el instrumento civilizado por excelencia para enfrentar la ideología del comunismo y el comportamiento populista y arbitrario que pretende desarrollar Nicolás Maduro excluyendo a más de la mitad de los venezolanos que rechazan su comunismo disfrazado de Socialismo del siglo XXI.

 

Por lo tanto, Nicolás Maduro, Cabello y Ameliach no pueden pretender, frente a la protesta social, llamar a la Guerra Civil. Guerra Civil que a ellos les es cercana por su condición de golpistas como militares y radicales como comunistas en el ejercicio de la vida política. Para ellos el uso de la guerra civil es un pretexto ante su grave ineptitud, la usan para tapar su incapacidad por cuanto no han podido resolver el conflicto social venezolano. La Guerra Civil para ellos es un maridaje entre la violencia criminal organizada de sus colectivos armados como fuerzas paramilitares y el postchavismo; fuerzas paramilitares nacidas y fomentadas durante el gobierno de Chávez con la intención de emplearlas a futuro en esta Guerra Civil. Una Guerra Civil que como conflicto violento, se propone aislar y neutralizar las organizaciones políticas legítimas y naturales del Sistema Político Venezolano creando un campo para una situación de excepción en el sistema que sería apoyada por el Tutelaje Militar y la Cúpula Militar Sometida. Esa Guerra Civil supuesta daría pie para que recayera sobre todo el elemento militar la culpabilidad, insensatez e ineptitud de una pandilla de gobernantes que no tienen sentido de la Historia. La historia de la sociedad venezolana y también del sistema regional que como parte de la historia pasada y presente, están atentos y prestos para impugnar la absurda e incongruente intención política de gobernantes venezolanos representantes del postchavismo que pudiera generar un evento de características impredecibles en la ecuación política venezolana. El postchavismo y la Guerra Civil que anuncia Maduro y sus adláteres lo que enuncia es la incapacidad de ellos como gobernantes que siguen convencidos de una revolución y, por lo tanto, están sumamente cercanos creer en una Guerra Civil. Una Guerra Civil que no termina de comprender la visión, interés y propósito de la protesta social de la oposición. La oposición política venezolana, por el contrario, cree en la protesta social y está convencida de que no puede ni debe tolerar la tiranía de Maduro y su militarismo obsecuente, oposición política que además está convencida de que su protesta social y la Constitución son los pasos apropiados para la redemocratización de la República y su propuesta para hacerlo orillando la absurda invocación o engendro colosal de actores atormentados por la protesta categórica de los venezolanos.

 

La oposición política en protesta social está consciente de que la Constitución, así como ampara la protesta por legítima, facilita que la presión ciudadana conduzca a que Nicolás Maduro entienda que su falta de facultad para gobernar lo debe conducir a su renuncia. Ese es un panorama de reclamo que comienza a vislumbrarse en el Sistema Político Venezolano a partir de la dolorosa circunstancia iniciada el 18F y que se vive en todo el territorio nacional, con la generalización de la protesta social. Este gobierno ha decidido enfrentar con una brutal represión militar a la oposición política dando muestras de intolerancia, cobardía y falta de sentido de la historia a tal extremo que anuncia una Guerra Civil. Nicolás Maduro, Cabello y Ameliach tienen que estar conscientes y contestes de que los repúblicos de Venezuela – más del 50% de los venezolanos – han decidido ejercer la protesta social quiéranlo o no ellos como gobernantes, y esto es así, debido a que los venezolanos y su clase dirigente en especial, están contestes de que hay una pérdida grave de legitimidad en el sistema político y en las funciones que cumplen estos actores políticos. A partir de esta pérdida de legitimidad, cualquier análisis del Sistema muestra un punto de fractura y un posible desmoronamiento del Estado, entonces no es la Guerra Civil la solución, ni mucho menos el uso del elemento militar contra la protesta social. Este grave momento irreversible del desmoronamiento del Estado no le queda otra alternativa que renunciar o negociar con la oposición política representada por la protesta social y entiéndase no se trata de que el gobierno de Maduro lo quiera, lo que ocurre es algo muy simple que se le olvido a Nicolás Maduro, Cabello y Ameliach, y eso es que quienes son y representan el poder comitente o poder natural – más del 50% de los venezolanos- están reclamando un cambio de actores políticos en las funciones de gobierno y el mismo ocurrirá legítima y constitucionalmente por medio de la protesta social.

Es original,

Dr. José Machillanda Director Ceppro Febrero, 2014.

Recordar es vital por Elsa Albertini

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Vivo en San Cristóbal Edo. Táchira y escribo estas líneas mientras nos sobrevuelan helicópteros de la FANB a las 12:48 PM, viernes 21 de febrero de 2014.

 

Tengo una inmensa preocupación por la desinformación que estamos viviendo y la pérdida de objetivos que esto ocasiona, es por ello, que intentaré hacer un recuento de los hechos y sus motivos.

 

El martes 4 de febrero de este año, una estudiante de la Universidad de Los Andes denunció haber sufrido un intento de violación en el jardín botánico de su Universidad. Este lamentable hecho hace reflexionar a los estudiantes sobre la inseguridad que vivimos diariamente y organizan una manifestación entre la Universidad Católica Andrés Bello (UCAT) la Universidad de los Andes (ULA) y la Universidad Experimental del Táchira (UNET).

 

En esta manifestación la Guardia Nacional Bolivariana se lleva detenidos a 3 estudiantes – Jesús Gómez y los hermanos Leonardo Manrique de la Universidad Católica del Táchira y Reinaldo Manrique de la Universidad de Los Andes- y los trasladan a Coro para procesarlos, acusándolos de alteración pública. La injusticia de estas detenciones, produce una gran indignación para los tachirenses, quienes se organizan para hacer marchas y concentraciones hasta que los estudiantes fueran liberados.

 

Marchamos hasta la fiscalía, los tribunales y nos concentramos en la Avenida Carabobo -frente al tanque de guerra- donde permanecían estudiantes heridos y la sociedad civil se acerca todas las noches a las 8pm a rezar el rosario pidiendo por la liberación de los estudiantes.

 

El país entero se suma a estas peticiones -no es un secreto que todos sufrimos la inseguridad- y se agregan también otras demandan cómo la escasez y la impunidad. Las grandes ciudades del país salieron a gritar su descontento, entonces el gobierno decidió -por la tapa de la barriga- reprimir  las protestas de manera desproporcional. Lo más irónico y triste es que personas que salen a manifestar por la inseguridad del país, obtienen una bala como respuesta.

 

Luego de los muertos y  detenidos por protestar en todo el país, el silencio hiriente de los medios, los atropellos en cadena nacional y la orden de captura contra Leopoldo López, el Táchira sale a la calle para decir “No Más” todos en su zona, con sus vecinos se organizan para trancar una calle y así decirle al gobierno, que padece de sordera y ceguera, que podemos gritar más fuerte para ser escuchados, pero que nos negamos a estar callados. ¿Es una opción dejar de protestar y hacer como si nada ocurrió? No lo creo y el gobierno y sus abusos nos dieron la respuesta.

 

Ahora mismo nos toman como los criminales del país, nos quitan internet para no poder comunicarnos, luz y agua en algunos sectores, instalan cámaras en la ciudad, detenidos todos los días por protestar, incautan motos, violan la propiedad privada, estamos militarizados, nos sobrevuelan aviones de guerra a muy baja altura y hasta paracaidistas. ¿Hasta dónde llega la incoherencia de este régimen que no proporciona alimentos de la cesta básica, pero si tiene presupuesto para sobrevolar la ciudad con aviones Sukhoi?

 

En el Comando Regional de la Guardia #1 llegan todos los días soldados del ejército, salen tanquetas, ballenas, jaulas, motorizados (soldados cubanos y chinos) –pero esto no lo puedo confirmar- En la frontera y los pueblos se habla de más represión y abusos… ¿Hasta cuándo?

 

Los Tachirenses somos y hemos sido opositores y este gobierno lo sabe, pero también somos creyentes, somos optimistas y entendemos que este momento que vivimos es una gran oportunidad para demostrar que podemos resistir hasta ser escuchados, queremos probar que este gobierno disfrazado de democracia no puede seguir abusando de sus ciudadanos, pero es necesario que trabajemos organizados y con objetivos claros.

 

Ahora quieren desprestigiarnos diciendo que somos liderados por Uribe, que somos paramilitares, han ensuciado la reputación de nuestro Alcalde Daniel Ceballos y seguirán inventando mentiras para cada persona que no quiere ni cree, en un régimen castro comunista ya trasnochado. Les pido por favor no decaer, no somos violentos y la aclaración es innecesaria. Pero tampoco estamos contentos ni conformes con este títere de Presidente ilegítimo y sus políticas escuetas que lleva al país a perder su soberanía.

 

Les escribo porque al gobierno le dio la gana de devolver el internet, para decirles que Venezuela vale la pena, que resistir es la salida y Dios es nuestra guía.

 


Por Elsa Albertini
, miembro de la Asociación Civil FORMA y Lic. en Comunicación Social

Janiot: Fui protagonista de hostigamiento cuando salía de Venezuela

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La periodista de CNN en Español se pronunció en su programa “Nuestro Mundo” sobre el retiro de credenciales para ejercer su labor periodística en Venezuela 

La periodista de CNN en Español, Patricia Janiot, se pronunció en su programa “Nuestro Mundo” sobre el retiro de credenciales para ejercer su labor periodística en Venezuela y contó su experiencia en el aeropuerto de Maiquetía al salir del país.

“Fui protagonista de un incidente de hostigamiento. Cuando pasé la primera requisa de seguridad me pidieron en dos oportunidades que pasara mi zapato porque habían unas marcas oscuras en el tacón y querían verificar si se trataba de drogas o explosivos”, relató.

La periodista continuó contando que fue guiada a una oficina de antinarcóticos acompañada de su productora. Los funcionarios le dijeron que tenía que pasar sola y la productora insistió en acompañarla. “Me dijo: ‘Bueno vayan juntas porque a lo mejor ustedes son pareja’, cosa que nos pareció un comentario discriminatorio”.

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La productora de su programa pidió ir al baño para tratar de comunicar lo que ocurría y una oficial la acompañó. “Pidió la entrega del teléfono pero lograron quitárselo”.

“El oficial me preguntó mi nombre y que si era periodista. Me dijo que él sabía que no llevaba drogas pero que tenía que cumplir con su trabajo”, indicó Janiot.

El presidente Nicolás Maduro dijo este jueves en cadena de radio y televisión que comenzaron los trámites administrativos para sacar del país al canal de noticias CNN “si no rectificaba”.

Aseguró que el canal de noticias quería mostrar que en el país había una guerra civil.

Este viernes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que la periodista de CNN Español, Patricia Janiot, había salido “intempestivamente de Venezuela, luego de las presiones y amenazas de Maduro contra CNN”.

Vanessa Arenas / El Mundo Economía y Negocios

CIDH manifiesta preocupación por situación en Venezuela y aprehensión de Leopoldo López

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha continuado monitoreando y recabando información sobre los acontecimientos que se han registrado en Venezuela en los últimos días, y reitera que se encuentra profundamente preocupada por diversas denuncias sobre supuestas violaciones a los derechos a la protesta pacífica, a la vida, a la integridad y libertad personal de los manifestantes, libertad de asociación y el derecho a la libertad de expresión.

La Comisión ha prestado especial atención a las graves denuncias sobre supuestos ataques de grupos civiles armados en contra de los manifestantes durante las protestas que han seguido teniendo lugar en el país. En este contexto, varias personas resultaron heridas y una fallecida por herida de arma de fuego durante las manifestaciones realizadas en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, el día martes 18 de febrero. Asimismo, de acuerdo a cifras ofrecidas por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, otras cuatro personas resultaron heridas de bala y una fallecida en protestas ocurridas en la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, el miércoles 19 siguiente. De igual manera, la información disponible da cuenta de la actuación de estos grupos en supuestos allanamientos realizados a la sede de un partido político en Venezuela.

La CIDH condena cualquier actuación de esta naturaleza y hace un llamado a las autoridades venezolanas a reforzar todas aquellas medidas destinadas a asegurar el desarme efectivo de estos grupos, investigar y sancionar las acciones ilícitas de los mismos y garantizar la seguridad de la población. La CIDH valora que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, haya rechazado públicamente los hechos de violencia y hecho un llamado al desarme de estos grupos.

Asimismo, la Comisión expresa su preocupación porque persisten las denuncias sobre un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado, y que varias personas habrían resultado heridas producto de la alegada represión en contra de los manifestantes. De igual manera, la CIDH ha dado seguimiento a la situación de un alto número de personas, incluyendo menores de edad, que habrían sido detenidas desde las manifestaciones ocurridas el miércoles 12 de febrero y con posterioridad. La información disponible y puesta en conocimiento de la Comisión, da cuenta de una serie de denuncias sobre casos de detenciones sin orden judicial, falta de presentación oportuna ante una autoridad judicial, el supuesto impedimento de contacto inicial con abogados y familiares, y supuestos hechos de malos tratos en contra de algunas de las personas detenidas por parte de agentes estatales, y mientras se encontraban bajo su custodia.

La CIDH también ha recibido información preocupante sobre supuestas detenciones a periodistas mientras cubrían las protestas, así como agresiones físicas en su contra y la supuesta destrucción e incautación de material periodístico por miembros de la Fuerza Pública. En igual sentido, la CIDH sigue observando con preocupación el alegado bloqueo informativo a medios de comunicación en Venezuela, en un contexto en el cual las autoridades venezolanas han reiterado los llamados de advertencia sobre la posibilidad de aplicar sanciones y suspensión de la transmisión por el tipo de cobertura mediática que realicen sobre la coyuntura registrada en el país. Asimismo, existen denuncias sobre la supuesta suspensión del servicio de Internet en el estado Táchira, lo que estaría impidiendo el acceso a la información a la población de dicha entidad.

La Comisión Interamericana reitera a las autoridades venezolanas que es indispensable que en una sociedad democrática existan garantías suficientes para asegurar que la población tenga acceso al pluralismo y la diversidad informativa, especialmente en relación con temas de interés público y el acontecer nacional.

Por otra parte, la Comisión ha tomado conocimiento del inicio de procesos penales a algunos dirigentes de la oposición venezolana luego de haber participado en las convocatorias de las protestas en el país. En este contexto, al dirigente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, se le ha iniciado un proceso judicial y se encuentra privado de libertad, luego de que altos voceros del Gobierno le responsabilizaran públicamente por los hechos ocurridos durante las manifestaciones del miércoles 12 de febrero.

Tal y como lo ha señalado la CIDH, el Estado tiene el deber de realizar investigaciones de oficio, destinadas al esclarecimiento de los hechos ocurridos en los últimos días y que se establezcan las responsabilidades a que haya lugar. En ese sentido, los procesos judiciales deben ser conducidos de forma diligente e imparcial y con apego a las garantías del debido proceso. Asimismo, la Comisión reitera que resulta de enorme preocupación la alegada utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos y la protesta social pacífica, y perseguir penalmente a los críticos o disidentes políticos.

La CIDH lamenta que se hayan producido nuevos hechos de violencia y reitera su llamado al Estado a promover un proceso de diálogo que permita la búsqueda de una solución en el contexto de una sociedad democrática y con pleno respeto a los derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.