Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han empleado fuerza ilegítimamente y cometiendo excesos contra manifestantes en múltiples ocasiones desde el 12 de febrero de 2014, lo cual incluyó golpizas a detenidos y disparar a multitudes que no estaban armadas, señaló el viernes Human Rights Watch.

El gobierno ha censurado a medios de noticias al interrumpir la señal de un canal de televisión por cable y amenazar con perseguir penalmente a medios de comunicación privados por informar sobre los sucesos violentos. El Presidente Nicolás Maduro anunció el 20 de febrero que había comenzado el procedimiento para sacar del aire a CNN en Venezuela y según informó un sindicato de trabajadores de la prensa el 21 de febrero, el gobierno ya habría quitado las credenciales a la corresponsal de CNN en Caracas. Periodistas y defensores de derechos humanos denunciaron haber sufrido actos de violencia e intimidación por parte de agentes o partidarios del gobierno.

“El gobierno venezolano ha adoptado abiertamente las tácticas habituales de los regímenes autoritarios, y ha encarcelado a opositores, censurado medios de comunicación e intimidado a la sociedad civil”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Al menos 3 manifestantes murieron por heridas de bala y decenas han sufrido heridas desde el 12 de febrero.

El gobierno de Maduro ha señalado a líderes de oposición como responsables de la violencia. Leopoldo López, una de las más prominentes figuras de la oposición, fue arrestado el 18 de febrero de 2014 y la justicia dispuso su prisión preventiva el 20 de febrero. También se libró una orden de captura contra Carlos Vecchio, otro líder del partido político de López, según reportes de prensa. El gobierno aún no ha presentado evidencias creíbles que vinculen estos hombres con la comisión de delitos.

Varios gobiernos de América Latina, incluidos Argentina, Bolivia, Cuba y Ecuador, al igual que aliados internacionales como Siria e Irán, han expresado su apoyo al gobierno de Maduro y repudiado los acontecimientos que el gobierno califica de intentos por desestabilizar al país.

“Todos aquellos líderes genuinamente interesados en la defensa de los principios democráticos en Venezuela deberían enviar un mensaje claro de que estas prácticas autoritarias son inadmisibles”, comentó Vivanco.

Las conclusiones de Human Rights Watch sobre los acontecimientos recientes en Venezuela se describen con mayor detalle al final de este comunicado de prensa.

Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes
Human Rights Watch ha recibido múltiples denuncias serias de defensores locales de derechos humanos que indican que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, en particular la Guardia Nacional Bolivariana, han golpeado o disparado a manifestantes que no estaban armados desde el 12 de febrero, tanto en Caracas como en otras partes del país.

Un video publicado en Internet por el periódico Últimas Noticias muestra imágenes tomadas en Caracas de policías uniformados y hombres de civil que parecen disparar municiones contra manifestantes que intentan escapar del lugar, entre ellos el joven de 24 años Bassil Da Costa, quien fue captado en el momento preciso en que su cuerpo cae al piso tras sufrir una herida de bala fatal en la cabeza.

El uso de municiones por las fuerzas de seguridad solamente resultaría lícito según el derecho internacional cuando esté dirigido a actores que representen un riesgo inminente para la vida o la integridad de miembros de las fuerzas de seguridad o terceros. Existen grabaciones de video donde se evidencia que manifestantes opuestos al gobierno participan en actos de violencia y vandalismo, como arrojar piedras a policías. Sin embargo, el gobierno no ha mostrado —ni tampoco Human Rights Watch pudo encontrar luego de revisar decenas de videos publicados en línea— imágenes donde se vea a manifestantes opositores que lleven armas de fuego o empleen fuerza letal contra miembros de las fuerzas de seguridad o terceros.

Todas las versiones disponibles de testigos presenciales indican que la gran mayoría de los manifestantes actuaron de manera pacífica, y que quienes cometieron actos de violencia o vandalismo no llevaban armas de fuego ni utilizaron la fuerza letal contra las fuerzas de seguridad ni terceros.

Diversos defensores locales de derechos humanos también denunciaron que muchos manifestantes han sufrido abusos mientras estuvieron detenidos a disposición de las fuerzas de seguridad. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello examinó más de 90 casos de manifestantes detenidos, entrevistando tanto a los detenidos como a sus familiares, y determinó que muchos habían sufrido abuso físico o amenazas de golpizas o violación sexual por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. La mayoría permanecieron incomunicados y no fueron llevados ante un juez dentro del plazo de 48 horas exigido por la ley.

Todos los manifestantes que hayan participado en violencia o vandalismo deberían rendir cuentas por sus actos, pero en ningún caso es admisible ni lícito que se dispare a personas que no están armadas o se golpee a quienes han sido detenidos.

La respuesta del gobierno
La respuesta inmediata del gobierno de Maduro a la violencia del 12 de febrero fue señalar como responsables a Leopoldo López y otros líderes de oposición. El Vicepresidente Elías Jaua declaró que López era el “autor intelectual” de los asesinatos, y muy poco después un juez dispuso su detención. El gobierno no ha difundido evidencias creíbles para justificar estos señalamientos.

Según reportes de prensa, López se encuentra en prisión preventiva mientras la fiscalía determina si existen pruebas suficientes para acusarlo por diversos delitos, incluido el de “instigación a delinquir” y el de “asociación”. La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo define de manera muy poco precisa al delito de “asociación” como “formar” parte de un grupo de delincuencia organizada”, y prevé para este una pena de hasta 10 años de prisión.

También Vecchio está siendo investigado por su presunta responsabilidad en estos delitos, conforme se indicó en los medios. El 20 de febrero, según la prensa, grupos afines al gobierno pidieron a la Asamblea Nacional que levantara la inmunidad parlamentaria de María Corina Machado, una integrante de ese órgano legislativo que mantiene una postura abiertamente crítica frente al gobierno.

El 16 de febrero, después de que Últimas Noticias publicara el video de los disparos contra manifestantes, el Presidente Maduro declaró en cadena nacional que miembros de la policía de inteligencia (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin) que se ven en el video no habían respetado su instrucción de acuartelarse el día en que ocurrieron los disparos. El 17 de febrero, según reportes de prensa, un miembro de la policía de inteligencia fue detenido por participar en los eventos del 12 de febrero y el gobierno destituyó al director de esta fuerza. El gobierno no ha indicado que miembros de la policía de inteligencia u otras fuerzas de seguridad estén siendo investigados por abusos contra civiles.

El 18 de febrero, según trascendió en los medios, la Fiscalía General de la República identificó a Jonathan Rodríguez como uno de los hombres no uniformados en el video de Últimas Noticias e indicó que era sospechoso en dos de las muertes por disparos ocurridas el 12 de febrero. En ese momento, las autoridades aún no habían determinado si era miembro de las fuerzas de seguridad del Estado.

En el video, ninguno de los policías uniformados o guardias nacionales que aparecen en la vía pública próximos a Rodríguez intentó detenerlo cuando disparó su arma, ni impedir que se retire luego de haber disparado.
Grupos de civiles armados afines al gobierno
La organización local de derechos humanos Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha documentado evidencias de que el gobierno de Venezuela ha tolerado y estimulado la presencia de grupos de civiles armados en el país. Estos grupos han intimidado a manifestantes y promovido incidentes violentos durante manifestaciones en distintas regiones del país desde el 12 de febrero, según indica la organización de derechos humanos.

El Presidente Maduro expresó el 15 de febrero que no “acept[a] grupos violentos en el campo del chavismo y la Revolución” y que solamente las Fuerzas Armadas deberían portar armas de fuego. A pesar de que estos grupos armados de civiles han operado abiertamente durante años, el gobierno no ha adoptado medidas efectivas para desarmarlos.

Según diversos medios, el 18 de febrero ocho manifestantes recibieron disparos, una de ellos con consecuencias fatales, cuando un grupo de hombres vestidos de civil que se trasladaban en motocicletas abrieron fuego contra una manifestación en Valencia.
Defensores de derechos humanos
También diversos defensores de derechos humanos venezolanos han informado actos de intimidación y violencia. Inti Rodríguez, coordinador de medios de Provea, dijo a Human Rights Watch que en la noche del 12 de febrero, cuando salía de su oficina, fue secuestrado por aproximadamente 20 hombres vestidos de negro que tenían el rostro cubierto. Según indicó, fue trasladado en una motocicleta sin placas hasta una zona de Caracas que presuntamente es controlada por grupos armados afines al gobierno. Rodríguez dijo que los hombres lo retuvieron durante dos horas, lo golpearon, amenazaron con matarlo y lo interrogaron acerca del trabajo de derechos humanos que lleva a cabo en Provea. Señaló que los hombres no se identificaron en ningún momento, pero Rodríguez notó que el líder del grupo empleaba lenguaje policial y escuchó conversaciones que sugerían que los hombres estaban en contacto con fuerzas de seguridad.

El 13 de febrero, el Ministro del Interior y Justicia Manuel Rodríguez Torres acusó a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización no gubernamental local que monitorea las condiciones penitenciarias en el país, de organizar un plan para “generar ingobernabilidad en todas las cárceles del país y potenciar la matriz de violencia…”. El Ministro Rodríguez Torres afirmó que los sucesos violentos del 12 de febrero fueron el resultado de planes orquestados durante 2012 por Prado y “bandas fascistas” con el propósito de “llevar a Venezuela a una guerra civil”.

No es la primera vez que funcionarios gubernamentales procuran desacreditar a Prado acusándolo de intentar socavar la democracia venezolana. Luego de que Prado criticara en junio de 2011 la actuación del gobierno durante un motín en una prisión venezolana, el entonces ministro de justicia lo acusó de intentar “desestabilizar el sistema penitenciario” y el vicepresidente en ese momento afirmó que la crítica era parte de una estrategia para “desestabilizar el país”.

Ataques contra periodistas
Diversos periodistas que informaron sobre las protestas y los hechos de violencia relacionados han señalado haber sido detenidos y agredidos físicamente por miembros de fuerzas de seguridad y manifestantes afines al gobierno desde el 12 de febrero. Espacio Público, una organización no gubernamental que monitorea la libertad de prensa en Venezuela, ha documentado 17 casos de periodistas que fueron detenidos, agredidos o ambos entre el 12 y el 16 de febrero. Entre estos se incluyen:

• Rafael Hernández, fotógrafo de la revista Exceso, quien señaló haber sido detenido por miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) el 12 de febrero, luego de tomar una fotografía de un policía mientras golpeaba a una mujer. Hernández fue retenido durante nueve horas y golpeado en varias oportunidades por agentes del CICPC, informó Espacio Público. Su cámara fue confiscada por la policía.
• Juan Pablo Bieri, periodista colombiano del canal de noticias Red Más Noticias informó haber sido detenido por la Guardia Nacional el 16 de febrero y retenido durante una hora dentro de un vehículo militar, donde fue interrogado y golpeado.
• Mariana Cadenas, reportera de la agencia internacional de noticias Agence France-Press, indicó a Human Rights Watch que el 12 de febrero un hombre con vestimenta roja le quitó su cámara, en la cual había registrado imágenes de manifestantes mientras eran detenidos y golpeados. El hombre, y otras 10 personas que lo acompañaban, gritaron a la periodista calificativos como “fascista” y “golpista”. Dijo que aproximadamente 40 miembros de la Guardia Nacional que se encontraban a unos 30 metros de distancia presenciaron el incidente pero no intervinieron. Cuando les pidió ayuda, uno de ellos se negó, y otro dijo: “¿Ustedes no sabían a lo que se iban a enfrentar?”.

Censura de medios de noticias
El 11 de febrero, William Castillo, director de CONATEL, el órgano del Estado que regula a los medios de transmisión, advirtió a los medios de comunicación que la cobertura de incidentes violentos podía importar una violación de la Ley de Responsabilidad Social. Castillo hizo referencia al artículo 27 de la ley, que fue sancionada por la Asamblea Nacional chavista en 2004 y luego reformada en 2010. El artículo otorga al gobierno amplias facultades para sancionar a medios privados que difundan contenidos que, a criterio del gobierno, “fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público”, “desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas” o “inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas [o] políticas”.

El 12 de febrero, el gobierno dispuso que los proveedores de televisión por cable del país dejaran de transmitir el canal internacional de noticias NTN 24. El Presidente Maduro indicó al día siguiente que la orden había sido una “decisión de estado” en respuesta a la difusión de las protestas por el canal, por considerar que procuró “transmitir la zozobra de un intento de golpe”.

El 13 de febrero, el Presidente Maduro dio instrucciones a su Ministra de Comunicaciones e Información Delcy Rodríguez para que “tomar[a] medidas” contra corresponsales deAgence France-Press por haber “distorsionado la verdad de los acontecimientos ocurridos el miércoles 12 de febrero”.

El 15 de febrero, el gobierno venezolano limitó la posibilidad de que los usuarios de Twitter obtuvieran imágenes, conforme señaló un representante de Twitter, Inc. a Bloomberg News.

El 16 de febrero, la Ministra Rodríguez señaló que en la prensa nacional e internacional se habían publicado “fotografías manipuladas” en el marco de la cobertura de la violencia, que esto constituía un delito y que el gobierno “tomará acciones judiciales”. Los ejemplos que ofreció incluían el uso de una fotografía de Egipto en un blog del periódico español ABC y el uso de una fotografía de 2010 en un mensaje de Twitter del periódico venezolano Tal Cual para representar los acontecimientos actuales en Venezuela. La ministra también se refirió al uso en el periódico argentino Clarín y el periódico chileno El Mercurio de una imagen de dos policías venezolanos frente a un automóvil en llamas, la cual reconoció que había sido tomada durante las actuales protestas pero, según afirmó, generaban una falsa impresión con respecto a la actuación de los agentes.

El 20 de febrero, el Presidente Maduro anunció que su gobierno había iniciado un proceso administrativo para terminar con la transmisión del canal internacional CNN en Venezuela por la cobertura que realizó de las protestas y la violencia. El 21 de febrero, un sindicato de trabajadores de la prensa reportó que el gobierno había cancelado las credenciales de la corresponsal de CNN en Caracas.

Photo: Sergio Alvarez

Una joven de 23 años, identificada como Geraldine Moreno Orozco, falleció este sábado por las heridas provocadas por un disparo hace tres días en Valencia, informaron fuentes médicas, con lo que suman 10 los decesos en hechos ligados a manifestaciones opositoras en Venezuela.

“La joven fallece por una herida por arma de fuego” en el rostro que le provocó “una lesión cerebral prácticamente total“, dijo al canal de noticias Globovisión Deyanira León, la médica que la trató en un hospital de Valencia.

Familiares de la víctima denunciaron que la joven observaba el miércoles desde el exterior de su casa una protestas cuando llegó la Guardia Nacional a dispersar a los manifestantes, y recibió un disparo directo de perdigón en el rostro.

“Ella (corriendo) volteó cuando venían las personas detrás de ella y se cayó porque le dispararon y le chispearon cerca del rostro, entonces cuando trató de levantarse le volvieron a disparar en la cara y es en ese momento cuando le destruyen todo el rostro”, manifestó la prima de la joven, Liseth Madía.

El viernes fuentes oficiales informaron que sumaban nueve los muertos en las protestas, cinco de ellos por herida de bala y los demás en otros incidentes ligados a las manifestaciones.

Las manifestaciones se iniciaron en San Cristóbal a inicios de febrero en rechazo a la inseguridad, la inflación y la escasez, y aunque fueron originalmente protagonizadas por estudiantes, rápidamente se extendieron a otras ciudades como Caracas, Mérida y Valencia.

La oposición, agrupada en la Mesa de Unidad Democrática, denuncia que los hechos de violencia son responsabilidad de bandas paramilitares afines al gobierno de Nicolás Maduro, que han atacado con armas de fuego las manifestaciones estudiantiles.

El último martes, fue detenido el líder opositor y cabeza del partido Voluntad Popular Leopoldo López, y desde entonces las manifestaciones pidiendo su liberación se han multiplicado a lo largo y ancho de Venezuela.  

Este sábado, cientos de miles de manifestantes opositores y oficialistas salieron a las calles de distintas zonas de Venezuela, los primeros para reclamar el desarme de grupos irregulares y los segundos para exigir el fin a la violencia.

Infobae

Uno está cada vez más gordo, producto de eso que llaman la buena vida, típico del nuevo rico. El otro, en la misma medida, exhibe sin vergüenza alguna su ignorancia, responde con represión a quienes no lo quieren, le tiene pánico a que se sepa dónde cipote duerme y cita autores que jamás ha leído.

Por cierto, y valga el paréntesis, ¿ya habrán desmontado de Miraflores al grupete que se encargaba de reducir a dos o tres paginitas las obras completas de Noel Chomsky o las teorías económicas de Stiglitz solo para que el cadáver insepulto luciera como un intelectual?…

Sigo: el gordito habla golpeao, atropella, insulta, maltrata y jura que se la está comiendo con eso. Cuando hace un chiste malo obliga a que sus inferiores se rían y nadie, pero lo que se dice nadie, sabe exactamente a cuánto asciende su patrimonio. Se siente guapo y apoyao (quince años de jalabolismo todo lo pueden), pero a la hora de la chiquita, si se encuentra realmente amenazado, pone los pies en polvorosa y pide auxilio a cualquier multimillonario burgués capitalista que lo quiera acoger para que lo enconche mientras pasa la tormenta, a cambio de que, ante cualquier eventualidad, no se entrometa en sus negocios.

El otro luce inseguro, con ojeras muchas veces. Como si le fallara alguna dosis de algo, con la misma cara de “yo no fui” que puso el cadáver insepulto cuando la catástrofe de Vargas o la tragedia de Amuay, como diciendo: “¿Y qué tengo yo que ver con eso?”.

A veces trata de ser chistoso, pero no le siente bien la imitación porque en el partido nadie le ríe mucho la gracia y más bien lo envidian horrible porque saben que está en ese santo lugar gracias a que un desgraciado azar se le atravesó en la vía. Eso sí: no sabe respetar compromisos y mucho menos ser leal a quienes lo auparon hasta donde se encuentra. Dicen las malas lenguas que se tiñe el cabello porque, como al cadáver insepulto, no le gustaba el look de hombre canoso que lo hacía ver mayor y como desgastado, nada bueno para mantener a la audiencia enamorada.

En cambio, al gordito le importan un bledo las apariencias. Sube de peso sin angustia alguna y no le importa que el cuello de lo que se ponga no le cierre. Sabe que, aunque se ponga un Armani hecho a la medida, siempre parecerá un Pérez Jiménez sin cachucha, pero mucho peor rodeado.

Como Pérez Jiménez, defiende sus privilegios a punta de amenazas, torturas y terror, pero quienes le conocen sabe que no vacilará en montarse en un avión a la carrera, solo que sin dejar ni una maletica de dólares mal puesta por ningún lado. Se aprovecha de la poca astucia e inteligencia del otro para usarla a su favor. Sabe actuar, poner zancadillas y meter casquillo.

Le encanta que le tengan miedo, que se le cuadren a su paso. Anhela la época cuando las dictaduras militares ondeaban impunemente en toda América Latina y se protegían unas a otras a punta de ideología y no como lo hacen ahora los corruptos que gobiernan en las vecindades, a punta de dólares y petróleo regalado, qué papaya.

El otro está tan desubicado que jura que esas lealtades son políticas y se cae a cobas frente al espejo sin imaginar ni por un segundo que, haga lo que haga, está de paso y la poca huella que pueda dejar, será de sangre, sudor y lágrimas.

Dicen que la definición de matrimonio es cuando las dos peores partes de dos personas se juntan y, entre ambos, fabrican una. Lo mismo podría decirse de estos dos personajes: juntos, hacen un Chávez, con todo y su bipolaridad. Aunque su tragedia –y nuestra venganza– es que jamás podrán vivir el uno sin el otro porque pasarían a ser solamente la mitad de un hombre.

@fuenteseliz

Con la intención de sostener sus reclamos, pero bajando el nivel de conflicto, la MUD se manifestó en varias ciudades. El oficialismo respondió con una “marcha de las mujeres”, en la que habló Maduro

Opositores y chavistas volvieron a medir sus fuerzas este sábado en sendas marchas a favor de la paz, en un país convulsionado desde hace casi tres semanas por las manifestaciones estudiantiles contra el gobierno de Nicolás Maduro que ya tienen un saldo con diez muertos y un centenar de heridos

Todo comenzó el pasado 4 de febrero, en San Cristóbal, luego que intentaron violar a una estudiante. La protesta no se hizo esperar e inmediatamente se contagió con lo que había en el ambiente, es decir, inseguridad, escasez, libertad de expresión.

Lentamente, el descontento llegó a Caracas, previo paso por Mérida y Valencia. El movimiento de protesta estudiantil critica frontalmente a Maduro y su política, principal causa de la altísima inflación, así como de la galopante escasez de los productos básicos. Tampoco se pueden adquirir muchos medicamentos. La prensa escrita no tiene más papel. Las ensambladoras de automóviles están igualmente en crisis.

Hay escasez de todo, menos de balas.

El nuevo liderazgo opositor, encabezado por Leopoldo López y María Corina Machado, con muy buen olfato se incorpora al movimiento de protestas y hacen fusión, organizando manifestaciones. La primera tuvo lugar el 12 de febrero, en la Plaza Venezuela. Al final de la jornada, el balance fue de tres muertos y unos 50 heridos. Inmediatamente el régimen convertía a Leopoldo López en el enemigo número 1 y seguidamente lanzó orden de captura contra el líder el partido Voluntad Popular. El 18 de febrero López decide entregarse, no sin antes convocar a un acto de masa en el que diera un discurso de los más coherentes y simbólicos de los que haya dado político de oposición alguno en los últimos diez años. El final de esa fotogénica jornada culminó en la cárcel de Ramo Verde para Leopoldo López y en Valencia la jornada terminaba con la muerte de la joven Génesis quien a sus 21 años recibía un impacto de bala en la cabeza.

El régimen no tardo en lanzar su propia campaña de manifestaciones el 13 de febrero. La Ministra Delcy Rodríguez, a través de twitter publicó, la orden del día, “luchar contra los fascistas” y así marcharon el 18 de febrero. Previamente la red social Twitter acusó al régimen de Venezuela de bloquear imágenes en dicha red social. La mayoría de las fotos mostraban lo que estaba ocurriendo en el país, algo que la televisión no hace, por temor a ser sancionada.

Paradójicamente a lo que más le teme el régimen de Maduro y el terreno en el que más apoyo tiene, no es otro que el de la escena internacional.

El anuncio del Ministro Jaua, el lunes 17 de febrero expulsando a tres diplomáticos estadounidenses, acusados de apoyar el movimiento estudiantil, provocó la condena por parte del presidente Obama de la violencia cometida en Venezuela contra los manifestantes y pidió la liberación de los detenidos.

La OEA, el CELAC, UNASUR y el Consejo de Seguridad de la ONU, apoyan abiertamente al régimen de Maduro. Ese apoyo le ha permitido, sacar del aire en Venezuela, la señal del canal colombiano de noticias por cable NTN24 y amenazar con la misma medicina a CNN en español.

Mientras el movimiento estudiantil no baja la guardia, a pesar de los muertos y heridos, la opinión internacional tiene la mirada puesta en Ucrania.

Muchos no se han percatado que la actual lucha estudiantil es la que corresponde al momento histórico que atraviesa el país. El movimiento estudiantil que hoy se expresa, enfrenta el artefacto ideológico que contiene en ciernes un totalitarismo de nuevo cuño.

El dilema del régimen de Maduro es, enviar a la cárcel o al cementerio, a quienes no admiten la propuesta de dictadura constitucional.

@LDeLION

luisdelion@gmail.com