Ante la compleja situación política y social por la que atraviesa Venezuela, fuera del país muchos han manifestado solidaridad con sus ciudadanos, llamando al diálogo, apoyando las manifestaciones de forma pacífica, y abogando por la paz. Reconocidas personalidades como el futbolista colombiano Falcao García o los cantantes Rubén Blades, Rihanna, Madonna, Marc Anthony, entre otros, han enviado mensajes de apoyo.
Por supuesto, varios gobiernos han demostrado su preocupación. Algunos con cautela, otros permanecen en silencio, y otros más, los de la órbita del ALBA, han apoyado al gobierno de Maduro y denunciado un supuesto intento de “golpe de estado” detrás de las protestas.
Entretanto, hay voces que piden una intervención más activa por parte de la comunidad internacional, particularmente de los organismos multilaterales. Pero más allá de la gravedad de lo que ocurre en el país, ¿ésta sería una opción viable?
Mauricio Jaramillo Jassir Colombia – Profesor de la Universidad del Rosario. Magíster en Seguridad Internacional
Las posibilidades de intervención son mínimas por lo siguiente:
Quienes han sugerido la posibilidad de intervenir lo han hecho amparados en la Carta Democrática de la OEA, en la Resolución 1080 del Protocolo de Washington. No obstante, tales sanciones o posibles acciones sólo se dan en caso de que haya una interrupción constitucional, y hasta ahora eso no ha sucedido. En el pasado, cuando estos mecanismos se activaron, ocurrió una crisis presidencial en la que el presidente fue retirado u ocurrió un atentado contra la democracia. Esa fue la situación de Perú en 1992, Haití en 1991, Paraguay en 1996 y 1999, Ecuador en 2000, y otros casos con características similares.
En Venezuela, además, no existe una dictadura, y aunque se han restringido libertades, lo cual es innegable, no existe prueba de que el régimen esté atentando contra la vida de la gente. Aplicar la injerencia en crisis humanitarias en el sur de Europa, en África o en Medio Oriente es más justificable, porque allí los Estados han utilizado su aparato represivo con saldos trágicos, algo que no ha ocurrido en Venezuela.
En América Latina es muy difícil que se rompa la soberanía de un Estado para intervenir. El derecho internacional, que implica el principio de no injerencia, ha sido el principal derrotero de la política exterior de los latinoamericanos y cambiar eso es sumamente difícil. Por eso, quedan apenas salidas de mediación. Esto seguramente podría ocurrir en el seno de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) o de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que Venezuela reconoce como interlocutoras válidas. Difícilmente eso puede ocurrir con la OEA, que el régimen de Nicolás Maduro ve con desconfianza desde hace por lo menos 12 años. Se debe recordar que en el intento de golpe a Hugo Chávez en 2002, la OEA fue incapaz de reaccionar.
De esta forma, se comprueba que aunque se rebata enérgicamente la legitimidad de los Estados, aún es difícil pasar por encima de su soberanía, y el caso venezolano así lo comprueba.
Pablo Rey García. España – Profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca. Experto y especialista en Paz, Seguridad y Defensa
Los sucesos que están teniendo lugar en Venezuela son gravísimos desde el momento en que hay que lamentar víctimas. La necesaria tensión del debate político, que resulta inherente a la democracia, nunca puede llevarse hasta el punto de generar violencia. Eso no es pulso democrático, es masa enfurecida.
Cuando esto sucede, como ha sido el caso de las revueltas en el mundo islámico, la reciente revolución en Ucrania, o los desórdenes en Venezuela, se debe indagar en las causas. Es cierto que la masa es manipulable, que se la puede conducir, que puede haber manos negras; también puede haber simple voluntad de cambio, hartazgo o incluso desesperación: los ingredientes de un cóctel explosivo.
El caso venezolano, desde la distancia, parece obedecer a una fractura social, no sólo entre el pueblo y sus dirigentes, sino de la propia nación contra sí misma. Sin embargo no se me ha pedido la opinión respecto a las causas últimas de los desórdenes; sólo respecto a una intervención internacional.
Creo, de manera personal, que una intervención no es sólo poco probable, sino que incluso no sería beneficiosa para el país. Los actores con posible presencia directa sobre el terreno, en este escenario, no parecen tener la voluntad o la capacidad de intervenir para reconducir la situación, en el aspecto más pragmático: restablecer el orden público.
Dejando de lado los aspectos legales de una intervención de este tipo (si es reclamada por las autoridades competentes, o autorizada por los foros internacionales pertinentes), ahora mismo parece inimaginable que el gobierno de Maduro admita injerencias de este tipo. Las muestras de disidencia dentro de su propio partido son, paradójicamente, el argumento que mejor puede esgrimir contra una intervención en nombre de la democracia.
No es Maduro, en modo alguno, un líder carismático como lo fue Chávez; que sus propios compañeros de partido y de gobierno muestren diferencias de opinión puede ser un hecho presentado como ejemplo de libertad, o al menos, de corrientes renovadoras. A pesar de que algunas decisiones de este gobierno puedan ser más que cuestionables, y a pesar de que la violencia en las calles es a todos los efectos algo deplorable, la única intervención internacional previsible es la presión diplomática por los cauces tradicionales. Más o menos potente, más o menos sutil, pero desde mi punto de vista, la única razonable.
FUENTE: Revista Perspectiva
