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Defensoría: Tenemos 43 denuncias por abuso de fuerza de GNB

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Gabriela Ramírez

Gabriela Ramírez instó a denunciar ante los cuerpos encargados para ello y señaló que “las denuncias en redes sociales no pueden darse por ciertas”

La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, informó este martes que la instancia que preside ha recibido 43 denuncias por abuso de la fuerza de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante las protestas, las cuales “se están investigando”.

Aclaró que los cuerpos de la GNB son los únicos autorizados para contener las manifestaciones y que tienen prohibido el uso de armas de fuego, “las balas han venido de otros sectores”, afirmó. Además, reconoció el caso donde un sargento que opera en Mérida “disparó perdigones a una distancia muy cercana“.
En entrevista al programa A Toda Venezuela, recalcó que de los 15 hombres desplegados para controlar las protestas, 40 efectivos de la Guardia han resultado heridos. “Los reciben con botellazos”.

Asimismo, señaló que no han recibido denuncias por torturas. Solamente la del caso del estudiante carabobeño que asegura que fue violado con un fusil, tras ser apresado por la GNB.
Ramírez instó a denunciar ante los cuerpos encargados para ello y señaló que “las denuncias en redes sociales no pueden darse por ciertas”.

Finalizó El Carnaval Por Eddie Ramírez

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Playa Lido (Lecheria) Protestas en Venezuela 2014

Cayeron las máscaras. Seis días de carnaval obligado no impidieron dejar al descubierto a los bárbaros que se presentaban ante el mundo con disfraz de demócratas. Evidenciaron ser esbirros violadores de los derechos humanos, promotores de la violencia, instigadores de los malandros   y grandes embusteros.   Fotos, videos, testigos y víctimas evidencian que efectivos de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional, del Sebin  y de  los paramilitares oficialistas fueron los responsables directos de asesinatos, lesiones y torturas.

Debe ser documentada  la responsabilidad de Nicolás Maduro,  del  ministro de interior, mayor general Miguel Rodríguez Torres; del comandante general de la Guardia Nacional, mayor general Justo Noguera Pietri; de la ministra de la Defensa, Teresa Meléndez; de  los comandantes de la Guardia Nacional en Caracas, Valencia, Mérida, San Cristobal, Maracay, Puerto Ordaz y otras ciudades. También la del mayor Francisco Ameliach, gobernador de Carabobo; del general Rangel Gómez, gobernador de Bolívar; de Alexis Ramírez, gobernador de Mérida; de Tarek El Aissami, gobernador de Aragua; de Jorge Rodríguez, Alcalde de Libertador y de los  comandantes de policía de varias localidades que ordenaron reprimir violentamente o que toleraron las incursiones de los paramilitares rojos. Así mismo, de la alcahueta Defensora del Pueblo y  de quienes integran el complaciente Sistema de Justicia que han pecado por omisión o por acciones indebidas en contra de ciudadanos inocentes.

Febrero marca un punto de inflexión, caracterizado por el rechazo  de la comunidad internacional a las violaciones a los derechos humanos,  la evidente presencia de paramilitares oficialistas y de guardias nacionales  sin escrúpulos, el rechazo a la injerencia cubana y la presencia masiva de estudiantes en las calles en gran parte del país.  Lamentablemente el costo fue muy alto  por la pérdida de vidas humanas. Nuestro sentido pésame a sus deudos y exigimos castigo para los asesinos y causantes de daños. Finalizó el gran carnaval.  Los señalamientos de Vielma Mora tendrán consecuencias. El inepto y fanático  Maduro entró en barrena.  La economía continuará deteriorándose, los estratos D y E se sumarán a las protestas y necesariamente habrá que negociar un gobierno de transición que una a los venezolanos, corrija el rumbo de la política económica y restablezca el equilibrio de los Poderes del Estado.

Como en botica: El régimen decretó el largo feriado para intentar enfriar la calle y hacer una apología de los saqueadores del ¨caracazo¨. Los malandros de ayer son los mismos que hoy asaltan  camiones accidentados y descuartizan reses a machetazos  en plena carretera. No los motivó el hambre. Son solo gente sin principios que  que se sienten apoyados por las prédicas oficiales. ¿Autorizó el general en jefe Padrino López el vuelo de aviones de guerra sobre San Cristobal? Diosdado demostró ante el mundo su perversidad al calumniar a José Alejandro Márquez, asesinado a golpes por guardias nacionales y por  obtener de internet una foto de armas que atribuyó  al general Ángel Vivas para inculparlo. Felicitaciones a las mujeres caraqueñas por el éxito  de la marcha ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

Eddie Ramírez 

eddiearamirez@hotmail.com

CEV: Para que haya una mediación debe haber voluntad de las partes

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Monseñor Jesús González de Zárate

 

“Creemos que es posible el diálogo aún cuando hay condiciones adversas”, dijo monseñor González de Zárate

El secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Monseñor Jesús González de Zárate, aseguró que su presencia en la Conferencia Nacional obedece a la necesidad de diálogo que existe en el país.

“Creemos que es posible el diálogo aún cuando hay condiciones adversas y hay necesidad de crear las condiciones propicias para que algunos sectores se incorporen”, afirmó González de Zárate.

Agregó que “la principal condición en un diálogo es el reconocimiento de las partes, por lo que la presencia de las organizaciones empresariales en las conferencias de paz, es un avance porque permiten que el interesado diga lo que siente”.

Recalcó que es necsario aclarar los conflictos de los útlimos días y pidió la creación de una agenda para organizar los puntos a tratar en el diálogo.

Para González, unos de las formas de poder crear un clima de diálogo fluido es “sabiendo quienes son los responsables de las acciones violentas, reconociendo los errores y castigando a los culpables”.

En cuanto a las propuestas que ha recibido la Conferencia Episcopal Venezolana para que sea mediador, Monseñor González expuso: “Para que haya una mediación debe haber voluntad de las partes para que al que se convoca como mediador pueda cumplir su trabajo”.

González de Zárate recordó que la posición de la Iglesia es de autonomía e independencia política, “no estamos para favorecer a uno ni a otro”.

FUENTE: El Nacional

 

La economía afectada tras la ausencia de Hugo Chávez

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Bolívares

Las razones de esos desequilibrios se expresan en los mismos términos polarizados del debate político

2013 ha sido el año más difícil para la revolución bolivariana no solo por el fallecimiento de su máximo líder, Hugo Chávez, sino por la acumulación de problemas económicos, dicen análisis de oposición y oficialismo.

El año pasado cerró con la inflación más alta de los últimos 20 años, calculada en 56,2%. Se llegó a niveles récord en los indicadores de escasez y desabastecimiento, pérdida de reservas internacionales y un crecimiento económico de 1,6%, muy inferior a las metas iniciales de entre 4% y 5% del producto interno bruto (PIB), revelan cifras del Banco Central de Venezuela (BCV).

Las razones de esos desequilibrios se expresan en los mismos términos polarizados del debate político. Para el Gobierno, los resultados fueron el saldo de una “guerra económica” desatada por sectores empresariales empeñados en desestabilizar la administración chavista, dirigida por el presidente Nicolás Maduro.

El integrante de la Comisión de Finanzas y Desarrollo de la Asamblea Nacional, Ramón Lobo (Psuv), sostiene que durante el primer año de la desaparición física de Chávez les ha tocado afrontar adversidades inducidas e impulsadas por “sectores oligopólicos de la economía nacional”. Según él, “no ha sido nada fácil para el Gobierno combatir esas acciones, que afectan al pueblo”.

Por su parte, el economista y docente Víctor Álvarez estima que la muerte de Chávez y luego las elecciones presidenciales de abril tuvieron una repercusión clara sobre el curso económico.

Al mismo tiempo, considera que los reveses de 2013 responden a dos factores clave: el primero, que “se requería una necesaria revisión y rectificación de un conjunto de políticas económicas que ya habían cumplido su ciclo, que lucían agotadas, y que habían permitido lograr los objetivos planteados para el momento”; el segundo, el aprovechamiento que la oposición hizo de la devaluación anunciada en febrero y de la fragilidad en la que se encontraba la economía por la falta de actualización de las medidas ya colapsadas.

La mayor crítica de Álvarez radica en el hecho de haber sobrevalorado artificialmente el bolívar por tanto tiempo. Advirtió que la solución es sustituir el anclaje cambiario por un sistema de bandas, regulado por el Gobierno. No obstante, se muestra optimista sobre las nuevas medidas aplicadas en el área.

La otra cara. Para la oposición política y economistas independientes, la situación económica, sin embargo, se deriva de la enorme expansión del gasto público durante 2012 para viabilizar la reelección del para entonces candidato y presidente Hugo Chávez, en medio de dudas sobre su salud.

En ese sentido, el economista Luis Zambrano Sequín señala que, en el prolongado lapso en el cual se mantuvo una expansión fiscal muy grande, se consumió una buena parte de las reservas internacionales y fondos paralelos.

La situación, dice Zambrano Sequín, condujo a un deterioro importante en el sector externo y en las cuentas fiscales, que concluyó en un déficit estimado en 15% del PIB.

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de Economía, Efraín Velázquez, sostiene que en los últimos 12 meses se han profundizado los desbalances de la economía, toda vez que el consumo está creciendo sobre 4% cuando la oferta solo crece a 1,6%.

Los dos maduros. Después de la última cadena nacional de Chávez, el 8 de diciembre de 2012, cuando designó como “heredero de la jefatura revolucionaria y candidato presidencial” a Nicolás Maduro, sabía que la economía sería el gran dilema por enfrentar para consolidar su posición política, afirma Zambrano Sequín.

Con la designación de Nelson Merentes como ministro de Finanzas y vicepresidente del Área Económica, Maduro intentó una política de diálogo con los sectores económicos privados, en función de mantener el crecimiento económico y superar el impacto de la devaluación del bolívar, que decretó en febrero de 2013 siendo presidente encargado.

Fue inclusive más allá y eliminó el Sistema de Transacciones en Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), sustituido un mes después por el Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), un mecanismo de subasta que, para analistas, significó una nueva devaluación y no necesariamente la solución al problema.

El diálogo que aparentemente se había abierto fue abandonado meses después, cuando el Mandatario denunció que se estaba produciendo una “guerra económica” en contra de su gobierno, instaló a Rafael Ramírez en el área económica y reforzó los controles sobre los precios y las operaciones cambiarias.

Pese a ello, el paralelo no logró ser vencido y la escalada llegó a límites insospechados que generaron precios exagerados en los bienes y servicios, lo cual obligó a tomar medidas, comentó el diputado Ramón Lobo.

Enfrentado a cuestionamientos a su legitimidad, derivados del estrecho margen con el cual ganó las elecciones el 14 de abril de 2013 y a las denuncias de presuntas irregularidades en el proceso, Maduro tomó medidas drásticas interviniendo cadenas comerciales para rebajar precios de productos electrodomésticos y de otras categorías para ir en mejor posición a los comicios municipales de diciembre.

En enero y febrero, la Ley de Precios Justos entró en vigencia y al novel sistema cambiario se le sumó el permuta o Sicad 2, que -prevén- vendrá a darle un respiro a Pdvsa.

El Gobierno estima enderezar la economía en medio de nuevos conflictos políticos y hechos de violencia que han azotado al país, y cuyas visiones divergen.

Frente a lo que resta de 2014, las expectativas lucen negativas. Se espera un período recesivo y con mayor inflación que 2013 de no servir los remiendos en materia cambiaria.

fuente: Últimas Noticias

Obama considera sancionar a funcionarios venezolanos

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Barack Obama

La administración del presidente Barack Obama está considerando imponer sanciones a funcionarios venezolanos culpables de la represión ocurrida en esa nación que viajen y tengan cuentas de banco en Estados Unidos, dijo la representante Debbie Wasserman Schultz el lunes.

“Deberían imponerse sanciones a individuos… La administración las está considerando”, dijo Wasserman Schultz, presidenta del Comité Nacional Demócrata, al citar a un alto oficial del Departamento de Estado con quien había conversado anteriormente y cuya identidad no divulgó.

Una medida para imponer sanciones individuales a los “apparatchiks” venezolanos fue introducida la semana pasada en el Senado de Estados Unidos por el republicano Marco Rubio y estuvo copatrocinada por otro senador de Florida, el Demócrata Bill Nelson.

Wasserman Schultz dijo que también está hablando con la administración acerca de la posibilidad de que el presidente Obama tome una acción ejecutiva para despejar el estatus migratorio de algunos venezolanos en Estados Unidos.

El colega de Wasserman Schultz, el representante Joe García, fue el primero en solicitar que Obama tomara medidas con respecto al problema de la inmigración. García, apareció con Wasserman Schultz, una demócrata de Weston, en una audiencia cerrada a la prensa el lunes con residentes y dueños de negocios venezolanos del sur de la Florida.

García también va a cofirmar una carta en la que solicita a Obama que imponga sanciones unilaterales individuales contra Venezuela. La carta está siendo redactada por la representante Ileana Ros-Lehtinen.

Ros-Lehtinen planea introducir esta semana una legislación en la Cámara que codifica su solicitud para que se impongan más sanciones individuales, las cuales difieren de las sanciones generales en que están dirigidas a personas en especifico y evitan que estos viajen a Estados Unidos o usen bancos de Estados Unidos. García también apoya esa legislación.

Wasserman Schultz dijo que necesitaría ver la carta y la legislación antes de comprometerse a apoyarla. Sin embargo, sí expresó preocupación sobre imponer sanciones económicas más amplias a Venezuela.

Dijo que los líderes de la oposición indicaron que sanciones más amplias podrían ayudar a que el presidente Nicolás Maduro asegure que Estados Unidos está tratando de socavar al país y propiciar un golpe de estado.

Aunque han sido opacadas globalmente por la invasión rusa de la Crimea ucraniana, las protestas y la represión en Venezuela han tenido un impacto en Florida, hogar de al menos 117,000 venezolanos, de acuerdo con el censo del 2012. Más de tres cuartas partes de ellos viven en el sur de la Florida.

Wasserman Schultz reside en Weston, que tiene la segunda mayor concentración de venezolanos después de Doral, representada por el republicano Mario Díaz-Balart. Los distritos de Ros Lehtinen y García también tienen una cantidad importante de residentes venezolanos.

Wasserman Schultz, García y Díaz-Balart apoyaron la otra resolución de Ros-Lehtinen, introducida la semana pasada en la Cámara, que condena la violencia en Venezuela y hace un llamado para que haya más democracia en ese país.

Pero a pesar del acuerdo bipartidista general sobre la situación en Venezuela, los partidos políticos y los políticos aún están haciendo un juego partidista.

Wasserman Schultz señaló al Partido Republicano de Miami-Dade por enviar un correo electrónico la semana pasada donde aseguraban que García estaba “perdido del mapa” cuando del asunto de Venezuela se trataba.

“En algún momento los partidos políticos deben hacerse a un lado”, dijo Wasserman Schultz.

Pero la conferencia de prensa de Wasserman Schultz incluyó a García y a la presidenta del Partido Demócrata de Miami-Dade, Annette Taddeo-Goldstein pero a ningún Republicano. Wasserman Schultz también se aseguró de mencionar el rol que jugó el Partido Republicano al bloquear la reforma migratoria.

“La gran preocupación, en especial cuando de trata de inmigración en Venezuela”, dijo Wasserman Schultz, es que debida a que la reforma migratoria integral ha sido desafortunadamente retrasada por los republicanos, queremos asegurarnos que la administración de Obama sea capaz de poseer toda la información que necesita para usar las herramientas que el presidente tiene a su disposición”.

Ella recordó que el presidente dijo en su discurso del Estado de la Unión que usaría el poder ejecutivo donde pudiese y donde el Congreso no actuara.

Dijo García: “Con las discusiones retrasadas sobre la reforma migratoria, hay un tema esencial en la comunidad venezolana: las personas tienen órdenes de deportación que están diferidas, peticiones de asilo que no están siendo otorgadas, visas de trabajo para empresas que el gobierno venezolano ha llevado a la bancarrota o confiscado. Por ende, necesitamos clarificación”.

El viernes, Rubio dijo en un evento en Doral que los venezolanos pidiendo asilo ahora tienen más bases para hacerlo.

El Gobernador Rick Scott, quien lo acompañó, fue más mesurado en sus declaraciones y dijo: “Tenemos un sistema para pedir asilo en nuestro país. El presidente tiene que seguir ese sistema y ver cada caso individualmente”.

Scott sin embargo criticó a Obama por no hacer lo suficiente. El Gobernador dijo que solicitó al Presidente durante una reunión de gobernadores cuatro días antes que considerara sanciones pero Obama no se había pronunciado.

Al preguntársele sobre los comentarios de Scott, García dijo que debían desestimarse ya que el gobernador no juega un papel real en asuntos externos, algo así como un “perrero en Broward”.

“Estoy seguro de que creen que sus posiciones son importantes en algún lado”, dijo García. “Yo no creo que sean realmente importantes en lo que está sucediendo”.

FUENTE: El Nuevo Herald

Relatores de la ONU quieren venir a Venezuela a fomentar el diálogo

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ONU

Frank la Rue advirtió que la cobertura periodística de las manifestaciones no puede calificarse de instigación al odio. Pidió mayores garantías para el ejercicio del periodismo en Venezuela y rechazó las limitaciones para importar papel

El relator especial sobre la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Frank la Rue, considera que la muerte de 18 venezolanos durante las protestas en varias ciudades y pueblos del país revela “una verdadera crisis de expresión” que debe resolverse de inmediato a través del diálogo.

Desde Guatemala, vía telefónica, expresa su preocupación por las denuncias de represión a manos de militares y el uso de la justicia penal para intimidar a los ciudadanos. Es enfático al rechazar que el derecho a la manifestación pacífica se confunda con delincuencia organizada o terrorismo. Exige al gobierno que ofrezca garantías para el ejercicio periodístico sin discriminaciones ni represalias. Está convencido de que en momentos de crisis el derecho a estar informado es más valioso.

—¿En qué consiste su preocupación?
—La manifestación  pacífica es una parte inherente de la libertad  de expresión, y el uso de la fuerza debe estar reducido exclusivamente a limitar actos de violencia o de pillaje si los hubiera. En el caso de Venezuela, nuestra preocupación tiene que ver con los niveles de violencia en las manifestaciones. Cabe hacer un llamado a los funcionarios encargados de mantener el orden, pues no es su función interrumpir o frenar la expresión de sectores sociales. Hemos visto muchas detenciones arbitrarias, porque la reacción inmediata es detener a cualquiera que parezca sospechoso. Eso, en general es una mala práctica que causa una reacción negativa entre la población. Las personas que estén en esas circunstancias deben ser liberadas a la mayor brevedad para que la detención no se convierta en un factor de intimidación a la expresión.

—¿Qué valor tiene la libertad de expresión en momentos de crisis?
—En los momentos más críticos de la vida de un país es muy  importante que la prensa pueda operar con entera libertad. La sociedad tiene el derecho de estar plenamente informada, al igual que la comunidad internacional. Por supuesto que va a haber diferencias de opinión y de visión editorial, pero esas diferencias no permiten silenciar a nadie. En los momentos de crisis, por el contrario, es cuando debe darse  fluidez total a la labor periodística para que todo reportero y todo medio puedan cumplir con su misión. Yo diría que lo importante en estos momentos críticos  es garantizar que exista la mayor diversidad de medios y pluralismo de ideas.

—76 periodistas han sido agredidos y 19 de ellos detenidos durante la cobertura de las protestas.
—Quienes más sufren son los camarógrafos y fotógrafos. Primero, porque se les identifica con mayor facilidad, y segundo porque se les rompen o incautan las cámaras y equipos. En la comunicación social del siglo XXI la imagen visual cobra mayor relevancia. Es importante que los reporteros audiovisuales trabajen con entera libertad sin temor a sufrir daños físicos o a perder sus equipos.

—¿De qué manera se ha enterado de lo que ocurre en Venezuela?
—Porque a Ginebra, a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, han llegado informes y he tenido acceso a imágenes a través de cadenas internacionales.

—En Venezuela van 19 días de protesta y 18 personas muertas. ¿Qué significa que el derecho a la manifestación no esté plenamente garantizado en el país?
—En un par de días se emitirá un pronunciamiento conjunto de varios relatores de la ONU, de diferentes mandatos, sobre la situación de Venezuela. Nos parece que 18 muertos es un número elevadísimo. Es absolutamente lamentable y apunta a una verdadera crisis de expresión que debe resolverse con un diálogo inmediato.

—¿Específicamente qué relatores se pronunciarían de manera conjunta?
—Por lo pronto, dos hemos estado de acuerdo: el relator sobre el Derecho a la Asociación, Maina Kiaia, y yo, en la Relatoría sobre la Libertad de Expresión. En materia de manifestaciones, ambas relatorías trabajamos en conjunto. Los demás están analizando el pronunciamiento para decidir si lo suscriben.

—¿Qué implicaciones tiene la intervención de funcionarios de las Fuerzas Armadas en labores de control del orden público?
—Algunos informes de las ONG remitidos a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, en Ginebra, indican exceso en el uso de la fuerza pública. Hemos sabido que el gobierno arrestó a algunos funcionarios por esos excesos, lo cual nos parece bien. Pero lo más importante es que se den las instrucciones para evitar que eso vuelva a suceder. Han sido innecesarios los daños sufridos. Los cuerpos de seguridad deben cambiar de política por una de vigilancia del orden público sin reprimir a los manifestantes. Si hay algún delito se debe proceder conforme a la ley, pero sin represión. En cuanto al Ejército, considero que la seguridad interna de un país debe ser estrictamente civil y no vincularse con la fuerza armada, porque no está entrenada para esa función. Se crean problemas de legitimidad ante la opinión pública e inevitablemente se va a parar en algún tipo de exceso, porque el entrenamiento que han recibido los militares consiste en vencer y aniquilar al enemigo. No es el caso con temas sociales. En una sociedad democrática la seguridad debe ser civil y con control del sistema de justicia.

—Provea ha señalado que los cuerpos de seguridad del Estado han actuado en coordinación con grupos paramilitares. ¿Qué opina?
—He visto ese alegato de varias organizaciones. No podría asegurar si es cierto o no. Lo que sí puedo afirmar, con fundamento a los principios internacionales de derechos humanos, es que si no es admisible la intervención de fuerzas militares menos aún de fuerzas paramilitares, pues constituyen una instancia innecesaria de provocación que inevitablemente va a parar en una crisis violenta.

—Se han documentado por lo menos 33 casos de tortura y no hay confianza en una investigación imparcial de la Fiscalía.
—Estos casos han sido reportados al relator especial contra la tortura de la ONU, Juan Méndez. Se que va a haber un pronunciamiento. Yo sí reiteraría que las personas detenidas en manifestaciones, cualquiera sean las circunstancias, deberían ser liberadas lo más pronto posible, porque eso facilitaría un diálogo para resolver la crisis.

—Las ONG han denunciado un aumento de la criminalización de la protesta. Argumentan que no solo se detiene a los manifestantes y se les somete a proceso penal, sino que se les imputan delitos establecidos en leyes contra la delincuencia organizada y el terrorismo.
—Uno puede estar de acuerdo o no con una manifestación, pero nada permite utilizar la fuerza innecesariamente ni penalizarla o criminalizarla. Si alguien comete un delito de vandalismo en el desarrollo de una marcha se supone que ello está regulado en el ordenamiento jurídico interno y se debe proceder en consecuencia, pero los eventuales desórdenes que produzcan no pueden ser considerados delitos contra la seguridad nacional. Es peligroso porque significa retroceder a un tipo de debate político signado por el enfrentamiento que no contribuye a crear las condiciones para un diálogo. Además, es una consideración injustificada porque no constituyen amenazas a la seguridad nacional y no deben ser tratadas como tales.

—En el entendido de que la manifestación es una forma de expresión, ¿qué protección le puede brindar la Relatoría de la ONU a los venezolanos que están saliendo a las calles a protestar?
—La Relatoría envió una carta privada al gobierno venezolano en la que se le refieren las denuncias recibidas para escuchar sus respuestas. El propósito de esto es pedir explicaciones y entablar un diálogo. Esperamos que esta carta sea respondida a la mayor brevedad. Es la oportunidad para que las autoridades ofrezcan su versión de los hechos. Si en un momento dado la presencia de los relatores en Venezuela es oportuna para favorecer el diálogo en procura de soluciones, estoy seguro de que yo y cualquiera de mis colegas relatores estaríamos totalmente dispuestos a viajar al país con la anuencia de todas las partes.

—¿En qué fecha y a qué destinatario fue enviada esa carta?
—La semana pasada, y se remitió a la cancillería venezolana.

—¿Ustedes han solicitado la autorización del gobierno para visitar Venezuela?
—Lo queremos plantear en el comunicado conjunto que estamos preparando, como lo estoy planteando personalmente a través de esta entrevista. Claro está, nuestra intención es facilitar soluciones y no, simplemente, hacer comentarios.

—El 11 de febrero Conatel emitió una resolución en la que amenaza con sanciones a los medios audiovisuales y electrónicos por la cobertura que pudieran hacer de las protestas. Se les advirtió que podrían incurrir en apología del delito e incitación al odio, y que serían sancionados por ello.
—Lo que se llama discurso del odio, que constituye una incitación a la discriminación y a la violencia, está clarísimamente proscrito en el artículo 20 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Pero también está clarísimamente tipificado que se trata de incitar a un daño directo y real que conduzca  a discriminación de sectores sociales o actos de violencia por razones de raza, religión o nacionalidad. Una cobertura periodística no puede ser confundida con ese tipo de hechos. Un periodista puede incitar al odio, como ocurrió en el caso de Ruanda donde hubo incitación al genocidio, delitos de lesa humanidad o terrorismo. Pero hay  que ser muy claros en diferenciar lo que es incitación al odio y la violencia de lo que es una cobertura noticiosa. Nunca se pueden confundir. La cobertura que se da a noticias reales, en tiempo real, nunca puede ser entendida  como incitación al odio. Son acontecimientos sobre los cuales todos tienen derecho a estar enterados. Eso es un mal uso del concepto de incitación que tiende a generar autocensura.

—El gobierno acordó sacar del aire el canal colombiano NTN24, que se trasmite por cable y era el único que le estaba dando cobertura a las protestas. El presidente Maduro dijo que era una decisión de Estado. Por otro lado, a la periodista Patricia Janiot, enviada especial de CNN, le revocaron credenciales para trabajar en Venezuela y la conminaron a salir del país. El gobierno acusa a CNN de desestabilizar el país.
—No conozco personalmente la cobertura que esos medios hicieron, pero con fundamento en los principios es importante aceptar todo el trabajo periodístico que hagan los comunicadores sociales venezolanos, como también el de los corresponsales extranjeros. Creo  que puede haber coberturas de mucha calidad y coberturas de menos calidad, pero no es la calidad lo que está en discusión sino el ejercicio del periodismo que debe ser protegido.

Papel, mecanismo de presión
La Rue, que en otras oportunidades ha manifestado su inquietud por las violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información en Venezuela, se refirió a las limitaciones para la importación del papel periódico que ha causado el cierre de seis periódicos y la drástica disminución de la paginación y el tiraje de casi todos los diarios del país.

“Hay que tener cuidado con los mecanismos de presión y de control, porque hay muchas formas de presionar y limitar el trabajo de la prensa sin que necesariamente se trate de contenidos. En general, siempre se mencionan como ejemplo de esas limitaciones el manejo de la publicidad oficial para premiar a unos y castigar a otros, la discrecionalidad en la asignación de concesiones de frecuencias radioeléctricas o las dificultades para el suministro de papel periódico. El tema del papel puede ser ciertamente un mecanismo de limitación de la libertad de prensa”, señaló el relator sobre la Libertad de Expresión de la ONU.

FUENTE: El Nacional

Venezuela sigue ocultando los hechos que rodearon la muerte de Chávez

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Hugo Chávez

 

Sus hijas, Maduro y los pocos conocedores de los detalles de las últimas semanas de vida del anterior líder, mantienen su pacto de silencio

Un año después de la muerte de Hugo Chávez, el secretismo sigue envolviendo los últimos compases de la vida del líder bolivariano. Fuera de insistir en la versión oficial, según la cual Chávez habría fallecido el martes 5 de marzo de 2013, a las 16:25 horas, en el Hospital Militar de Caracas, nadie del círculo íntimo del anterior presidente ha dado un pormenorizado relato de las circunstancias de aquellos últimos días, lo que es visto con sospecha.

El intento desde diversos medios de esclarecer la verdad se ha topado con un pacto de silencio que inevitablemente siembra dudas sobre extremos en su día comunicados por el Gobierno. El hecho de que las dos hijas mayores de Chávez hayan forzado su permanencia en la residencia oficial, negándosela a Maduro, ha sido visto como indicio de que saben cosas que complicarían seriamente al nuevo presidente en caso de hacerse públicas.

Aparte de la hora y el lugar del fallecimiento –¿en Caracas o en La Habana?–, los familiares de Chávez saben el delicado estado de salud en el que el entonces mandatario se encontraba desde la operación del 11 de diciembre de 2012, a todas luces incapaz de firmar los nombramientos y repartir las órdenes que se le atribuían.

¿Dónde y cuándo murió?

A lo largo de este año han aparecido rumores sobre la posibilidad de que Chávez en realidad muriera en las últimas jornadas de 2012, cuando ciertamente tuvo una grave crisis. Testimonios recogidos recientemente por ABC de personas que vieron al mandatario con posterioridad, desmienten esa tesis. Esos testimonios pierden la pista de Chávez, alguien con capacidades ya muy limitadas, a mediados de febrero de 2013, coincidiendo con el anuncio que entonces hizo el Gobierno de un traslado del presidente al Hospital Militar de Caracas. Ninguna de las personas consultadas tiene la certeza de que Chávez acabara allí su vida; de hecho su presencia misma en ese lugar se considera un gran misterio, pues nadie atestigua haberle visto en esas instalaciones de la capital venezolana.

Las pesquisas realizadas no han desmentido, aunque tampoco confirmado, la versión ofrecida hace un año por este diario en el sentido de que Chávez pudo morir en Cuba horas antes del anuncio oficial, si bien una comunicación enviada temprano aquel día desde la isla al palacio presidencial venezolano parecía sugerir eso.

A Chávez le fue diagnosticado un cáncer en zona pélvica en junio de 2011, mes en que fue operado en dos ocasiones. En febrero de 2012 se produjo una recaída y una nueva operación. El líder venezolano rechazó después someterse a un tratamiento intensivo y se concentró en procedimientos de esteroides y otras sustancias para aparentar cierta actividad durante la campaña electoral de las presidenciales de octubre de 2012. Proclamada su victoria, nuevos exámenes médicos mostraron que esos meses de negligencia habían pasado factura. El tumor, un rabdomiosarcoma pélvico, se había extendido. En diciembre de 2012 se produjo la cuarta y última operación. El postoperatorio se complicó con una infección respiratoria que con el tiempo se agravó.

FUENTE: ABC

Runrunes El Universal 04.03.2014

ALTO
POLITICA DE ESTADO:

No puede sorprendernos la confesión hecha por el actual ministro de Educación  Héctor Rodríguez  (quien fue también ministro de la Presidencia por cuatro meses con Hugo Chávez; luego ministro de Deportes  casi tres años y ministro de la Juventud con Maduro por nueve meses,   que como se ve ha estado pegado a la teta burocrática y del partido de la revolución en distintas posiciones) cuando declaró el pasado martes que dentro de la “campaña para erradicar la pobreza” se pretende establecer políticas sociales para sacar a los ciudadanos de esa condición, haciendo la salvedad en la que fue muy enfático: “no es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarlas a la clase media y que pretendan ser escuálidos”.

Como dirían los abogados “a confesión de parte relevo de pruebas”. Este joven cuya actuación en el ministerio del deporte fue duramente cuestionada por la ministra Alejandra Benítez en el caso de las entregas cambiarias para el grupo de deportistas a motor (razón por la que fue despedida del cargo “por ese atrevimiento”) es una verdadera ficha del socialismo cubano tan ligado al Frente Francisco de Miranda que comanda el canciller Elías Jaua. Por ello esa confesión no fue un desliz.

Es la confirmación de aquellas palabras del actual ministro Jorge Giordani cuando ejercía el ministerio de planificación y se expresó en casi los mismo términos en una acalorada discusión que tuvo con el entonces presidente de PDVSA el general Guacaipuro Lameda.

Como han pasado tantas y tan insólitas historias en estos quince años -que se nos olvidan muy rápido- reproduzco lo contado por el militar cuando detalló a los medios el incidente antes de una reunión con Chávez en Miraflores el año 2001:  “Esto se produjo como consecuencia de que yo le venía insistiendo al presidente Chávez que le engañaban en el tema económico, ya que las proyecciones a cinco años mostraban un creciente déficit fiscal, necesidad de endeudamiento o devaluación y, por tanto, era necesario atender el tema de la producción para que Venezuela pudiera hacerse independiente de la renta petrolera, tal y como se había prometido en la campaña electoral y como me lo habían presentado en el proyecto para el cual estábamos trabajando. Chávez aceptó que nos reuniéramos para hablar del tema y para la reunión invitó a cuatro personas: José Vicente Rangel, Jorge Giordani, Héctor Navarro y Aristóbulo Istúriz a quienes conseguí en la sala del consejo de ministros donde se suponía que haríamos la antesala para luego reunirnos con Chávez. Estando allí, Giordani me pregunta que de qué se trataba lo que yo le quería informar al Presidente y le respondí en los siguientes términos: “La proyección plurianual a cinco años nos indica que no vamos a tener crecimiento, será negativo, el déficit fiscal será creciente. Vamos a tener serias necesidades de endeudamiento, ya que se está perdiendo el control sobre el gasto del Gobierno bajo excusas populistas. El Gobierno no está ahorrando en el FIEM, gasta todo y engañamos al hablar de una economía creciente. Para que eso ocurra, deberían estarse construyendo galpones, edificios y toda la infraestructura que requiere la producción, y eso no existe. Si es verdad que queremos acabar con la pobreza, es imprescindible que se genere riqueza y que se diseñen mecanismos adecuados para que su distribución sea justa y equitativa, y eso tampoco lo veo”.

Allí Giordani me interrumpió y me dijo: “Mire, General, ¡usted todavía no ha comprendido la revolución! Se lo explico: Esta revolución se propone hacer un cambio cultural en el país, cambiarle a la gente la forma de pensar y de vivir, y esos cambios sólo se pueden hacer desde el poder. Así que lo primero es mantenerse en el poder para hacer el cambio. El piso político nos lo da la gente pobre: ellos son los que votan por nosotros, por eso el discurso de la defensa de los pobres. Así que, los pobres tendrán que seguir siendo pobres, los necesitamos así, hasta que logremos hacer la transformación cultural. Luego podremos hablar de economía de generación y de distribución de riqueza. Entretanto, hay que mantenerlos pobres y con esperanza”. Allí yo lo interrumpí y le pregunté: “Ya que Usted dice ‘luego’, dígame cuánto tiempo cree usted que tomará hacer ese cambio”. La respuesta fue inmediata: “Mire, se trata de un cambio cultural y eso toma al menos tres generaciones: los adultos se resisten y se aferran al pasado; los jóvenes la viven y se acostumbran, y los niños la aprenden y la hacen suya. Toma por lo menos 30 años”.

Lameda siguió detallando el incidente: Mi respuesta no se hizo esperar: “Usted me está diciendo que esta revolución deliberadamente condena a los pobres a que vivan en la pobreza sólo para que ustedes se mantengan en el poder mientras intentan que la gente piense como ustedes creen que deben pensar. Si es así, Ustedes son unos “hdp” y yo con “hdp” no trabajo”. Giordani se molestó y me dijo: “¡No sea usted tan grosero!”. Se levantó de su silla y entró al despacho del presidente Chávez. Al cabo de unos diez minutos salieron ambos y Chávez me dijo: “Lameda, me dijo Giordani que tú le faltaste el respeto”.  Yo le respondí: “¡No, Presidente! Lo que yo le dije fue que si era deliberada la estrategia de esta revolución de condenar a los pobres a no salir de esa condición. Ustedes son unos “hdp”y yo con “hdp” no trabajo. Es una expresión condicionada a esta suposición que yo no acepto como válida”.

La respuesta de Chávez fue otra de sus astucias: “Mira, Lameda, la cosa no es tan así como te dice Giordani,  lo que pasa es que él es un idealista igual que tú. Ustedes están en los extremos. Yo creo que los ánimos están muy caldeados y así no vale la pena reunirse. Vamos a suspender y yo les aviso cuándo escucharemos a Lameda”. La reunión nunca se produjo y, a partir de allí, fue muy poco lo que hablé con Chávez o sus ministros. Eso marcó mi ruptura con la revolución. Es un asunto de principios. El ejercicio del poder no puede estar por encima de la vida de la gente porque en democracia el gobernante está para servir de acuerdo con la voluntad de la gente y no para imponerle a la gente su propia voluntad”. Fin de la cita.

De nuevo, trece años después el “plan de la patria socialista” sigue vigente. Tan solo el viernes el vicepresidente Arreaza, integrante del mismo FFM, insistió que el modelo socialista sigue avanzando y no hay cambio posible. Eso tan solo terminar una de las reuniones por la “paz económica”. Razón tenía el joven petareño Yeiker Guerra, estudiante de la UMA cuando le declaró al colega Fernando del Rincón, de CNNEE, en respuesta crítica al ministro Rodríguez por esa malhadada sentencia: “Yo le demando al ministro que nos deje soñar porque yo también tengo sueños y el día de mañana yo también puedo ser ministro igual que él”. ¿Será por ello que le caen con tanto odio a los jóvenes estudiantes?…