Venezuela Y El Pensamiento Troglodita Por Jorge Castañeda
Hace unos días tomó por segunda vez posesión de la presidencia de Chile Michelle Bachelet, exiliada, hija de militar ultimado por los militares y receptora de la banda presidencial de parte de Isabel Allende, senadora socialista e hija del presidente chileno que se quitó la vida el 11 de septiembre de 1973. Asistieron a la ceremonia un buen número de jefes de Estado de América Latina, perseverando en una costumbre anacrónica medio absurda de celebrar cada traspaso del mando presidencial como si fuera un acontecimiento excepcional, cuando de hecho se trata de la normalidad que siempre hemos anhelado en América Latina. Aunque Nicolás Maduro no asistió, su sombra y la de su predecesor estuvieron presentes, y es ahora objeto de una de las analogías más descabelladas de la historia reciente de una región a la que no le faltan cuentos fantasmagóricos.
En efecto, entre las muchas estupideces que un sector de la izquierda latinoamericana ha manifestado a propósito de la situación actual y pasada en la región figura una triple analogía falsa y aberrante. En este pensamiento troglodita, Venezuela hoy es Chile en 1973, en año de golpe contra la Unidad Popular; Nicolás Maduro es Salvador Allende; Barack Obama y John Kerry son Richard Nixon y Henry Kissinger. Hay que ser muy ignorantes para afirmar o creer semejantes barbaridades.
En primer lugar, si bien tanto Allende como Maduro fueron elegidos, el primero lo fue sin el menor cuestionamiento por parte de los candidatos derrotados, al grado que por no haber obtenido el 50% del voto, Allende resultó electo por el Congreso chileno, gracias a los sufragios de la Democracia Cristiana. No es que el margen de victoria de Maduro haya sido menor o mayor que el de Allende; lo importante es que la otra mitad de la sociedad venezolana, y su candidato a la presidencia, cuestionaron a tal grado la elección que desconocieron a Maduro como supuesto ganador. Han producido, asimismo, una enorme cantidad de pruebas de fraude electoral que, si bien no son contundentes, son altamente sugerentes.
Pero, sobre todo, Maduro no es Allende porque el Chicho, aunque pudo haber gobernado mal, gobernó de manera democrática. No cerró medios masivos de comunicación; no reprimió a estudiantes; no encarceló a los líderes de la oposición Demócrata Cristiana o del Partido Nacional, ni siquiera a los de la ultraderecha; no cambió la Constitución chilena, ni la Suprema Corte, ni buscó rehacer a su imagen y semejanza a todas las instituciones chilenas. Mientras que en el caso de Maduro, aun si se acepta que su elección haya sido democrática, difícilmente se puede considerar así su gestión, como tampoco lo fue la de Chávez, hoy recordado al año de su muerte como una especie de prócer, no solo de la patria sino de la América Latina entera, pero que recurrió a las mismas prácticas autoritarias desde el poder. Entre ambos —Chávez y Maduro— han expropiado, comprado, clausurado y censurado medios de comunicación, detenido a dirigentes de la oposición, manipulado a las instituciones para restarle fuerza a los alcaldes de oposición, intervenido en sindicatos para cambiar liderazgos, gastado dinero en prácticas clientelares descaradas y, en general, han incurrido en conductas gubernamentales todo menos democráticas. Solo la ceguera ideológica y la ignorancia histórica pueden comparar a un demócrata martirizado con un demagogo desenfrenado.
Otra diferencia radical reside en las características de la oposición en ambos casos. En Chile, los camioneros, el grupo Patria y Libertad, buena parte de la Democracia Cristiana, el Partido Nacional y, por supuesto, las Fuerzas Armadas eran efectivamente fascistas y tan golpistas… Que dieron un golpe de Estado. Algunos podrán decir que eso mismo sucedió en Venezuela hace 12 años. Pero justamente: hace 12 años. Difícilmente alguien puede equiparar a Leopoldo López o a Henrique Capriles o a María Corina Machado con Augusto Pinochet o los dirigentes de Patria y Libertad, o muchos otros políticos efectivamente fascistas de aquella época en Chile. Uno puede discrepar o avalar la táctica y la estrategia de unos dirigentes opositores u otros en Venezuela. Pero sus credenciales democráticas al día de hoy permanecen intactas. El que está en la cárcel es Leopoldo López; no Nicolás Maduro.
La última vertiente de la analogía aberrante absurda es la de Estados Unidos. Nixon y Kissinger empezaron a conspirar contra el Gobierno de Allende antes de que fuera Gobierno: desde el asesinato del general René Schneider en la primavera austral de 1970. Quizás Bush y Powell lo hicieron también en 2002 en Venezuela; pero hace seis años que Bush ya no es presidente de Estados Unidos y no hay absolutamente ningún indicio de que Barack Obama haya tenido o tenga la menor intención de conspirar para derrocar al pobre Maduro. A menos de que en la estulticia extrema de un sector de la izquierda latinoamericana, opinar sobre lo que sucede en Venezuela equivale a intervenir en lo que sucede en Venezuela. En eso la izquierda de la región dentro y fuera del Gobierno se identifica con el viejo nacionalismo revolucionario mexicano, con el peronismo o con la rancia rétorica juridicista de la región, pensando que decir algo es intervenir y, como no se quiere intervenir, mejor no se dice nada. Solo en ese tipo de cabezas cabe la idea de que la comunidad iberoamericana o internacional no debe pronunciarse sobre lo que sucede en Venezuela o en Ucrania, o en Cuba, o en Siria, aunque supongo que sí en Chile cuando Pinochet, en Sudáfrica bajo elapartheid, en Argentina bajo Videla, en México bajo… el PRI (de antes, por supuesto).
Claro, esta aberración se explicaba —que no se justificaba— antes por otra diferencia fundamental entre Allende y Maduro: el entorno mundial de la guerra fría. Esta última ya no existe, porque desapareció el bloque socialista, y por tanto en ninguna cabeza cabe que el chavismo en cualquiera de sus encarnaciones represente una amenaza para nadie —salvo para el pueblo venezolano—. Estados Unidos se limita —no es poco, ni aceptable— a recurrir a la fuerza abierta o encubierta solo para defender intereses geopolíticos directos, no preferencias ideológicas. Allende, al final, fue una victima más de la guerra fría; Maduro es una tragicómica reminiscencia.
Nadie sabe cómo va a terminar lo de Venezuela, salvo que que va a terminar mal. Habría cómo evitarlo: gracias a una actuación colectiva, regional, defensora de la democracia representativa, en un país que suscribió la Carta Democrática Interamericana de 2001 y el Pacto de San José de los años sesenta. Como por su propias razones, ningún país de América Latina se propone hacerlo, o bien esa desdichada nación seguirá a la deriva o bien otros empezarán a actuar, por sus propias razones. No conspirando, ni subvirtiendo, ni asesinando, sino simplemente cancelando visas y congelando cuentas. Que para las élites venezolanas —viejas oligarquías o nuevas boliburguesías— es abominable y el peor de los mundos posibles: no poder ir a Miami de compras por el día.
*Analista político y miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de Estados Unidos
Maduro sin potestad para allanamientos
Alberto Arteaga y Jesús Ollarves señalan que el mandatario cometió injerencia en el Estado de derecho y violó garantías
La Constitución no concede facultades al presidente para ordenar investigaciones penales. Los abogados Alberto Arteaga Sánchez y Jesús Ollarves consideran una intromisión grave de Nicolás Maduro en el Poder Judicial el ordenar el allanamiento de viviendas en El Trigal, en Valencia, y la detención de francotiradores.
Arteaga señaló que el presidente es el jefe del Estado y, como parte del Ejecutivo, no debe interferir en el resto de los poderes.
“La orden de Maduro es una injerencia inaceptable en un estado de derecho y de justicia. Corresponde al Ministerio Público iniciar las investigaciones con la ayuda de los órganos criminalísticos; contrario a lo que ha dicho la fiscal general, no se necesitan denuncias. Esta práctica ilegal de Maduro comenzó con Chávez, que ordenó detener a la juez María Afiuni y al comisario Iván Simonovis, entre otros”, dijo.
El abogado Jesús Ollarves denunció que las órdenes de Maduro constituyen una amenaza flagrante de violación de los derechos humanos y garantías fundamentales. Señaló que la medida presidencial evidencia violación del debido proceso, de la presunción de inocencia y del derecho a la intimidad; rechazó lo que considera “terrorismo del Estado” porque las órdenes deben ser solicitadas por la Fiscalía, emitidas por un juez de control y hacerse de manera individual, no generalizada.
Refirió que una sentencia de la Sala Constitucional en 2009, sobre el caso de Manuel Rosales, determinó que “el presidente de la república no está facultado para meter preso a nadie”.
El coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Marino Alvarado, dijo que el presidente puede plantear investigaciones que requiera el Estado ante la situación del país. No sabe si Maduro efectivamente ordenó los allanamientos. Provea solo consideraría que habría violación de los derechos humanos en caso de que los allanamientos no estuvieran sustentados por una orden judicial.
“Sin órdenes policiales estaríamos en riesgo de volver a los procedimientos del Cicpc en 2012 y 2013, calificados de madrugonazos y que fueron cuestionados por el gobierno. La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía deben garantizar que los allanamientos se ajusten a la Constitución”, indicó.
EL DATO
La ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, escribió en su cuenta de Twitter el miércoles en la noche: “El pdte. Maduro, actuando en su condición de Cdte. en Jefe de la FANB, ordenó la detención de francotiradores q acabaron con la vida de ciudadanos de Carabobo”. Señaló que el jefe del Estado también ordenó al Grupo de Acciones de Comando de la GNB allanar viviendas en El Trigal, Valencia.
FUENTE: El Nacional
Foro por la Vida condena las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela y la criminalización de la opinión
El Foro por la Vida condena las recurrentes violaciones a la libertad de expresión ocurridas en el último mes así como la presión por parte de agentes del Estado en contra de periodistas y medios de comunicación, las cuales procuran naturalizar el miedo a informar, invisibilizar las violaciones a los derechos humanos y fortalecer la autocensura. El Foro por la Vida considera un hecho grave el proceso judicial iniciado contra el Diario Tal Cual, que pretende penalizar las opiniones y además inculpar a los editores y propietarios de lo que expresan otras personas.
Espacio Público documentó desde el día 12 de febrero hasta el 12 de marzo de 2014, 87 casos que suman 162 violaciones a la libertad de expresión, las cuales incluyen 35 denuncias de intimidación, 30 agresiones, y 27 amenazas. En estos casos hay 127 personas afectadas que incluyen infociudadanos, locutores, periodistas, reporteros gráficos y fotógrafos que fueron víctimas de violaciones a la libertad de expresión en ejercicio de su labor. La denuncias procesadas suman 22 detenciones, 30 agresiones, 18 robos o hurtos, un herido de bala y una persona fallecida.
Un hecho recurrente es la persecución a las personas que registran con equipos telefónicos celulares, cámaras fotográficas y de video, la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y otras fuerzas del orden público. En este contexto se arrebatan sin justificación alguna los equipos, se borran imágenes o videos y se hurtan los instrumentos de trabajo sin garantía alguna para las víctimas. Estos hechos procuran la impunidad de los funcionarios militares y policiales que no quieren que se documenten sus actuaciones y atropellos.
Los periodistas y personas que documentan potenciales violaciones de derechos humanos cumplen un papel imprescindible para fortalecer el escrutinio y control social de la actuación de los funcionarios y su apego o no a las obligaciones constitucionales de respeto y protección. El atropello y la tolerancia ante estos hechos convierte al conjunto de la institucionalidad pública en cómplices de las violaciones a los derechos humanos que ocurren, y de las que aplican a quienes pretenden documentarlas.
Aunado al clima de hostigamiento y violencia contra los periodistas que implicó un aumento de las dificultades para informar sobre los hechos, continúan las declaraciones de altos funcionarios contra los medios, periodistas y su trabajo. Ello contribuye al clima hostil para el ejercicio de la libertad de expresión y alienta la violencia de militares y policías contra los reporteros.
Se mantienen mecanismos de censura, sin garantía judicial alguna, contra portales de noticias, plataformas de comunicación basadas en Internet y canales de televisión que se distribuyen mediante servicios de suscripción. Las restricciones alcanzan también a las inexplicables suspensiones en el servicio de Internet en zonas de las ciudades donde se realizan movilizaciones de calle o en localidades enteras.
Un caso grave de judicialización criminal de la libertad de expresión es el proceso iniciado contra el articulista Carlos Genatios por la publicación, el 17 de enero de 2014, del articulo “Patria, socialismo o muerte”. Esta demanda la realiza el presidente de la Asamblea Nacional y capitán del ejército bolivariano, Diosdado Cabello, por una frase que el artículo le atribuye: “Si no les gusta la inseguridad, váyanse”.
La acusación penal privada por una presunta difamación agravada fue introducida el 24 de enero de 2014, contra Carlos Genatios y la directiva de Tal Cual: Juan Golia, Teodoro Petkoff, Francisco Layrisse, y Manuel Puyana. El 6 de marzo de 2014, el Juzgado Vigésimo Noveno de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas admitió el caso e impuso medidas cautelares contra los acusados, que consisten en la presentación periódica en el tribunal cada 8 días y la prohibición de salir del país sin autorización.
La juez Bárbara Gabriela César Siero admitió la demanda y accedió a todas las peticiones del demandante. Si el proceso judicial favorece a Diosdado Cabello, podría incluir penas de prisión de 2 a cuatro años y sanciones económicas que pueden alcanzar hasta los 635.000 bolívares que equivalen a US$ 100.793.
La opinión de un articulista sobre una persona que desempeña una función pública goza de la mayor protección en el ámbito de la libertad de expresión. Si el funcionario se considera afectado el mecanismo que aplica para resarcir el supuesto daño es una réplica, que este caso el demandante desestimó porque su objeto era criminalizar deliberadamente a un diario crítico e independiente.
En este caso Carlos Genatios no cometió delito alguno y si lo hubiera hecho no puede sancionarse a editores y directivos porque ello favorece la autocensura contra periodistas y articulistas; es decir, procura que los medios realicen actos claramente inconstitucionales al censurar los contenidos de sus periodistas y colaboradores.
En este sentido, los estándares internacionales de libertad de expresión han sostenido que las figuras públicas están obligadas a someterse a una crítica más intensa que los ciudadanos privados . De igual manera se promueve la réplica como un mecanismo que favorece la libre circulación de las ideas y que permite que las personas puedan seguir el debate y formarse una opinión propia de los temas.
Por los hechos anteriormente señalados, exhortamos al Estado Venezolano a que:
1. Respete el derecho a la libertad de expresión, y en este sentido se abstenga de causar agresiones, amenazas, intimidación, hostigamiento, censura, ataques o restricciones indebidas alguna contra periodistas, reporteros, infociudadanos o medios de comunicación.
2. Investigue y sancione de forma expedita y adecuada las violaciones a la libertad de expresión ocurridas.
3. Revoque las medidas cautelares impuestas contra Carlos Genatios y los integrantes de Tal Cual, así como también Declare Sin Lugar la acusación penal privada iniciada en contra de estos ciudadanos.
4. Promueva el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información plenamente, asegurando que no se tomen represalias ni sanciones contra las personas y los medios de comunicación en razón de sus expresiones críticas.
En Caracas, a los 12 días del mes de marzo de 2014.
Organizaciones firmantes:
Acción Solidaria
ACCSI Acción Ciudadana contra el Sida
Cáritas (Los Teques)
Centro de Derechos Humanos de la UCAB
Centro para la Paz y Derechos Humanos de la UCV
CISFEM
COFAVIC
Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana
Espacio Público
Justicia y Paz Caritas Los Teques
Observatorio Venezolano de los DDHH de las Mujeres
Observatorio Venezolano de Prisiones
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas
Santos dispuesto a mediar en Venezuela si Maduro y oposición aceptan
“Si Venezuela considera que somos útiles, ahí estaremos. Siempre y cuando la oposición también lo considere” dijo Santos
Solo han identificado a responsables de 3 homicidios
Civiles armados han actuado paralelo a la GNB en 11 de los 28 asesinatos
La fiscal general Luisa Ortega señaló durante su intervención en el XXV Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que durante las manifestaciones efectuadas en el país desde febrero han fallecido 28 personas. Otras 365 han resultado lesionadas.
Un detalle que no aportó Ortega es que solamente han podido identificar responsables en tres de estos homicidios, dos de los cuales ocurrieron el 12-F alrededor de la esquina Tracabordo en Caracas. Son los de Bassil Dacosta y Juan Montoya. El tercero es el de un motorizado, Santiago Pedroza, que murió degollado por una guaya colocada en una calle de la urbanización Horizonte del municipio Sucre. El presidente Nicolás Maduro afirmó que ya habían identificado a los que colocaron ese dispositivo, pero no suministró nombres.
Los otros 25 casos permanecen impunes. El abogado Gonzalo Himiob afirmó que esta impunidad corre paralela a un discurso oficial que intenta atribuir las muertes solo a la acción de los manifestantes, y no a la de los colectivos armados.
El patrón. Testigos del asesinato de Robert Redman (12-F, avenida Uslar, Chacao) señalaron a dos civiles de disparar desde una moto negra sin placas. El hecho se produjo en paralelo a la actuación de funcionarios de la GNB que lanzaban bombas lacrimógenas.
El patrón se ha repetido a partir de entonces: civiles armados no identificados disparan contra manifestantes o viviendas antes, durante o después de la intervención de la GNB sin que este cuerpo lo impida.
11 personas han muerto en circunstancias similares: Génesis Carmona, Jesús Acosta, Guillermo Sánchez; los militares Ramzor Bracho y Giovanni Pantoja en Carabobo; Arturo Martínez en Lara; Jimmy Vargas y Daniel Tinoco en Táchira; José Amaris y el GNB Acner López en Miranda; y Gisela Rubilar en Mérida.
Bassil Dacosta
El estudiante de la Universidad Alejandro de Humboldt, de 24 años de edad, murió de un tiro en la cabeza durante la refriega alrededor de la esquina Tracabordo, el 12 de febrero. Un sargento del Ejército, Jonathan José Rodríguez Durante, de 40 años de edad y escolta del titular del MRI, sería el responsable del crimen. Implicados también un polinacional y dos agentes del Sebin.
Juan Montoya
El coordinador de los colectivos que operan en Caracas, de 50 años de edad, murió por un disparo en la nariz en la esquina de Monroy y Trocadero. Tres agentes del Sebin son investigados por este crimen y permanecen detenidos. Familiares de la víctima, sin embargo, sostienen que la muerte fue producida por los mismos grupos armados con los que él se relacionaba.
Santiago Pedroza
Este empleado de un automercado, de 29 años de edad, murió degollado al intentar pasar una barricada el 21 de febreroen la urbanización Horizonte. El presidente Nicolás Maduro aseguró que sumuerte era producto de la acción de “guarimberos”, a quienes dijo teneridentificados al día siguiente del hecho. Hasta el momento se desconocen losnombres de los supuestos homicidas
LAS CIFRAS
28 homicidios, según la fiscal Luisa Ortega, han ocurrido durante las protestas entre el 12 de febrero y el 12 de marzo. 24 de las víctimas son civiles, 3 funcionarios de la GNB y un fiscal del Ministerio Público.
1.499 personas han sido detenidas y 1.347 han recibido cautelares, señaló Ortega.
106 quedaron presos y a 46 les dieron libertad plena. Solo 7 personas han sido aprehendidas por los homicidios, informó.
FUENTE: El Nacional
El movimiento estudiantil redobla el desafío
Para defender su honor e impedir que los opositores marcharan en el municipio Libertador de Caracas —jurisdicción que corresponde al casco histórico y el oeste obrero de la capital venezolana—, el presidente Nicolás Maduro ordenó el miércoles reprimir, con profusión de bombas lacrimógenas, una gran manifestación estudiantil “contra la impunidad” a las puertas de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Pero con la acción quizás haya cometido el error de agitar a un gigante hasta ahora adormilado.
La UCV, la más antigua y grande universidad estatal, tiene un largo historial como vivero de tendencias políticas. Los dirigentes de la “democracia de Punto Fijo” —el periodo entre 1958 y 1998 en que los partidos democristiano y socialdemócrata se alternaron en el poder— surgieron de un movimiento nacido en la vieja sede de la UCV en 1928 contra la tiranía de Juan Vicente Gómez.
La caída del régimen del general Marcos Pérez Jiménez, en enero de 1958, estuvo precedida por una huelga estudiantil. Todas las réplicas de la revolución cubana tuvieron acogida en los años sesenta y setenta en el campus de la universidad, prácticamente un “territorio liberado” por entonces. En 2007, la derrota de Hugo Chávez en un referéndum consultivo estuvo provocada por las protestas juveniles contra el cierre, ese año, del canal privado RCTV. Algunos de los líderes de la UCV de entonces son hoy diputados por la oposición en la Asamblea Nacional.
Sobre la estela de esa tradición, el actual presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la UCV, Juan Requesens, figura como una de las cabezas visibles de un movimiento que, por naturaleza y diseño, es multicefálico. Requesens es, en muchos aspectos, un dirigente universitario atípico. No procede de la izquierda y, en tiempos en que los partidos tradicionales enfrentan la extinción, representa sin complejos a Acción Democrática, el antiguo partido hegemónico. Buen orador, vive todavía con sus padres, como hacía notar estos días un artículo delWashington Post.
Mientras su propia alma mater vive una especie de animación suspendida, con clases postergadas y otras actividades a media máquina, estas semanas de crisis han servido para que Requesens se muestre al gran público a través de los medios. Podría seguir la senda de sus predecesores y entrar en política. Pero primero debe superar la prueba de fuego de las actuales protestas. Ha hecho oídos sordos a los llamamientos a un diálogo cosmético al que el Gobierno le convoca, aunque, asegura, no ha recibido invitación formal. “Si el Gobierno hace eso para desmovilizarnos en la calle, se equivoca”, advertía en declaraciones recientes. Sin embargo, no pasa por radical. Critica abiertamente las barricadas en las calles mientras favorece las marchas y eventos pacíficos que permitan convertir la protesta estudiantil en “un movimiento social”.No es, sin embargo, una consigna unánime en el elenco de una dirigencia estudiantil que a veces actúa de manera confederada, y otras parece alojar agendas contrapuestas. Algunas de las agrupaciones juveniles más contestarias al chavismo mantienen un perfil anticomunista y creen en la insurgencia organizada de calle.
FUENTE: El País
El País: El régimen venezolano estrecha el cerco sobre internet
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha reunido a los proveedores de servicios de Internet para ordenarles que cumplan al unísono con la instrucción de bloquear aquellas páginas que emitan información incómoda
Con la radio y la televisión sometidas a la autocensura, el gobierno del presidente Nicolás Maduro va con todo contra el último reducto que les queda a los venezolanos para informarse sin cortapisas. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) se ha comunicado con todos los proveedores de servicio de Internet en Venezuela (IPS, por sus siglas en inglés) para advertirle que deberán cumplir sin dilaciones con la orden de bloquear las páginas web con contenido contrario a los intereses del Gobierno.
Este diario posee una comunicación suscrita por Harris Viáfara, jefe de la División de Telecomunicaciones de Conatel, en la que convoca a varios proveedores a una reunión en la mañana de este miércoles. Dos fuentes comentaron que en esa cita Conatel informó de sus planes de automatizar el control sobre los IPS mediante un sistema similar al que mantienen con los grandes proveedores del servicio de internet de este país (la estatal Cantv y las privadas Directv, Movistar e Inter) para impedir la difusión del precio del dólar en el mercado no oficial. Esos mismos testigos, que hablaron bajo la condición del anonimato, también refirieron que los funcionarios hablaron de regular el ingreso a Youtube y a Twitter, aunque reconocieron que será difícil por la manera cómo están configurados estos portales. El presidente de Conatel, William Castillo, no respondió a las consultas hechas acerca de este tema ni a través de su correo electrónico ni a su cuenta de Twitter (@planwac).
Conatel, por el momento, se conforma con verificar que cada compañía impida a sus suscriptores que consulten informaciones que en su criterio “agredan al pueblo venezolano” y “causen desestabilización y zozobra”. Ha sido ese el argumento utilizado para obligar a la televisión por suscripción a eliminar de su parrilla de programación al canal colombiano de noticias NTN24, acusado de conspirar contra el gobierno venezolano. Aún no está claro cómo se va a implementar esa supervisión, pero valga la metodología acordada con los grandes proveedores para entenderlo. El departamento de tecnología de esas compañías debe chequear constantemente los dominios suspendidos, que el regulador actualiza a lo largo del día en una página web, para bloquearlos de inmediato.
Este sistema comenzó hace dos meses en medio de los intentos del gobierno del presidente Nicolás Maduro por impedir que los venezolanos se informaran del valor del dólar paralelo, el marcador que guía al comerciante a la hora de calcular los costos de reposición. El gobierno chavista estaba embarcado entonces en lo que bautizó como la guerra económica -que consistió en la confiscación y remate generalizado de electrodomésticos y otros rubros en vísperas de las elecciones municipales del 8 de diciembre- y pretendía que bajaran todos los precios en un desesperado esfuerzo de reducir la inflación y subir su intención de voto. Ahora, con la aprobación el pasado martes del Convenio Cambiario 27, que establece un mercado abierto para comprar y vender dólares sin las duras limitaciones del control de cambio vigente desde hace once años, en la práctica ha quedado despenalizada la mención del precio del dólar tanto en los medios de comunicación como en las páginas web.
Todo indica que ese sistema se usará en lo sucesivo para impedir la circulación de informaciones que afecten la credibilidad del Gobierno. Hay varios antecedentes que avalan esas sospechas. Desde el 12 de febrero ha habido en Venezuela limitaciones y bloqueos en el acceso a contenido en la web. El jueves 13 de febrero era imposible visualizar las fotos colocadas en la red social Twitter debido a un bloqueo parcial. Los más afectados fueron los usuarios de internet ABA – de la estatal CANTV – que provee el servicio a más del 80 por ciento de los suscriptores del país. Un vocero de Twitter citado por la agencia de noticias Bloomberg afirmó en esa ocasión que el Gobierno venezolano era el responsable de los problemas del servicio.
Entre el 19 y el 21 de febrero se reportó la caída del servicio de internet ofrecido por CANTV en el estado Táchira, el epicentro de las más encarnizadas protestas contra Maduro, después de que el Gobierno central anunciara que podría decretar el estado de excepción en la entidad. “Estoy listo para meter los tanques, las tropas, la aviación, toda la fuerza militar de la Patria, porque el Táchira nosotros la vamos a preservar como territorio venezolano”, dijo entonces el gobernante. También ha habido problemas con la televisión. El miércoles, mientras en Valencia y Caracas tenían lugar fuertes disturbios, los canales locales emitían su programación regular de culebrones y programas de variedades. Los videos y las fotografías colgados en las redes sociales permitieron conocer la muerte de tres personas y el estado de 14 heridos. Sometidos a un apagón noticioso tras la venta de Globovisión – el último canal de televisión independiente – a capitales chavistas, las redes sociales son ahora el afluente informativo de los venezolanos.
No hay ninguna ley que regule la circulación de mensajes a través de la web, pero Conatel puede obligar a los proveedores de internet a bloquear contenidos contrarios a sus intereses. Esas compañías no tienen una concesión de uso del espectro, pero sí reciben una habilitación administrativa del Estado para poder operar. Esa habilitación, según los abogados consultados, no puede retirarse discrecionalmente, pero el regulador sí podría sancionar a las empresas por el incumplimiento de las obligaciones. El incierto panorama político venezolano ofrece la mejor excusa para la censura por motivos de interés nacional. El Gobierno está sometido a un fuerte acoso desde hace un mes que no muestra indicios de disminuir.
FUENTE: El País










