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Panamá se queja ante la OMC por lo que considera discriminación de Venezuela

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Ricardo-Quijano

Panamá ha presentado “algunas notas de protesta” ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por lo que considera medidas “discriminatorias” de Venezuela, afirmó hoy el ministro panameño de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano.

Venezuela rompió el pasado 5 de marzo las relaciones diplomáticas y congeló las económicas y comerciales con Panamá, en una decisión unilateral que el país considera lo discrimina y viola acuerdos comerciales internacionales, explicó Quijano a los periodistas.

Precisó que la medida venezolana de congelar las relaciones comerciales y económicas la anunció de palabra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero Panamá no ha recibido aún una notificación por escrito pese a que los productos panameños no están entrando al país suramericano.

“Nosotros sí hemos hecho dentro de la OMC, hemos puesto algunas notas de protestas sobre lo que se está dando, eso está siguiendo su curso, estamos esperando a ver si tenemos más noticias de Venezuela que nos estén golpeando para entonces actuar de acuerdo a lo que vaya sucediéndose”, declaró Quijano, sin más precisiones.

El ministro aclaró, en declaraciones en el marco del anuncio de la instalación de la Bolsa de Diamantes de Panamá, que las acciones ante la OMC no constituyen un reclamo formal porque el Gobierno de Venezuela no ha remitido una notificación oficial, como un decreto Ejecutivo u otro documento, de la medida de congelación de las relaciones comerciales y económicas.

La decisión del Gobierno de Caracas incluye la suspensión de la revisión de una deuda millonaria que mantienen importadores venezolanos con exportadores de la panameña Zona Libre de Colón, cuyo pago depende de que el Estado venezolano libere, en el marco del control de cambios que rige en ese país, las divisas para ello. “Esperemos que haya la disposición del Gobierno venezolano de dar la facilidad de los dólares para que puedan pagar una deuda que existe”, dijo este martes al respecto el ministro Quijano.

El canciller panameño, Francisco Álvarez De Soto, dijo la semana pasada que Panamá estudiaba la posibilidad de adoptar medidas de retorsión a Venezuela en respuesta a la decisión de Caracas de suspender la revisión de la deuda con la Zona Libre de Colón y otras acciones económicas.

La decisión de Venezuela, además de suspender la revisión de la deuda de más de 500 millones de dólares que empresarios venezolanos con la Zona Libre de Colón, también interrumpe todas las transacciones económicas con empresas panameñas y de divisas con venezolanos residentes en Panamá, según la información panameña disponible.

La Prensa

109 insumos agotados en las clínicas

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InsumosMédicos

Ese número representa 47% de los fármacos, equipos e insumos médicos que se utilizan rutinariamente en las clínicas privadas

De los 231 fármacos, equipos e insumos médicos que se utilizan rutinariamente en los centros de salud y en las instituciones privada, 109 presentan fallas absolutas, informó Cristino García, director ejecutivo de la Asociación de Clínicas y Hospitales.

El número, que representa 47%, confirma el poco inventario que poseen las clínicas y que ha sido denunciado reiteradamente por los voceros del sector.

Hasta el 27 de febrero la cantidad de medicamentos y materiales con fallas absolutas en el sector eran 53. A esa fecha García informó que en los centros de salud privados ya no había reactivos para detectar sífilis, VIH y hepatitis, yelmos para recién nacidos y niños hasta 8 años, así como fármacos para patologías cardíacas y oncológicas, y agujas, sondas y catéteres.

A esto se les sumó, según el director ejecutivo de la AVCH, suturas y algunos antibióticos, entre otros. Destacó que el inventario de los demás insumos estaba en niveles críticos.

“La insulina, fármaco sumamente importante para los pacientes diabéticos, está por agotarse en todas las clínicas afiliadas a la asociación; inclusive, en algunas ya no hay”.

García celebró la reunión que convocó Francisco Armada, ministro de Salud, el viernes 7 de marzo para hablar de la situación que enfrentan las clínicas. Sin embargo, dijo que debe darse celeridad a lo ahí conversado porque 11 días después del encuentro, el gremio no ha recibido información sobre acciones a seguir para resolverla.

“Podemos esperar para tratar los inconvenientes que nos generó la Ley Orgánica del Trabajo —que nos obligó a contratar un tercer turno—, pero la escasez de insumos no puede esperar. Necesitamos respuestas concretas de inmediato”, puntualizó.

El Nacional

El desempleo aumentó 3,9 puntos en enero

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desempleo

La tasa de desempleo aumentó de 5,6% en diciembre de 2013 a 9,5% en enero de este año, es decir, 3,9 puntos porcentuales más que en el último mes de 2013, según el informe mensual del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Ese incremento significó que 635 mil 268 personas quedaron sin empleo en enero, de las cuales 497 mil 23 correspondieron al sector privado, mientras que 138 mil 245 salieron del sector público.

Del sector formal de la economía salieron 661 mil 758 trabajadores en enero, pero 24 mil 998 se colocaron en el sector informal. Los trabajadores empleados en el sector formal disminuyeron así de 8 millones 169 mil 527 en diciembre de 2013 a 7 millones 507 mil 769 personas en enero pasado.

“Es normal el incremento de la tasa de desocupación en enero de cada año al compararla con diciembre del año anterior, como consecuencia de la variación económica estacional, que ocurre en el país entre diciembre y enero del año siguiente”, dice el informe.

Últimas Noticias

Estudiantes aseguran que se mantendrán en las calles

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PlazadeRectorado18M

 

Los universitarios manifestaron en nueve estados contra la represión, la inseguridad y el desabastecimiento

Los estudiantes universitarios reiteraron su intención de seguir en las calles. El tránsito de vehículos en Baruta se vio interrumpido ayer por la protesta de alumnos de la Universidad Simón Bolívar, que desplegaron pancartas en el túnel de La Trinidad, en Baruta. Allí, los jóvenes se tendieron sobre el pavimento en homenaje a los 24 caídos en las manifestaciones.

Estudiantes y profesores de la Universidad Central de Venezuela, por su parte, colmaron la Plaza del Rectorado de esa casa de estudios para reiterar que continuarán la protesta y rechazar los hechos violentos que ocurrieron hace una semana en la institución.

En Aragua, Bolívar, Carabobo, Lara, Mérida, Nueva Esparta, Táchira, Zulia y Monagas los universitarios se mantuvieron en las calles y exigieron que se ponga fin a la represión violenta de las manifestaciones, que ha ocasionado muertes, inseguridad y desabastecimiento.

Los jóvenes convocaron para hoy a una asamblea nacional de casas de estudio, en la Universidad Metropolitana, con dirigentes estudiantiles de todo el país. Mañana marcharán a las 11:00 am, aunque el punto de destino aún no ha sido anunciado.

La Asociación Venezolana de Rectores ratificó el apoyo a las protestas estudiantiles y solicitó que se aplique justicia en los casos de violación de los derechos humanos de los manifestantes. En sesión extraordinaria realizada en Valencia, la rectora de la UCV y presidenta de Averu, Cecilia García Arocha, informó que respaldan a la Universidad de Carabobo y a su secretario, que han sido objeto de ataques por parte del gobierno.

Represión brutal

En Bolívar, dos de los siete estudiantes detenidos el lunes en Ciudad Guayana están hospitalizados por lesiones sufridas durante la aprehensión. Familiares denunciaron los jóvenes fueron retenidos por tres horas en la tanqueta que los trasladaba y en ese tiempo los obligaron a comer excrementos, les robaron los celulares y billeteras.Encapuchados quemaron la sede de la Unefa en San Cristóbal, luego de que un grupo antimotín de la  GNB retirara la barricada colocada frente a Residencias Los Girasoles, en Pueblo Nuevo. Un autobús, equipos de computación, libros y ventanales fueron dañados. Vecinos denunciaron que por cacerolear lanzaron gases dentro de los edificios.

El Nacional

Diarios colombianos ofrecen papel a sus pares venezolanos

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CA-Editora-Nacional

La iniciativa corresponde a la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios)

El presidente del diario venezolano El Nacional, Miguel Henrique Otero, reveló que un grupo de periódicos colombianos han ofrecido enviar papel a rotativos del país para ayudarlos a paliar la escasez de ese insumo, que según denuncian ha puesto a muchos medios impresos al borde del cierre.

“Es una iniciativa de los periódicos colombianos de enviar papel en solidaridad, no solamente a El Nacional sino a otros periódicos venezolanos”, dijo Otero a Efe.

La iniciativa corresponde a la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios), que agrupa a los principales periódicos colombianos, como El Tiempo y El Espectador, señaló Otero.

El editor dijo que el acuerdo está en marcha, pero evitó dar detalles por temor a que el Gobierno venezolano ponga alguna traba señalando que de concretarse el envío de papel su diario conseguiría algo de aire para seguir circulando.

Otero remarcó que de no recibir divisas para importar papel, El Nacional dejaría de circular en la primera semana de mayo, al tiempo que lamentó la falta de respuesta por parte del Gobierno, responsable de liquidar los dólares bajo el control de cambios vigente en el país.

“El Gobierno no da ninguna respuesta, lo único que tiene que hacer es liquidar las divisas que ya están aprobadas”, manifestó.

Algunos periódicos latinoamericanos, como El Tiempo y El Espectador, también comenzaron a publicar recientemente una página con noticias elaboradas por diarios venezolanos, en una muestra de solidaridad ante la falta de papel en los rotativos del país.

Las dificultades para acceder a la compra de bobinas de papel, debido al atraso en la aprobación oficial de divisas para importar, han provocado la suspensión de la circulación de algunos diarios regionales en Venezuela.

Otros, de tirada en todo el país, como El Nacional, han advertido que podrían dejar de salir si no llegan pronto nuevos suministros.

Dirigentes oficialistas han acusado a los medios de realizar “chantaje político” con las denuncias de escasez de papel, mientras que diarios como El Nacional han disminuido el número de páginas o reducido sus ediciones a un solo cuerpo.

En Venezuela rige desde 2003 un control estatal de cambio que impide la libre compraventa de divisas, administradas de manera exclusiva por el Estado, que las vende de manera condicionada, en montos limitados y tras engorrosos trámites

Para los dueños de los medios, los atrasos en la asignación de dólares representan un intento del Gobierno para “silenciar” a voces críticas, una posición compartida por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

LEA TAMBIÉN: Miguel Henrique Otero: “Gobierno Favoreció Con Papel A Últimas Noticias”

Presentación de Human Rights Watch sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

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Protestas En Venezuela 2014

Human Rights Watch está seriamente preocupada por la situación de derechos humanos en Venezuela. La violencia desatada a raíz de las manifestaciones de estudiantes y opositores que comenzaron el 12 de febrero en el país ha dejado como saldo más de 20 muertos, decenas de heridos, cientos de detenidos y serias denuncias de brutalidad, torturas y vejámenes cometidos por las fuerzas de seguridad. El Estado, además, ha tolerado y colaborado con grupos armados civiles que apoyan al gobierno.

La Fiscalía General de la República, a regañadientes –y gracias a los vídeos y la presión de la opinión pública–, ha dado algunos pasos para investigar las verdaderas responsabilidades en estos hechos. Sin embargo, aprovechándose de la falta de independencia judicial en el país, sigue avanzando con una velocidad notable para atribuirle responsabilidad penal por la violencia a la oposición política. Leopoldo López, uno de los líderes más prominentes de la oposición se encuentra actualmente detenido en una prisión militar, esperando que una jueza provisoria (sin inamovilidad en el cargo) decida si será sometido a juicio, sin que hasta ahora se haya exhibido ninguna evidencia válida en su contra.

La reacción internacional, salvo contadas excepciones, ha sido decepcionante. Human Rights Watch respetuosamente insta a los Estados aquí presentes a exigirle al gobierno de Nicolás Maduro que asuma sus obligaciones jurídicas internacionales de respetar los derechos humanos y, específicamente, exijan que cesen los abusos contra manifestantes y la liberación y el respeto de las garantías del debido proceso de quienes fueron detenidos arbitrariamente.

Human Rights Watch

Solicitan allanamiento de inmunidad a María Corina Machado

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MCM

La diputada a la Asamblea Nacional por al oposición María Corina Machado se dirigió al país en una transmisión vía Youtube en la que expresó su posición luego de los hechos de ayer martes en al sesión ordinaria de la Asamblea Nacional,en la que la bancada oficialista decidió pedir a la Fiscalía que convoque un antejuicio de mérito para despojarla de su inmunidad parlamentaria.

Expresó que en el país no hay ni habrá una guerra civil, y que lo que se propicia es una guerra contra civiles.

“Querían eliminarnos y nos hicieron invencibles. Somos millones en la calle y seguiremos luchando hasta alcanzar la democracia”, dijo.

Expresó que ella y el resto de los diputados de oposición asumen la responsabilidad, histórica dijo, de defender al pueblo en la AN con humildad, de luchar por una Venezuela de respeto a valores republicanos. Agregó que en el hemiciclo los diputados de la bancada a la que pertenece recibieron amenazas de una guerra civil, pero consideró que los problemas han llevado a losvenezolanos a reencontrarse y unirse.

“Seguiremos luchando por los anhelos, derechos y sueños de los venezolanos. Nunca estuvimos tan cerca de la victoria. Nunca el gobierno estuvo tan débil”, dijo.

Agregó: “Ha quedado clara la aspiración de Maduro de silenciar los sentimientos del pueblo. El gobierno se quitó la careta y él es llamado como lo que es: un dictador”.

Expresó que en el oficialismo hay quienes pretenden llevar al país a una guerra civil, e insistió en que los gobiernos de América Latina deben asumir con entereza y valentía su papel, y ser leales con la Carta Democrática Interamericana.

Explicó que aceptará la invitación de parte de Panamá para dar un discurso ante la OEA sobre la situación de Venezuela, y que defenderá frente a representantes de los países del continente los derechos del pueblo venezolano.

Las represalias del chavismo no encuentran dónde detenerse. Desde el fin de semana intenta recobrar la iniciativa tras más de un mes de disturbios que hicieron temblar la gobernabilidad del país. Y podría cobrar caro el atrevimiento de sus adversarios.

Después de tres semanas sin reunirse, esta tarde de martes la Asamblea Nacional sesionó bajo el mando de su presidente, el exteniente del ejército Diosdado Cabello, número dos del oficialismo.Amén de una agenda trufada de discusiones sobre créditos adicionales para el Ejecutivo, el punto central de la jornada era la conformación de una denominada “Comisión de la Verdad” para investigar las protestas ocurridas en las calles de varias ciudades venezolanas desde el pasado 12 de febrero, y establecer responsabilidades con respecto a las 29 muertes registradas hasta la fecha en el saldo oficial.

La coreografía de la sesión estaba previamente planificada por el gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), cuya bancada, engrosada por algunos aliados, domina el parlamento. Su aplanadora funcionó para instalar una comisión de cinco diputados oficialistas: Tania Díaz, Earle Herrera, Robert Serra, Elvis Amoroso y el propio Cabello.

Pero quedaba una sorpresa, algo esperada, aunque resulte paradójico. La diputada Tania Díaz planteó una moción de urgencia para establecer si algún diputado pudiera estar cometiendo delitos vinculados al tema de la presunta “Comisión de la Verdad”. Se refería a su colega María Corina Machado, presente en el hemiciclo como diputada del estado Miranda, exprecandidata presidencial de oposición y una de las dos figuras destacadas del movimiento La Salida, un ala interna de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que propugna la activación de eventos de calle para forzar el desalojo del presidente Nicolás Maduro del poder.

Siguiendo la propuesta de Díaz, la sesión parlamentaria fue suspendida y un grupo de diputados del oficialismo marchó hasta la sede de la Fiscalía General de la República para solicitar, mediante un documento, que el ministerio público abra un antejuicio de mérito a la diputada Machado. El antejuicio de mérito es la antesala reglamentaria para suspender –previo voto de los diputados- la inmunidad que asiste a los parlamentarios en Venezuela.

María Corina Machado es señalada por el gobierno como instigadora de las protestas, junto al dirigente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López. Contra López fue emitido un auto de detención. Luego de pasar unos días como fugitivo, el opositor se entregó a las autoridades y este martes cumple un mes como prisionero en la cárcel militar de Ramo Verde, cerca de la ciudad de Los Teques, capital del estado de Miranda.

Machado debe viajar el miércoles a Washington para participar en una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA). La delegación de Panamá, país con el que el gobierno de Nicolás Maduro acaba de romper relaciones, ofreció su puesto en ese foro para que la diputada venezolana preste testimonio sobre la crisis actual en esta nación suramericana.

“Para que haya paz, tiene que haber justicia sin impunidad”, justificó Diosdado Cabello la iniciativa. Frente a la sede de la fiscalía, explicó que el documento de los parlamentarios chavistas considera que María Corina Machado podría haber cometido crímenes como homicidio, traición a la patria y asociación para delinquir, entre otros. “Las leyes venezolanas van a alcanzar a María Machado. Ella cree que porque es de los Amos del Valle [aristocracia tradicional, en una expresión venezolana] nunca se van a meter con ella”.

De fructificar el antejuicio de mérito, y si el parlamento vota por el levantamiento de su inmunidad -lo que se da por descontado-, Machado enfrentaría un juicio que podría llevarla a la cárcel. Su curul sería ocupada por el diputado suplente de su jurisdicción, Ricardo Sánchez, un ex dirigente estudiantil de oposición que viene dando señales de acercamiento y connivencia con el oficialismo.

Precisamente Diosdado Cabello reveló que en la “Comisión de la Verdad” parlamentaria se había reservado un cupo de cuatro puestos para incorporar a los diputados opositores que desearan plegarse. Adelantó que Sánchez sería uno de ellos.

Poco antes, en rueda de prensa, el diputado por el estado de Lara. Eduardo Gómez Sigala, había declarado que el bloque parlamentario de oposición se rehusaría a formar parte de un ente “que está a espaldas del país, de los estudiantes, y de la verdad que ya todos conocemos”.

El oficialismo ha ido ganando espacios en el parlamento –cuya mayoría no tenía- forzando el allanamiento de las inmunidades de diputados opositores. Los diputados María Mercedes Aranguren y Richard Mardofueron apartados en 2013 de sus escaños, acusados de diversos cargos de corrupción.

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El Nacional / El País

Derecho al Debido Proceso: Normativas que lo regulan

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martillo

Desde Monitor Legislativo en nuestra función de seguimiento a lo que ocurre dentro de la Asamblea Nacional por su vital importancia y repercusión en el funcionamiento de las normativas legales que rigen la nación, nos hemos tomado la tarea de recordar cuales son los instrumentos normativos que garantizan los derechos civiles; esto con motivo a las recientes manifestaciones y protestas que se han registrado en el territorio nacional.

El Debido Proceso es un derecho

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en arreglo a la obligación adquirida por el Estado para la garantía sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos (Art. 19 de la Carta Magna), y en concordancia con el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 2.3 y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  establece en su artículo 49 que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

En consecuencia, la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.

Además establece el mencionado artículo, toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.

Adicionalmente, señala de manera explícita el artículo que toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.  Resalta además, que ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y por tanto, la confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

Así mismo, en su numeral 6, afirma que ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes; mientras que en el numeral 8 la posibilidad de solicitar al Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica infringida por error judicial, retardo u omisión injustificados.

Resulta importante destacar del contenido constitucional referido al debido proceso como un derecho humano, el principio internacional de Presunción de Inocencia, que establece que toda persona se presume inocente mientras que no se pruebe lo contrario.  En caso de su no incumplimiento podríamos estar frente a situaciones de discriminación y criminalización de conductas o personas.

Todos estos principios recogidos en forma de derecho, fueron recopilados en el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece que nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, sin formalismos ni reposiciones inútiles, ante un juez o tribunal imparcial, con salvaguarda de todos los derechos humanos; Establece igualmente el Código los derechos a ser juzgado por un juez natural (art. 7),  de Presunción de inocencia (art. 8), excepcionalidad de privación de libertad (art. 9) y respeto a la dignidad humana (art. 10), todos en concordancia con lo establecido en el Código Penal vigente.

Transparencia Venezuela