Editorial de El Nacional: Guerra y joropo
Además de la penosa y debilitante carga económica para Venezuela que supone la petromillonaria ayuda a Cuba y a los hermanos Raúl y Fidel Castro (este último ya está mascando el agua), el señor Maduro ha colocado sobre nuestros hombros el pesado lastre de una fuerza armada ideologizada, cuyo proceso de cubanización marcha a todo vapor pasando por encima de los genuinos intereses del país.
Las cabezas visibles del régimen siguen de manera sumisa los dictados de La Habana para asegurarse de que Venezuela continúe suministrando, gratuitamente o a precios de gallina flaca, insumos y capital que prolonguen la dictadura castrista hasta, por lo menos, la desaparición física de los dinosaurios antillanos.
Acierta María Corina Machado cuando declara que Maduro “obliga a los militares a darle una legitimidad que nunca ha tenido”, y ello explica el porqué del pretoriano comportamiento de una guardia nacional supuestamente bolivariana que, en connivencia con motorizados paramilitares y miembros de la policía nacional, ha tomado por asalto la martirizada plaza Altamira.
La guardia bolivariana del pueblo (vaya nombrecito tan mal adjudicado) y sus socios paramilitares han llegado en oleadas disparando a discreción y llevándose detenidos a docenas de inocentes transeúntes, e imponiendo su ley del revolver y la metralleta en lo que ahora, según dijeron al unísono los ministros de Interior (general Rodríguez Torres) y de Información (Izarrita), es “territorio liberado” y no, como lo que realmente era hoy, una zona de ocupación militar.
El estado de sitio no declarado en San Cristóbal, Valencia y algunas zonas de Caracas y otras ciudades del país, no ha hecho sino darle resonancia a un rumor insólito que hasta los mismos chavistas piensan y no se atreven a expresar: Nicolás quiere pero no alcanza a gobernar porque le falta experiencia y capacitación para solucionar los graves y complejos problemas económicos, sociales y políticos que se le han acumulado en tan poco tiempo.
Si eso fuera así, ello lo pone en la mira de sus ambiciosos conmilitones entre los cuales debería buscar a los golpistas que tanto teme y que no provienen, como sostiene el señor Maduro, de las filas opositoras y, muchísimo menos, del estudiantado, de las amas de casa ni trabajadores que carecen de soldados y fusiles.
El gobierno cantó victoria en la plaza Altamira y califica de “hazaña heroica” la toma por la fuerza de una apacible plaza caraqueña, como si ello fuese el equivalente a la ruptura del cerco de Stalingrado o la liberación de París durante la Segunda Guerra Mundial.
Entretanto, los ciudadanos se preguntan cuánto tiempo podrán permanecer con sus tanquetas y helicópteros intimidando a la población esas tropas de ocupación en Chacao sin que estalle un conflicto de imprevisibles consecuencias.
Bastará con el estallido de un globo o el tronar del escape de un automóvil para que algún soldadito con los nervios de punta abra fuego y reviva la mecha de la represión indiscriminada, justificando plenamente con ello la aseveración del señor Maduro de que estamos en guerra contra el imperialismo y la burguesía depredadora, a la vez que se aprovecha para aniquilar (o neutralizar como dicen los cubanos y los rusos) a los jóvenes estudiantes y humildes ciudadanos que siendo venezolanos pierden el derecho a la vida por pensar diferente a las directrices del gobierno.
Y si “estamos en guerra”, se debe controlar aún más la venta de alimentos con una tarjeta de racionamiento. Guerra es guerra, dice Maduro, aunque sea contra un minúsculo municipio cuya extensión real apenas supera la estación espacial que Estados Unidos y Rusia han puesto a girar alrededor del planeta.
La APDA denunciará a Maduro en Corte Penal de La Haya
Legisladores de trece países agrupados en la Alianza Parlamentaria Democrática de América (APDA) denunciarán al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional de La Haya por supuestas violaciones de los derechos humanos cometidas en la represión de las protestas en ese país.
Si bien se asume que los problemas políticos “son de orden interno”, también “se asume que los derechos humanos son universales”, dijo este lunes el presidente de la APDA, el diputado opositor boliviano Adrián Oliva.
Oliva coordina la demanda con los integrantes de esa alianza, con miras a presentarla dentro de tres semanas, con el aval de las firmas de un centenar de parlamentarios de la región.
La APDA, creada en Caracas en julio de 2011, es una plataforma que se plantea defender la democracia y los derechos humanos y hace hincapié en denunciar la situación de aquellos opositores que se consideran “presos políticos” en la región.
Oliva señaló que se denunciará a Maduro “por la comisión de crímenes de lesa humanidad y la violación de derechos humanos” por los sucesos en Venezuela, donde hasta el momento han muerto 29 personas en hechos relacionados con las protestas antigubernamentales que se registran desde el 12 de febrero.
“Lo hacemos para que las víctimas de la violencia y la represión y los hechos que se han sucedido no queden en la impunidad. Hay responsables que tienen que comparecer ante la Justicia y obviamente que no lo harán en Venezuela”, sostuvo Oliva.
Agregó que se decidió no apelar a instancias como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para presentar la denuncia por la controversia que ha tenido Venezuela con esta entidad y porque el Gobierno de Maduro “ha demostrado a través del ‘lobby’ diplomático que puede ejercer una presión muy fuerte” en estos organismos.
Venezuela vive desde el 12 de febrero una oleada de protestas diarias contra las políticas de Maduro que, en algunos casos, han degenerado en hechos de violencia que han dejado muertos y heridos entre activistas de ambos bandos, algunos transeúntes y policías.
El gobernante venezolano achaca las movilizaciones a un supuesto plan de golpe de Estado en su contra y ha rechazado de plano la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) por vincularla con Estados Unidos, país al que responsabiliza de promover las protestas.
Oliva estuvo la semana pasada en Buenos Aires y Asunción coordinando con parlamentarios de esos países la iniciativa para la denuncia contra Maduro, a la cual se sumaron este lunes los diputados de la fuerza opositora boliviana minoritaria Convergencia Nacional.
“En el caso de Venezuela, (se trata de) defender a un pueblo que está siendo víctima de una serie de acciones que no tienen nombre y ante las que, además, han mantenido un silencio cómplice nuestros gobiernos y organismos, como la OEA o Unasur, que tratan de disimular la gravedad de la crisis venezolana”, afirmó.
La tortura: una marca que no se borra
Internacionalmente es uno de los delitos más graves. En Venezuela, las organizaciones de derechos humanos la consideran una práctica institucionalizada en cuerpos policiales y militares. La impunidad ha protegido a los torturadores y el Estado está en mora con el cumplimiento de las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas. Expertos advierten que la complicidad y el encubrimiento son castigados penalmente
” El miércoles 5 de marzo, a las 8:00 de la mañana, salgo en autobús de mi casa en Los Teques para mi trabajo en el local mexicano de la feria de comida de La Cascada. Cuando llego veo que hay guardias nacionales en la pasarela de Carrizal y ya se escuchaban detonaciones.
Había una protesta un poco agresiva, de parte y parte, tanto de los manifestantes como de la guardia. Como a las 2:30 de la tarde nos dicen que nos vayamos porque la cosa se está poniendo intensa, pero ya las puertas para ir a la calle están cerradas y varios empleados nos quedamos atrapados en el estacionamiento. No han pasado ni 20 minutos cuando motorizados de la guardia con parrilleros pasan por la avenida disparando perdigones hacia La Cascada. Mucha gente sale corriendo y yo me lanzo al piso. Cuando me estoy levantando una moto entra al estacionamiento. Disparan contra los empleados y también contra mí, pero no me dan. Salgo corriendo y llegan otras dos.
`Ahí, ahí, dispárale’, se decían los guardias entre ellos. El tercero logra darme en el brazo y en la nalga. Sigo corriendo. El dolor se puede soportar y me deja alejarme, pero me tropiezo y caigo. En el suelo levanto la mirada y veo que me rodean los guardias que se habían bajado de la moto. Me golpean en las costillas con los puños y cuando ya me tienen detenido me llevan ante otro de ellos que se pone a 50 centímetros de mí, o menos, y sin decir nada hace una detonación a quemarropa en mi ingle derecha.
“Buscan una moto, me montan entre dos y me apuntan a la cabeza con un arma de fuego. No iba esposado. Intentan salir, pero el vigilante les dice que no puede abrir, y es cuando me sacan caminando. Me tienen rodeado entre ocho o nueve guardias; ya me costaba caminar. Ellos se reúnen afuera para ver qué van a hacer conmigo, pero no podía escucharlos. Alrededor tengo un grupo de motorizados que parecen de colectivos y que empiezan a gritar que me dejarán ahí para que me muera desangrado, que ellos me iban a matar a coñazos y a dar con las motos.
“Los guardias deciden ponerme las esposas y transportarme en una camioneta doble cabina hasta el hospital Victorino Santaella. Ahí me roban el dinero en efectivo que llevaba, una cadena de plata y me quitan dos celulares que me devolvieron después. En el camino se van burlando de mí, diciendo con risitas que no iba a tener familia y que nunca iba a poder tener hijos porque pensaban que el disparo me había dado en mis partes íntimas. También me decían que si me moría desangrado me iban a dejar tirado porque no querían muertos dentro del carro.
“Me bajan en el Victorino y no dejan que los camilleros de la emergencia vengan a buscarme, sino que me obligan a ir trotando hasta la camilla.
Ya tenía el pantalón todo ensangrentado y el zapato enchumbado de sangre. Me dolía mucho y cada paso que daba dejaba una huella roja. Los guardias se rehúsan a quitarme las esposas porque pretendían que me medio suturaran para llevarme con ellos, pero los médicos y enfermeros exigen que me las quiten. Ya no sé decir qué más pasó porque me llevaron a quirófano”.
Moisés Guánchez, de 19 años de edad, habla por teléfono desde su casa. Está de reposo, toma tres tipos de antibiótico y tiene una vena de la pierna derecha severamente comprometida. Por la gravedad de su caso, la audiencia se hizo en el propio hospital: juez, fiscal y abogados se trasladaron a la habitación 826 del Victorino Santaella el viernes 7 de marzo. En el informe policial lo imputaban del robo de 2 motocicletas Empire una roja y una naranja y de llevar 19 bombas molotov, 2 miguelitos, 30 mechas de alambre de púa y una máscara de gas en su morral.
Ese mismo día retiraron todos los cargos y quedó con libertad plena.
“Mi decisión es llegar hasta el final y que guardias nacionales paguen. El delito calificaba como tortura, me explicó mi abogado”, dice el muchacho. “Hicimos la denuncia en la propia audiencia. Le pedimos a Moisés que diera su testimonio y a la juez que oficiara al Ministerio Público y así lo acordó. Aún no consta en el oficio que se haya informado a la Fiscalía, pero el fiscal estaba presente.
Eso dura unos días porque se hizo a mano en un hospital, pero como estos son delitos de acción pública no requieren una denuncia por escrito en la Fiscalía. Con que sean conocidos por cualquier medio tienen la obligación de investigarlo de oficio”, señala el abogado del caso, Nizar el Fakih.
Complicidad
A Guánchez nunca le pidieron confesión alguna, pero no por ello dejó de sentir que fue torturado. Lo asisten legalmente voluntarios del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y están convencidos de que eso fue exactamente lo que le hicieron al joven.
La Ley Especial para Prevenir Torturas y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada en julio de 2013 por la Asamblea Nacional, no deja lugar a dudas: se puede calificar de torturadores a los funcionarios que perpetran actos brutales contra terceros para extraerles información, para forzarlos a responsabilizarse de delitos no cometidos, para castigarlos, intimidarlos, coaccionarlos o para lograr cualquier otro propósito como aterrorizar a un grupo específico.
El debate sobre las denuncias más de 40, según el Foro Penal llegó a un clímax el sábado pasado, cuando Gabriela Ramírez, defensora delpueblo, dio una definición de tortura que solo abarcaba a quienes usaban la fuerza de manera inhumana para obtener confesiones. Más tarde, a través de su cuenta en Twitter, fue más enfática: “Para quienes creen todo lo que leen, ¡la tortura es el acto más abominable en el que puede incurrir un uniformado! Venezuela castiga a los torturadores con penas de 25 a 30 años. Es vital distinguir tortura de tratos crueles para imponer penas justas”.
Sin embargo, la explicación incompleta de la funcionaria encargada de velar por los derechos humanos cuyo período de funciones vence este año reavivó el debate sobre las deudas pendientes de las instituciones del Estado para erradicar la tortura como práctica de los cuerpos militares y policiales, eliminar la impunidad, adoptar las recomendaciones internacionales y evitar los mensajes de las autoridades que los agentes del orden puedan interpretar siquiera como guiños de complacencia.
Las instancias del Estado no divulgan estadísticas específicas sobre ese tipo de delito ni siquiera en los informes que remiten a la Relatoría de Torturas de la ONU. Organizaciones como la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, sin embargo, consideran la tortura como un “patrón de acción recurrente e institucionalizado”. Un dato basta para ilustrar el punto: solo esa ONG recibió entre 2003 y 2013 un promedio de casi 30 denuncias anuales por ese tipo de delito y por tratos crueles una categoría que se diferencia por una línea muy sutil que para muchos expertos depende del grado de indefensión de la víctima y de la envergadura del daño. Ninguno de los torturadores o maltratadotes de las personas a las que los activistas de la red brindaron asesoría legal y psicológica recibió castigo del sistema de justicia.
“No hubo ni una sola condena”, confirma Diana González, miembro de la red. La mayoría de los involucrados eran funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, de la GNB y de la extinta Policía Metropolitana y las víctimas eran jóvenes de los sectores populares.
Los abogados del Foro Penal advierten una diferencia con los casos que ellos han manejado: aunque los afectados también son jóvenes, han sido detenidos en protestas políticas, lo cual consideran grave. Tampoco es la primera vez que sus representados son víctimas de la impunidad. “Ayudamos a 187 personas que fueron aprehendidas el año pasado en protestas después de las elecciones presidenciales de abril.
Muchos denunciaron torturas semejantes y las investigaciones ni siquiera comenzaron”, dice Gonzalo Himiob, directivo de la organización, y añade: “El problema es que, como se trata de funcionarios, sus acciones comprometen la responsabilidad del Estado. La fiscal y la defensora están protegiendo al Estado, no al ciudadano. Junto con el asesinato con fines políticos y el genocidio, la tortura es uno de los delitos más graves internacionalmente”.
El caso de José Alejandro Márquez es uno de los más delicados sucedidos en las últimas cinco semanas. El ingeniero fue detenido el 19 de febrero en Candelaria por la GNB. Le quisieron quitar el celular en el que grabó una operación represiva en la zona y al huir cayó en el piso de frente.
Pudo incorporarse, según testigos, pero los militares que lo aprehendieron, sin embargo, lo llevaron al hospital Vargas con una fractura en la parte posterior de cráneo, por lo que su familia presume que pudo ser víctima de una golpiza que terminó matándolo. “En el acta del caso de Márquez están los nombres de todos los guardias nacionales acusados de haberlo golpeado y ninguno de ellos ha sido citado a declarar”, confirma Himiob, quien representa a los parientes de Márquez.
Las denuncias han sido cuestionadas por voceros como Miguel Rodríguez Torres, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que las ha calificado de “show político”. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, expresó, por ejemplo, dudas con respecto a que la punta de un fusil hubiese sido introducida en el ano de Juan Carrasco, estudiante hispano venezolano detenido en Valencia por la GNB el 13 de febrero. La funcionaria y la defensora Ramírez insistieron durante casi un mes en que no habían recibido denuncias en sus despachos y solo fue los días 6 y 7 de marzo cuando finalmente concretaron reuniones con el Foro Penal para pedir la información.
Juan Méndez, relator especial de la ONU para la tortura, no lo hizo así: una semana antes de esas reuniones anunció que había recibido denuncias procedentes de Venezuela y que daría al Estado un plazo de 60 días para contestarlas. Esta semana en Ginebra adelantó información sobre el caso venezolano. La defensora Ramírez aseguró que el relator había dicho que solo dos o tres denuncias habían sido presentadas, pero Delphine Patetif, activista de una organización francesa de derechos humanos, precisó que Méndez dijo que había tres posibles casos de tortura y que aún le restaba analizar los demás expedientes.
Pedro Nikken, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace una consideración que no se puede perder de vista: “La tortura es un delito con jurisdicción universal. Las personas que están manejando el asunto en Venezuela lo deben ver con mucho cuidado, porque no adoptar las medidas para investigar, sancionar y evitar la repetición de los hechos puede comportar responsabilidad penal por complicidad o encubrimiento.
Cualquier Estado puede reclamar la jurisdicción para conocer de los hechos, así le pasó a Augusto Pinochet en el Reino Unido”. Al ex presidente chileno lo juzgaron por dos casos de tortura.
Mora e invisibilización
El Estado venezolano tiene 10 años de mora con el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. En 2004 debía rendir cuentas sobre lo que ha hecho para cumplir con los compromisos que contrajo en 1991, al firmar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes. El 11 de septiembre de 2012 presentó un informe correspondiente al lapso entre 2002 y 2011, el cual será evaluado en el 52º período de sesiones del Comité, que se llevará a cabo del 28 abril al 23 mayo en Ginebra.
El avance más concreto reportado por el Estado hasta ese informe fue la tipificación de la tortura como delito específico en la legislación venezolana, sancionado con prisión de tres a seis años, mediante la reforma del Código Penal en 2005, así como un nuevo tipo penal denominado quebrantamiento de pactos internacionales, sancionado con arresto de uno a cuatro años.
Se supone que con esa reforma previa a la aprobación de la ley especial de 2013 los fiscales y jueces podían actuar con más contundencia. Sin embargo, en el informe estatal no se precisa cuántas personas han sido efectivamente sancionadas por incurrir en torturas.
Sólo se refieren estadísticas genéricas de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público que indican que, entre 2000 y 2011, 636 funcionarios fueron condenados “por delitos que a su vez constituyen violaciones de los derechos humanos como lesiones, tortura, desaparición forzada, privación ilegitima de libertad y homicidio”.
En el informe alternativo que elaboró el Foro por la Vida coalición de 15 organizaciones de derechos humanos fundada en 1997 ,y que consignó ante la ONU en febrero, se denuncia que al no presentar registros detallados de casos de tortura “el Estado no ha cumplido con la recomendación hecha por el Comité en 2002, ni con la solicitud expresa de agosto de 2010, hecha en la lista de cuestiones a abordar, permaneciendo una situación de invisibilización de los casos de torturas y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de sus presuntos perpetradores, de las sanciones impuestas y del perfil de las víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos”.
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz no ha presentado ante el Comité el informe alternativo más reciente, aunque ya está elaborado; sin embargo, en el de 2007 advertía sobre problemas que aún persisten como la existencia de “un amplio subregistro” relacionado con la voluntad de las víctimas a denunciar. La organización reconoce que el Estado ha hecho un gran avance con el cambio del modelo policial, que ha implicado la instauración de normas sobre uso progresivo y proporcional de la fuerza para todas las policías.
No obstante, temen que el uso de militares no entrenados en labores de orden público y seguridad ciudadana dé al traste con los progresos.
Para el período de nueve años que evaluará la ONU, el Estado refirió en su informe solo dos sentencias condenatorias por el delito de tortura y ocultó la identidad de los seis funcionarios responsables, al referirse a ellos con las iniciales de su primer nombre y su primer apellido. En el primer caso se indica que tres funcionarios pertenecían a la policía estadal de Aragua y en el segundo no se precisa la adscripción.
El Foro por la Vida considera que la invisibilización de la tortura en las estadísticas del Ministerio Público constituye un mecanismo de impunidad. A modo de ejemplo, señalan que “la palabra tortura no se menciona ni una sola vez en los informes de 2012 y 2013, excepto para referirse a la comisión para conocer los homicidios, torturas y desapariciones forzadas de venezolanas y venezolanos durante las décadas de los sesesenta, setenta, ochenta y noventa, creada por la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas entre 1958-1998.
La Defensoría del Pueblo también presentó un informe que tampoco tiene dato alguno sobre los victimarios y las víctimas de tortura. El documento tiene 13 páginas y la mitad está dedicada a destacar la sanción y promulgación de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, vigente desde el 22 de julio de 2013.
Sobre el nuevo instrumento legal, el Foro por la Vida observa que “resulta imposible determinar hasta qué punto la normativa existente es consistente con políticas y prácticas que garanticen la investigación y sanción de los responsables de delitos relacionados con los asuntos de interés para el Comité, tal como se deriva del artículo 4 de la Convención” La misma Defensoría del Pueblo da sustento a las dudas de la coalición de ONG defensoras de derechos humanos en Venezuela al señalar que “solo 18% de las víctimas de delito manifestó haber recibido apoyo institucional después de haberse cometido el delito y no más de 15% del total de la población mencionó como apropiado el apoyo recibido, todo ello a pesar de la existencia de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales”.
Siempre en forma genérica, el despacho dirigido por Gabriela Ramírez admite que “aún persisten técnicas de investigación y modelos de actuación, aprendidas a lo largo de una tradición de servicio, que se alejan de los postulados constitucionales y legales, así como de la orientación de la política del Estado, favoreciendo la ocurrencia de episodios de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
El Foro por la Vida es más preciso en la denuncia de las fallas de la institución encargada de velar por el efectivo ejercicio de los derechos humanos: “La Defensoría del Pueblo no ha intervenido judicialmente en un solo caso sobre derechos humanos ni ha estimulado la ratificación de instrumentos regionales e internacionales de protección de derechos humanos. Su acción se ha centrado en servicios públicos, principalmente prestados por particulares, no por el Estado. En sus informes, los análisis y recomendaciones no toman en cuenta los estándares internacionales aplicables”.
Los que esperan
El miércoles 1° de marzo de 2000 José Francisco Matheus estaba en su casa en Maracaibo cuando una comisión de 10 funcionarios de la Policía del Zulia se lo llevó.
No tenían orden de detención ni de allanamiento. Tampoco le dijeron por qué lo aprehendían. Solo cuando un vecino preguntó le informaron que era por el secuestro de la doctora Maritza Serizawa.
A Matheus lo ruletearon por varios lugares hasta que lo llevaron a la División de Investigaciones Penales de la Policía Regional. Allí lo torturaron: quemaduras en la piel, descargas eléctricas, vendaje de los ojos, colocación de bolsas plásticas en la cabeza, simulacro de ejecución. Todo para que confesara dónde estaba Serizawa, una mujer que jamás en su vida había visto. Lo recluyeron en el Retén El Marite sin orden judicial ni audiencia. Allí estuvo 11 días encerrado en una celda oscura, incomunicado. El entonces prefecto, Giancarlo Di Martino, ordenó su libertad.
Ninguna investigación relacionó a Matheus con el secuestro de la doctora. El 14 de marzo de ese año él interpuso una denuncia en la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público para pedir una investigación por las violaciones de derechos humanos en su contra. Han pasado 14 años y 2 días desde que Matheus solicitó justicia al Estado venezolano y su juicio ha sido diferido más de 50 veces.
Sin embargo, el proceso continúa porque el Tribunal Supremo de Justicia, al pronunciarse sobre uno de los expedientes del Caracazo, determinó que las violaciones de derechos humanos no prescriben.
Matheus está haciendo un diplomado en Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo. A veces, cuando va a recibir clases, trata de conversar con algunos defensores y les narra esa historia que sabe de memoria: de nuevo los golpes, el olor de la celda, el retraso y las omisiones del Estado.
“Una vez le contaba mi caso a una defensora y bostezó. Le llamé la atención. Estaba muy desanimada y yo lo consideré una falta de respeto”, dice Matheus. “Hasta ahorita no hemos tenido respuesta de la Defensoría ni de la Fiscalía. Ha sido una mamadera de gallo, difieren el juicio, cambian al juez. He sido doblemente victimizado: por el Estado y por los funcionarios policiales”, señala.
De los 10 policías acusados por lesiones intencionales gravísimas y abuso de autoridad aún no estaba tipificada la tortura en la legislación venezolana, solo quedan 3 activos. Los demás están retirados, muertos o presos, precisa la víctima.
En este proceso agotador, Matheus ha sido acompañado por la Red de Apoyo, que lo ha ayudado psicológica, social y jurídicamente. Ellos, ante la falta de respuesta de las instancias venezolanas, llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 25 de noviembre de 2009. El 8 de diciembre del mismo año recibieron acuse de recibo.
Sobre las denuncias de tortura de este mes de protestas, Matheus no tiene mucha información. Solo sabe lo que lee en los diarios regionales y prefiere ser prudente. “Yo soy Ni-Ni, como muchos venezolanos. Pero, disculpe la expresión, la Defensoría es muy poco diligente. Dicen que la de Caracas funciona mejor. En 2001 le hicieron seguimiento a mi caso, pero desde 2006 o 2007 no volví a saber más de ellos”.
El 24 de este mes tiene fijada otra vez la audiencia para un juicio que a casi 15 años es una marca que no se borra.
Tortura: son actos por los cuales se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.
Ley Especial para Prevenir Torturas y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea Nacional en 2013: “La tortura es un delito con jurisdicción universal. Las personas que están manejando el asunto en Venezuela lo deben ver con mucho cuidado, porque no adoptar las medidas para investigar, sancionar y evitar la repetición de los hechos puede comportar responsabilidad penal por complicidad o encubrimiento”
Pedro Nikken, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
” Para quienes creen todo lo que leen, ¡la tortura es el acto más abominable en el que puede incurrir un uniformado!”
Gabriela Ramírez, defensora del pueblo
” La Defensoría del Pueblo no ha intervenido judicialmente en un solo caso sobre derechos humanos ni ha estimulado la ratificación de instrumentos regionales e internacionales de protección de derechos humanos”
Foro por la Vida, informe consignado ante la ONU en febrero
Cifras
23 años de presidio es la pena máxima que puede recibir un funcionario que incurra en el delito de tortura. La condena mínima es de 13 años de cárcel
12 años de cárcel puede ser la condena más prolongada que cumpla un servidor del Estado que encubra los delitos de tortura u obstaculice las investigaciones
Fuente: Observatorio venezolano de Conflictividad Social
Las voces oficiales
Nicolás Maduro, Presidente de la República
21 de febrero
“En Venezuela no se tortura ni se violan derechos y si algún funcionario se descubriera investigamos al funcionario y se lo entregamos a la Fiscalía.
Aquí se respetan los derechos humanos”.
Miguel Rodríguez Torres, Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz
10 de marzo
“No hay justificación para torturar a nadie. La tortura no se justifica bajo ningún criterio y menos de un gobierno revolucionario. Somos bastante
estrictos con los funcionarios”
Gabriela Ramírez, Defensora del pueblo
8 de marzo
“Fíjense, la tortura tiene un sentido, por eso nosotros tenemos que ser muy rigurosos con el uso de los términos, la tortura se emplea para obtenerse
le inflige sufrimiento físico a una persona para obtener una confesión, y tenemos que diferenciarlo de lo que es un trato excesivo o un uso desproporcionado de la fuerza”
Luisa Ortega, Fiscal general de la República
24 de febrero
“¿Ustedes creen que una persona que haya sido violada, o sea, que le hayan introducido por el ano la punta de un fusil, pueda sentarse en la audiencia
presentación? Qué desagradable hablar de esto, pero hay que hacerlo”
Carmen Meléndez, Ministra de la Defensa
7 de marzo
“Han usado hasta ballestas en contra de nuestros guardias nacionales. La Guardia Nacional lo ha hecho muy bien, cumpliendo las instrucciones de
nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro”
El mandato de la celeridad
La cita corresponde al párrafo 79 del Protocolo de Estambul, un minucioso manual de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “Los Estados velarán porque se investiguen con prontitud las quejas o denuncias de tortura o maltrato. Incluso cuando no exista denuncia expresa, deberá iniciarse una investigación si existen otros indicios de eventuales torturas o maltratos”. El exhorto es explícito y para muchos activistas contrasta con las declaraciones que durante tres semanas dieron Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, y Gabriela
Ramírez, defensora del pueblo, acerca de que en sus despachos no se habían presentado denuncias concretas.
El silencio no fue lo que marcó el período. Tan pronto como el pasado 14 de febrero el Foro Penal reportó que en los dos días previos habían sido detenidas 125 personas, muchas de las cuales denunciaron que fueron torturadas, por ejemplo, con golpes y descargas eléctricas, organizaciones de derechos humanos como la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Provea y Cofavic emitieron comunicados en los que solicitaron averiguaciones. Las propias víctimas acudieron a medios de comunicación para acusar en público a sus agresores, y abogados del Foro Penal insistieron en que tenían casos documentados que harían llegar a instancias como Naciones Unidas. Los detenidos según los abogados que los han asistido dieron sus versiones en las audiencias de presentación y hubo jueces que pidieron averiguaciones.
La Defensoría del Pueblo presentó el 8 de marzo un informe sobre sus actuaciones en febrero en el que señala que el personal de la institución tuvo conocimiento de 44 casos, cuyas averiguaciones encuadran supuestamente en la categoría de tratos crueles, degradantes e inhumanos, pero ninguno
como tortura. Los datos fueron recogidos en las inspecciones en centros de detención. Solo fue el 25 y 26 de febrero cuando defensores delegados hicieron las primeras visitas a las organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Foro Penal, con cuyos representantes Ramírez se reunió finalmente a principios de marzo. En el documento se urge al Ministerio Público a priorizar las averiguaciones sobre torturas y se señala que las investigaciones de oficio no pueden comenzar sobre la base de comentarios anónimos de redes sociales.
En el informe se cuestiona que las víctimas asistidas por esa ONG se hubiesen realizado exámenes con médicos privados y les insta a acudir al Ministerio Público para que se les ordenen pruebas por especialistas del Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, que tendrían valor en tribunales. La respuesta ha sido la misma de los voceros de la organización: las pruebas no fueron ordenadas oportunamente por las autoridades que
conocieron los casos en las audiencias respectivas o no fueron exhaustivas cuando se realizaron. El Comité de Torturas de la ONU reconoce que los exámenes privados como segunda opinión son un derecho que asiste a los afectados. Ortega Díaz declaró el 25 de febrero que había constituido un equipo para la atención inmediata de denuncias de torturas y ha insistido en que el organismo se esforzará por castigar a violadores de derechos humanos.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello publicó esta semana un informe basado en entrevistas a denunciantes entre los que se encuentra un joven detenido el 28 de febrero en los Altos Mirandinos por la Guardia Nacional Bolivariana: “Cuando fue aprehendido lo atropellaron con la moto y llegaron varios a golpearlo con los rolos en la cabeza y espalda, por lo que perdió el conocimiento. Fue despertado con descargas eléctricas mientras estaba en la calle. Lo llevaron al autobús en una moto y ahí lo golpearon con los cascos en el recorrido hacia el Destacamento de la GNB”.
Víctimas como ese joven hicieron parte de una campaña, que tomó años enteros a activistas de derechos humanos, para lograr la aprobación de una ley especial. Jean Mijares, que fue torturado por funcionarios de la extinta Policía Metropolitana en 2006, superó el horror y puso su rostro en las iniciativas de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz a favor de exigir al Estado medidas para erradicar esa práctica. Los hechos de febrero y marzo constituyen una oportunidad para aplicar la legislación y superar la impunidad.
David González
Laura H. Castillo
Edgard López
La Sangre De Las Espinas
“Me arrastran, me arrastran a donde no sé ir”, dijo alguna vez André Breton y hoy me detengo en el escalofrío de ese verso. Así parece andar el país entero. Confieso que nunca me imaginé viviendo un siglo XXI tan primitivo, no en esta parcela del mundo donde respiro y envejezco. Nos ha tocado, a los venezolanos, toparnos de bruces con nuestras propias miserias. Alguien dejó abierto el viejo galpón de los escrúpulos y ya no queda ninguno. En realidad, hoy ni siquiera somos la sospecha de lo que creímos ser.
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Todos conocen el mal humor de las espinas. Siempre están de a toque. Incesantes en su hostilidad. Hoy todos somos espinas.
Se ha vuelto una exageración dar los buenos días. El reloj sólo indica que la confusión no para. La masacre en desarrollo nos desvalijó la sonrisa. Son pocos los que tienen talante para el sueño. Las noches son jornadas de pánico que se van moviendo de municipio en municipio, como un mal premio de la lotería. Rayando la medianoche, las redes sociales expulsan gritos de auxilio. Pero no hay quien salve, pues es justamente la autoridad quien ha salido a dispensar balas y miedo. En la penumbra, ensaya su puntería, drena su rencor. El poder viste el uniforme de los bárbaros.
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El mal humor que hoy nos define se agravó cuando Christiane Amanpour, la reputada periodista de CNN Internacional, entrevistó a Nicolás Maduro, presidente de esta convulsión, y le asomó una pregunta de pertinencia doméstica y nacional. “¿Cómo duerme usted, señor presidente?”. El asomó una carcajada y decidió convencernos de que dormía como un bebé. La respuesta quedó rebotando en los oídos de los venezolanos como un agravio mayor. Venezuela es hoy noticia mundial por la crisis que vive, por la lista de muertes que oscurece a tantos apellidos, por el dolor que hay en cada zanja de los heridos. Venezuela huele a caucho en llamas, a bomba lacrimógena, a asfalto en protesta, a mercados vacíos, a hospitales sin insumos, a formol y morgue, a inflación extrema, a infiltrados y colectivos. Confieso que si yo fuera presidente, supuesto negado tajantemente, no podría pegar un ojo desde hace meses. Sin importar de quién fuera la culpa del descalabro. Pero sucede que Maduro sentencia con voz iracunda que hay un golpe de estado en proceso, una conflagración internacional para derrocarlo, un enjambre de disociados que no le da tregua, y él igual duerme como un bebé, luego de ver un video de Jimmy Hendrix en concierto, como agregó en estos días.
Hay que ser muy cínico para tamaña respuesta. O un mitómano consumado. Quizás Maduro habrá pensado que confesar poco sueño sería revelar su zozobra. “El hombre anda mal. No duerme. Sabe que le quedan horas”, se apurarían en redactar los sociólogos del optimismo irresponsable. La frase la convertirían en fiesta aquellos que abrigan la expectativa de un desenlace temprano. Quizás fue mera estrategia política. Pero creo que, para todos, hubiera sido más sano oír a un hombre genuinamente preocupado por los agobios de su país. Hubiera sonado decente escuchar a Maduro decirle a la periodista que el día que murió Geraldine Moreno no durmió de puro abatimiento. Que la bala que descerrajó el pecho de Daniel Tinoco lo entristeció severamente. Que cada una de las muertes que van -sin preguntar el color de sus ideologías- le arrancaron las almohadas de la cabeza. Que así como lo encrespa que los guarimberos dañen estructuras públicas –que, sí, son de todos- también lo desencaja saber a tanta gente intoxicada en su casa por el humo y el horror. Algo así lo hubiera hecho más humano, menos indigno. Quizás entonces su retórica sobre “la patria grande” hubiera tenido un pellizco de verosimilitud.
“Prohíbete toda escapada a la miseria del mundo”, insiste André Breton.
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La normalidad se ha convertido en algo excepcional. “Necesito escuchar música sin sentirme culpable por ello”, confesaba alguien en Twitter en estos días. Una escritora lo decía en minúsculas: “¿Te acuerdas cuando escribíamos poesía?”. “¿Desde cuándo no vas al cine?”, se preguntaban dos amigos. El teatro hace gestos desesperados para que volvamos a sus butacas. La prensa está desapareciendo, pero el caos oculta su poco oxígeno. En la televisión el rating lo gana el miedo y los noticieros aprenden a callar. Mis hijos estuvieron a punto de olvidar el nombre de sus maestras. Se bebe sin alborozo. Las rutinas fueron desbancadas hasta nuevo aviso. El país es un largo mercurio retrógrado. Valdría la pena preguntarse cuánto ha mermado la lujuria en esta cólera llamada Venezuela. ¿Acaso hay chance para la seducción, el cortejo, la licencia de las caricias? Se habla de una soledad pasmosa en los hoteles del sexo. La política suda un fuerte olor a farándula. Los derechos humanos se convirtieron en una flor exótica. Alguien desaparece con la goma de un lápiz la palabra estadista. ¿Cuál es hoy el deber: el país o la vida? “Son la misma cosa”, grita un peatón mientras a un vecino se lo lleva secuestrado el Sebin. A partir de entonces se sospecha de cualquiera como futuro delator. Dos bolsas de mercado ruedan por el piso.
Todo se ha salido de control.
Es mucha la vida que nos ha robado este monumental desatino llamado revolución.
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Uno se pregunta cuál será el pensamiento del policía que vuelve a su casa agotado de golpear estudiantes. “¿Cómo fue tu día?”, le preguntará la esposa. “¿Cuántos ladrones atrapaste hoy?”, lo inquirirán sus hijos al borde de un arroz con carne guisada. Y él intentará sacudirse el olor a plaza y descontento, el perfume lacrimógeno de la protesta, el mechón de cabello de la estudiante de ingeniería que le escupió flores y rabia al unísono. ¿Qué respuestas tendrá ese hombre de uniforme?
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Uno se pregunta si es justo que el dolor de un padre cuyo único hijo fue masacrado por reclamar un mejor país sea superado en atención por la quejumbre en cadena nacional de un artista que fue caceroleado por el encono de quienes lo adversan. Aquel joven no marchará más nunca, ni probará una arepa, no rozará un estadio de beisbol, no podrá enamorarse en una playa, ni graduarse de nada. Solo de muerte. El artista –en cambio- seguirá su vida, con un mal recuerdo en los tímpanos, y la turbia prosperidad de estar abrazado al poder.
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Puedes comprar sólo un shampoo. Viajar es un pecado. Tu sueldo se llenó de agua. Un pollo es una cola de tres horas. Se apagan los centros comerciales. Más nunca salió tu periódico favorito. El repuesto de tu carro se convirtió en jamás. Panamá es una mala palabra. El dólar es oro en polvo. A las tres de la tarde toca encerrarnos en la casa. ¿Más nunca seremos normales?
Se nos ha hecho imposible el verso de Walt Whitman: “Yo quiero hacer inseparables a las ciudades, cada una pasando su brazo alrededor del cuello de la otra”.
Hoy las plazas solo sirven para morir.
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“Ya ni siquiera vamos a poder reírnos”. La frase la soltó alguien que se gana la vida sacándole carcajadas a la gente.
Emilio Lovera se presentó hace poco en el Teatro Susan Katz del FIU en Florida. El evento estuvo signado por la polémica. Muchos condenaron que se hiciera un show humorístico mientras en Venezuela tantos jóvenes arriesgaban su vida a la misma hora. Reírse resultaba casi una afrenta imperdonable. Ya, para el exiliado, estar afuera genera una fuerte dosis de culpa. Por otro lado, así como la gente come, se baña, evacúa y duerme, también necesita reírse. Algo de esa modesta apetencia humana fueron todos a buscar a ese sitio. Las ganancias, se advirtió, serían donadas a familiares de los caídos en Táchira y Carabobo.
En un fugaz tránsito por Miami decidí acercarme al evento. Los protagonistas de la noche eran gente de mi afecto y respeto: Sergio Jablón, uno de los mejores libretistas que tuvo la Radio Rochela, estrenándose en lides de comediante con voz propia; ese portento de música y humor llamado César Muñoz; y, en rol estelar, Emilio Lovera. La crisis del país estuvo siempre sobre el escenario. Emilio, en un alarde de responsabilidad, estructuró su presentación bajo el cenital de la crisis. Cuando apareció en escena traía en sus palabras un rudo espejo de las miserias que empañan nuestro gentilicio. Fue implacable. Habló de nuestra astucia para burlar permanentemente las reglas de juego de la civilidad. De nuestra viveza sin pausa. De cómo hemos ido saboteando nuestra propia historia. A cada tanto, nos hundía la cara en una piscina llena de reclamos para luego levantarnos y aliviarnos con una bocanada de humor. La noche se convirtió en una urgente reflexión sobre por qué hemos terminado siendo este desatino descomunal. Dos horas de catarsis donde nadie le soltó la mano al país. Al contrario. Fuimos, esa noche, dolor y gentilicio.
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Alguien me sugería que el tema de estas líneas debería ser lo que todo el mundo se pregunta: “¿En qué va a parar esta vaina?”. Hay una sensación consensuada. Estamos en el punto de quiebre. En la zona donde los materiales ceden y su consistencia es abolida. El caos tiene forma de jauría. Los radicales desfilan sus excesos. Los profetas van de fracaso en fracaso. Aún así, hay gente que los sigue, pues necesitan ser gaseados por la esperanza. Los analistas agotan la tinta de sus reflexiones. El apocalipsis es el dibujo con más seguidores. En la resurrección sólo insisten los optimistas.
La calle es un río revuelto y no hay líderes para tanta energía desatada. El país se desmorona mientras el presidente duerme. El país reclama. El presidente reprime, como molesto por haber sido despertado. El gobierno dispara. Disfrazado de civil, dispara. Disfrazado de ley, dispara. El país también dispara. Todo tan inquietante. Tan peligroso.
Buscando el país que merecemos hemos ido borrando nuestra vida cotidiana. Sólo queda descubrir cuánto abismo hay en el siguiente paso y cuánto futuro en el mapa final de esta incertidumbre.
Por ahora, solo espinas. Y su mucha sangre. Esa es la ruta momentánea. Pero es imperativo alzar la flor. Sin más torpezas.
“La idiotez es una conjura”, escribió Leopoldo María Panero, ese gran poeta que acaba de entrar en la muerte.
Leonardo Padrón
Presidente panameño, Ricardo Martinelli, acusa a Nicolás Maduro
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, acusó ayer al gobierno de Venezuela de financiar a un candidato opositor para las elecciones generales panameñas que se celebrarán el 4 de mayo próximo.
“Yo le quiero pedir muy encarecidamente a los gobiernos extranjeros, específicamente al gobierno de Venezuela (…) que saquen su mano peluda de la política panameña y dejen de estar financiando candidatos panameños”, dijo Martinelli a periodistas en un acto público.
La cancillería panameña aseguró el domingo pasado en un comunicado que el gobierno venezolano ha hecho públicas, “en más de una ocasión, sus preferencias por el candidato del partido político fundado por el general Omar Torrijos Herrera”, en referencia al opositor Juan Carlos Navarro.
El 5 de marzo, el presidente venezolano Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas, políticas y comerciales con el gobierno de Panamá, luego de que este propusiera sin éxito celebrar una reunión de cancilleres de países de la OEA para debatir sobre las protestas opositoras en Venezuela.
Venezuela, El Precio Del Rescate Cubano
Érase una vez un coronel que, basado en el hambre de su pueblo y en el hecho de que quienes vivían en los ranchos eran mayoría, dio un golpe de Estado.
Érase una vez un coronel que en el momento de rendirse dijo que, por ahora, el golpe acababa.
Érase un país entregado a los delirios locos —según el modelo de Ronald Reagan—, de que un viejo por muy viejo que fuera, Rafael Caldera, podía ser presidente.
Érase una vez un país que vio, una y otra vez, como su clase dirigente le fallaba.
Venezuela no está en la primera página de los periódicos más que a golpe de sangre, frustración y muerte. Eso es lógico. Venezuela es un país rico; tiene mucho, mucho petróleo; mucho, mucho futuro; mucho, mucho territorio y poca, poca población.
¿Por qué parece que es más importante la crisis ucrania que la venezolana? ¿Es porque está a la derecha de Putin? ¿Es porque está a la izquierda de Obama? No, simplemente la razón es que a América hace muchos años que nadie necesita tomársela en serio.
¿Son los muertos de esta última revuelta venezolana en vano? No, claro que no. Lo que pasa es que todos en el mundo estamos cometiendo un error de cálculo fundamental: el 11 de septiembre de 2001 George Walker Bush dejó a América Latina a su suerte. A partir de ese momento, tras la caída de las Torres Gemelas, todos los referentes de guerra y paz, decencia e indecencia cambiaron dramáticamente.
Hugo Chávez, sin el atentado terrorista, jamás hubiera podido ser lo que fue. El exdirigente fue la expresión de los límites de un pueblo. Pertenecer al Ejército era la única manera de comer y ascender en Venezuela. Cuanto más fregado, más éxito dentro del Ejército.
Y Chávez empezó con los delirios de grandeza. Y Chávez comenzó a leer la historia de Bolívar. Chávez siempre supo que la frontera entre losmonos de los ranchos que rodean Caracas y el otro mundo, donde viven los llamados sifrinos —Prado Este, Chacao, Altamira— era su cantera natural, no solo de votos sino de razón histórica para fundamentar su régimen. Los cálculos de Chávez resultaron ciertos: en Venezuela los fregados eran más que los afortunados.
El problema es que los afortunados de Venezuela creían y pensaban que era un derecho natural que la otra gente estuviera fregada y ellos bien. Y Chávez, que no podía preguntarle a Bolívar, descubrió que le podía preguntar a Castro. Y Castro descubrió que gracias a la ignorancia y a las ganas de trascender de Chávez, su pueblo (los cubanos) podía, de verdad, tener una segunda oportunidad.
Érase una vez un continente dejado de la mano de Dios, se llama América. La América que habla en español, que hasta que Fidel Castro, la embarcación Granma y el apoyo que le dio México le permitió acabar con Batista, tenía una historia de gran indignidad frente al imperio americano. Castro nunca doblegó a América. A América la doblegó Osama Bin Laden tumbándole las Torres. A partir de entonces, todos comenzamos a vivir en un mundo nuevo.
Chávez jugó sabiendo siempre que había un límite. El único límite que nunca pensó que a él le sucedería se llama cáncer, ese mismo que acabó con su vida y que colocó a Venezuela en la alternativa donde está.
Pero Chávez por sí mismo no es suficiente para entender el problema. Chávez más Castro tampoco. Chávez más Castro más Bush, tampoco. El problema es que para entender la actual crisis venezolana, hay que entender el nuevo mapa del mundo.
Y para mí, el mapa del nuevo mundo es muy sencillo. Discrepo, respetuosa y profundamente, de todos cuantos le atribuyen a Cuba la continuidad del sistema chavista.
En lo personal considero que será Cuba, con Raúl Castro a la cabeza, quien entregue la revolución chavista a Estados Unidos, a cambio de conseguir el desbloqueo para Cuba.
El precio de la normalización política con Cuba es Venezuela. Y eso es lo que ni Maduro ni Cabello ni los líderes antichavistas han entendido.
¿Seguirán muriendo jóvenes en Venezuela? Espero que pocos. ¿Están solos los estudiantes venezolanos? A pesar del gran apoyo que tienen —sobre todo de los jóvenes latinoamericanos—, sí viven en la soledad que significa que por ahora —al menos—, nadie ha entendido lo que está de fondo y eso los desprotege.
Todos parten de que Cuba es quien sostiene a Venezuela. Yo sostengo que Cuba entregará a Venezuela. ¿Por qué? Porque es la única manera de conseguir la normalización política del Caribe.
Mientras tanto, seguirá habiendo muerte. Pero como nos enseña la Historia, el poder no se pierde cuando la gente comienza a disparar, sino cuando la gente duda.
Lo sepa o no Maduro (si es que alguna vez supo algo), las campanas doblan por él. Tocan y suenan en La Habana.
Pues bien, en Venezuela los policías, los guardias nacionales republicanos empiezan a dudar. Ese es el primer síntoma de que la situación puede cambiar.
¿Cómo se podría perpetuar la revolución chavista, que fue siempre una puesta en escena televisiva con riesgos calculados? Se podría conseguir si los batallones chavistas reunidos en torno a las misiones tuvieran la dirección militar adecuada y si para los cubanos no fuera mejor entregar Venezuela que entregar Cuba.
A partir de aquí solo es un problema de tiempo. Venezuela está enterrando al chavismo, justo al año de la muerte de Chávez. Y quien oficia de gran enterrador se llama Cuba.
En algún momento, en algún lugar escucharemos que hay conversaciones de paz. Esas conversaciones tendrán, como le pasa al presidente Santos y a Colombia con las FARC, un garante: Cuba. Para el país caribeño el problema no es la normalización económica, democrática o política de su isla. El problema es vender caro y bien la influencia política que posee sobre el continente.
Y eso tiene dos ejes fundamentales: uno es Colombia y otro, sobre todo, es el petróleo venezolano.
Lo sepa o no Maduro (si es que alguna vez supo algo), las campanas doblan por él. Pero no suenan ni se tocan en Washington. Tocan y suenan en La Habana.
Chávez siempre lo supo, por eso murió en la cresta del sueño. Chávez, como Evita, nunca despertará.
Así como a Evita le realizaron un gran evento funerario, del que solo se levantó el pedestal, ahora da la impresión de que la tumba de Chávez es la tumba de su régimen.
Antonio Navalón
*Periodista
Venezuela iniciará trámites para cesar acuerdo comercial con Air Canada
García Plaza mostró su preocupación por la decisión unilateral de la empresa aérea canadiense.
El ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Hebert García Plaza, se mostró preocupado por la suspensión de los vuelos hacia Venezuela por parte de la aerolínea Air Canada e informó que la Cancillería iniciará “de manera inmediata” los trámites pertinentes para cesar los acuerdos comerciales con la empresa canadiense.
“Así se lo informé a Air Canada. Es no es una suspensión de los vuelos, es prácticamente una terminación del acuerdo para vuelos hacia Venezuela y vamos a iniciar los trámites con la Cancillería para terminar esa relación con Air Canada hasta que el Presidente lo decida”, dijo.
García Plaza dijo que durante una reunión realizada esta mañana con los representantes de 21 aerolíneas “hablamos cosas que nos preocupan y que tienen que ver con la explotación de las líneas aéreas y convertir los asuntos en políticos”.
“Vimos de manera planificada cómo el presidente de IATA daba unas declaraciones amenazantes y hasta groseras (…) Nos preocupó que Air Canada suspenda por motivos supuestamente de seguridad y no acompañamos ese tipo de decisiones. Ni siquiera fue hablado con el país, fue un madrugonazo de esta línea aérea. Air Canada vuela y ha volado a países que tiene problemas de seguridad”, manifestó el ministro de Transporte Acuático y Aéreo.
Sobre el pago de la deuda a las líneas aéreas, García Plaza dijo que algunos pagos correspondientes al año 2014 saldrán esta semana, pero que será la Vicepresidencia la que informe al respecto y sobre los montos pendientes de años anteriores.
Al ser consultado sobre los elevados precios que registran los pasajes a destinos internacionales, expresó: “El que quiera viajar pagará su pasaje a 30 ó 40 mil bolívares”.
