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Venezuela rechaza ser evaluado por el FMI desde hace más de 8 años

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A través de un comunicado, el consejo administrativo del Fondo anunció haber mantenido una “reunión informal” con sus equipos sobre la situación económica en Venezuela

Venezuela, muy crítico del Fondo Monetario Internacional, rechaza desde hace más de ocho años evaluaciones económicas que la institución lleva a cabo en forma anual con cada uno de sus Estados miembro, informó el FMI este martes.

En un comunicado, el consejo de administración del Fondo anunció haber mantenido una “reunión informal” con sus equipos sobre la situación económica en Venezuela y detalló que la evaluación del país como correspondería tenía “98 meses de atraso”.
Afectada por una fuerte inflación , Venezuela vive una crisis política marcada entre otros por el arresto este lunes de tres generales acusados de intentar un golpe de Estado. Los Estados miembro del FMI tienen la obligación de someterse a evaluaciones anuales de su economía, pero si no la respetan, no por ello reciben sanciones.
Las relaciones entre Venezuela y el FMI se vieron fuertemente dañadas cuando la institución con sede en Washington había brindado un respaldo, en abril de 2002, a un efímero gobierno producto de un fallido golpe de Estado contra el expresidente Hugo Chávez.
En 2007, el entonces presidente, fallecido en marzo de 2013, creó un Banco del Sur para prescindir del FMI y del Banco Mundial pero nunca llevó a cabo su amenaza de abandonar las dos instituciones.
Como Venezuela, Argentina dejó de someterse a auditorías por parte del FMI desde que canceló en 2006 todas sus deudas con el ente, al que acusó de ser un detonador clave de la crisis económica que sufrió en 2001.

El Mundo Economía y Negocios 

Politica en serio

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venezuela

La política es como la caja de bombones de la que hablaba Forrest Gump: nunca se sabe con qué te vas a encontrar en ella. Nada auguraba que febrero y marzo de este año iban a constituir el marco de una ola de protestas tan importante; gobierno y oposición fueron sorprendidos por su consistencia y magnitud. Tan solo el sábado pasado se realizó en Caracas una de las concentraciones más grandes de las realizadas por la oposición en todos los tiempos.

En otra época, esta protesta habría llamado al gobierno de turno a dar una respuesta política y satisfactoria a las demandas de la gente. Mucho más si las razones que motivaran las sacudidas estuvieren ligadas a la política de la propia administración gubernamental. Pero Venezuela no goza de ese privilegio en los tiempos que corren, los chavistas adoran que la lucha siga, pero la de ellos, la de los demás es por lo menos traición a la patria.

En Venezuela esto no siempre fue así. El sacudón callejero del 27 de febrero de 1989 en protesta por el programa económico de Carlos Andrés Pérez, produjo respuestas no solo de su  propio gobierno sino además del partido Acción Democrática. Aun cuando el Gobierno comenzó de inmediato a reconsiderar el programa económico y buscar atenuantes a sus rigores, fue el partido, a través de su sector sindical, el que canalizó la protesta por cauces institucionales. Juan José Delpino, líder sindical de AD y de la CTV, incluso convocó un paro general de trabajadores el 18 de mayo de 1989.

No se movió ni una hoja, como adelantó Delpino que iba a pasar y el gobierno de CAP, demócrata donde los haya habido, no pretendió ejercer represión alguna sobre el paro ni sus promotores. El juego fluido de la época y los balances del sistema político permitieron adoptar entonces un plan económico con mayores protecciones para los sectores sociales más golpeados por el ajuste. Para 1992, es cuestión de ponerse a ver las cuentas del Banco Central, el país comenzaba a transitar con paso firme hacia la recuperación económica. Así funcionan las cosas en una democracia y aquella lo era.

En el presente, es obvio que el cuadro que originó las protestas sigue estando allí, incólume, transcurrido mes y medio de su inicio. La inflación, el desabastecimiento, el desempleo y la devaluación monetaria, por el lado económico; junto a la inseguridad, el desconocimiento de la oposición, la coerción de las libertades políticas, las violaciones flagrantes a la Constitución, por el político, constituyen razones más que suficientes para salir a protestar. ¿Cómo no va a protestar la gente ante semejante cuadro? ¿Cómo llamar la atención de un gobierno autista como este?

Cierto que, como les dijera el presidente Maduro a los cancilleres de Unasur, en todos los países hay ciclos de protestas cuando hay dificultades. Absolutamente, pero en los países democráticos no matan a decenas de ciudadanos, ni maltratan o encierran a centenares para aplastar las manifestaciones.

El brutal tratamiento dado a la protesta ha sido muy costoso para el oficialismo y no lo ha sido menos para la oposición. Es tiempo de la política, claman los moderados de ambos bandos. Lo será, pero hasta ahora el Gobierno no ha hecho sino darle vuelta a la tuerca y los venezolanos de buena fe se preguntan cuáles son sus propósitos, a dónde quieren llegar. Mala cosa esta cuando los gobernantes, los primeros responsables de lo que ocurra en un país, pierden la cabeza. Son esos los momentos cuando una chispa incendia la pradera.

Es en el plano comunicacional, usando su hegemonía de medios, donde más se nota la pérdida de la sensatez gubernamental. Como buen gobierno comunista (digan lo que digan para disfrazarlo, el modelo, después de casi cien años sigue siendo el “padrecito” Stalin), suelen recurrir a la propaganda para  tratar de destruir moral y políticamente a sus adversarios, pero hasta en eso hay que tener alguna sindéresis. No se puede pretender responsabilizar a María Corina Machado, en ese momento en Perú, del asesinato, por parte de un paramilitar armado, de una ciudadana en Los Teques. O acusar a los opositores de ser responsables de incendiar el Ávila (hecho recurrente en el verano) y causar un apagón en Caracas.

Esos cuentos son viejos, malos y se convierten en auténticos bumeranes en cuestiones más importantes. Después de afirmaciones como esa no se puede salir a anunciar el lanzamiento del Sicad II, a convocar un diálogo político, a designar una comisión “de la verdad” ni a afirmar que hay en curso un golpe de estado y esperar que se les crea. Por lo menos, sean serios.

Francisco Suniaga

@FSuniaga

El Nacional

Carta de la madre de Marco Coello, estudiante de 18 años que permanece detenido desde el 12 de febrero, a los cancilleres de la UNASUR

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Photo: Roberto Mata

Caracas, 26 de marzo de 2.014

 

Estimados Cancilleres,

 

Me dirijo a ustedes como madre, como venezolana, como suramericana y desde la auténtica intención que tienen cada uno de ustedes de propiciar un ambiente de diálogo, paz y entendimiento en el marco de la crisis que hoy vive Venezuela.

Lo hago como madre de Marco Aurelio Coello, un joven venezolano de 18 años, estudiante de bachillerato, deportista, amigo, hijo, que desde hace 43 días está en una celda, acusado de un delito que no cometió, junto a otros 5 jóvenes que fueron detenidos el 12 de Febrero cuando estaban  protestando pacíficamente.

Leo el slogan de la organización: una región llena de recursos y les pregunto ¿No son nuestros jóvenes el principal recurso de esta región? Hoy en Venezuela, los jóvenes protestan, como todos los jóvenes protestaron en todos los tiempos y en todos los lugares, sin que eso haya sido señalado como delito alguno.

Señores cancilleres, sabemos que ustedes están acá para contribuir de forma sincera en la promoción del diálogo entre los venezolanos. Un diálogo que contribuya a la paz y al entendimiento. Pero la paz no es solo ausencia de violencia, sino presencia de justicia, igualdad y libertad.

No puedo hablar de mi hijo Marco Aurelio, sin hablar de todos los estudiantes detenidos. La paz es un terreno difícil de arar. Se siembra con diálogo y también con acciones. Liberar a los estudiantes detenidos, podría ser un símbolo de paz. Un primer gesto, para comenzar a recorrer una senda diferente a la que hoy andamos los venezolanos.

Mi esperanza y la de muchas madres está puesta en ustedes y solo le pido a Dios que los ilumine en esta importante tarea.

 

Atentamente,

Doris Morillo de Coello

5.890.574

 

Marco Coello

Carta de la Conferencia Episcopal Venezolana a la Unasur

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CEV

Señor: WINSTON LACKING
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación para el Desarrollo
República de Suriname. – Presidente Pro Tempore
Y demás Cancilleres representantes de los Países miembros de la Unión de Naciones Suramericana “UNASUR”

Apreciado Señor

Reciba un cordial saludo.

La Conferencia Episcopal Venezolana, a través de la Comisión de Justicia y Paz en su misión de participar en la construcción de una convivencia justa y pacífica, fundada en la fe y en el respeto a la dignidad humana, habiendo expresado nuestro deber y propósito de “Ser Testigos de la Verdad”.  Recibimos con beneplácito la designación de una comisión integrada por Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR para que en su nombreacompañe y asesore, en un diálogo político, amplio y constructivo, orientado a recuperar la convivencia pacífica en Venezuela, considerando la Conferencia Nacional de Paz instalada  en Venezuela, tal como ha quedado circunscrito en su Resolución N° 214 emanada del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR, reunido en Sesión Extraordinaria en Santiago de Chile, el 12 de marzo del corriente.

Acompañando en el día a día a nuestro pueblo nos duele hondamente el costo humano que deja como saldo que en las manifestaciones ocurridas en diferentes zonas del país, a partir de la segunda quincena de febrero, hasta el momento ha arrojado 33 ciudadanos muertos, centenares de heridos y miles de personas detenidas, privadas de libertad, en un ambiente signado por la restricción de información, el uso desproporcional de la fuerza del Estado y la autocensura, generando, por lo menos incertidumbre y desasosiego en toda la población.

En este marco, solicitamos la posibilidad de que la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela celebre una reunión con la Unión Nacional del Sur en representación de la Comisión de Cancilleres de los miembros, de conformidad con el sitio y fecha que se tenga a bien acordar, en aras de la justicia y paz social en Venezuela, para intercambiar ideas y hacerles entrega de las informaciones sustentadas que hemos recibido en estas semanas.

Esperando su pronta y atenta respuesta.

+ Roberto Lückert León

Arzobispo de Coro

Presidente de la Comisión de Justicia y Paz

+ Baltazar E. Porras Cardozo

Arzobispo de Mérida

Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social

+ José Luis Azuaje Ayala

Obispo de Barinas

1° Vicepresidente de la CEV

Vicepresidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social

Crisis de malestar exacerbado: 5 puntos para entender lo que ocurre en Venezuela

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protestas

 

1. Los orígenes del malestar en la democracia

En América Latina los años ochenta estuvieron marcados por el desencanto sobre las posibilidades de la democracia para responder a las necesidades materiales y de mejora social de los individuos. En la década de los noventa, vino la delegación en un poder ejecutivo decisionista, paralelamente a un proceso generalizado de privatización que favoreció la apatía de la ciudadanía y fomentó el auge del individualismo competitivo. Finalmente, junto con la continuidad de la recesión, el desempleo, la corrupción y la desnacionalización, surgieron en los preludios del nuevo siglo la bronca y la protesta.

En Argentina, por ejemplo, durante el Gobierno de Fernando De La Rúa se llegó a una situación de ruptura del contrato social, de divorcio entre sociedad y política, de vaciamiento de las formas tradicionales de representación política, y de búsqueda -al mismo tiempo-, de nuevas mediaciones y formas organizativas.

En la sociedad se observan simultáneamente dos fenómenos aparentemente contradictorios: una acentuada apatía y/o crítica con respecto a lo público y estatal, y una tendencia a la autoorganización.

Lo primero se revela en la actitud de la ciudadanía respecto de las obligaciones electorales, tanto en la abstención electoral como en el voto nulo o “voto bronca”, y el voto en blanco, como rechazo a la oferta convencional que produce el sistema político; así como en la acción colectiva directa de repudio a representantes de la clase política o “escrache”. Lo segundo, en la aparición de la intención de ocupar, reparar, o efectuar acciones colectivas grupales con contenido social (organizaciones de economía social, de desempleados, de defensa de derechos, y de solidaridad).

Lo cierto es que, en medio de la crisis, la demanda más ostensible de la población sobre su dirigencia política se refería al carácter ético y a la eficacia. La ciudadanía pretendía, en forma pragmática, observar resultados concretos obtenidos por las políticas públicas, y tendía a realizar algunas experiencias de organización civil sobre el espacio vacío de representación dejado por el Estado y los partidos políticos. Se concentraba en la imputación a la dirigencia por la recesión y la depresión económica, que se vive de manera casi permanente desde hace años. La crisis socioeconómica también ha colaborado fuertemente en el distanciamiento de la sociedad civil en cuanto al estamento político profesional.

2. ¿Cuándo hay crisis de malestar exacerbado?

Detectamos una crisis de malestar exacerbado cuando se producen algunos de los siguientes conflictos institucionales:
a) Hay un vacío de poder (power vacuum) en el Gobierno, ya que no hay nadie que se presente como cabeza visible del poder público, o cuando no queda en claro quién decide las cuestiones de Estado. Conlleva incertidumbre, inestabilidad y puede desembocar en una total ausencia de gobierno.
b) El Gobierno no es percibido como capaz de resolver agudos problemas políticos, económicos y sociales.
c) El Gobierno termina desbordado por las presiones populares.
d) Hay una creciente pérdida de legitimidad del Gobierno y de las instituciones democráticas -que tampoco son percibidas como eficientes-, a la par que los dirigentes y gobernantes parecen estar reñidos con la ética política.
e) La corrupción en los poderes del Estado es generalizada y repudiada por la ciudadanía.
f) Los gobernantes renuncian, y el poder es asumido por Gobiernos provisionales.
g) Existe un contexto de carencia de representatividad de los poderes de gobierno y de los partidos políticos, donde los ciudadanos no perciben salidas institucionales viables.
h) Se producen extendidas movilizaciones de protestas que expresan un estado de ánimo mezcla de ira y frustración. Las reacciones emocionales sustituyen a la racionalidad democrática.
i) Se representa una suerte de catástrofe social, en la cual se combina una mayoritaria declaración de adhesión al régimen democrático y de desconfianza con el Congreso y los partidos políticos, y en diferente magnitud con todas las instituciones públicas
j) En ese marco irrumpen la antipolítica, el estremecimiento social derivado de inflaciones desbocadas, hambre generalizada o la hiperdesocupación. Por fin, la política es enfrentada a las ideologías y a la gente, y de ello se encargan los periodistas y los propios políticos.
k) El Estado es puesto en contradicho por la ciudadanía en razón de su ineficiencia o debilidad.
l) Se insinúa un final de época.

En los estudios del Índice de Desarrollo Democrático de América Latina realizados por la Konrad Adenauer Stiftung, en conjunto con Polilat.com y la Red Interamericana para la Democracia, la crisis de malestar exacerbado se valora a través del “factor de anormalidad democrática”, definido como la “incapacidad institucional para el procesamiento de las tensiones que la democracia debe armonizar y administrar”, o dicho de otra manera “cuando las instituciones son forzadas para lograr un mantenimiento del régimen democrático”. Ese indicador objetivo (basado en estándares observables) se visualiza a través de la ocurrencia de crisis institucionales que dan cuenta de una “eficiencia política ausente” y/o una “baja o nula capacidad institucional para ejercer el poder”.

Este grado constituye la hipérbole del malestar en la democracia, en la que se advierte un vacío de poder en el Gobierno, y una movilización ciudadana en las calles. Desde el punto de vista del desarrollo de la política democrática, la incorporación de la protesta supone integrar la dimensión del conflicto y el antagonismo, junto a la del consenso y la discusión razonable propia del discurso hegemónico, abriendo la posibilidad de enriquecer el debate en la esfera pública e introducir en él nuevas demandas y nuevos temas, así como hacer presentes nuevos grupos habitualmente excluidos.

Las situaciones descritas suelen ser llamadas “las democracias de la ira”, que encarnan y reflejan a la perfección la desesperanza de lo que Hannah Arendt denominó el “gobierno de nadie”, en alusión al moderno estilo de gobierno en donde todo es el “aparato”, el “sistema”, el “Estado”. Entes abstractos que no cuentan con personificación alguna cuando de rendir cuentas se refiere. Nadie es responsable de nada, y tampoco nadie es capaz de dar respuestas. Nos remiten a alguno de esos entes que justifican lo que solo una persona o un grupo de personas ha creado, gestionado, propiciado o ejecutado.

Cada vez es más encontrar oídos sordos cuando un ciudadano se enfrenta a un problema que incumbe a la administración. En todo esto el elector se siente solo, desamparado, discriminado y airado. Los sociólogos y analistas políticos tienen que recurrir a explicaciones cada vez más inverosímiles sobre los resultados electorales o la participación política de los ciudadanos. Por su parte los políticos tienen que hacer mayores esfuerzos demagógicos y propagandísticos para restañar su pérdida de popularidad, a la par que los partidos requieren de mayores partidas presupuestarias para convencer a votantes cada vez más apáticos y descreídos.

La singularidad del inicio y la resolución de los conflictos político-sociales de los últimos años, nos motivó a adentrarnos en el análisis del malestar, ya que:
a) La sociedad movilizada es la que se encarga de poner fin a los Gobiernos democráticamente elegidos.
b) Las crisis son solucionadas mediante mecanismos constitucionales.
c) Lo que existe es un creciente malestar en la democracia y no necesariamente con la democracia.
d) Las reformas económicas de los últimos veinte años han dejado una gran deuda: el fortalecimiento del Estado democrático.

Resta señalar que en América Latina, los últimos años han estado marcados por la existencia de varios focos de tensión de diferente naturaleza, y prácticamente la totalidad de los países de la región se han visto afectados por diversos conflictos a la vez. Algunos de ellos no han finalizado y los que sí lo han hecho siguen mostrando sus repercusiones en el presente. A pesar de la heterogeneidad de los casos, se detecta un cambio cualitativo en la naturaleza de los conflictos que han atravesado a América latina: los problemas tienden a producirse dentro de los Estados y no entre ellos, materializándose en luchas por el control territorial, disputas por el control del Gobierno, rivalidades en cuanto a la obtención de derechos étnicos y culturales.

Con excepción de Colombia, Sudamérica no es en la actualidad una región afectada por conflictos armados. Ello se debe fundamentalmente a tres razones:
a) Las disputas territoriales arrastradas desde las épocas de la formación de los Estados nacionales fueron resueltas gracias a diversos instrumentos de arbitraje nutridos por el avance del Derecho Internacional.
b) Las guerras civiles de finales de la década de los sesenta se atenuaron tras la consolidación de los procesos democráticos.
c) A finales de la década de los noventa, quedaron prácticamente resueltos la mayoría de los conflictos limítrofes que afectaban a América del Sur.

Pero a pesar de los avances logrados, los Estados latinoamericanos se encuentran aún sometidos a disputas políticas y civiles, a graves desequilibrios socioeconómicos, así como a un debilitamiento de sus estructuras democráticas. Esta coyuntura genera un panorama que conduce a la fragilidad y vulnerabilidad del Estado, permitiendo la irrupción de nuevos actores y diferentes agentes promotores de crisis.

El particular caso sudamericano nos muestra que las variables a tener en cuenta son siempre numerosas y que cada caso tiene suficientes especificidades para que se tengan en cuenta factores añadidos (como etnia, género, etc.) que condicionan los conflictos. Son muy pocos los provocados por una sola causa. En su mayoría son fruto de una multiplicidad de factores. Además, las sociedades no generan dilemas de una manera absolutamente idéntica ni éstos siguen la misma pauta una vez que las crisis estallan.

Los recientes casos de ingobernabilidad se han caracterizado por manifestaciones populares que quitaron legitimidad al poder ejercido por los gobernantes, quienes a su vez demostraron ser incapaces de transformar los pactos de poder y posibilitar la inclusión efectiva de la población. A diferencia del pasado, cuando las crisis de gobernabilidad en la región se resolvían con la interrupción del régimen democrático, las crisis reinantes solo fueron resueltas dentro del sistema institucional. En la segunda parte de la tesis evaluamos si ello trajo aparejado la profundización de la democracia, ya que esto último depende de la refundación del pacto de poder y no solo de las reglas de su ejercicio e institucionalidad.

Como causas del malestar exacerbado discernimos cinco centrales y de magnitud: razones económicas, cuestiones humanitarias, hechos inesperados, hastío con los gobernantes, y quebrantamiento de los umbrales democráticos.

En presencia de una crisis de esta índole, generalmente se produce una concurrencia de factores y concausas que motivan la exaltación y la furia de los ciudadanos. Entre ellos podemos mencionar: los insuficientes resultados económicos y sociales de los regímenes democráticos; la crisis y el desprestigio del Estado y de lo público; la carencia de una sólida cultura democrática; el efecto de los casos de corrupción de los políticos; las dificultades en la relación entre los partidos políticos y el resto de la sociedad civil; la subordinación de la actividad política a los poderes fácticos de origen nacional y transnacional; el incremento de la violencia política y no política; y en algunos países, las dificultades de las relaciones de las Fuerzas Armadas con la institucionalidad democrática.

3. La realidad de hoy en Venezuela: de donde viene y hacia dónde va

Grosso modo, Venezuela es un país cuyo imaginario popular ha quedado detenido como una fotografía en los años 1974-1979, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, el responsable del milagro económico venezolano. Por entonces se la conocía como Venezuela saudita, a raíz del efecto multiplicador de los dólares que ingresaban por la venta de crudo. Las sucesivas presidencias de Pérez Campins y Lusinchi ya evidenciaban cierto deterioro de la economía desde el viernes negro de febrero de 1983; pero la segunda presidencia de Pérez, aupada por el recuerdo de la primera y por la buena imagen de su antecesor Lusinchi fue la demostración de que ya nada era como se pretendía. La corrupción fue el sino trágico de Pérez hasta que la Corte Suprema de Justicia lo destituyó en mayo de 1993.

Venezuela, que ya había padecido el Caracazo (27 y 28 de febrero de 1989), las cruentas rebeliones militares encabezadas por el teniente coronel Hugo Chávez y el contralmirante Hernán Grüber Odremán (4 de febrero y 27 de noviembre de 1992 respectivamente), navegó en las aguas turbulentas del ineludible fin del modelo de la república que venía desarrollándose con ejemplar conducta democrática desde el fin de la dictadura de Pérez, y no había sucumbido a los golpes militares de los 80, al igual que su vecina Colombia.

A Pérez le sucedió su correligionario y presidente del Senado, Octavio Lepage; el Congreso eligió como presidente interino al senador Ramón Velásquez, quien llamó a las elecciones que le dieron la victoria al presidente socialcristiano Rafael Caldera, quien tampoco pudo revertir la crisis económica y política, resultando pulverizados los antiguos partidos que habían hegemonizado los últimos 50 años de la política venezolana. Con la amnistía a los golpistas del 92 empezó a emerger la figura del líder Hugo Chávez, que gobernó desde fines de 1998 hasta su muerte en 2013, cambiando las estructuras del país, fomentando la división entre los venezolanos, asociándose con países cuestionados como enemigos de la libertad como Cuba, Irán, Bielorrusia y Corea del Norte, y manejando con discrecionalidad no exenta de venalidad los dineros generados por las ventas de petróleo.

4. ¿Existe la democracia bolivariana?

El chavismo ha buscado construir la “democracia bolivariana” adoptando para ello como estrategias la participación protagónica corresponsable, incentivando el desarrollo de redes sociales, promoviendo a las organizaciones de base, y estimulando la sociedad controladora de lo público. En este proyecto democrático Chávez involucró al ejército al servicio de los pobres y convirtió al pueblo en agente político visible. Las autoridades venezolanas y los teóricos que les sostienen, describen como elementos de esta nueva democracia: la productividad, la solidaridad y la igualdad, que trascienden el capitalismo y el mercantilismo. Es un concepto de democracia que no es patrimonio exclusivo de los partidos políticos y las elecciones, sino que se irradia en todos los aspectos de la vida en sociedad y a todos los sectores.

Humberto Njaim dice que la democracia bolivariana es una concepción constitucional, en donde la participación se antepone a la representación que predominaba en las constituciones anteriores. De igual manera señala sus principios rectores: voluntad política, ciudadanía, protagonismo, descentralización y democracia. Pero advierte: “sin embargo, el desarrollo legislativo y la interpretación jurisprudencial y doctrinaria tendrán que orientarse a superar algunas de las tendencias aquí encontradas, ya sea radicalizando los postulados de la democracia participativa y protagónica, o evitando los peligros de la democracia plebiscitaria para lo cual será necesario reforzar los elementos representativos, no como fines en sí mismos sino como medios para salvar la estabilidad de la Constitución y su primacía por encima de las vicisitudes políticas y la arbitrariedad de los gobernantes de turno”.

Orietta Caponi, por su parte, la define como una democracia no liberal, incluyente y por tanto humanista, popular, ética, defensora de la identidad y soberanía nacionales, así como de la emancipación social. Es preciso señalar que esta democracia está en fase constructiva y que al utilizar el adjetivo bolivariano se abren las puertas a todas las ideas progresistas y humanistas provenientes de cualquier corriente ideológica, en tanto permitan la inclusión real y efectiva de toda la población. Es una democracia unida al concepto de soberanía.

En contra del proyecto de democracia participativa protagónica encontramos la opinión de Melo quien señala que los trazos más evidentes de la concepción bolivariana son: el exacerbado mayoritarismo y el plebiscitarismo. La mayoría se articula en exclusiva en torno al liderazgo carismático de líderes como Chávez y ahora el nuevo presidente Maduro, menos capacitado y más confundido.

Consideramos a la democracia bolivariana como una máscara, por cuanto si bien se dice una democracia republicana, participativa y protagónica, ha provocado una grieta entre la población en fracciones bien diferenciadas, una a favor del chavismo con rasgos fundamentalistas y otra profundamente antichavista con visos de aborrecimiento. Los bolivarianos no son propensos a reconocer derrotas ni errores y atribuyen sus fallas a campañas de desprestigio, desinformación, intrigas y complots.

Los chavistas no dudan en descalificar al contrincante, al cual ven como un enemigo a destruir. No titubean en aliarse con los regímenes iraní o norcoreano, a recurrir al fraude o a encarcelar militares, opositores y jueces que no se someten a sus designios, con tal de cumplir sus objetivos. También atacan la libertad de prensa y no tardan en suprimir los medios de comunicación de tendencia contraria a sus sedicentes ideales “revolucionarios”. Es por ello que el Socialismo del Siglo XXI del cual Venezuela es cabeza, utiliza las reglas de la democracia para acabar con ella desde adentro.

Desde Popper y Dahrendorf, pensamos la democracia no solo como la posibilidad de elegir gobernantes y ser representados, o como un orden constitucional que torna viable relevar los gobiernos sin revolución o derramamiento de sangre, o como el conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quien está autorizado a tomar las decisiones colectivas y con qué procedimientos – en palabras de Norberto Bobbio-; sino en un sentido más amplio (como enseña Ludolfo Paramio) como horizonte permanente.

La democracia sería así un sistema político y social que brinda seguridad (física, pero también económica y social) y que privilegia la educación, la salud, las oportunidades de trabajo, la libertad de prensa y de expresión. Un sistema que apoya la diversidad, la innovación, que respeta las minorías, sus culturas y sus derechos.

La verdadera democracia supone la existencia y reconoce el valor de las organizaciones civiles intermedias, como medios de expresión legítima de la participación ciudadana para construir el capital social. En tanto sistema político debe posibilitar al ciudadano realizarse plenamente y alcanzar un desarrollo que supere lo meramente económico y tecnológico. Se funda en la libertad de elección y el gobierno del pueblo sobre sí mismo, compromete la responsabilidad ciudadana y establece igualdad de oportunidades para todos, permite la pluralidad de ideas y promueve el respeto de las diversas creencias y valores de cada persona y cada cultura. La democracia sustancial crece cuando se amplían y expanden los derechos, y ello se da generando distintas respuestas que conllevan una protección efectiva de los derechos fundamentales desde una mirada real, humana y plural.

Coincidiendo con Pateman, Bachrach y Macpherson, cabe señalar que la democracia no puede circunscribirse a un puro procedimiento o un simple mecanismo de constitución y organización del poder político. La democracia involucra una intervención real y persistente de las grandes mayorías en el manejo de la cosa pública, lo que envuelve, entre otras cosas, y como actividad básica y primigenia, la asistencia consciente a los comicios donde habrán de elegirse representantes.

Acorde con los cambios del mundo, la democracia ha tenido distintas enunciaciones: el gobierno de los hombres libres, la voz del pueblo, el medio de deliberación y decisión, un sistema político con reglas para elegir y ser elegido sobre la base de los derechos de libertad e individualidad.

El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del 2004 planteó el problema de forma directa: ¿Se puede hablar de democracia cuando la mayoría de los ciudadanos, o parte sustancial de ellos, carecen de los recursos necesarios para ejercer sus derechos de ciudadanía? Lo que parece indiscutible es que en esta situación las instituciones de la democracia funcionarán mal, y que ésa puede ser una de las claves de la desconfianza de los ciudadanos hacia sus gobiernos, y de las frecuentes crisis de gobernabilidad.

Debe recuperarse la distinción entre democracia formal y sustantiva, pero despojada de cualquier desvalorización de los procedimientos. Pero, además, la democracia debe tener una potencial sustantividad material, lo que quiere decir crear condiciones y oportunidades para la lucha por la igualdad. La democracia como sistema de representación política parece no satisfacer las expectativas de los ciudadanos en torno a un mejor y mayor bienestar. Análogamente, la democracia como un fin, es decir, el avance en los derechos políticos y libertades civiles que hoy disfrutan los habitantes, se ha visto totalmente anulada por la incapacidad de traducir estos avances en mayor bienestar económico y social.

5. Conclusiones

La democracia bolivariana plantea un estándar imperfecto de democracia, un mero disfraz o visión acotada para disimular autoritarismo, exclusiones o cercenamiento de libertades y, sin ambages, puede calificarse de desviación o desorientación que trae consigo confusión y desconcierto.

La democracia no es tan sólo el gobierno que la ciudadanía elige en los comicios, sino que es el ideal –valor si se quiere- de un horizonte permanente que respeta a las minorías, la libre expresión de las ideas, la existencia de prensa independiente, y que observa sin dobleces la Constitución política del país de que se trate.

Incluso un Gobierno como el venezolano, puede ser democrático en la elección, pero dictatorial en su forma de ejercer el poder, y ostentar una condición democrática para disimular y repeler las acusaciones o las críticas de la máscara que utiliza.

El malestar exacerbado en las calles y espíritus venezolanos reconoce idénticas causas a las presentadas anteriormente, que además se encuentran potenciadas por la desembocada administración del presidente Maduro, un terco militante de la intolerancia quien, con sus desvaríos e impredecible comportamiento, da el physique du rôle de un esperpéntico tirano fascista de izquierdas, que ni el genio inigualable de Gabriel García Márquez imaginara para Macondo.

Javier Pablo Marotte

Revista Perspectiva

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