Walter Márquez, diputado a la Asamblea Nacional, informó que para acudir a instancias internacionales se requieren varios elementos, entre ellos que no sea un hecho aislado, sino que ocurran ataques sistemáticos y que se le haya causado daño a la población civil.

El diputado al parlamento nacional, Walter Márquez, y los diputados del bloque democrático solicitarán el enjuiciamiento del presidente de la República,  Nicolás Maduro; del gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora; del jefe de la Región de Desarrollo Integral Los Andes (REDI) Miguel Vivas Landino; del jefe del Comando Regional uno, Franklin García Duque, ante la Asamblea Nacional, Consejo Legislativo Estadal, a la Corte Penal Internacional, con base en el estatuto de Roma que tipifica los crímenes de lesa humanidad, ante los hechos de represión ocurridos durante las últimas horas en la ciudad de San Cristóbal.

Informó que para acudir a instancias internacionales se requieren varios elementos, entre ellos que no sea un hecho aislado, sino que ocurran ataques sistemáticos y que se le haya causado daño a la población civil.

“Aquí hubo ataques sistemáticos y progresivos en sectores como: Las Pilas, avenida principal de Pueblo Nuevo, avenida Carabobo, La Castellana, Barrio Sucre, Pirineos I y II, Quinimarí, La Rotaria, Rómulo Gallegos, Rafael Urdaneta, Simón Bolívar,  urbanizaciones Santa Rosa y San Juan Bautista y residencias Altamira, así como en Barrio Obrero. Le causaron daños a la población civil al margen del conflicto, al lanzar bombas lacrimógenas dentro de las viviendas, causando destrozos, ahogos a niños,  ancianos y personas con discapacidad; llevándose a personas detenidas dentro de sus casas, y sometiendo a torturas, tratos crueles,  inhumanos y degradantes, a la mayor parte de los detenidos”, expresó.

Márquez precisó que en Rubio se presentaron casos de violencia contra la mujer, y que en el sector de Las Pilas se llevaron a damas detenidas cuando estaban en sus hogares. También resaltó que se han registrado ataques de la GNB y la PNB a centros de salud, como: Centro Clínico,  Policlínica Táchira, Centro de Especialidades Médicas de Occidente -Cemoc-, Centro Médico de Rubio y la Cruz Roja,  viéndose afectados pacientes, médicos y enfermeras por el efecto de los gases, violándose con ello la Convención de Ginebra.

Detenidas 300 personas en manifestaciones

Walter Márquez indicó que según reporte del Foro Penal Venezolano y también de la Oficina Parlamentaria de Walter Márquez,  van más de 300 detenidos durante 54 días de protesta, a los cuales en su mayoría, les habrían simulado un hecho punible.

“Los detienen por estar protestando de acuerdo a las garantías constitucionales. Les simulan hechos punibles, les siembran cualquier prueba como bolsos con metras, a la mayoría de ellos los han sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es una grave violación a los derechos humanos que constituye delitos o crímenes de les humanidad. Por ello estamos recabando las pruebas a través de una investigación multidisciplinaria para hacer la denuncia ante el organismo de la justicia penal internacional”, agregó.

Aseguró que los diputados de oposición no dejarán impunes los hechos ocurridos, y menos aún cuando son delitos que no prescriben.

El Universal 

–  57% de los venezolanos creen que la censura en los canales de TV la provocan las acciones del Gobierno de Maduro

– 72% de los venezolanos temen un estallido social

– 92% de quienes se dicen opositores; 71% de los neutrales y 43% de los chavistas creen que situación económica es negativa

– 15% está “muy dispuesto” a protestar por la inflación y 24% dice estar dispuesto. 48% descarta protestar por la inflación

– 38% de los venezolanos se auto califica como oficialistas, 42,8% se dicen opositores y 19% neutrales

– 52,9% de los venezolanos consideran que la detención de Leopoldo López es “injusta”, 38% cree que la detención es “justa”.

– 60% de los venezolanos creen que las autoridades han violado los DDHH al controlar las manifestaciones

Por qué la oposición en esta crisis, lejos de tomar ventaja, se debilita y se divide.

Hemos dicho por qué la gente protesta y tiene razón para hacerlo. Y hemos descrito también las razones de la crisis que el Gobierno provoca con su ideología desfasada y su ineficiencia intrínseca. Pero lo que no hemos estudiado suficientemente es por qué la oposición en esta crisis, lejos de tomar ventaja, se debilita y se divide alejándose del logro de sus objetivos.

Pongámoslo de esta manera. La oposición tiene un punto que la une: el rechazo al modelo chavista, animado en Maduro. Obviamente toda la oposición sería feliz si él renunciara, lo cual no es un planteamiento anticonstitucional. Cualquier venezolano tiene el derecho a pedir esa renuncia, el problema es que Maduro tiene el mismo derecho constitucional de tirarle una trompetilla a esa propuesta. ¿Y entonces qué? Alrededor de este “detallito” comienza la división opositora.

La primera grieta crea dos clusters opositores. Uno que piensa que el objetivo es presionar al Gobierno para negociar cambios estructurales en su modelo político y económico. Es una lucha cuyo éxito a corto plazo es lograr que el régimen cambie y en el camino construir una mayoría opositora que lo rete electoralmente en todas las próximas oportunidades que se presenten o se creen, pero en condiciones distintas a las del pasado, en términos del tamaño opositor y de cambios institucionales que se logren en la negociación por presión (cambios en los magistrados del TSJ, rectores decentes en el CNE, Fiscal confiable para todas las partes, entre otros). El segundo cluster piensa que el primer grupo es naive, colaboracionista o ambos. Que es obvio que Maduro es un dictador. Que a pesar de haber sido elegido por el pueblo (dudosamente en su opinión), es un gobierno ilegítimo por acción y que debe sacarse del poder como sea. Es “la salida” y el objetivo es cambiar al Gobierno, para lo que no es relevante quién es mayoría o si acompañan las masas populares, porque éste no es un tema electoral.

La segunda fractura la encontramos en la batalla entre líderes. Los estímulos para retener el liderazgo de Capriles, ganado a pulso y trabajo efectivo en campaña, contrasta con el deseo de otros políticos, de quienes Leopoldo López es el más destacado, de retar ese liderazgo y asumir el rol principal, algo legítimo en democracia y racional políticamente. El tema es que los retadores deben diferenciarse del líder convencional. Frente una posición moderada, contrastan la radical.

Ya he fijado mi posición sobre este tema, pero hoy solo quiero dejar una pregunta en el aire, de la que no espero respuesta, sólo reflexión: ¿piensa el grupo radical que creando barricadas y provocando la reacción represiva e irracional del Estado contra ellos (un absurdo en el que solo cae un gobierno militarista y torpe), en algunas zonas de clase media, sin armas, sin ejército, sin plata y sin los barrios motivados para ese cambio, lograrán que Maduro se sensibilice ante la autoencerrona de vecinos opositores y tengamos un final de novela en el que el Presidente, tipo Emparan, sale al balcón del pueblo para preguntar si el pueblo quiere que mande y responde a la negativa: “entonces yo tampoco quiero mando” y se va para La Habana o es que de verdad esto es una rebelión (constitucional o no, pero real), con armas, ejércitos, guerrillas, aliados, plata y entonces el país se conduce a una guerra asimétrica entre quienes creen que deben defender su presidente (y sus negocios y su poder) y los que creen que tiene derecho a sacarlo por el 350 y además lograr que no sea Diosdado el que lo sustituya, como dice también la Constitución, sino que los militares los pondrán a ellos a gobernar, ya que no hay elecciones?

Luis Vicente León

@luisvicenteleon

El Universal 

El estado de Táchira se localiza en la región de Los Andes, al suroeste de Venezuela. Por la propia situación del territorio, en el eje fronterizo, San Cristóbal, su capital, constituye un importante polo económico basado sobre todo en el comercio. De esta tierra son originarios nada menos que siete presidentes de Venezuela, que gobernaron en su mayoría gran parte del siglo XX: Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras, Isaías Medina Angarita, Marcos Pérez Jiménez, Carlos Andrés Pérez y Ramón José Velázquez. Para los tachirenses, sus nombres son asimilables a los de guerreros y libertadores.

Los originarios de esta zona son opositores por excelencia. La mayoría de los habitantes de San Cristóbal abjuran de la revolución bolivariana y así se demostró en las últimas elecciones, cuando los seguidores del presidente Nicolás Maduro solo lograron 12 de un total de 29 alcaldías.

Llegar a esta región es encontrarse a la gente saturada de la coyuntura política en Venezuela. Los «gochos», como se conoce en el resto del país a quienes viven en estas regiones andinas, se han puesto sin ambages en pie de lucha.

El detonante de las manifestaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro fue el intento de violación de una estudiante de la Universidad de los Andes. La inseguridad galopante en Venezuela –el año 2013 se cerró con veinticuatro mil muertes violentas– impulsó a los estudiantes de las universidades Católica y de los Andes a organizar marchas de protesta. Y fue allí donde todo comenzó. Ese día, el pasado 4 de febrero, Reinaldo y Leonardo Manrique y Jesús Gómez, convocantes de las manifestaciones, fueron arrestados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y enviados a una cárcel de alta seguridad en otra región del país.

Oleada de disturbios

La acción provocó una oleada de disturbios que luego se extendió a varias ciudades del país y que el Ejecutivo vende hoy como un «golpe de Estado en desarrollo».

La situación empeoró el pasado 12 de febrero, cuando un sector de la Mesa de la Unidad Democrática, liderado por el dirigente políticoLeopoldo López, convocó a una marcha en Caracas, en la que, además de exigir la liberación de los estudiantes, se incorporaron quejas por la situación económica y se reclamó la dimisión como presidente de Maduro.

La ciudad es la representación viva del caos. La vida en sus calles se ha escapado de cualquier control y la trama urbana muestra el aspecto de un campo de guerra: neumáticos quemados, aceite en el asfalto, alcantarillas levantadas, escombros y muebles viejos cruzados en la calzada. Durante el día, los estudiantes se dedican al refuerzo de cada una de las barricadas y a elaborar bombas incendiarias de fabricación casera. También acumulan un gran número de piedras «para defendernos».

A diferencia de Caracas, aquí los jovenes no estan solos. Vecinos de los barrios más radicales como San José Obrero, Pueblo Nuevo, Calle Carabobo o Sucre, conocida desde hace semanas como «Sucrania» en alusión al conflicto en Ucrania, han decidido aparcar la indiferencia y colaboran con los «guarimberos» –así se conoce a los opositores a Maduro– con alimentos y acogida en sus casas en caso de resultar necesario.

Maduro, tras manifestar públicamente su preocupación por la situación creada en Táchira, a la que llegó a calificar de «gueto de violencia», ordenó la militarización del estado. También ha denunciado que supuestos paramilitares de Colombia mandados por el expresidente de ese país, Alvaro Úribe, están contribuyendo a mantener viva los que mantienen las protestas.

Sin comida ni combustible

Los ciudadanos han decretado una especie de toque de queda. Todo está paralizado. En las zonas tomadas, los comerciantes no se atreven a abrir las puertas de sus establecimientos. En el centro de la ciudad, la actividad cesa a primera hora de la tarde. El transporte público no trabaja por miedo a que le quemen los vehículos. De hecho, el Gobierno se ha visto en la obligación de trasladar vehículos que presten el servicio de transporte público, si bien en un número insuficiente.

Recorrer San Cristóbal hoy es afrontar un travesía casi desierta, y al caer la noche solo existe un interés común de los pocos que se atreven a transitar sus calles: defenderlas de la Guardia Nacional y de los colectivos armados que han atacado ya algunas urbanizaciones para evitar que la gente salga de sus casas con la intención de protestar.

La comida escasea, no se encuentran los productos de primera necesidad, como harina de trigo, aceite, azúcar, café o papel higiénico, y ni mencionar el gas de consumo doméstico y el combustible para los automoviles, que solo puede adquirirse con una tarjeta electrónica suministrada por el Estado.

Los indicadores económicos del último año ponen al desnudo la profunda crisis económica por la que atraviesa el país. Según datos del Banco Central de Venezuela, los alimentos básicos no existen en un tercio de los comercios; la inflación del año pasado cerró como la más alta del mundo, con una astronómica tasa del 56,3%.

Maduro, en su estrategia para desarmar la resistencia tachirense, ha destituido y enviado a prisión a Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, perteneciente al mismo partido político del líder opositorLeopoldo López. El Gobierno venezolano lo acusa de «rebelión civil y agavillamiento».

La violencia en San Cristóbal en los últimos días se intensifica: heridos de bala en la ciudad de Rubio, la quema del núcleo de la Universidad Nacional de la Fuerza Armada (Unefa) en San Cristóbal y el asesinato del funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, son solo algunos capítulos de una espiral de violencia sin visos de aplacarse.

Las cifras de la represión contra manifestantes hablan por sí solas: varias organizaciones de derechos humanos, como el Foro Penal, que ya contabilizan 1.938 detenciones y una treintena de fallecidos. Analistas políticos ya han advertido de que en Venezuela se ha activado un proceso de represión de la disidencia política mediante acciones judiciales que han venido sufriendo en sus propias carnes los opositores más significados.

ABC.ES

Ya antes he tratado de hacer el ejercicio de ponerme en los zapatos del gobierno y de tratar de comprender, que no avalar, desde su perspectiva, cuál es el sentido de sus acciones. A final de cuentas, si de luchas hablamos, todas comienzan por conocer al opuesto. En los últimos dos meses, vista la brutal represión que se ha dado en nuestro país contra todo aquel que proteste contra las erradas políticas de Maduro a todo nivel, he tratado con ahínco de “ponerme en el lugar del otro”, no para justificar –eso es imposible- pero sí al menos para entender, hacia dónde se dirige y cuáles son los objetivos finales de tanta barbarie.

A estas alturas, y vistos los claros y reiterados patrones que se constatan en la desmedida actuación del poder cuando lidia con manifestantes que son criminalizados, no creo que haya quien pueda negar, salvo que sea preso de un inmenso cinismo, que la represión que se padece responde a una planificación minuciosa que impone unos lineamientos precisos, todos dirigidos a dos cosas: Por una parte, crear una “narrativa” oficial, completamente alejada de lo que en verdad ocurre, en la que los “culpables” de toda la violencia y del caos son los opositores, que en consecuencia son “delincuentes”; mientras que las instituciones, los cuerpos de seguridad y los civiles armados que actúan violentamente contra otros ciudadanos al amparo del poder, no son más que “víctimas heroicas” de todo lo que acontece. Por la otra, se busca generar miedo, mucho miedo, en quienes se atrevan a alzar la voz contra cualquier desafuero del gobierno.

¿Cuáles son estos patrones de que les hablo? Son varios, por razones de espacio voy a esbozar algunos brevemente. En primer término, cuando se produce cualquier manifestación contra el gobierno, sea pacífica o no (esto no parece ser del interés de los cuerpos de seguridad, que desbocan su fuerza contra cualquier expresión disidente) se activan mecanismos policiales y militares que en cada una de las detenciones que nos ha tocado manejar o monitorear (hasta el momento de la redacción de esta columna, eran 1943 a nivel nacional, reportadas al Foro Penal  Venezolano) involucran excesos en el uso de la fuerza. Éstos van desde el abuso de la fuerza física, incluso contra manifestantes ya sometidos, hasta el uso de armas de fuego, de sustancias tóxicas y de otros medios ilegales y prohibidos por la Constitución para la dispersión de las manifestaciones.

Otra constante importante que vale la pena rescatar es que el grueso de las detenciones se dirige contra un grupo poblacional bien definido: El de los estudiantes. De las 1943 detenciones antes señaladas (reitero, al momento de redactar esta entrega) 1645 se ejecutaron contra estudiantes. Esto arroja que el 84.66% de las detenciones y “retenciones” ilegales se han producido contra estudiantes. Hasta el momento en el que hago el corte, 87 personas han sido privadas de su libertad y sometidas a juicio penal, de las cuales el 81,60% (71) son estudiantes. Por otra parte, además de las anteriores, tenemos que también se ha sometido a medidas cautelares, que también implican la apertura de procesos penales formales, a 1022 personas, de las cuales 857 (el 83,85%) son estudiantes. Esto arroja una clara tendencia, que no puede ser casual, en la actuación de los cuerpos de seguridad: La orden es la de detener estudiantes, o en incluso en casos extremos, al que “parezca” estudiante, a despecho de que esté o no participando en alguna protesta. Muy poco “progresista” esto, por cierto.

Nótese bien este otro dato: En total, según nuestros reportes, en menos de dos meses, 1109 personas han sido formalmente criminalizadas, esto es, sometidas a procesos penales, por participar en las recientes protestas. Aún cuando puedan existir casos en los que alguna persona haya excedido los límites del ejercicio legítimo de la protesta, el más elemental sentido común nos demuestra que no es posible que tantas personas en tan poco tiempo sean tenidas como criminales por los mismos hechos. Algo no está bien. Todo esto lo que evidencia un claro uso del sistema de justicia para estigmatizar a quienes se oponen al gobierno como delincuentes.

Pero hay más. Luego de que las personas son detenidas ocurren varias cosas llaman la atención. En casi todos los casos se incomunica a los detenidos y no se les permite tener contacto ni con sus familiares ni con sus abogados, ni siquiera cuando son menores de edad. Esto se repite en todo el país, e incluso tenemos registrados casos en los que se amenaza con meter presos a los abogados defensores si insisten en conversar con sus representados. Sólo podemos hablar con ellos pocos minutos antes de las audiencias, y en condiciones deplorables, lo que hace que sea virtualmente imposible ejercer una defensa cabal y completa.  La cosa es tan grave que al principio ni siquiera los representantes de la Defensoría del Pueblo se les permitía comunicarse con los detenidos, y en el SEBIN, sencillamente, no se deja a nadie, ni siquiera representantes de instituciones públicas, comunicarse con los detenidos, bajo ninguna circunstancia.

Mientras están detenidos, además, contra todos los que hemos podido asistir se han concretado vejaciones que van desde los insultos, humillaciones y amenazas, hasta los golpes, los maltratos físicos y las violaciones. En los casos de las mujeres detenidas, la amenaza común es de índole sexual, y a todas se les tortura indicándoles que “serán violadas” o que “las van a meter con los presos comunes” para que las violen.  En el Estado Lara, seis mujeres, incluida la madre de una de ellas, fueron desnudadas, en la GNB, y a todas se las amenazó con “violarlas”, se las humilló y les cortaron el cabello. A la madre de una de las muchachas hasta le afeitaron las cejas. Todo esto ya fue denunciado ante la Fiscalía.

Otro grave proceder tiene que ver con los atentados generalizados contra la propiedad de los detenidos. A todos se les “incautan”, al momento de ser aprehendidos, sus posesiones (celulares, cámaras, dinero en efectivo y, en algunos casos, hasta sus motos) y luego de ello, en la mayoría de los casos, no se deja constancia de ello en las actas respectivas. Por supuesto, luego de esto, es imposible recuperar tales bienes. Se trata, en toda ley, de robos descarados, ejecutados con saña por quienes se sienten “intocables” y saben que, lamentablemente, la regla ante tales abusos será la impunidad.

Además, en todos los casos, lo único que se lleva a los tribunales contra los detenidos como “evidencia” de los supuestos delitos cometidos es un Acta Policial, muy mal elaborada, en la que lo único que consta es el dicho de los funcionarios aprehensores. Nada más.

De todo esto se ha dejado constancia para la historia en las actas de los respectivos expedientes. Lo lamentable es que, al parecer, ni siquiera poniéndolos en evidencia, terminan los abusos que acá se describen. Esto es inaceptable y debe llamarnos, a todos, a la reflexión.

Gonzalo Himiob Santomé

@HimiobSantome

El proceso de oferta deberá iniciarse en un lapso de 60 días hábiles contados desde el 28 de marzo, según una resolución publicada en la Gaceta Oficial.

La Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas dictó las normas para que los propietarios de edificios con 20 años o más dedicados al alquiler de sus apartamentos los vendan a sus arrendatarios.

El proceso de oferta de los apartamentos deberá iniciarse en un lapso de 60 días hábiles contados desde el 28 de marzo de 2014, de acuerdo a la resolución del Ministerio de Vivienda publicada en la Gaceta Oficial 40.382 que circula hoy.

Para solicitar el justo valor de las viviendas deberá presentarse ante la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas un escrito acompañado de los siguientes documentos: contrato de arrendamiento o justificativo de testigo que demuestre la relación de arrendamiento, certificado de haber cumplido con la inscripción ante el Registro Nacional de Arrendamiento de Vivienda, planilla de características del inmueble que deberá descargarse de la web www.minvih.gob.ve/sunavi, documento de condominio del edificio, documento de propiedad del edificio, permiso de habitabilidad o permiso de construcción del inmueble, fotografías de las cuatro fachadas, de los ascensores, de los ductos de basura, de las escaleras de acceso de cada piso, de los bajantes de basura de cada piso, de los sótanos de existir, de los tanques de aguas blancas, de los jardines y en general de las áreas comunes, en papel fotográfico con fecha de impresión no mayor a dos meses de la fecha de su presentación.

En caso de que los arrendadores no realicen las ofertas, deberán pagar una multa de 2.000 unidades tributarias (254.000 bolívares) por cada apartamento no ofrecido a sus inquilinos. La multa deberá ser pagada en los cinco días hábiles siguientes. Si reincide en la sanción, se doblará la multa.

El Universal