Inicio Blog Página 11737

Venezuela aclara que no posee contrato de suministros de equipos de seguridad con España

0

Anti motin

Mediante un comunicado oficial este domingo Venezuela aclaró que “los cuerpos de seguridad del Estado venezolano no poseen ningún contrato vigente de suministros de equipos de seguridad por parte del Gobierno Español o empresas españolas”.

Venezuela emite esta posición, indica el texto, “frente a la decisión del Gobierno Español de suspender la venta de equipos anti disturbios” al país, que desde el 12 de febrero enfrenta grupos violentos de ultraderecha que con el objetivo de derrocar el gobierno constitucional han generado disturbios en algunos municipios gobernados por la oposición venezolana, dejando un saldo de 39 personas muertas

A continuación el texto íntegro del comunicado:

La República Bolivariana de Venezuela, frente a la decisión del Gobierno Español de suspender la venta de equipos anti disturbios para Venezuela bajo el supuesto argumento de la inestabilidad social y política del país, aclara que los cuerpos de seguridad del Estado venezolano no poseen ningún contrato vigente de suministros de equipos de seguridad por parte del Gobierno Español o empresas españolas.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera su obligación constitucional de mantener el orden interno, la estabilidad política, la paz y los derechos humanos de todos los venezolanos y la defensa de las instituciones democráticas a través del uso legal, proporcional y diferenciado de la fuerza pública frente a la acción de grupos opositores antidemocráticos, que han ejercido la violencia armada contra la ciudadanía y contra la autoridad pública, que además han generado la destrucción y quema de universidades, centros de salud, unidades de transporte público y otras servicios públicos impidiéndole al pueblo venezolano sus derechos constitucionales a la salud, la educación y al libre tránsito.

El Pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechazan categóricamente las infortunadas declaraciones del canciller español José Manuel García Margallo, cuyo gobierno no tiene la autoridad moral para aconsejar sobre violencia y diálogo, cuando el mundo ha sido testigo de cómo el Pueblo Español se ha levantado en protesta por las políticas excluyentes y negadoras de los Derechos Humanos y la respuesta de ese gobierno ha sido, la represión contra los manifestantes que no han pretendido derrocar el gobierno español sino reclamar justicia social.

El desacertado canciller español debería recomendar al jefe de su gobierno promover el diálogo con los distintos sectores sociales y nacionales que reclaman justicia en España, como lo ha hecho el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que por medio de la Conferencia Nacional de Paz ha convocado el diálogo con todos los venezolanos.

Manifestamos respeto y solidaridad con el aguerrido Pueblo Español en la lucha por los derechos civiles, políticos, económicos y sociales.

Minci 

El ocaso de la democracia

0

Represion

 

Las nuevas dictaduras, las del siglo XXI, necesitan del sufragio popular.

A partir del 2 de febrero de 1999, cuando Hugo Chávez asume la Presidencia de la República, comienza un progresivo proceso de destrucción de la democracia. El plan tenía como objetivo clave triturar las instituciones autónomas que garantizan la alternabilidad en el poder de las fuerzas que se mueven en el escenario político. Al comienzo, Chávez habla de gobernar hasta 2021. Luego amplió el horizonte hasta 2030. Más tarde dice que mandaría hasta que cumpliese 80 años. La Divina Providencia se interpuso en sus aspiraciones, pero el caudillo deja inoculado en sus herederos el virus autocrático. Honrar su memoria implica continuar la labor que él inicia: es preciso acabar hasta con el último rastro de cualquier institución que supervise y propicie la renovación en los mandos. Esta es la gran tarea que el maestro les fijó. La meta consiste en lograr la plena fusión entre el Gobierno, el Estado y el PSUV. Que la trinidad sea perfecta, tal como ocurría en las autocracias comunistas del pasado.

Para entender lo que ocurre en Venezuela no hay que ensanchar el concepto de democracia, sino modificar la definición de dictadura. A pesar de su parecido con la Cuba de los hermanos Castro, estamos en presencia de un régimen comunista posterior a la caída del Muro de Berlín y al colapso del Imperio Soviético, incluido el derrumbe de los países satélites de Europa Oriental.

Las características básicas de esos sistemas pueden resumirse del siguiente modo. Presencia de un fuerte componente represivo: nadie, por más encumbrado que sea, está a salvo de ser espiado, encarcelado y torturado; los sofisticados aparatos de seguridad supervisan a los ciudadanos que potencialmente representan un peligro para el Estado. Desprecio olímpico por los derechos humanos. Control total de las instituciones públicas a partir de la fusión entre el Gobierno, el Partido Comunista y el Estado. Las decisiones fundamentales se adoptan en el Comité Central del Partido, de donde emanan las instrucciones para los organismos públicos; esas órdenes son de estricto cumplimiento para todos los funcionarios. Ausencia de medios de información y comunicación independientes y hegemonía comunicacional, con el fin de divulgar e imponer la verdad oficial y uniformar el pensamiento de todos los ciudadanos. Subordinación de la Fuerza Armada a los dictámenes del Partido Comunista; los militares son fichas de la organización política. Intervención y control de la economía a través de la supresión de la propiedad privada, la estatización de los principales medios de producción, la colectivización del sector agrícola y la pequeña y mediana industria. Regulaciones y controles de todo tipo. Asfixia o desaparición de las organizaciones independientes de la sociedad civil: partidos, sindicatos, gremios, federaciones estudiantiles.

Aunque no tan exacerbados como en los antiguos países comunistas, todos esos rasgos se encuentran en Venezuela desde 1999, solo que la enorme resistencia desplegada por las fuerzas democráticas ha preservado importantes espacios donde existen la libertad y la independencia. Siguen operando algunos medios de información y comunicación independientes, y partidos políticos ajenos al Estado. El segmento ocupado por la propiedad privada continúa siendo significativo. Existen organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos.

En el plano político e institucional, sin embargo, no hay duda de que la democracia se degradó, y que avanzamos aceleradamente por el camino de la dictadura abierta y desembozada. El hecho de que en Venezuela se vote para elegir las autoridades públicas no modifica esta tendencia, únicamente la encubre. Las nuevas dictaduras, las del siglo XXI, necesitan del sufragio popular. Prefieren ser electas, antes que imponerse mediante el puro uso de la fuerza bruta.

El Gobierno convirtió el sufragio popular en una cortina de humo para ocultar los atropellos que comete con el fin de perpetuarse en el poder. Esos desafueros lesionan incluso la institución del voto. Las decisiones que el TSJ adoptó contra los alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano, y contra María Corina Machado -la diputada electa en 2010 con la mayor cantidad de votos-, cachetea la voluntad de los electores que sufragaron por esos representantes populares. La FAN es un apéndice del PSUV. La violación de los derechos humanos y el silencio cómplice de la Fiscalía y la Defensoría revelan el rostro más agresivo de la neodictadura.

Trino Márquez

@trinomarquezc

El Universal 

BBC Mundo: La polémica fiscal que investiga la violencia en Venezuela

0

Luis Ortega Díaz

 

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, es una de las mujeres más poderosas del país.

En un momento en el que la violencia política se ha prolongado por dos meses, Ortega ha sido una de las figuras más criticadas desde la oposición y más elogiadas desde el oficialismo.

En su último año a la cabeza del Ministerio Público, después de siete, la abogada de 56 años se enfrenta al escenario que quizá defina cómo se vea su gestión en el futuro.

Como fiscal, Ortega ha estado al frente de casos famosos, como aquel que acusaba a los miembros de la ONG Súmate -entre ellos la hoy líder opositora María Corina Machado- de conspiración contra la nación y de recibir dinero extranjero para tal fin.

Hoy en día, sin embargo, el tema para la fiscal es la actual ola de protestas antigubernamentales que han dejado a miles de manifestantes en las cárceles venezolanas, desde principios de febrero.

Según su despacho: la crisis ha dejado 39 muertos, 608 heridos y 2.285 detenidos, de los cuales 192 permanecen en la cárcel y 17 son funcionarios del Estado.

El Ministerio Público además investiga 102 casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos, un fenómeno que ha puesto a Ortega en el ojo del huracán, al ser acusada por opositores de permitir cierta flexibilidad con los funcionarios al tiempo que practicar un exceso de rigurosidad con los manifestantes.

Ortega habló en exclusiva con BBC Mundo el viernes en la cafetería de la Fiscalía.

Fiscal, usted dice que durante las protestas ha habido un tratamiento objetivo de los presuntos promotores de la violencia. Pero muchos hablan de una “cacería de brujas” de la oposición tras los arrestos de diferentes líderes como el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien fue sentenciado en apenas dos días cuando muchos casos suelen tomar semanas o meses en resolverse. ¿Hay una cacería de brujas?

No hay ninguna cacería de brujas ni contra el alcalde de San Cristóbal ni contra nadie. No es un problema de cacería de brujas, es un problema de justicia de acuerdo a la Constitución y a la ley.

El Ministerio Público solicitó una privativa de libertad en contra de este alcalde (Ceballos) y él estaba privado de libertad por presuntamente estar incurso en el delito de rebelión civil y agavillamiento. La rebelión civil es un delito que establece que toda persona que se alce en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido para deponerlo, incurre en un delito.

Nosotros creemos que él, al llamar a protestar en la calle para que el presidente renuncie o cese en sus funciones, incurrió en una actitud hostil porque en Venezuela hay mecanismos democráticos para cambiar un gobierno, a través de las elecciones y de la revocatoria del mandato.

En un estado de derecho, tú tienes que someterte a lo que establece el ordenamiento jurídico, porque si no el Estado es víctima y la colectividad también de las agresiones que puedas ejercer para tratar de deponer al gobierno por vías no legales, como fue el caso de él.

Usted dice que parte del problema es que Ceballos llamó a protestar e incitó a la violencia. Pero hemos visto varias declaraciones del presidente Nicolás Maduro en las que también llamó a sus partidarios, conocidos como los “colectivos armados”, a “apagar las candelillas”, es decir a frenar las protestas que él considera violentas. ¿Acaso el presidente no ha incitado a la violencia también?

No es llamar a hacer tal o cual cosa, sino llamar a salir a la calle. Es estar en la calle ejerciendo violencia, trancando las vías, incendiando barricadas, con objetos contundentes, armas y objetos incendiarios. Eso es alzarse en actitud hostil y esa es la conducta que está tipificada en nuestro ordenamiento jurídico.

O sea que en el tipo penal del Código Penal nuestro dice que no basta nada más el lenguaje, es la actitud que ha ejercido y que presumimos nosotros según nuestra investigación, que luego habrá un acto conclusivo, que será el que determine si efectivamente (Ceballos) está incurso o no en esos hechos.

Usted dice que no es política del Estado venezolano violar los DD.HH.

Así es, es correcto…

Pero lo que parece claro -en las investigaciones de prensa y ONGs- es que es ha habido violaciones a los DD.HH. Y eso sería una demostración de que hay un sistema policial que no está funcionando y que las fuerzas del orden no están preparadas para este tipo de situación.

Yo tengo una lista de casos de violación a los DD.HH. en Inglaterra, ¿y eso significa que la corona y el gobierno de Inglaterra no funciona?

En EE.UU. existe Guantánamo. ¿Eso significa que el Estado norteamericano tampoco funciona? Porque tienen como política, porque eso sí es una política, donde hay una cárcel de Estado donde hay violación a los DD.HH., donde no hay respeto a la dignidad de la persona.

Mientras el gobierno es elegido democráticamente, hay quienes dicen que algunas instituciones -como la Fiscalía- no son del todo democráticas e independientes del ejecutivo. ¿Qué dice usted sobre eso?

El fiscal general no es designado por el presidente o por una persona particular, sino por toda la Asamblea (Nacional) con la participación del pueblo (…) El Ministerio Público ha sido objetivo, claro y transparente en sus investigaciones. Siempre se ha apegado a lo que señala el ordenamiento jurídico.

No solamente nosotros creemos por convicción que tenemos la preeminencia de los DD.HH., sino que si alguna individualidad de algún cuerpo policial viola los DD.HH., nosotros los vamos a castigar (…) Tenemos hasta hoy 102 investigaciones por presunta violación a los DD.HH.

No es política del Estado venezolano la violación a los DD.HH., pero siempre ocurre que hay individualidades en los cuerpos policiales que pueden cometer estos excesos. Pero ahí está la garantía del Estado y sobre todo del Ministerio Público de investigar esa violación y que se sancionen a los responsables.

¿Acepta usted que la violencia es crónica?

No, la violencia es de un grupo minoritario y en algunos municipios del país. Ahora se ha reducido a dos municipios del país. Ese grupo minoritario de verdad ha logrado trascender las fronteras del país y a nivel mediático impactar, especialmente por las redes sociales.

Última pregunta, fiscal. ¿Usted es chavista?

No, no milito en ninguna organización política. No lo he hecho nunca, porque la Constitución me lo prohíbe. Pero no solo por eso, sino que nunca he militado.

Pero considero que el hombre más humanista que ha existido en el planeta se llama Hugo Chávez.

 

BBC Mundo 

El País: La justicia de Venezuela destaca entre las más sumisas de América

0

Protestas

El Gobierno de Venezuela puede presumir del dudoso honor de no enfrentar fallos adversos por parte del Tribunal Supremo desde que el Gobierno de Hugo Chávez (1998-2013) reformó en 2004 la ley orgánica de este tribunal y nombró nuevos magistrados. Vista su trayectoria en los últimos nueve años, las opciones que puede tener el dirigente opositor Leopoldo López —encarcelado desde hace 47 días por supuesto enaltecimiento de la violencia— de encontrar amparo en el Supremo son más bien escasas. Para la ONG Human Rights Watch esa falta de independencia del poder judicial sólo es equiparable a la que padecen Honduras, Nicaragua y Ecuador.

La mayoría de los Tribunales Supremos de América Latina se han enfrentado alguna que otra vez a las políticas de sus Gobiernos. El equilibrio de poderes, tan saludable en cualquier democracia, se ha ejercido de forma bien visible en la mayor parte de la región. En Argentina, por ejemplo, la Corte Suprema vetó el año pasado la reforma judicial que promovía el Gobierno de Cristina Fernández. En Brasil, la Suprema Corte condenó a parte de la cúpula del gobernante Partido de los Trabajadores en el caso de sobornos políticos conocido como mensalão. En la actualidad, siete altos cargos cumplen condena en régimen cerrado. En México, la Suprema Corte declaró inconstitucional en 2007 la llamada Ley Televisa por considerar que propiciaba prácticas de monopolio.

En Uruguay, la Suprema Corte de Justicia anuló el año pasado la ley que impedía la impunidad para los represores de la dictadura, un gran varapalo para la izquierda uruguaya y para el Gobierno de José Mujica. En Colombia, la Corte Constitucional vetó en febrero de 2010 la posibilidad de que Álvaro Uribe pudiese concurrir a otras presidenciales para un tercer mandato. En Chile, la Corte Suprema acogió el recurso de organizaciones ecologistas y paralizó en 2012 el proyecto hidroeléctrico de Puerto Aysen, impulsado por el Gobierno. Y en 2008, la Corte Constitucional prohibió la venta de la píldora del día después que había aprobado el Gobierno de Michelle Bachelet. En Bolivia, el Tribunal Constitucional declaró el año pasado parcialmente inconstitucional la ley de Autonomía, por la que el Gobierno de Evo Morales se había deshecho de varios alcaldes y gobernadores de la oposición. En Costa Rica, la Sala Constitucional tumbó en 2012 el proyecto tributario estrella del Gobierno de Laura Chinchilla. Los ejemplos son diversos y numerosos.La mayoría de las Cortes Supremas se han enfrentado alguna vez a las políticas de sus Gobiernos

En Venezuela, sin embargo, la situación es distinta de la que se vive en la mayor parte de la región. El director para América de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, considera que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela se ha transformado en un “apéndice del Ejecutivo” y es “uno de los ejemplos más burdos de falta de independencia judicial en la región”. “El Gobierno de Chávez, desde 2004, ha manipulado la composición del más alto tribunal, llenándolo de incondicionales. El resultado ha sido una justicia partidaria dedicada a legitimar prácticas abusivas, como lo están haciendo actualmente con la detención de alcaldes de oposición”, subraya Vivanco.

El representante de HRW incide, además, en la situación de vulnerabilidad en que se encuentran la mayoría de los jueces: “El TSJ tiene facultades para nombrar y destituir a jueces inferiores provisorios, que hoy son la gran mayoría en el país, con lo cual estamos ante un sistema perverso en el cual este tribunal partidario puede destituir mediante un telegrama a prácticamente cualquier juez, incluida la jueza que lleva el caso de Leopoldo López”.

Vivanco cree que el ejemplo “más nítido” de la falta de independencia judicial en Venezuela fue la detención de la jueza María Lourdes Afiuni, en diciembre de 2009. “Eso tuvo un profundo impacto en los jueces de tribunales inferiores. Desde el copamiento político del TSJ en 2004, los jueces se han mostrado cautos al dictar sentencias que pudiesen disgustar al Gobierno. Sin embargo, mientras antes temían perder sus empleos, ahora temen, además, ser juzgados por cumplir la ley. Nadie quiere perder su trabajo ni ir preso”.

El jurista venezolano Pedro Nikken sostiene que el “sometimiento de la independencia” del Tribunal quedó confirmado en el discurso de apertura del Año Judicial, el 5 de febrero de 2011, pronunciado por el magistrado Fernando Vegas Torrealba. En aquel discurso, Vegas señaló: “El poder judicial venezolano está en el deber de dar su aporte para la eficaz ejecución, en el ámbito de su competencia, de la política de Estado que adelanta el Gobierno nacional” en el sentido de desarrollar “una acción deliberada y planificada para conducir un socialismo bolivariano y democrático (…) Este TSJ y el resto de los tribunales deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del Socialismo Bolivariano”.

Honduras, Ecuador y Nicaragua también tienen justicias dudosas

Nikken, igual que HRW, considera que el gran momento de inflexión se produjo con la privación de libertad de la juez Afiuni. “Eso causó un efecto devastador sobre la judicatura”, señala. Nicaragua es otro de los países donde un presidente puede dormir tranquilo con la convicción de que la Corte Suprema no le deparará sorpresas desagradables. En 2011, la Sala Constitucional declaró inaplicable el artículo 47 de la Constitución que prohibía disputar un tercer mandato presidencial. Daniel Ortega reformó la constitución y en enero la Asamblea aprobó la posibilidad de reelección indefinida.

En Ecuador, el presidente Rafael Correa impulsó una reforma judicial en 2011 que fue refrendada mediante consulta popular. Desde entonces, ni la Corte Nacional de Justicia ni la Corte Constitucional se han pronunciado contra alguna medida de Correa. En 2013 fueron destituidos 165 jueces, 214 sancionados, 60 suspendidos y 17 multados por el Consejo de la Judicatura, integrado su mayoría por ex funcionarios del Gobierno. Ramiro Aguilar, abogado y asambleísta independiente, señala: “Los jueces actuales son militantes del partido de Gobierno. Si alguno se quiere desmarcar, el Consejo de la Judicatura los destituye”.

José Miguel Vivanco cree que el Gobierno de Ecuador se ha servido del Poder Judicial para “amordazar” a los medios de comunicación independientes. Y para ello, ha sido clave el hecho de que el Consejo de la Judicatura esté “compuesto exclusivamente por ex-funcionarios de Correa”.

En Honduras, la periodista Thelma Mejía recuerda que tras el golpe de Estado de 2009 fueron destituidos cuatro de los cinco magistrados que integraban la Sala Constituciones por emitir dos fallos contra los intereses del Poder Ejecutivo. En un sondeo de 2013, la Corte Suprema quedaba como una de las instituciones peor valoradas.

El País 

Hasta cinco años deberán esperar consumidores por un carro nuevo

0

Producción de carros

La caída en la producción impide satisfacer la demanda de los clientes que se anotan en listas.

Adquirir un automóvil nuevo es una tarea incierta. La severa contracción que atraviesa la industria tiene a las salas de exhibición de los concesionarios sin unidades que ofrecer.

Estadísticas de la Cámara Automotriz de Venezuela muestran que entre enero y febrero de este año (últimos datos disponibles) se fabricaron 1.721 carros, lo que representa un descenso de 77,83% con respecto a las 7.762 unidades que se armaron en el mismo periodo del año pasado.

De mantenerse este ritmo de ensamblaje, según los vendedores de los establecimientos, satisfacer la demanda de los clientes anotados en lista de espera puede llevar hasta cinco años.

En un recorrido por varios concesionarios se observó que en uno de Toyota había 286 personas interesadas en carros, en uno de General Motors alrededor de 1.300 y en uno de Ford la gerente calculó que por la cantidad de clientes en espera la lista tardaría aproximadamente 2 años en atenderse.

En un local de Chrysler una vendedora dijo que en octubre pasado dejaron de anotar personas en listas porque sabían que este año la situación de la empresa estaría muy comprometida. “Desde noviembre, en planta se agotaron algunas piezas de ensamblaje”, indicó.

La interrupción en la liquidación de divisas oficiales al sector automotor a finales de 2013 impidió que las automotrices importaran las materias primas e insumos necesarios para mantener las operaciones a principios de este año. Por falta de materiales, la planta de Toyota detuvo sus operaciones el 13 de febrero pasado, la de Chrysler lo hizo hace casi un mes y la de Iveco no registró unidades armadas en los dos primeros meses del año, según Cavenez.

La fuerte caída de la industria se refleja en las escasas ventas que han registrado los concesionarios en lo que va de 2014. En el de Toyota solo  vendieron 4 carros. “Eso es nada para un trimestre. Hasta que entró en vigencia la política automotriz en 2008, en un mes comercializamos 300 unidades”, recordó una vendedora.

En el de Chrysler también se vendieron cuatro automóviles y en el de Ford tres. Al entrar en este último establecimiento, un aviso advierte a los clientes: “Por los momentos no hay personal de venta”. La gerente explicó que precisamente por la falta de vehículos la empresa decidió mandar de vacaciones a los trabajadores de esta área.

Otras vías

Conseguir un carro en el mercado secundario de vehículos es más fácil que en el primario, a juzgar por la cantidad de ofertas en las páginas web. Sin embargo, los precios superan significativamente a los de los concesionarios. “La distorsión es producto de la crisis que tenemos en la industria. La fabricación no satisface la demanda, por lo que es un buen negocio vender un carro usado”, dijo una fuente del sector.

En los locales que venden automóviles de segunda mano, sin embargo, la actividad se ha contraído. Una vendedora señaló que en lo que va de año han vendido alrededor de la cuarta parte de lo que colocaron en el mismo periodo de 2013.

Indicó que el decreto presidencial 625, publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria número 6117, establece que los precios en el mercado secundario no pueden superar a los de los vehículos nuevos. “Esto nos ha afectado mucho porque la gente nos lleva los carros para que los vendamos, pero a montos más altos que los modelos del año, y no los podemos recibir”.

Dijo que por eso la oferta del local se ha limitado a automóviles poco comerciales: Mercedes Benz, Audi, BMW y Mustang.

El mismo decreto presidencial abrió la posibilidad a las personas naturales a importar automóviles, según el artículo 13. No obstante, pese a que esta norma entró en vigencia en diciembre pasado, aún no hay información oficial de cuántas personas han adquirido vehículos por esta vía.

Concesionario La Venezolana, empresa que comercializa las marcas Zoyte, Brilliance y Kawei, también ofrece la opción de adquirir un carro importado.

Los interesados, según un vendedor, deben reunir los requisitos que exige la empresa, solicitar un crédito (no se puede comprar de contado, por políticas de la compañía) y consignar los documentos en el establecimiento.

El trabajador aseguró que tienen la lista de espera más corta del mercado, que la entrega del vehículo se concreta en aproximadamente cuatro meses. Sin embargo, en la red de social Twitter hay quejas de clientes. En la cuenta oficial de la empresa se leen testimonios de consumidores que afirman que después de siete meses, aún siguen esperando el vehículo.

Talleres a media máquina

La falta de liquidación de divisas a las automotrices también limita la actividad de los talleres. José Manuel González, presidente de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos, indicó que las ensambladoras son las grandes importadoras y proveedoras de piezas, para sus procesos productivos y para el mercado de reposición.

La escasez de autopartes, que empeoró a finales de 2013, ha hecho que el sector se declare en emergencia. “Con respecto al año pasado, nuestra actividad cayó alrededor de 40%. Pasamos mucho tiempo sin producir porque no conseguimos los repuestos. Cuando los conseguimos, lo hacemos a precios tan altos que no podemos trasladarlo al precio de la reparación”, dijo.

González señaló que recomiendan a los clientes buscar las piezas y llevarlas al taller. “Un filtro de aceite, por ejemplo, hasta noviembre se conseguía en 58 bolívares, ahora a través de Mercado Libre se encuentra hasta en 500 bolívares”.

El Nacional 

Escuela de Trabajo Social se desvincula de violencia en la UCV

0

UCV Agresión

 

“Quienes siendo formalmente miembros de nuestra comunidad hayan sido protagonistas de agresiones, sólo cuentan con un carnet de estudiantes, pero son contrarios al espíritu humanista que caracteriza al Trabajo Social”, dice el comunicado que exige el cese “de prácticas terroristas contra universidades”, y el castigo a quienes violen Derechos Humanos.

El Consejo de Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, emitió un comunicado que rechaza la vinculación de la violencia en esa casa de estudios con la Escuela de Trabajo Social y que se muestra a favor del diálogo para buscar una solución a la crisis que vive el país.

“Quienes siendo formalmente miembros de nuestra comunidad hayan sido protagonistas de esas agresiones, sólo cuentan con un carnet de estudiantes de la Escuela, pero son contrarios al espíritu humanista que caracteriza al Trabajo Social”, dice el documento.

En el texto se reivindica el derecho a la protesta “y la legitimidad de las acciones emprendidas por el movimiento estudiantil como mecanismo para demandar la solución de los problemas de la sociedad venezolana y llamamos al gobierno a responder esas demandas”.

Además, se exige el cese a la represión de las protestas “y de las prácticas terroristas contra la Universidades y sus comunidades, así como el castigo a los responsables de todas las violaciones a los derechos humanos”.

“Rechazamos categóricamente la asociación de la comunidad de la Escuela de Trabajo Social con la violencia. Nuestra comunidad la conforman estudiantes que labran diariamente su futuro con esfuerzo y estudio; docentes y trabajadores que entregan lo mejor de sí para que la Escuela funcione correctamente, y egresados que aportan al bienestar social de la población”, señala el texto.

El comunicado añade: “Todos somos parte del Trabajo Social, una disciplina/profesión consustanciada con los derechos humanos y la inclusión social y por lo tanto ajena a todo tipo de discriminación y prácticas inhumanas, como las agresiones infligidas a la comunidad universitaria, por parte de grupos parapoliciales, organizados por el gobierno nacional, y cuya actuación sistemática contra los universitarios y el pueblo que protesta constituye terrorismo de Estado”.

“Nos pronunciamos por el diálogo social como el camino más adecuado para la solución de la grave crisis nacional y para garantizar la convivencia universitaria. Para que ese diálogo sea verdadero debe ser acordado entre las partes, entendiendo a los actores sociales de la protesta como una de ellas; y debe contar con intermediación, agenda y metodología”.

Finalmente señala: “Exigimos el cese a la represión de las protestas y de las prácticas terroristas contra la Universidades y sus comunidades, así como el castigo a los responsables de todas las violaciones a los derechos humanos”.

Aquí el comunicado completo:

Comunicado del Consejo de Escuela de Trabajo Social UCV

1. Rechazamos categóricamente la asociación de la comunidad de la Escuela de Trabajo Social con la violencia. Nuestra comunidad la conforman estudiantes que labran diariamente su futuro con esfuerzo y estudio; docentes y trabajadores que entregan lo mejor de sí para que la Escuela funcione correctamente, y egresados que aportan al bienestar social de la población.

Todos somos parte del Trabajo Social, una disciplina/profesión consustanciada con los derechos humanos y la inclusión social y por lo tanto ajena a todo tipo de discriminación y prácticas inhumanas, como las agresiones infligidas a la comunidad universitaria, por parte de grupos parapoliciales, organizados por el gobierno nacional, y cuya actuación sistemática contra los universitarios y el pueblo que protesta constituye terrorismo de Estado.

Quienes siendo formalmente miembros de nuestra comunidad hayan sido protagonistas de esas agresiones, sólo cuentan con un carnet de estudiantes de la Escuela, pero son contrarios al espíritu humanista que caracteriza al Trabajo Social.

2. Nos pronunciamos por el diálogo social como el camino más adecuado para la solución de la grave crisis nacional y para garantizar la convivencia universitaria. Para que ese diálogo sea verdadero debe ser acordado entre las partes, entendiendo a los actores sociales de la protesta como una de ellas; y debe contar con intermediación, agenda y metodología.

3. Reivindicamos el derecho a la protesta y la legitimidad de las acciones emprendidas por el movimiento estudiantil como mecanismo para demandar la solución de los problemas de la sociedad venezolana y llamamos al gobierno a responder esas demandas. Exigimos el cese a la represión de las protestas y de las prácticas terroristas contra la Universidades y sus comunidades, así como el castigo a los responsables de todas las violaciones a los derechos humanos.

El Universal / UCV Noticias 

Designado Javier Mendoza como viceministro para la Televisión

0

delcyrodriguez

Este domingo en horas de la tarde la ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, Informó a través de su cuenta Twitter “@DrodriguezMinci ” que el Presidente Maduro, designó a Javier Mendoza como nuevo viceministro para la Televisión.

De acuerdo a medios oficiales, Mendoza, tiene 32 años de edad, además de amplia experiencia en cine y televisión. Posee en su curriculum formación adquirida en la Universidad de Los Andes y en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba.

Últimas Noticias

Fijan normas para que operadores de valores vendan divisas en Sicad 2

0

Gaceta

La Gaceta Oficial número número 40.387 también publica las reglas del BCV para que Pdvsa opere en el mercado de divisas.

La Superintendencia Nacional de Valores estableció este lunes las reglas para que los operadores de valores autorizados (antiguas casas de bolsas) operen bajo el esquema del Sicad 2, que permite la transacción de dólares en efectivo y en títulos.

Las reglas aparecen en la Gaceta Oficial número 40.387 publicada este lunes, en la que además aparece divulgado el Convenio Cambio número 28 del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este convenio, a su vez, fija las normas para que la estatal Petróleos de Venezuela ( Pdvsa ) venda divisas en la tasa diaria que fije la segunda versión del Sicad .

El texto oficial también publica un listado de 24 operadores cambiarios autorizados de manera provisional para operar en el mercado de divisas.

Estos operadores deberán cumplir con una serie de requisitos en los próximos 30 días para operar en el Sicad 2, como contar con un capital social pagado en efectivo de al menos 400 millones de bolívares y un patrimonio de Bs. 1.400.000.

La Gaceta Oficial, además, establece las reglas para las transacciones de divisas entre las operadores con particulares y personas jurídicas.
La Superintendencia también impide a estos operadores de valores a realizar transacciones en moneda extranjera en beneficio propio, ni para sus ejecutivos, accionistas, empleados, apoderados, empresas relacionadas, filiales o afiliadas.

Pdvsa entra en la carrera del Sicad 2

El Convenio Cambiario número 28, publicado en esta Gaceta Oficial, norma las operaciones de venta de divisas en el Sicad 2 del sector petrolero (incluye Pdvsa , filiales y empresas mixtas ), las empresas mineras y la participación de los operadores de valores en el Sicad 2.
El Convenio establece que las empresas del sector petrolero podrán vender divisas a las tasa diaria que fije el Sicad 2, “reducido en un 0,25%”.
La normativa obliga a las empresas mixtas y las filiales de la estatal entregar a Pdvsa los dólares para que ésta realice la operación, según señala el artículo 5 del nuevo convenio cambiario.
La tasa del Sicad 2 también regirá para las compras de oro por parte del BCV.
El Convenio Cambiario, además, fija que las operaciones de ventas de divisas realizadas al emisor provenientes de inversiones internacionales se liquidarán al tipo de cambio del Sicad 2.
Igualmente, el tipo de cuenta aplicable a los consumos efectuados en establecimientos comerciales por personas naturales con tarjetas de débito y de crédito giradas contra cuentas o líneas de crédito en moneda extranjera, así como las operaciones de avance de efectivo con cargo a esas tarjetas también se regirá a la tasa Sicad 2.

El Mundo Economía y Negocios