La campaña por las elecciones europeas de éste domingo, comenzó el pasado 12 de mayo. Se trata de un escrutinio complejo, para escoger los futuros ocupantes, por un período de cinco años, del Parlamento Europeo, con sede en Estrasburgo y en Bruselas. La principal tarea de estos legisladores será la adopción de directivas y reglamentos, votar el presupuesto de la Unión y controlar la Comisión Europea.

388 millones de europeos de los 28 países miembros de la Unión, votan en fechas y con modalidades que varían de un país a otro. En Austria por ejemplo pueden votar los mayores de 16 años, en otros países como Bélgica, Chipre, Luxemburgo y Grecia el voto es obligatorio.

No todos votan al mismo tiempo. Los británicos y los holandeses fueron convocados el jueves 22 de mayo, en Francia se vota el domingo 25.

En la mayoría de los países, salvo en Francia, las listas con las candidaturas incluyen una sola circunscripción nacional. Los eurodiputados designados en Francia lo son, circunscripción por circunscripción, de forma proporcional. El número de escaños varía según las circunscripciones, en función de la población, es así como por ejemplo Francia, elegirá a 74 representantes para el Parlamento Europeo.

En total, en Europa, se eligen 751 diputados y cada país miembro tendrá al menos 6 representantes y un máximo de 96.

Los diputados, por su parte, tendrán que elegir un presidente para el Parlamento y aprobar el nombre del candidato a presidir la Comisión Europea, a su vez propuesto por los Jefes de Estado y de gobierno, tal y como lo establece el tratado de Lisboa. Este cambio se hizo con la intención de permitirle a los electores ejercer un peso directo en la nominación del sucesor de José Barroso.

Sin duda será éste un fin de semana muy cargado electoralmente hablando, ya que además de las elecciones europeas, tendrán lugar las presidenciales en Colombia y en Ucrania. En Venezuela, se elegirán nuevos alcaldes en San Diego y San Cristóbal, luego que el régimen de Maduro destituyera arbitrariamente a sus respectivos alcaldes.

Elecciones todas muy distintas, cada una con sus respectivas expectativas de participación, sus favoritos y sus diversas técnicas de votación y de observación.

En algunas, como las europeas, el gran desafío es frenar el avance de los euroescépticos. En Colombia, tratar de salvar a una democracia que está bajo asedio y en Ucrania, detener el avance de los grupos separatistas. En Venezuela, como de costumbre, el escrutinio servirá como antifaz democrático de un régimen autocrático.

Luis DE LION

@LDeLION

luisdelion@gmail.com

Tras haber participado en las más de 3000 audiencias de presentación o de flagrancia que han tenido lugar en los tribunales a nivel nacional desde hace ya más de 100 días de protestas continuas, ya sea como defensores de los jóvenes detenidos, o como activistas de DDHH, registrando las condiciones en las que dichas audiencias se realizan, podemos hacer el balance cabal de toda una serie de trucos, quizás mejor sería llamarlos “triquiñuelas” de los que se han servido tanto el Ministerio Público como los tribunales para satisfacer el empeño del poder central de criminalizar la protesta, sin importar si es pacífica o no. Nada nuevo, porque aunque las leyes han cambiado desde 2002 hasta ahora, los modos del abuso en otros momentos de alta conflictividad política y social no han cambiado sino, en todo caso, para peor. De ello quien suscribe puede dar fe de primera mano, pues desde hace tiempo que he trabajado en el registro de cómo el Poder Judicial en Venezuela se ha puesto al servicio de la intolerancia y de la persecución injusta contra el que no está de acuerdo con el gobierno, sea chavista o no.

Cuestión nada baladí, además, porque si nos referimos a las cifras que mantenemos solo en la ONG “Foro Penal Venezolano”, desde el 4 de Febrero de 2014 hasta el momento en el que preparo esta entrega, al menos 2000 personas, en poco más de 100 días, han sido formalmente sujetas a procesos penales por las protestas recientes. De ellas, 1837 enfrentan cargos penales sometidos a diferentes formas de libertad bajo medidas cautelares, mientras que 163 también están sometidas a proceso penal pero privadas formalmente de su libertad. Maduro, en menos de 100 días, superó incluso en este tema los desmanes de Chávez, que en 14 años de mandato no alcanzó jamás, en ninguno de los álgidos momentos por los que nos hizo pasar, tal número de privados de la libertad o de procesados penalmente por alzar la voz contra el poder.

Lo primero que se ve en casi todos los casos, y esto es a nivel nacional, es que lo único que sirve de “fundamento” a las imputaciones y a las solicitudes de apertura de procesos penales de la Fiscalía contra los jóvenes injustamente encarcelados o procesados por protestar, es un “Acta Policial” levantada por los mismos funcionarios aprehensores de cualquier otro cuerpo de seguridad del Estado. Dicho más claro, la única “evidencia”, el único “elemento de convicción” que se utiliza, en casi todos los casos, es un documento, casi siempre muy mal redactado, el que los que detienen a los muchachos se “pagan y se dan el vuelto”, como decimos en Venezuela, sin aportar otro respaldo que de alguna manera sustente lo contenido en dichas “Actas Policiales”. Cuando, en pocos casos, se presenta “algo más” se trata de entrevistas a testigos “protegidos” (“anónimos” les queda mucho mejor), de denuncias o “informes” igualmente anónimos de “patriotas cooperantes”  o de una que otra “Fijación Fotográfica” de las “evidencias” que las más de las veces no coincide siquiera con lo que se describe como incautado en el “Acta Policial”. Nada más.

La Fiscalía y los Tribunales admiten dichas actas como “elementos de convicción” válidos incluso cuando en ellas, por ignorancia o por la plena conciencia de la impunidad que les ampara, los funcionarios actuantes dejan constancia de haber realizado actos contra los derechos de los detenidos. Lo más común es ver que expresan, textualmente, que detienen a las personas y luego con el auxilio del Ministerio Público les toman declaración sin informarles siquiera que tienen derecho a negarse a ello o sin dejarles estar asistidos en ese acto por sus abogados defensores. Para empeorar las cosas, a los defensores no se les deja comunicarse con sus representados, en la mayoría de los casos, sino hasta pocos minutos antes de que comience la audiencia de presentación.

 Ya en audiencia la cosa se vuelve aún más bizarra. De nada vale alegar que la Sala Penal y la Sala Constitucional del TSJ, las mismas que están ahora en funciones, han dicho en varias sentencias que el “Acta Policial”, por sí misma, no sirve como “elemento de convicción”, pues los funcionarios aprehensores no pueden ser testigos de sus propios procedimientos. Tampoco importa que nuestra Carta Magna y el COPP digan textualmente que cualquier “evidencia” obtenida violando las normas procesales (realizándoles por ejemplo a los detenidos una “inspección personal” ilegal, o cuando se allana sin orden y sin mérito legal para ello) o violentando los derechos de los imputados (a través de “siembras” o de torturas o tratos crueles) es nula. Toda solicitud de nulidad del procedimiento es, de plano, desechada.

Luego viene otro “truco barato”, lamentablemente típico de nuestro Ministerio Público, que consiste en imputar, “a título provisional”, a los jóvenes un largo catálogo de delitos, casi siempre los mismos y sin evidencias válidas que los sustenten, con la única finalidad de mostrar como “muy graves” los hechos, todo lo cual “justifica” (así, entre comillas) que se restrinja la libertad de los jóvenes o que se les prive de ella. De nada vale impugnar, doctrina y ley en mano, esas “precalificaciones”, que así se llaman, porque los tribunales tienen como regla “lavarse las manos” recurriendo, sin mucho análisis y a modo de aburrida homilía, al cuento gastado de que como se trata de precalificaciones “provisionales”, que “luego pueden ser desvirtuadas”, deben ser tenidas por válidas sólo porque sí. Si tiene sentido o lógica que se “precalifique” una conducta como tal o cual delito, eso ya no importa, lo importante es darle a la Fiscalía todo lo que pida, sin discusiones.

En varios casos, además, la solicitud y el decreto de medidas cautelares se sujeta a la presentación de fiadores. Otro “truco barato” que no tiene más sentido que el de prolongar sin necesidad el tiempo que los jóvenes detenidos permanecen privados de su libertad. Mientras el tribunal “revisa” la idoneidad de los fiadores, cuando se consiguen (que no es tarea fácil) pueden pasar muchos días, y en todo ese tiempo los jóvenes que merecen ser procesados en libertad, porque son inocentes o porque en última instancia deben ser tratados como tales hasta que una sentencia condenatoria disponga lo contrario, permanecen detenidos. Es uso del “tecnicismo”, y de la mera formalidad, contra lo que ordena nuestra Constitución, como “castigo”. Es convertir al proceso en sanción.

Si a los oficialistas hoy en el poder, cuando se ufanaban de haber sido “encapuchados” que se alzaban, piedras y molotov en mano, contra “la ignominia de la cuarta”, les hubieran hecho mucho menos de lo que ahora le hacen a nuestra juventud, quizás verían las cosas de manera muy diferente. Antes padecimos graves abusos, nadie lo duda, pero nada como esto, y al menos la ley y la razón encontraban espacios para hacerse sentir y para imponerse. Ahora no. Todo lo demás es cuento, tergiversación y muy costoso “truco barato”

Gonzalo Himiob Santomé

@HimiobSantome

Las aguas negras, la oscuridad y la inseguridad azotan a los habitantes del corredor vial Los Haticos en la parroquia Cristo de Aranza del municipio Maracaibo. La que fuera una de las parroquias más prosperas de la ciudad por su ubicación a las orillas del lago y por su potencialidad para las actividades productivas, hoy existe entre calles rotas, falta de alumbrado público y ausencia de patrullaje policial.

Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional y secretario general nacional de Primero Justicia, realizó un recorrido por la parroquia Cristo de Aranza, en Maracaibo; y junto a la comunidad hizo un llamado al Gobierno regional y nacional a dar soluciones a los problemas de vialidad y servicios públicos que padece el sector.

Durante la actividad destacó las cifras de pobreza publicadas por el Instituto Nacional de Estadística ayer; y señaló  que el deterioro generalizado del país es inocultable “la pobreza en el primer año de gobierno de Nicolás Maduro creció casi siete puntos en Venezuela, y es en los barrios donde más se siente el fracaso del modelo gubernamental; no hay agua, la vialidad está destruida, la electricidad falla y la gente no tiene empleos dignos. Estas condiciones se repiten en todos los barrios de Venezuela; y no hay soluciones estructurales de parte de  quienes gobiernan”.

Los habitantes de la zona expusieron las dificultades que atraviesan diariamente en la parroquia; y explicaron que, a pesar de los reclamos hechos, no hay respuesta del Gobierno Regional. Guanipa enfatizó que el oficialismo utiliza al pueblo para ganar elecciones y luego se olvida de sus necesidades “aquí los habitantes le piden a Hidrolago que venga a arreglar la planta, porque no funciona y genera aguas negras, afectando la vialidad y a los vecinos y, además, provocando un problema de Salud pública. También exigen a Corpoelec que venga porque la iluminación está en pésimo estado. Esto ocurre, porque quienes gobiernan sólo vienen a los sectores populares cuando hay procesos electorales, ahí si prometen y manipulan a nuestro pueblo; pero después de que ganan se olvidan de los compromisos que adquirieron y se quedan acomodados en los privilegios del poder. Tienen años usando al pueblo; por eso cada vez tienen menos apoyo popular”.

En este sentido miembros de la comunidad denunciaron que el Instituto de Vialidad del Estado Zulia abandonó el plan de mantenimiento de los Haticos, hecho que ha generado el mal estado de las vías, y el incremento de la inseguridad en el sector. “Se generan accidentes y asaltos en la noche, ya que los carros se quedan atascados en los huecos y deben recorrer la vía de forma muy lenta. Ya no se hace el patrullaje” señaló un habitante de la zona.

Para mejorar estas condiciones propusieron crear una mesa de diálogo y trabajo que pueda coordinar políticas públicas con  Hidrolago, la Gobernación, el  Instituto de Vialidad, la Policía Nacional y Regional y Corpolec. El diputado Guanipa se comprometió a elevar a la Asamblea Nacional una petición de crédito adicional, si fuera uno de los resultados o peticiones de la mesa de trabajo antes mencionada.

A 65 días de la reclusión injusta de Daniel Ceballos en la prisión militar de Ramo Verde, quien fue “arbitrariamente”  destituido de su cargo como alcalde de San Cristóbal por pensar distinto, Voluntad Popular hace un llamado a toda la población de la capital andina a una protesta masiva en cada uno de los centros electorales este domingo 25 de mayo, para rechazar contundentemente el golpe de estado judicial que dio el régimen al violar la voluntad de 90 mil electores que respaldaron el proyecto de Ceballos el pasado 08 de diciembre.

Freddy Guevara, coordinador nacional político adjunto de Voluntad Popular, explica que es importante que el pueblo acuda nuevamente a las urnas este domingo 25 de mayo, tanto en San Cristóbal (Táchira) como en San Diego (Carabobo), considerando estos hechos al momento de ejercer su voto. “Esto es un acto de resistencia, es corresponder al legado de Ceballos quien sigue en Táchira, en San Cristóbal, su gestión continúa con Patricia de Ceballos. Esto no es un festín electoral, a pesar de no estar de acuerdo con la sentencia arbitraria y anticonstitucional del TSJ, a este Gobierno hay que rescatarle a pedacitos la democracia, esta lucha es muy dura y difícil. Desde Voluntad Popular seguiremos diciéndole a los electores de San Cristóbal, del Táchira que luchemos juntos, con un camino claro de resistencia”.

Voluntad Popular  mantiene su llamado a la calle junto al pueblo de San Cristóbal y de San Diego, con los estudiantes y los que sueñan con #LaMejorVzla hasta conquistar la libertad, la democracia y la justicia. “Reafirmamos este domingo la necesidad de mantener la presión, el pueblo de San Cristóbal, donde, además, se inició esta gesta histórica, demostrará que la lucha en la calle será el mecanismo para lograr el cambio político, democrático y constitucional”, puntualizó Guevara.

Colombia va a elecciones presidenciales el domingo 25 de mayo en un clima de alta confrontación en el interior de la élite gobernante.

El candidato vicepresidencial oficialista, Germán Vargas Lleras, aseguró el 19 de mayo que el opositor uribismo se apresta a denunciar fraude electoral buscando deslegitimar los resultados.

La denuncia de Vargas podría ser una amenaza real o un recurso propagandístico, pero en más de medio siglo con Colombia viviendo un esquema democrático de elección y gobierno, un estado de crispación similar sólo estuvo presente en el lejano 1970.

En abril de aquel año, el abuelo del actual candidato Vargas Lleras, el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo, declaró estado de guerra y toque de queda ante las denuncias de fraude por parte del candidato y exdictador Gustavo Rojas Pinilla.

Al contrario de las últimas décadas, las amenazas de violencia en las elecciones del 2014 en Colombia no vienen de organizaciones guerrilleras ni de carteles de la droga, sino del entramado mismo del poder colombiano.

***** Las elecciones del 25 de mayo giran alrededor de la figura de Álvaro Uribe Vélez, quien no es candidato pero actúa como tal. Uribe alcanzó la presidencia en 2002 y logró reformar la Constitución para ser reelecto en 2006. El líder antioqueño que había roto con el esquema histórico bipartidista, quedó anhelando más tiempo en la Casa de Nariño cuando, en 2010, falló su intento para reformar nuevamente la Constitución y optar a un tercer mandato consecutivo. Uribe apoyó la opción presidencial de Santos, probablemente aspirando a alguna suerte de cogobierno, lo cual nunca ocurrió.

***** Todos los aspirantes presidenciales que compiten han estado personal y políticamente vinculados con Uribe: tres candidatos fueron sus ministros y otro fue aliado electoral de Uribe. Incluso la única candidata de izquierda en el listado presidencial, Clara López, fue “novia” de Uribe cuando ambos trabajaron en el Gobierno de Alfonso López Michelsen en los años setenta.

***** Salvo el candidato de Uribe, todos los demás aspirantes proceden familiar y políticamente de los dos partidos históricos colombianos, el colorado Liberal y el azul Conservador.

***** El presidente-candidato Juan Manuel Santos es sobrino-nieto de Eduardo Santos quien gobernó en los años treinta y fue director propietario del principal medio impreso del liberalismo a lo largo del siglo XX, el diario El Tiempo. JM Santos fue ministro en los Gobiernos del liberal César Gaviria Trujillo, del conservador Andrés Pastrana Arango y del propio Uribe. El candidato vicepresidencial de Santos, Germán Vargas Lleras, es nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, patriarca del liberalismo a mediados del siglo pasado. Comenzó su carrera política en el liberalismo bajo cuya bandera llegó al senado en 1998. En 2002 saltó al uribismo y en 2010 se enfrentó electoralmente a Uribe. Entró a formar parte del Gobierno Santos como ministro del Interior y luego en el ministerio de Vivienda. El ingreso de Vargas Lleras al Gobierno Santos fue uno de los primeros motivos de roce del actual pleito entre Uribe y Santos, así como también lo fueron la selección del exsindicalista Angelino Garzón para la fórmula vicepresidencial de Santos en 2010 y la designación de María Ángela Holguín como canciller.

***** El candidato de Uribe es el empresario Óscar Iván Zuluaga. El abanderado del Centro Democrático, partido fundado apenas en el 2013, habría sido activista conservador en sus años juveniles cuando, según su versión, hacía proselitismo a favor de Álvaro Gómez Hurtado. Su carrera política la inició en su natal departamento de Caldas donde logró ser alcalde de Pensilvania, un municipio con poco más de 25.000 habitantes, para luego ser electo senador. Zuluaga fue ministro de Hacienda del segundo Gobierno Uribe. El candidato vicepresidencial uribista, Carlos Holmes Trujillo García, cuenta con historia política de mayor alcance que Zuluaga. Trujillo es hijo del diplomático y parlamentario Carlos Holmes Trujillo Miranda, antiguo “cacique” del Partido Liberal en el departamento Valle del Cauca. Trujillo García, desde los años setenta, ocupó cargos diplomáticos y ministeriales en gobiernos liberales, conservadores y con Uribe. Fue alto consejero de Paz (enlace con la guerrilla) del liberal Ernesto Samper Pizano, de quien también fue Ministro del Interior.

***** La candidata del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, entró al mundo político como directora del Instituto Colombiano de Comercio Exterior ICCE en el gobierno del liberal Gaviria Trujillo a principios de los años noventa. Gaviria convirtió el ICCE en Ministerio de Comercio Exterior, designó a Juan Manuel Santos como el primer titular del despacho y a Ramírez como su viceministra. Ramírez luego fue titular de ese Ministerio en el mandato del conservador Andrés Pastrana de quien también fue embajadora en París. En 2002 Uribe la designó ministra de la Defensa, la primera mujer colombiana en ejercer tal cargo. Luego, en 2006, fue electa senadora en las listas del Partido de la U, organización que en aquel entonces era uribista. Según narró el peruano Álvaro Vargas Llosa en artículo difundido el pasado 17 de mayo, Ramírez y Uribe comparten manteles en medio de la actual campaña electoral. Se da por descontado que la candidata del partido azul no irá a la segunda vuelta y llamará a votar por Zuluaga. El candidato vicepresidencial conservador, Camilo Gómez, realizó su carrera política alrededor de Andrés Pastrana, de quien fue secretario tanto en la alcaldía de Bogotá como en la presidencia.

***** El candidato de la Alianza Verde, Enrique Peñaloza Londoño, es hijo de Enrique Peñalosa Camargo, diplomático, ministro en el Gobierno de Carlos Lleras Restrepo en los años sesenta y, parte del poderoso “sanedrín” que orientó al gobierno de Virgilio Barco Vargas al final de los ochenta. Peñaloza hijo comenzó su vida política como miembro del Partido Liberal que lo llevó al Congreso en 1990, antes de lo cual ocupó cargos municipales en Bogotá y en la Casa de Nariño con Barco Vargas. Peñaloza fue Alcalde de Bogotá a finales en los años noventa y en 2011 infructuosamente intentó regresar a la Alcaldía con el apoyo de Uribe. La candidata a Vicepresidente de Peñalosa, Isabel Segovia Ospina, fue Viceministra de Educación del gobierno Uribe. Su padre, Rodolfo Segovia Salas, fue parlamentario por el conservatismo y ministro de Obras Públicas del Gobierno conservador de Belisario Betancur Cuartas en los ochenta.

***** La candidata de la izquierda, Clara López Obregón, es hija de Álvaro López Holguín, Gran Maestro de la masonería colombiana. La candidata del Polo Democrático, aliada con la Unión Patriótica (el partido fundado por exguerrilleros en 1985), es prima del expresidente Alfonso López Michelsen y sobrina-nieta del liberal Alfonso López Pumarejo quien fuera Presidente de Colombia en dos ocasiones. Militó en las filas del Nuevo Liberalismo encabezado por Luis Carlos Galán y luego se mudó a la izquierda. Su candidata vicepresidencial es Aída Abella Esquivel, cuadro de la izquierda radical, quizás es la única que no ha sido liberal, conservadora o uribista de entre los nombres bajo escrutinio en estas elecciones.

***** María Fernanda Cabal, electa representante a la Cámara en las listas del uribismo en las elecciones legislativas del 9 de marzo es una representativa voz del uribismo. Cabal, junto a su marido José Félix Lafaurie, quien preside la Federación de Ganaderos, comparten con Uribe el gusto por el tuiteo. El pasado 19 de mayo Cabal tuiteó: “Santos llama extrema derecha al centro democrático porque él está ubicado muy al borde: en la extrema izquierda terrorista de las Farc”. El uribismo, que acusa a Santos de traición y “terrorismo”, procura estigmatizar al presidente-candidato como “castrochavista” en razón de las negociaciones con las Farc y su distención con el régimen chavista. El uribismo se tornó una suerte de Tea Party a la colombiana. En la acera de enfrente, Santos insiste en calificar de “enemigos de la paz” al uribismo, procurando tornar las elecciones en un referéndum entre paz y guerra, donde él sería el garante de un acuerdo con las Farc.

***** Santos logró colocar el tema de “la paz” en el centro de la campaña provocando polarización con el candidato de Uribe. El expresidente, ahora electo senador, invirtió su capital político para trasmutar un casi desconocido Zuluaga en potencial ganador. Desde el Gobierno, Santos forjó alianzas, públicas unas y otras menos publicitadas, con un amplio espectro de fuerzas en un frente contra Uribe. Salvo que todas las encuestas estén erradas, habrá segunda vuelta el 15 de junio. La batalla en Colombia no es entre derecha o izquierda sino entre dos fuerzas de derecha que disputan el control del Estado. La izquierda filochavista busca salir lo menos aporreada del choque Santos-Uribe.

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario Las Américas

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