Uno de los fenómenos más perversos que ha generado el militarismo en Venezuela desde su reaparición en 1999, y que se ha acentuado bajo su actual modalidad madurocabellista, es el de la antropomorfización del Estado.
Cuando se habla de antropomorfización -un término que proviene de 2 palabras griegas, “anthropos” que significa humano, y “morphé”, que significa forma- se hace referencia al intento de personificación o atribución de características humanas a abstracciones y objetos inanimados.
Por esencia, el Estado es una abstracción. Desde sus inicios en los siglos XVI y XVII hasta su evolución actual, el Estado es una forma de organización social que se asienta en un territorio determinado, tiene una estructura propia y ejerce el control del mismo a través de los órganos creados para tales fines. De este modo, el Estado se construye cuando la sociedad organizada decide darle forma jurídica a lo que ya existe, por medio de la creación de leyes e instituciones que se encargan de aplicarlas, para de esa manera regular la conducta de sus ciudadanos y hacer viable la convivencia humana.
San Agustín se refería al Estado como “una reunión de hombres dotados de razón y enlazados en virtud de la común participación de las cosas que aman”. Y el jurista holandés Hugo Grocio lo describía como “la asociación perfecta de hombres libres, que dispone de un territorio propio y una organización política específica, unidos para gozar de sus derechos y para la utilidad común”. Pero más allá de sus funciones, sea la preservación de los derechos individuales (modalidad de Estado liberal), garantizar la igualdad jurídica y democrática de todos los ciudadanos (modalidad de Estado de Derecho) o promover el bienestar social y económico del pueblo (Estado Social o Estado de Bienestar), lo cierto es que el Estado engloba y representa a la totalidad de la nación. De hecho, “Estado” es una cosa y otra muy distinta es “gobierno”, que es la autoridad encargada, de manera temporal, de dirigir y administrar las instituciones del Estado.
Por esta misma razón, cualquier intento de querer expropiar el Estado para sí, personificarlo o adjudicarle la cara de algún burócrata de turno, no sólo es una adulteración degradante de su propia naturaleza y esencia, sino que se convierte en una modalidad muy sutil pero efectiva de explotación y discriminación, pues corrompe algo que es de todos y para todos, en un arma de beneficio particular de unos pocos.
Bajo el actual modelo de dominación madurocabellista, el Estado ha venido acelerando su proceso de putrefacción, y ha degenerado desde su condición de asociación política universal moderna, a convertirse en el sinónimo de una facción reducida y excluyente de personas, los cuales insisten en que el Estado son ellos.
Cuando el Estado garantiza el libre derecho a la protesta, y un burócrata decide que no le da la gana darle permiso (permiso que, además, el Estado no contempla), ese funcionario pisotea al Estado y se hace pasar por él, decidiendo sobre algo sobre lo cual el Estado ya decidió.
Cuando una funcionaria plantea que la tortura –expresamente prohibida por el Estado- puede en ocasiones ser permitida porque a ella le parece, confunde su posición de burócrata de un gobierno temporal con la de personificación del Estado.
Pero pocos episodios son tan reveladores de este proceso de depravación del Estado, como el protagonizado la semana pasada por un representante del partido de gobierno y la señora que ocupa la dirección del Ministerio Público. El primero, famoso por haberse disfrazado durante algunos años de imparcial presidente del CNE ocultando su auténtica militancia política, cree que él es el Estado y delinque públicamente al violar simultáneamente y de manera flagrante el artículo 48 de la CRBV, que garantiza –so pena de cárcel- el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas, y el artículo 66 de la Ley contra la Corrupción, como recurso ilegal para intentar darle algo de credibilidad a la septuagésima denuncia de magnicidio desde 1999. La señora fiscal, ante la imposibilidad de no pronunciarse ante ese delito, hace un viraje argumental de vértigo: se transforma ella también en el Estado, y dice que aunque sí es un delito… ¡ella “también lo hubiese permitido”!
Marx decía que el Estado no es más que el aparato armado y administrativo que ejerce los intereses de la clase dominante. Para él, el Estado no es el reino del bien común, sino del interés parcial; no tiene como fin el bienestar de todos, sino de los que detentan el poder.
La historia ha demostrado la inexactitud y poca veracidad de muchos de los planteamientos marxistas. Pero frente a esta antropomorfización del Estado venezolano para sustituirlo por miembros de una clase dominante, que hablan del Estado como si el Estado fueran ellos, y que confunden “seguridad del Estado” con su propia seguridad, hay que reconocer que, en nuestro caso, y paradójicamente, el viejo judío alemán tiene mucha razón.
Ángel Oropeza
