Videos y fotos muestran a uniformados y civiles que llegan en vehículos oficiales y abren fuego la marcha estudiantil

Eran las 3:13 de la tarde cuando cayó el cuerpo de Bassil Alejandro Dacosta en la acera. En ese momento, la calle y la línea de tiro estaban en manos de individuos identificados con uniformes, placas y vehículos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) acompañados de otros vestidos de civil. Habían tomado toda la cuadra desde la esquina de Ferrenquín hasta Tracabordo, en Candelaria, después de que la Policía Nacional Bolivariana retirara sus piquetes.

Luego de ver y analizar tres videos y cerca de 100 fotos proporcionadas por testigos (amateur y profesionales), es posible una reconstrucción del momento del asesinato. Un grupo intenta subir desde la esquina de Monroy hasta la de Tracabordo. Ya la marcha de los estudiantes convocada para celebrar el 12 de febrero había concluido. Quedaban algunos que se negaban a abandonar el lugar. Desde su trinchera gritaban a la policía, los insultaban y les lanzaban piedras. Avanzan hacia una moto del Sebin, que estaba justo en la esquina noroeste de Tracabordo y la tumban. Intentan tomarla y la acción provoca la avanzada de los efectivos a tiro limpio. Se escuchan detonaciones y se ve a los hombres de oscuro accionar armas cortas y algunas escopetas de perdigones. El grupo de manifestantes se repliega hacia la avenida Universidad. Otros, entre los que se encontraba Bassil Dacosta, buscan resguardo y cruzan hacia una calle lateral: la esquina Este 2. El ángulo de la toma del video no permite identificar qué los obliga a devolverse 12 segundos después, cuando regresan corriendo y quedan en la línea de fuego. En la pared del restaurante que hace esquina, “La Cocina de Francy”, cae el cuerpo del guatireño de 24 años. En ningún momento se dejan de escuchar las detonaciones. Los vecinos describen la escena como “terrible”, “espantosa” y “de pavor”.

Dacosta es el antepenúltimo de una fila de jóvenes que cruzan para escapar de las balas. Los compañeros de jornada lo recogen cuando cae de frente sobre la acera y se lo llevan cargado.

Con moto y pistola. La señora “L” y su hijo estaban en el último piso de uno de los edificios aledaños. Explica que minutos antes de la llegada de los uniformados, la esquina de Trocadero estaba tomada por hombres y mujeres en motos, “de esos que salen en la televisión”. Todos vestidos de civil. Algunos con cascos y franelas, “otros con la cara tapada”. Disparaban hacia la esquina de Monroy, donde había estado inicialmente el grueso de los manifestantes. “Sacaban el brazo con la pistola, detonaban y luego se escondían”. En la pared de una dependencia de la Alcaldía de Libertador se cuentan más de 10 impactos de bala. Las nueve personas entrevistadas para este trabajo, coinciden en recordar el estruendo de esta balacera.

Sin embargo, este grupo que los vecinos reconocieron como “colectivos” conversaron unos minutos con los uniformados y luego se retiraron. Los espacios que ellos ocupaban fueron tomados por los hombres identificados como del Sebin.

A la cabeza entró una moto Kawasaki Versys 1000 en la que iba de parrillero un hombre de contextura gruesa, vestido de civil con camisa caqui y pantalón de jean, con un radio de onda corta en la mano derecha. Parece llevar la voz cantante. Grita, manotea, dirige. Después de que cae Dacosta, acelera y gesticula hacia un hombre de camuflaje gris y negro.

En el momento de la muerte de Dacosta, una toma y secuencias fotográficas recogen a por lo menos siete hombres que desenfundan sus armas. Cinco de ellos las disparan de pie, uno al aire y cuatro a la manifestación. Dos están uniformados.

Uno de ellos lleva camisa blanca, pantalón verde militar, casco y lentes negros (ver foto). En la mano izquierda lleva un anillo grueso con piedra. Se mueve en una moto con placa oficial número 2-177.

El otro viste camisa manga larga negra, jean y zapatos negros. No tiene casco ni lentes. Los hombres de civil actuaban en coordinación con los uniformados.

Uno de los tiradores recoge la moto que tumbaron los estudiantes. Dos hombres recolectan los casquillos, mientras un grupo de guardias nacionales que fueron testigo de los hechos, dan la espalda en sus motos y se van hacia el norte.

Interrogantes. El jueves en la noche, en cadena nacional, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que ya habían identificado a los responsables de la muerte de Bassil Dacosta, aunque un día después la policía científica hacía estudios planimétricos en el lugar donde cayó el cuerpo de Dacosta.

Aparte de la identidad de los responsables, hay preguntas que quedan por responder en la investigación: ¿Por qué la GNB retira sus piquetes? ¿Por qué utilizan armas de fuego para reprimir la manifestación? y ¿Por qué había civiles y uniformados reprimiendo la manifestación?

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Pdvsa prepara con meses de antelación los planes logísticos para los días de elecciones. El despliegue de los recursos humanos y materiales es controlado a través de salas situacionales que monitorean el trabajo conjunto con los patrulleros del PSUV y los flujos de ciudadanos a los centros de votación

Al llegar a la oficina encontró un correo electrónico que había entrado a su buzón a la 1:42 am: “Camarada, por medio de la presente se le notifica que usted ha sido seleccionado para cumplir el compromiso patriótico y revolucionario como patrullero de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 26 de septiembre”. El mensaje forma parte de una serie de documentos, comunicaciones y testimonios internos que revelan detalles de cómo funciona la corporación estatal antes, durante y después de los comicios. Tiene fecha del 16 de julio de 2010, cuando faltaban nueve semanas para elegir nuevos diputados a la Asamblea Nacional. La corporación desarrollaba entonces la primera fase -la de designación de responsables- de los planes de movilización y logística de una potente maquinaria de arrastre electoral en la que su personal y sus recursos se pusieron a la orden de los objetivos electorales del PSUV, partido político fundado por el fallecido presidente Hugo Chávez.

“Agradecemos ratificar por esta vía su disposición a participar y contribuir a la consolidación del proyecto bolivariano. Su notificación es importante para la verificación de la data de patrulleros y patrulleras de esta batalla”, insistía el mensaje, firmado por el coordinador del Frente Socialista de Trabajadores Petroleros y enviado desde una dirección de correo electrónico identificada como la de la “Sala Situacional Central”. “No había opción de decir que no porque te tocaba despido”, señala uno de los destinatarios de la comunicación, un ex trabajador que pidió no revelar su identidad por temor a las represalias oficiales. Sin otras opciones a la mano, se puso a la orden para las labores que cumpliría semanas después: viajar al municipio asignado; llamar a los coordinadores del PSUV para cada centro electoral; instalar los puntos rojos cerca de las escuelas; verificar la votación de las personas incluidas en las llamadas listas del 1×10; proveer los refrigerios para activistas, testigos y miembros de mesa del partido de gobierno; pagar a motorizados y transportistas para movilizar electores; reportarse cada hora para informar a la sala situacional sobre la afluencia de votantes y determinar cuándo y en qué zonas se requería de una “operación remolque”.

La lista de actividades forma parte de una serie de protocolos de actuación que la empresa pública ha ejecutado en las elecciones del último lustro, de acuerdo con la documentación obtenida y los informantes consultados. Los planes se han refinado tras cada proceso y dejan cada vez menos margen a la movilización espontánea de los simpatizantes del chavismo: se calcula desde el número de vehículos necesarios en cada localidad hasta el porcentaje de apoyo que prestan las gerencias involucradas. La matemática parece reflejarse en la seguridad con la que hablan voceros del PSUV como Freddy Bernal, quien afirmó el año pasado que para las elecciones del 7 de octubre estaban en capacidad real de movilizar a 8 millones de venezolanos, de los cuales 7,2 millones votaron por Chávez en el último comicio en el que participó. “Al principio nuestra participación era más desorganizada, la gente era voluntaria. Luego se nos amenazaba con perder beneficios y los gerentes mandaban correos constantemente para recordarnos lo que le debíamos a Chávez. Lo espontáneo fue desapareciendo”, recuerda el ex empleado de Pdvsa.

Desde hace dos años, la red de la petrolera impide el reenvío de los correos electrónicos a buzones externos. Algunos trabajadores muestran fotos de los mensajes que recibieron en marzo con convocatorias a las concentraciones a favor de Maduro, firmados por los Comités Patrióticos Socialistas Resteados con Chávez y el Frente de Trabajadores Petroleros. “¿Ya activaste tu 1×10?”, se lee en uno de ellos, en el que aparece una foto del candidato sonriente. En otro se les pide hacer encuestas telefónicas, cuyo fin es tratar de convencer a quienes manifiestan que no votarán por el aspirante del PSUV. En las redes sociales, los comités convocan a los trabajadores a actividades de campaña. “Reporten asistencia a la plaza Alberto Lovera con una foto y no olviden mencionarnos para verlos”, escribió el martes la cuenta @ComitesOriente, que solicitaba a los trabajadores acudir al acto de campaña en Maracaibo, Zulia. “Es un acoso el envío sistemático de convocatorias”, dice un empleado de la compañía en Caracas que enseña su celular con un mensaje de texto en el que se le invitaba a una concentración en Pdvsa La Campiña el pasado 8 de marzo. En otras comunicaciones los exhortan a comprar números para las rifas o a donar un día de su salario. En el organigrama del comando de campaña de Maduro se destaca el nombre de Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo y Minería, como director de movilización y despliegue. Para la elección del 14 de abril, la primera sin Chávez desde 1999, el PSUV volvió a confiarle a Ramírez la responsabilidad que tuvo el 7 de octubre. “Que llegue el carro y la moto a tiempo, que se busque al compatriota en su casa y se le apoye para ir a votar, se le atiendan sus necesidades, que no falle el desayuno, que no falle la merienda, que no falle el almuerzo, que no falle la cena”, pidió Maduro a los responsables de movilización y logística de su comando el 19 de marzo, cuando se reunieron en Caracas. Para lograrlo cuentan con el hombre que maneja una de las primeras 40 empresas del mundo, de acuerdo con la lista de Forbes, que dispone de aproximadamente 100.000 empleados y reportó ingresos totales de 124,4 millardos de dólares en 2012, un monto 5 veces mayor que el presupuesto nacional de Ecuador para el año pasado. La maquinaria busca votos. Dos meses antes: diseño milimétrico.

La movilización se planifica por adelantado y va más allá del envío de correos electrónicos para designar patrulleros. Una de las acciones clave es la instalación de salas situacionales regionales, que responden a una central en Caracas. Se despliegan en distintos estados: la de Monagas, por ejemplo, funciona en el edificio de Pdvsa de Maturín. En los correos de 2010 se convocan a reuniones en el auditorio Juana Ramírez la Avanzadora para jornadas de planificación rumbo a los comicios. Las salas situacionales se convierten en los cerebros que que se deben seguir en cada gerencia de la industria en las semanas previas y en el día de las elecciones.

“Desde allí bajan las directrices políticas y se maneja el dinero para pagar la logística, los transportes, la comida”, indica el ex funcionario de la petrolera. Fuentes de la industria afirman que las salas situacionales para los comicios del 14 de abril se instalaron a mediados de marzo, siguiendo el mismo plan delineado para el 7 de octubre, pues tras la muerte de Chávez no hubo tiempo para mayores cambios.

El proceso de creación de estas estructuras en los niveles más bajos de la empresa comienza con la identificación de los empleados que participarán en las labores electorales. Cada gerencia o dirección de la petrolera -con énfasis en las de Asuntos Públicos, Servicios Logísticos, Contrataciones, Finanzas, Seguridad Industrial, Recursos Humanos y Transporte- identifica en qué centros votan los trabajadores a su cargo.

Todos -afirman las fuentes internas- se ponen a la orden de la Gerencia de Planificación, que coordina las acciones con la sala central en Caracas. En el auditorio de la sede de Pdvsa en Maturín, personal del Consejo Nacional Electoral ha entrenado a los empleados de la empresa por si deben suplir a algún miembro de mesa, según los documentos obtenidos. Luego del adiestramiento, se designan a los coordinadores municipales y parroquiales que trabajarán codo a codo con los patrulleros del PSUV el día de la elección.

Una semana previa: con la lista en mano. Los detalles menudos del plan nacional se afinan la semana anterior a la contienda, cuando se chequea la disponibilidad de automóviles, que cuentan con las listas de votantes y las necesidades de movilización. La cadena de correos internos revela que Pdvsa emplea matrices de medición del porcentaje de apoyo a las labores electorales, que se calcula tomando en cuenta variables como el número de empleados de cada dependencia, los vehículos de los cuales dispone y la cantidad de personas que estos pueden transportar. En una tabla titulada “Personal con vehículo disponible para movilización”, cada gerente precisa los datos de los empleados a su cargo, incluidos sus centros de votación, el modelo y placa de los carros que poseen. “Mi esposa no trabaja en Pdvsa, pero apoyará en la movilización porque yo soy coordinador de mesa electoral y no puedo retirarme del área”, escribió un trabajador en la columna de observaciones, junto a las señas de su camioneta modelo pick up. Trabajadores de la industria indican que todas las gerencias tienen un objetivo asignado y deben apoyar tanto en tareas de logística como movilización, con ubicación de votantes o encargos específicos.

A pocos días de las elecciones, la sala situacional intensifica los correos. En uno de ellos, enviado cuando faltaban cinco días para las parlamentarias de 2010, adjuntaron un documento titulado “Jefes UBB x CV” (Jefes de Unidades de Batalla por centro de votación). El archivo detalla, parroquia por parroquia, escuela por escuela, a los encargados de movilización electoral del PSUV y sus números telefónicos. En una reunión se dan las últimas instrucciones y los patrulleros escogidos por Pdvsa comienzan el despliegue. El funcionario, lista en mano, llega al municipio asignado y contacta a los responsables de cada centro y a los que llevan las listas 1×10. Para verificar la participación esperada, en ocasiones tiene que hacer recorridos casa por casa. “Hay que estar siempre a la disposición de la sala situacional y del coordinador de Pdvsa en la región”, dice el ex funcionario. Precisa que en su departamento, de 32 empleados, 12 trabajaban en las elecciones.

El cálculo de la participación en cada sector permite determinar cuántos vehículos serán necesarios para trasladar votantes, además de cuántas bebidas y comidas harán falta para atender ese día a los militantes en el punto rojo o los centros electorales, a los transportistas y a los otros empleados de Pdvsa en esas tareas. Fuentes vinculadas a la compañía afirman que pagos recibidos bajo la figura de viáticos han permitido a funcionarios cubrir la estadía en el municipio asignado para la labor electoral. Añaden que la empresa cancela en efectivo los gastos de transporte del electorado, lo que implica el uso de taxis, mototaxis y autobuses.

En Caracas, conductores de líneas de colectivos, que han trabajado para el PSUV, no confirman que los pagos proceden de la compañía petrolera aunque lo sospechan. Identifican a cooperativas y funcionarios del gobierno local como intermediarios. “Si no pagan en efectivo, los choferes no salen porque otras veces les quedaron debiendo. Por el día de trabajo en un bus de 32 puestos te pueden cancelar entre 3.000 y 5.000 bolívares”, afirma un conductor del oeste de la ciudad capital.

El día de la elección: el despliegue hora a hora. El apoyo de la petrolera es más explícito en las zonas en las que opera en el interior del país y en los tradicionales bastiones electorales del oficialismo. En Caracas, la compañía estatal se despliega en la parroquia Sucre, una localidad clave -con 325.161 electores- para ganar los comicios en el Distrito Capital. La sede del consejo comunal La Máxima Expresión Floreña, de Los Flores de Catia, sirvió como sede de logística para el PSUV y Pdvsa en esa zona durante las elecciones del 7 de octubre. Funcionarios de la petrolera, con sus carnets a la vista, entraban y salían de la casa.

“Aquí la logística la coordina Pdvsa. Consiste en llevar comida, agua y jugos a la gente de los centros. Ellos están distribuyendo eso en toda la parroquia Sucre”, dijo ese día el mototaxista Joandry Colina, de 20 años de edad, que estaba sumado a las labores. En Catia se desplegó una flota de 120 jeeps blancos, dispuestos por Pdvsa para la movilización de votantes, según fuentes cercanas al partido de gobierno. Los logos de la compañía en los vehículos fueron cubiertos con calcomanías. Los vecinos refieren que en la labor también contó con la colaboración de la Guardia Nacional y las milicias.

En las zonas más apartadas de la parroquia, entre las veredas más empinadas de los barrios, la empresa despliega el apoyo logístico, confirman dirigentes de partidos de oposición en Catia. Hay vehículos que sí tienen a la vista el logo de Pdvsa y que serpentean los cerros y las rutas troncales para buscar votantes. “Los jeeps de la empresa tienen carteles con el nombre del centro de votación al que van”, dice Rosana Liendo, de Un Nuevo Tiempo.

También suelen usar camionetas machito o pick up. “En las filas también se veía a gente con carnet de Pdvsa preguntando por quién van a votar. Llevan el control de las colas en muchos centros, no es algo disimulado”, agrega Kadary Rondón, de la misma organización. Al otro extremo de la capital, en Petare, los jeeps de las rutas comunales -donados por Pdvsa- sólo trasladaban a votantes del oficialismo. Opositores en la zona señalan que a los conductores les pagaron 2.000 bolívares por la movilización electoral, mientras que a los motorizados les dieron 800 bolívares. En ese sector, el agua y la comida también corrieron por cuenta de Pdvsa. Las 2:00 pm es una hora crucial para el trabajador de la petrolera en Monagas. Por los reportes de cada una de las salas situacionales, la central de Caracas manejaba una tendencia de participación de votantes y resultados de la elección.

Con el informe de quiénes de la nómina de Pdvsa y de las listas del PSUV habían sufragado, llegaba el momento de la barrida. “Había que buscar en su casa a todo el que no había votado. Los militares permitían dejar los centros abiertos hasta tarde, aunque no tuvieran cola, para esperar que llegáramos con la gente”, relata el ex funcionario. La llamada “operación remolque” la viven los vecinos de Catia más tarde, a partir de las 4:30 pm. “A esa hora ya saben quién va ganando porque los coordinadores del CNE les permiten a los militantes del PSUV saber cuánta gente va registrada en los cuadernos electorales”, apunta Ricardo Rada, de Alianza Bravo Pueblo.

Con los centros electorales abiertos, los votantes que llegan en carros de Pdvsa no tienen que hacer colas. Después: evaluación de resultados. Las tareas electorales de los trabajadores de Pdvsa no terminan el domingo de los comicios. Cada gerencia organiza jornadas para la analizar el comportamiento electoral del centro que le tocó coordinar y evaluar si cumplieron con la cuota de movilización que se le había fijado, junto con gobiernos regionales y locales, ministerios y militares.

El ex empleado de la compañía señala que Pdvsa cuenta con politólogos en su nómina, que hacen presentaciones para explicar los resultados de la elección. En los encuentros con expertos se analizaba también el comportamiento de los votantes de los colegios creados por la petrolera, donde estudian los hijos de los empleados. “En un momento en esos centros, donde sólo vota gente de Pdvsa, disminuyeron los votos del oficialismo. Era una preocupación”, afirma la fuente. El trabajador vio cómo la petrolera depuró sus planes logísticos para las elecciones. La desorganización espontánea y entusiasta de los primeros años cedió el paso a una captación de voluntarios fomentada a través de constantes correos de los gerentes que advertían sobre las deudas que los trabajadores petroleros tenían con Chávez.

Luego, el voluntariado se constituyó como una instancia burocrática dentro de la empresa. En la fase final, después de estudiar los resultados, cada dependencia de Pdvsa enviaba su informe a la Gerencia de Planificación, que reuniría los legajos en Caracas para una evaluación final que les ayudaría a perfeccionar su maquinaria para las venideras elecciones.

El domingo próximo será la siguiente, la primera sin la presencia de Chávez.

Rafael Ramírez, el movilizador Fue una orden concreta, lanzada a un auditorio a oscuras, lleno de funcionarios de primera y segunda línea de Pdvsa: “A los compañeros gerentes: ayúdennos a borrar de la normativa de la empresa cualquier elemento o asunto de dirección que levante duda respecto a nuestro apoyo al presidente Chávez”.

Así, en una frase, Rafael Ramírez despachó el código de conducta ­heredado de las transnacionales estadounidenses y respetado después de la nacionalización de la industria en 1975­ que procuraba mantener el proselitismo político fuera de de las instalaciones de la compañía estatal. Era noviembre de 2006 y, como ahora, el Gobierno desplegaba una campaña electoral para asegurar la reelección de Hugo Chávez, contra las aspiraciones del opositor Manuel Rosales. A la exhortación del entonces ministro de Energía y Petróleo siguió la frase que redefinió la naturaleza de la empresa: “La nueva Pdvsa es roja rojita, de arriba abajo”.

Las palabras fueron grabadas por uno de los asistentes, así como la salva de aplausos que vino después: el video bien puede ser tomado como el acta de nacimiento de una empresa que se desdobla como maquinariEra noviembre de 2006 y, como ahora, el Gobierno desplegaba una campaña electoral para asegurar la reelección de Hugo Chávez, contra las aspiraciones del opositor Manuel Rosales.

A la exhortación del entonces ministro de Energía y Petróleo siguió la frase que redefinió la naturaleza de la empresa: “La nueva Pdvsa es roja rojita, de arriba abajo”. Las palabras fueron grabadas por uno de los asistentes, así como la salva de aplausos que vino después: el video bien puede ser tomado como el acta de nacimiento de una empresa que se desdobla como maquina electoral. A partir de allí, el ingeniero mecánico se forjó una ruta que, elecciones tras elecciones, lo catapultó como uno de los principales jefes políticos del chavismo.

Asimismo, engrosó un expediente de denuncias en su contra por parte de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Consejo Nacional Electoral, dirigida por Vicente Díaz. La mayoría resultó fallida, luego de ser analizadas por el directorio del organismo comicial.

La única que prosperó fue iniciada a propósito de esa discurso en el Centro Internacional de Educación y Entrenamiento de Pdvsa, el 3 de noviembre de 2006. Tardó casi un año en concluir y le valió a Ramírez una multa de 500 unidades tributarias (189.600 bolívares para el momento) por el uso de la sede para fines políticos, anunciada en julio de 2007. Para esa fecha, Ramírez tenía dos años y medio con un doble rol: era ministro de Energía y Minas y presidente de Pdvsa. La conjunción de funciones supuso una violación a los estatutos de la empresa, en los que se prohibía a miembros del Ejecutivo ocupar algún cargo directivo de la corporación. El funcionario desdeñó las críticas.

“Las leyes vigentes no permiten profundizar la revolución”, dijo. Tenía un norte fijo, y lo declaró: “El PSUV debe fortalecerse en el seno de Pdvsa”. El año de la reforma constitucional fue clave. Despegó como hombre de campaña al ser designado integrante de la comisión estratégica del Comando Simón Bolívar. Después de las elecciones regionales de 2008 fue nombrado vicepresidente del partido para la zona oriental. Unos meses más tarde, lo eligieron en el mismo cargo para la región occidental.

Mientras tanto, las denuncias de violaciones a la normativa electoral cometidas por la estatal petrolera se fueron acumulando en el CNE. Fuentes de la institución señalaron que en ese lapso se elevaron a consideración de los rectores del Poder Electoral casos de todo tipo. Los críticos del ente comicial señalan que su limitada actuación al respecto ha fortalecido la impunidad y ha hecho que los actos proselitistas con recursos de la corporación pública se hagan cada vez más evidentes. Ramírez dio instrucciones electorales a los trabajadores de la estatal en la antesala a las elecciones presidenciales de 2012, en marzo. Frente a un centenar de funcionarios, el ministro expresó que la empresa impulsaría la candidatura del Presidente a través de la constitución de equipos de trabajo en todas las instalaciones petroleras, denominados Comandos Patrióticos Resteados con el Comandante Chávez. El rector Díaz pidió abrir una investigación, lo que fue rechazado.

A su parecer, el llamado de Ramírez constituyó una reincidencia y una violación de mayor gravedad que la de 2006. En la actual campaña, el ministro fue investido de nuevo como jefe de movilización del Comando Hugo Chávez que respalda a Nicolás Maduro. Recibió el refuerzo de Jacqueline Faría y Darío Vivas. El martes dio un ejemplo de su trabajo en Zulia, bastión petrolero del país. Desde allí se dirigió a las Unidades de Batalla Hugo Chávez del PSUV: “Hemos venido trabajando y convocando a la maquinaria roja. Los llamamos a no perder un segundo, a no confiarse, a no cometer errores. Tiene que ser la campaña perfecta”. Esta semana se le solicitó una entrevista, pero sus asistentes señalaron que no menos de dos semanas tardará en contestar si accede a la petición.

El Nacional

La creación del organismo que emite las cédulas de identidad y los pasaportes venezolanos fue responsabilidad de José Lavandero García, vicerrector de la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba, quien fue subordinado de Ramiro Valdés, jefe de los servicios de inteligencia de la isla

El organismo que emite las cédulas de identidad y los pasaportes a los venezolanos tiene un padre cubano: José Lavandero García. Ese hombre, de 69 años de edad, es una de las figuras más importantes de la misión de Cuba en Venezuela. Su aprobación fue indispensable para el diseño y la puesta en marcha del Proyecto Identidad a partir del cual el gobierno del fallecido Hugo Chávez constituyó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Saime, que fue concebido no sólo para mejorar la atención de la ciudadanía sino como una herramienta para apuntalar la base de apoyo electoral del gobernante y su partido político.

Lavandero es vicerrector de la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana, UCI, que depende del Ministerio de Informática y Comunicaciones que estuvo bajo la conducción del general Ramiro Valdés hasta 2012. El oficial –quien ahora ocupa la Vicepresidencia del Consejo de Ministros y del Consejo de Estado de Cuba– es considerado el artífice de los sistemas de inteligencia política de la isla conocidos como G-2 y era uno de los jefes de Lavandero para el momento en que el funcionario trabajaba en el diseño del Saime. El vicerrector revisó cinco borradores y dio el visto bueno al  proyecto definitivo para la constitución del organismo. La última versión, del 4 de agosto de 2006, tiene un casillero que corrobora su nivel de responsabilidad: “Aprobado por José Lavandero”.

El proyecto del vicerrector no dejó escapar detalle alguno. Tiene 218 páginas encabezadas por el logo de Albet Ingeniería y Sistemas, compañía que vende los programas informáticos elaborados por los estudiantes de la UCI y la cual se ha convertido en un contratista privilegiado del gobierno venezolano en el área del software. El documento señala de manera explícita que el nuevo Saime –que reemplazó a la extinta Oficina Nacional de Identificación y Extranjería– debía contribuir a la consolidación de la denominada “Nueva Estrategia Electoral”, un objetivo trazado por Chávez en 2005 cuando formuló el plan de la “Nueva Etapa de la Revolución Bolivariana”. “Para nosotros era importante incluir a nuestra base de apoyo, a los sectores excluidos a los que se les garantizó el acceso a las cédulas”, reconoce José Javier Morales, quien presidió la Onidex y fungió como gerente de la iniciativa para crear el Saime. El vocero no oculta la visión política. “Esta es una revolución de los más pobres y había que garantizar su derecho a participar”, añade el ahora diputado del PSUV a la  Asamblea Nacional por Trujillo, quien insiste en que el vicerrector cubano se limitó a tener un papel de asesor.

La propuesta de Lavandero especificó hasta las escalas salariales para los funcionarios del Saime. Se recomendaba pagar, por ejemplo, 1.061,99 bolívares mensuales a un analista en sus primeros dos años de servicio. Los isleños establecieron cómo debía funcionar cada área: los objetivos y valores, el organigrama, el perfil de los cargos, la planificación económica, la gestión de recursos humanos, los manuales e instrucciones de procedimientos, las relaciones con otros entes de la administración pública y hasta los nuevos proyectos tecnológicos. Nada quedó al azar.

Posición privilegiada. Lavandero tiene un papel clave en Venezuela: dirige al grupo de informáticos cubanos destacado en el país. El vicerrector ha dirigido trabajos de grado de universitarios que han desarrollado propuestas para la administración pública nacional. En 2008, fue tutor de la tesis de Ray Guadarrama Mieres cuyo título no deja de ser sugerente por lo cacofónico: “El cuadro de mando integral y la dirección integrada de proyectos: su integración en el proceso de dirección estratégica de la Misión de la UCI en Venezuela”. La investigación pretendía proponer una mejora en la capacidad de dirección del grupo de programadores antillanos en el país.  El autor –quien luego se convirtió en director de proyectos de Albet– afirma en un pasaje que las amenazas contra el gobierno de Chávez constituían una fuente de vulnerabilidad para los objetivos que él y sus colegas perseguían en el territorio venezolano.

La presencia de Albet, lograda en buena medida con el aporte de Lavandero, tiene muchas caras. Hace seis años, el Ministerio de Interior y Justicia suscribió con la empresa el contrato para la elaboración de la cédula electrónica por 172 millones de dólares.  Los programas de los registros y notarías, de la policía y del sistema carcelario, entre otros, también son diseñados por la firma cubana. La experiencia de los antillanos en Venezuela ha permitido acumular a otras empresas de tecnología de la isla exportar software para identidad y migraciones a países de Latinoamérica como Argentina y Bolivia.

Más de una década.  La llegada de Lavandero a Venezuela es ubicada en el año 2001 por fuentes consultadas para este trabajo. Anthony Daquin, ex asesor del Ministerio de Interior en materia de identificaciones electrónicas, lo explica así. “Fue el primer cubano con el que me reuní en 2001. Estaba interesado en saber cómo eran nuestros registros, qué era un registro principal, secundario, de identidad. Quería saber qué sistemas necesitaba manejar”, dice el ingeniero venezolano que solicita asilo político en Estados Unidos porque –asegura– fue perseguido por cuestionar la injerencia cubana en asuntos estratégicos venezolanos. Tras la experiencia de las reuniones con Lavandero durante año y medio, describe al cubano como un hombre de confianza de Ramiro Valdés e incluso afirma que es el responsable del G2 en el país.

El físico Luis Núñez, profesor de la Universidad de Los Andes, se cuenta en el pequeño grupo de venezolanos que ha visto al vicerrector antillano en el país.  Coincide con Daquin al señalar que Lavandero llegó en 2001: “Vino con una docena de programadores de la UCI y han desarrollado las principales bases de datos de las cédulas y los pasaportes”. El académico participó entre 1997 y 1998 en una comisión técnica que nombró el presidente Rafael Caldera para evaluar el sistema de identificación nacional. Núñez afirma que las recomendaciones de los expertos locales fueron desechadas y el proyecto le fue cedido a los cubanos en los albores del gobierno de Chávez:

Seguir el rastro de la trayectoria de Lavandero fuera de Venezuela no es sencillo. Las páginas web cubanas apenas muestran la hoja de vida del funcionario. Son escasas las declaraciones suyas que pueden rastrearse en medios de comunicación y son también difíciles de hallar fotografías de sus actividades en los 40 años que –según la versión oficial– ha dedicado a la academia. Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, dice que sus connacionales conocen poco al vicerrector de la UCI. “Sabemos que tiene un alto cargo ahí y se le vinculó a Valdés cuando era ministro de Informática. Pero nada más, no es un hombre que dé entrevistas”, señala la fuente vía telefónica desde La Habana.

Arranque oficial. La misión de Lavandero en Venezuela, sin embargo, comenzó oficialmente en 2003 con su participación en la Misión Identidad, el primer paso de Chávez para masificar la expedición de cédulas. Su presencia en esa iniciativa coincidió con un momento político de gran tensión en la víspera de un referendo revocatorio contra el presidente fallecido. El despliegue de las misiones sociales fue una de las estrategias del entonces jefe de Estado para asegurarse el salto de respaldo electoral que lo llevó a una victoria, cuestionada después por la oposición.

Una fuente cercana al Ejecutivo, que pidió resguardar su nombre, indica que conoció a Lavandero en esa época. El consultado afirma que el cubano también participaba en el estudio de las tendencias electorales. “Él estaba en un grupo que cruzaba información sobre quiénes votaban, de qué estratos sociales eran. Desmenuzaba el registro electoral para analizar escenarios en los comicios según resultados pasados. Era un asesor más de la sala situacional de Miraflores”, recuerda. Las conclusiones de ese grupo de entre 10 y 15 técnicos y estadísticos –precisa la fuente– se le presentaban al presidente Chávez y a sus ministros semanalmente, si había una elección cerca.

Lavandero asumió a partir de 2005 el proyecto para constituir el nuevo servicio de identificación. En el historial de observaciones de la cuarta versión del plan se leen las siguientes líneas: “Documento terminado presentado a la Onidex, MIJ (Ministerio de Interior y Justicia) y MPD (Ministerio de Planificación y Desarrollo) según los acuerdos de estas organizaciones y los asesores de Albet, conteniendo el diseño de la solución organizacional del Saime”.

El ex guerrillero Héctor Pérez Marcano nunca ha tenido en sus manos el texto, pero asegura conservar fuentes en la isla que le informan sobre las tareas que cumple el funcionario cubano en el país desde la víspera del referéndum revocatorio de 2004. “Los cubanos diseñaron el Saime, porque si tienen el control de ese sistema pueden manipular también el Registro Electoral y ese era su interés”, dice quien fuera uno de los miembros de la expedición que partió desde Cuba en 1967 con la intención de invadir Venezuela desde las playas de Machurucuto, Miranda. “Lavandero es el responsable de la entrada de todos los cubanos aquí”.

Núñez afirma que los antillanos, dirigidos por Lavandero, trabajan de manera encubierta en el manejo de las bases de datos de identidad. Este punto es rechazado por Morales: “Es falso que el sistema de identificación lo manejen cubanos y lo digo con toda propiedad. Los centros de datos funcionan todos en Venezuela. El cerebro de esa tecnología está manejado 100% por venezolanos”. El ex presidente de la Onidex dice que Lavandero fue responsable del proyecto por la parte cubana y que existía una contraparte venezolana que él mismo lideraba. “Fue así en todas las áreas del proyectos. En sistemas, estructura, organización y las demás. Cada fase requería aprobación de ambos lados. Los cubanos sólo dieron asesoría para ensamblar el proyecto”.

Lavandero ha tenido participaciones en foros internacionales sobre tecnología. Alberto Uribe Correa, rector de la Universidad de Antioquia de Colombia, coincidió con Lavandero en un encuentro académico en México en 2010. Recuerda que los rectores que estaban en esa reunión comentaron la presentación del cubano porque les extrañó que la UCI desarrollara programas y tecnologías. “Nos llamó la atención porque conocemos de las limitaciones de la isla en esas áreas”, dice. La fuente allegada a Miraflores recuerda que Lavandero trabajaba las estadísticas electorales en hojas de Excel, sin los programas avanzados de análisis y visualización que a los que los técnicos venezolanos estaban acostumbrados: “Él estaba aprendiendo aquí”.

Lavandero y una comisión de la UCI asistieron el año pasado a la conferencia anual de ingeniería que organiza la Universidad Tecnológica de Panamá. Ramfis Miguelena, profesor de esa casa de estudios, dice que comenzó a ver al antillano en esos encuentros desde 2009. “Diría que su enfoque es más del tipo curricular. El sector cubano habla siempre de modelos académicos”, sostiene. En esas citas internacionales, el cubano no se ha referido públicamente a sus proyectos en Venezuela, aunque ostenta el mérito de haber aprobado el diseño de la institución que ahora maneja los datos de identidad de 29 millones de venezolanos.

El Nacional