Política fiscal
Vencimientos de deuda externa presionan las finanzas públicas
A fin de aumentar el gasto más allá de lo que permitía el ingreso proveniente del petróleo y la recaudación de impuestos, el Gobierno se endeudó a través de emisiones de bonos que comienzan a vencerse y obligan a destinar un monto importante de recursos para cancelar los compromisos.
Las cifras del Banco Central revelan que la deuda en dólares dejó de estar en niveles confortables tras un meteórico crecimiento de 105% entre el tercer trimestre de 2008 y el tercer trimestre de 2013 que la catapultó hasta 104 mil millones de dólares.
En un entorno donde el Banco Central cuenta con pocos dólares en efectivo para pagar de inmediato deuda externa e importaciones, los vencimientos de capital e intereses se tornan pesados.
Las cifras del Banco Central revelan que en 2013 por compromisos de deuda externa la República canceló 7 mil 097 millones de dólares, una magnitud que supera en 86% al desembolso de 3 mil 807 millones en 2012 y este año, según Arcanálisis, habrá que pagar 9 mil 654 millones.
El grueso de los pagos habrá que hacerlo en el último trimestre de este año, cuando está previsto el desembolso de 6 mil millones de dólares, una cifra que supera en 242% al nivel que tenían las reservas líquidas al cierre del primer semestre.
Si bien bancos de inversión han señalado que probablemente Pdvsa emitirá nuevos bonos para obtener dólares y ayudar a cubrir estos compromisos el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, afirmó el 16 de junio en Londres que “Pdvsa no realizará nuevas emisiones de bonos por este año, estamos trabajando con préstamos”.
“No estamos hablando de reestructuración, lo que estamos haciendo es reperfilar nuestra deuda, para lo cual estamos conversando con muchas instituciones”, añadió.
El plan consiste en implementar una ingeniería financiera para alargar el plazo de vencimiento de la deuda que vence este año y el próximo pero hasta el momento no se ha anunciado ninguna medida en concreto. (El Universal)
Alimentación
Gobierno debe $30 millones a industriales del queso
Trina Michelángeli, presidenta de la Asociación de Industriales de Quesos (Aniquesos), aseguró que la industria está produciendo a menos del 40% de su capacidad instalada. El retraso en la asignación de divisas y las deudas pendientes empeora la situación. Dijo que el índice de escasez se ha incrementado en el sector lácteo con especial atención en los quesos. “De toda la leche que se produce en el país, el 80% va para los quesos y el 70% va para los informales, entonces al producirse menos leche hay una pugna y eso hace que se incremente el precio”.
Michelángeli señaló que la deuda con ese sector asciende a 30 millones de dólares. “Y en el caso del empaque es dramático y de los cuajos porque tienen deudas pendientes y no les están despachando sus proveedores y nosotros sin cuajo y sin empaques no hacemos nada”.
Dijo que estiman que la producción de queso para este año sea de 48 mil toneladas. “Este año se va a importar menos por el tema de las divisas y la producción va a caer como en un 15%” (Unión Radio)
Nuevos precios tienen loco al consumidor
Los aumentos de precios de algunos productos de la cesta básica tienen confundidos a los consumidores, pues ya no saben cuál es el precio real o el precio justo de algunos artículos.
En el caso de la carne, su precio subió hace unas semanas en las redes gubernamentales Pdval y Bicentenario, aun cuando oficialmente no se ha publicado ningún ajuste en Gaceta ni en la página web de la Sundee. En esas cadenas, los cortes de primera están ahora en Bs 90 el kilo y los de segunda en Bs 75 a pesar de que ayer no había en ninguna de las dos sucursales visitadas. Por su lado, en las cadenas privadas que reciben despachos de carne por parte del Gobierno, los cortes de primera están en Bs 74 y los de segunda en Bs 59 el kilo.
El convenio de distribución de carne a los municipales a precio regulado sigue flojo. Este jueves, en la parte baja del Mercado Guaicaipuro, todas las neveras estaban cerradas porque tienen dos semanas sin recibir despachos; solo operaba un puesto que vendía trastes (corazón, riñonada, hígado, etc.), mientras que en el mercado de Quinta Crespo la mayoría de los puestos recibió una res para vender en combos de cinco kilos por Bs 130.
“La carne tiene como cinco precios y al final no tengo idea de cuál es su precio justo”, dijo Marina Gutiérrez, quien ayer compraba carne de primera en Unicasa.
Otro dilema que tienen los consumidores es a la hora de adquirir harina de maíz, ya que, aun cuando sigue vigente el de Bs 7,41, hasta en las ventas fiscalizadas que se efectúan en los municipales están vendiendo el kilo de harina precocida en Bs 12,40. En Bicentenario todavía ofrecen la socialista a Bs 7,41.
El litro de aceite de maíz es vendido a Bs 30 el litro, pero oficialmente no ha sido ajustado. Igual ocurre con el aceite vegetal, expendido en Bicentenario a Bs 7,28; pero en la red Pdval, cuando tienen, está en Bs 6,54 el litro. (Últimas Noticias)
Sistema Cambiario
BCV aclara que deuda automotriz será cancelada a Bs. 6,3
El Banco Central de Venezuela (BCV) salió al paso a las múltiples interpretaciones que se estuvieron tejiendo alrededor de la cancelación de la deuda del sector automotor nacional, y aclarando que las acreencias serán reconocidas y pagadas a la tasa de cambio de Bs. 6,30 por dólar, tal como había sido solicitado por representantes del sector y de los trabajadores.
A través de un aviso oficial publicado en Gaceta Oficial número 40.478 del 19 de agosto de 2014, el BCV corrige el texto del Convenio Cambiario 29, previamente publicado en Gaceta Oficial 40.471 del pasado 8 de agosto de 2014, en el cual se establecen los parámetros que regirán para la liquidación de las operaciones para el pago de las importaciones de bienes del sector automotor, carroceros y autopartistas. (El Mundo)
Inflación, Precios Justos y Fiscalizaciones
Denuncian mercado negro de medicinas
Integrantes de la Red Nacional de Derechos Humanos denunciaron ayer ante el Ministerio Público la existencia de un “mercado negro” donde se venden las medicinas requeridas por pacientes con VIH, que el Ministerio de Salud entrega gratuitamente.
Representantes de esta red consignaron ante la Fiscalía un fajo de documentos que soportan la denuncia, explicó Asdrúbal González, representante de esa organización.
Entre los soportes llevados a la Fiscalía, hay dos actas de inspección redactadas por la Defensoría del Pueblo, una de ellas sobre el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar).
“La Defensoría descubrió que existen inconsistencias en el registro de las firmas y la entrega de medicinas en algunas farmacias”, aseveró.
González detalló que en el país existen 43 mil personas infectadas con el virus, cuyo tratamiento les es expedido a través de 55 farmacias. “En algunas de esas, al paciente le hacen firmar la entrega de la medicina, pero no se materializa”, aseguró González, quien añadió que en Carabobo hay una farmacia con 300 cédulas de identidad repetidas.
En otro centro de entrega de antirretrovirales se constató la existencia de 560 cajitas de Viraday (pastillas) y solo 130 récipes. “Allí hay un faltante que la farmacia se está reservando”, dijo González.
Los denunciantes presumen que hay “personas inescrupulosas” inscritas en el registro oficial de pacientes con VIH-sida que no padecen de la enfermedad. “Esas personas retiran la medicina con récipes llenos de tachaduras y luego las venden en el mercado negro a través de las redes sociales o personalmente alrededor de los hospitales”, manifestó. (El Mundo)
Fijan fecha tope para implementación de sistema biométrico en supermercados
Andrés E. Méndez (Superintendente de Precios Justos) acotó que el instrumento garantizará la disponibilidad de los productos de la canasta básica que requieren los venezolanos.
También, indicó que el sistema tendrá características similares al Sistema Superior que se desarrolla en redes públicas de distribución como Pdval, Mercal y Abastos Bicentenario del Zulia, estado donde se registran mayores índices de contrabando hacia Colombia.
El superintendente agregó que los dueños de supermercados en el país fueron informados en una reunión sobre la instalación del sistema biométrico, “que servirá para la medición del abastecimiento a nivel nacional”.
El presidente Nicolás Maduro explicó que el sistema funcionará con una captahuella parecida a la que utiliza el CNE.
La medida, anunciada por el Ejecutivo nacional, de implantar el Sistema de Abastecimiento Seguro en establecimientos públicos y privados ha sido rechazada por varios representantes del sector privado, mientras que el sector oficial asegura que no se trata de racionamiento
Roberto Parilli, presidente de Anauco, comenta que los venezolanos están siendo sometidos a una cantidad de controles donde “se lesionan varios derechos constitucionales como la no discriminación”.
Considera que este sistema termina siendo discriminatorio porque “no es lo mismo un padre que tiene siete miembros en su núcleo familiar que uno que tiene dos. ¿Cómo va a hacer el sistema biométrico para entender que una familia es de ocho o de cinco?”.
Sobre la efectividad del nuevo sistema para erradicar la extracción de productos hacia el país vecino opina que “el sistema puede que ayude a minimizar algún fraude, pero en tal escala no controlará el contrabando porque va más allá de eso”, dijo.
En una entrevista a Unión Radio, Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, consideró que el sistema biométrico no es más que “una carta de racionamiento. Es administrar la escasez”.
Señala que en los países donde no hay escasez no tienen que aplicarse estos mecanismos.
Debido a eso Roig rechaza rotundamente el nuevo instrumento, que a su parecer limita la cantidad de bienes que puede comprar el venezolano.
“Mientras lo único que hay que hacer es producir en Venezuela, este Gobierno ha decidido importar en vez de incentivar la producción nacional y fomentar la competitividad. Eligieron un modelo importador que en estos momentos ha fracasado y está dando sus peores resultados”, acotó.
Asimismo, el representante de Fedecámaras opina que el empresariado de Venezuela no ha sido muy proclive a hacer cosas sin el respaldo del Gobierno. Enfatiza que “Venezuela tiene una economía petrolera y eso nos define como empresarios ya que se depende siempre del estado venezolano como benefactor, eso es trágico para una economía y para un empresario”, precisó.
Roig expresó que la situación ideal para darle a los venezolanos los productos que necesitan sería que los empresarios tuvieran una economía diferente, pero “al estar tan apegados al petróleo va a ser bien complejo. De cada 100 dólares que entran al país, 96 provienen del petróleo”.
Por su parte, Elías Aponte, primer vicepresidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), comenta que no tienen claro si hay una “intención de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional”.
El representante de Consecomercio piensa que la gente va reaccionando rápidamente y se puede apreciar su punto de vista.
Sobre la postura del gremio que representa comentó que no tienen una posición definida ya que sus afiliados están debatiendo al respecto para consolidar una opinión en común.
Aponte considera que es mejor no apresurarse en calificar si este mecanismo cumplirá con las expectativas. “Estamos analizando los pro y los contras de la medida. Hemos citado para el Consejo a las cámaras sectoriales sobre todo a las de automedicados y farmacias para ver cuál es el impacto, pero no hemos logrado fijar posición sobre eso por ser un tema que tiene muchas aristas”, aclaró.
“No es racionamiento”
Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional (AN), aseguró ayer en una entrevista concedida a Venevisión que “el sistema biométrico no tiene nada que ver con racionamiento ni con un modelo cubano”, afirmó.
Para el economista y parlamentario, la técnica ya se ha probado en la frontera con el chip para la gasolina y ha sido exitosa.
“El Estado debe garantizarle a la población venezolana el acceso a los bienes esenciales”, dijo Sanguino y aseguró que el sistema no restringirá las compras sino que evitará que una misma persona compre varias veces el mismo producto.
El costo de instalación del sistema biométrico en la red privada de supermercados será cubierto de manera parcial por el Estado, informó Sanguino.
El parlamentario reconoció que hay problemas en ciertas actividades productivas y que algunas empresas del Estado no han sido tan eficientes en su gestión. (El Mundo)
Sistema de guías regirá el comercio de todos los bienes
El presidente de la República anunció la extensión del sistema de guías de movilización para todos los productos que se comercializan en el mercado.
“Vamos a establecer un sistema guía de referencia igual al sistema llamado el SADA (…) El SADA es un sistema para controlar alimentos, los que se producen, dónde se distribuyen, dónde se venden, los que se traen del exterior a qué puerto llegan, dónde se almacenan y luego dónde se almacenan y luego dónde se venden, un sistema igual para todos los productos e insumos que se mueven en la economía del país”, dijo Nicolás Maduro el miércoles.
Se trata de extender el Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA), instrumentado por el SADA desde hace años en el sector alimentos, a otras áreas de la economía. “El viernes daré detalles de cómo se va a establecer, son sistemas necesarios, el que no la debe no la teme”, agregó el jefe de Estado.
Andrés Eloy Méndez, Superintendente de Precios Justos, confirmó la medida y detalló algunos de los productos que estarán regidos por el esquema de control. “Lo estamos haciendo muy rápido con los de higiene personal, cemento y cabilla, con los medicamentos, los alimentos, los lubricantes para que todo tenga su guía para poder tener un mapa de mercancías en el país: dónde está la mercancía, por dónde va y evitar el contrabando de extracción y evitar el bachaqueo”, dijo durante una inspección al hipermercado Makro, ubicado en La Yaguara.
En el sector empresarial aseguran que una decisión de ese tipo aumentará las “trabas burocráticas”, pero no resolverá el problema de la escasez. “Eso no va a resolver el problema, siguen trabajando sobre los efectos y no las causas de los problemas económicos”, afirmó Eduardo Garmendia, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).
Los resultados apuntan hacia ello. El propio Ejecutivo nacional ha reconocido el repunte del contrabando hasta el punto de que por esa vía se va entre 30% y 40% de bienes que son para el mercado local, especialmente en alimentos, medicamentos y combustible. Pero precisamente, los alimentos -a través del SICA- y las medicinas a con el Sistema Integral de Control de Medicamentos (SICM) son los rubros que desde hace años están sujetos a las guías de movilización.
“No hay un alimento, ni un medicamento que no se mueva sin las guías del Gobierno, el control lo tiene el Gobierno pero hay extracción”, sostuvo Garmendia.
Responsabilizan a supermercados por las colas
El Superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, advirtió que dictarán medidas de “ocupación temporal” a los supermercados que ocasionen colas por la falta de cajeros. “Vamos a inspeccionar a todos los supermercados e hipermercados y si fuese necesario, por reincidencia de estos supermercados, una medida de ocupación temporal para que el Gobierno junto al pueblo elimine la cola, nosotros lo vamos a hacer”, dijo Méndez durante una inspección al hipermercado Makro de La Yaguara, en Caracas.
El funcionario aseveró que “con la Constitución en la mano y aplicando la Ley” lograrán que los supermercados “entren por el carril y abran las cajas porque esas colas no son necesarias”.
Aunque reconoció que es necesario “ensanchar la base de la producción”, Méndez responsabilizó a los directivos de los supermercados por ocasionar las colas y los instó a crear “planes de contingencia” en los casos en que el ausentismo laboral afecte a un comercio.
El Superintendente impuso a Makro una multa de 20 mil unidades Tributarias, ya que de 24 cajas registradoras sólo estaban activas 9, en lo que calificó como un “irrespeto al pueblo”.
Durante la inspección del funcionario al establecimiento se vivieron momentos de tensión entre los consumidores que llevaban horas de espera para ingresar a adquirir productos regulados. “Salimos de nuestro trabajo, comemos, descansamos un rato, nos venimos a las 12 de la noche para el siguiente día comprar cuatro kilos de leche”, afirmó Maribel Gámez, una de las consumidoras que permanecía en la cola. (El Universal)
Nuevos controles aumentarán el racionamiento, la escasez y la inflación
La expansión del sistema biométrico a la red privada de supermercados, la confiscación del contrabando, la extensión del sistema de guías de movilización para todos los productos e insumos, así como el ajuste en el sistema nacional de precios son las medidas económicas que ha anunciado hasta ahora el presidente Nicolás Maduro.
Economistas y dirigentes políticos coinciden en que tales controles aumentarán la escasez, la inflación, la corrupción y el racionamiento. Aunque reconocen la necesidad de frenar el contrabando, consideran que los anuncios no atacan el problema de fondo: el fallido modelo económico.
¿Más corrupción? El economista Ronald Balza considera que el ajuste nacional de precios no es más “que un nuevo golpe al poder adquisitivo de la familia venezolana”, presa de los controles desde 2003
Balza criticó el anuncio de Maduro de confiscar el contrabando: “Desde la Compañía Guipuzcoana se confisca la mercancía ilegal. ¿Será que nos quieren decir que no lo estaban haciendo y ahora sí van a ser rígidos con quienes cuidan las fronteras?”, preguntó.
Opinó que la tarjeta biométrica no traerá beneficios. Advirtió que no se anunció incentivo alguno a la producción, sino a la corrupción: “Las ganancias privadas ahora irán a quienes tengan el control centralizado. Se creará mayor ineficiencia, más colas, mayor escasez y altos precios”.
El presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, no duda que las medidas son “para distribuir mejor la escasez en un país donde no se produce nada”. Condenó la implementación de captahuellas en establecimientos privados. “Ahora tendremos tarjetas de racionamientos del siglo XXI”, señaló.
Sobre la extensión del sistema de guías de movilización de productos, Roig afirmó: “En este país no se mueve un kilo de alimentos sin permiso del gobierno, y eso no ha evitado el contrabando”.
Aludió a los señalamientos de Maduro, quien dijo que hay mafias detrás del contrabando. “Eso es como acusar a los agricultores porque no llueve. Nos interesa es que haya un mercado interno fuerte donde poder competir. No tenemos ninguna mafia”, manifestó el empresario.
Cero propuestas. En la Asamblea Nacional no han salido propuestas para atacar la crisis económica, pese a que la oposición ha hecho planteamientos y pedido debates en por lo menos tres ocasiones este año. La mayoría del PSUV, en cambio, ha aprobado acuerdos de apoyo las políticas maduristas.
El diputado Elías Matta (UNT), de la Comisión de Finanzas, afirmó que el contrabando es consecuencia de políticas económicas erradas.
“Durante 15 años el gobierno acabó con la industria nacional; la producción está paralizada. Otro factor que estimula el contrabando es la diferencia entre nuestra moneda y la de los países vecinos”, señaló.
El diputado Abelardo Díaz (Copei) criticó que el Ejecutivo se enfoque en el consumidor: “Es una humillación para el pueblo. No vemos presos a los miembros de las grandes mafias que operan en la frontera ni a los altos jerarcas encargados de impedir ese flagelo. Solo vemos la retención de cantidades insignificantes de productos que le quitan a ciudadanos”.
El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, advirtió: “Es obvio que el mecanismo electrónico no resolverá la escasez, lo que si traerá es más corrupción. Ya algunos enchufados sacan cuentas”.
El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, dijo sobre el sistema de captahuellas: “Es un procedimiento vejatorio de la dignidad de los venezolanos, propio del esquema de cubanización de nuestro país con tecnología 2.0”.
La dirigente María Corina Machado apuntó: “Con controles humillantes el pueblo paga la incapacidad y corrupción del gobierno”. A su juicio, se está ante un nuevo mecanismo de sumisión.
Guillermo Manosalva, primer vicepresidente de la Cámara de Comercio de Valencia, rechazó la pretensión de colocar máquinas captahuellas en supermercados. Dijo que por decisión estatutaria desaprueban todo “lo que atente contra el libre comercio”.
Pronosticó que las captahuellas traerán más inconvenientes al consumidor y al propio comerciante. “Lo que está ocurriendo en Venezuela con los productos alimenticios no depende de una captahuellas porque es un problema de escasez y de desabastecimiento, que es producto de una mala política económica. El modelo económico que se quiere implementar en Venezuela está haciendo aguas”, dijo Manosalva.
Recalcó que es inconcebible que un país petrolero termine el tercer trimestre del año con un producto interno negativo. “Eso quiere decir que estamos en recesión económica”, añadió.
El diputado por el estado Carabobo Francisco Soteldo repudió el uso de captahuellas en supermercados.
“El pueblo no puede pagar las consecuencias de un modelo que prioriza las importaciones y no la producción nacional”, manifestó.
Viola derechos de los consumidores
El presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, Anauco, Roberto León Parilli, señaló que el sistema biométrico que se pretende instalar en los supermercados no eliminará el desabastecimiento en el país. “Aquí lo que tenemos es un problema de abastecimiento intermitente”, dijo.
Añadió que la medida viola los derechos de los consumidores: “Cuando un padre tiene que llevar leche a la casa y no la encuentra por varios días, al momento de verla pretende tratar de llevar un poco más para tener un resguardo para la familia”.
Recordó que hace meses hubo un plan piloto para limitar la venta de productos en Zulia y tuvo un “rechazo popular bastante importante”. (El Nacional)
Industria, Comercio y Empresariado
Gobierno analiza ajustes en la Corporación del Cemento
El Gobierno analiza unificar la administración de las cementeras en la Corporación Socialista del Cemento, ente que fue creado en 2009 luego de la nacionalización de las industrias.
Hace seis años el Ejecutivo nacional asumió el control de las tres principales cementeras del país y tras ese proceso, decidió que las empresas estarían adscritas a la Corporación, ahora se estudia centralizar las operaciones de todas las compañías en esa instancia.
Fuentes del sector construcción señalan que si bien las cementeras son filiales de la Corporación Socialista, cada compañía lleva su propia administración y el objetivo es que todo ese proceso lo lleve a cabo un solo ente. (El Universal)
Metalúrgicas en riesgo de quedar sin acero
En medio de la crisis laboral que afronta Sidor y la estrepitosa caída en la producción de acero, la industria metalúrgica se ha quedado sin su principal proveedor nacional. El problema empeora con la falta de divisas para importar la aleación del hierro.
El presidente de la Asociación de Industria Metalúrgica y Minera, Miguel Eseverri, informó que parte de lo poco que ha producido Sidor este año está en los patios a la espera de que sea vendido cuando las industrias nacionales lo requieren con urgencia. “Estamos muy preocupados porque el inventario de acero se acabará en septiembre”, dijo.
El sector solicitará una subasta por 600 millones de dólares del Sistema Complementario de Administración de Divisas, Sicad I, con el fin de hacer nuevos pedidos de insumos para poder cubrir la demanda del primer semestre del año próximo.
Precisó que 143 millones de dólares alcanzan para adquirir materias primas para mantener las fábricas activas por un mes. Si no obtienen las divisas, otras empresas pequeñas y medianas tendrán que cerrar, “lo que ya viene sucediendo”, alertó.
Empleos. La primera medida que tomaron las empresas del sector como reacción a la caída de la productividad fue la reducción de personal. “El gremio tuvo que prescindir de entre 300 y 400 puestos de trabajo mediante negociaciones. No había materia prima para trabajar”, agregó. La asociación agrupa 16.000 industrias asociadas que generan entre 80.000 y 90.000 empleos entre directos e indirectos, que podrían perderse por falta de materia prima.
Eseverri criticó que el gobierno hubiese importado seis puentes en lugar de impulsar la ejecución de esos proyectos a través de industrias nacionales, y así contribuir al fortalecimiento de la producción interna y generar puestos de trabajo.
Informó que solicitaron una reunión con el Complejo Siderúrgico Nacional, antes Sidetur, porque estos decidieron que a las empresas que tuviesen inconvenientes con el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria no les despacharían materiales. Sin embargo, muchas de ellas ya los han resuelto, pero persiste el cierre de suministro a las empresas. (El Nacional)
