Ser gobernador de partidos de oposición tiene un costo para las respectivas regiones. El poder central no asigna los recursos a tiempo, como mecanismo de presión. A eso se agregan los problemas financieros en la hacienda pública; la inflación, que afecta los presupuestos; y la escasez de materiales, que impide cumplir con las obras.
Las más afectados son las gobernaciones de Amazonas y Miranda, con déficit que amenaza el pago de aguinaldos al personal y la continuidad de programas sociales. En el estado fronterizo resultarían perjudicados 11.000 trabajadores, y en el central 36.000 trabajadores y jubilados, así como 100.000 niños del Programa de Alimentación Escolar.
Lara mejoró su situación en 2014, luego de que el gobernador Henri Falcón participó en la Mesa de Diálogo y de que en 2013 afrontó una crisis financiera por sus posiciones contra Miraflores.
Programas y obras amenazados.
El gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, precisó que en 2013 debían recibir 400 millones de bolívares como parte del presupuesto, pero al final les asignaron 180 millones de bolívares. En 2014 el presupuesto se calculó en 864 millones de bolívares, pero lo entregado no llega a 50%.
“El déficit crece por los compromisos laborales; es decir, por los aumentos de salario que aprueba el gobierno, pero que no los eroga a tiempo a los estados y que deben ser considerados por nosotros. Otro elemento es la inflación, que ha crecido 50% y que afecta cualquier operación de la gobernación. En tercer lugar, el retardo en la entrega de recursos. En 2014 solo para cubrir los aguinaldos y hacer ajustes salariales se requieren 340 millones de bolívares”, indicó.
Guarulla afirmó que Amazonas canceló el retroactivo del incremento salarial de enero hasta mayo porque el porcentaje (30% de aumento) no está en el presupuesto. “Si aumenta el salario mínimo, eso obliga a revisar la escala de TSU, licenciados e ingenieros”, indicó sobre el impacto de las decisiones de Miraflores.
Expresó preocupación por la escasez de materiales para terminar las obras, debido a la parálisis industrial del país y la crisis de divisas.
“Aun cuando tengamos los recursos, las obras se paralizan porque no hay cabillas ni cemento. Este año tuvimos que paralizar tres escuelas en Atabapo y tres en Manapiare; dos estadios en Río Negro y Maroa. Los costos son inviables”, dijo.
Agregó: “En Puerto Ayacucho no hacemos calles porque no hay cemento y los costos suben a 1.000 %. Un saco de cemento está presupuestado por el gobierno en 30 bolívares, pero en el mercado se consigue en 300 bolívares. ¿Cómo hacemos? Sin embargo, en menos de una década logramos que Amazonas dejara de ser el estado más pobre y que se construyeran obras que no se hicieron en 200 años; por ejemplo, 12 escuelas”.
El diputado Julio Ygarza, del Movimiento Progresista, señaló que el Fondo de Compensación está en mora con los estados desde abril y que la única respuesta que reciben las solicitudes es que están en proceso, pero los fondos nunca llegan.
“Los gobernadores han optado por devolver los recursos y suspender obras porque la inflación se come los fondos y si compran a precio de mercado pudieran ir presos”, manifestó.
Las gobernaciones de Miranda y Amazonas reconocen que Miraflores ha transferido los dozavos del situado constitucional. “Lo pasan con retraso, lo pasan dividido en dos quincenas pese a que la ley dice que debe hacerse los primeros cinco días de cada mes, pero lo dan”, expresó la directora de la Gobernación de Miranda, Adriana D’Elia.
Añadió que la regularidad no es suficiente para paliar otro problema: la inflación y la escasez de productos.
“En este momento está en riesgo un programa muy importante: el Programa de Alimentación Escolar, porque aparte de que el presupuesto no alcanza, la comida está más cara y la inflación diluye los recursos. Cada vez tenemos que llevar menos comida a 600 escuelas de Miranda en las que se benefician 100.000 niños. La inflación y la escasez han complicado mucho”.
2,5 millardos de déficit
Los bonos navideños de 36.000 trabajadores y jubilados de la Gobernación de Miranda y 100.000 niños del PAE están en riesgo por falta de recursos.
Adriana D´ Elia precisó que el déficit operativo alcanza los 2,5 millardos de bolívares. “Arrancamos 2014 con un presupuesto deficitario reconducido porque el que presentamos al Consejo Legislativo (dominado por el PSUV), por 8 millardos no fue aprobado. El monto asignado fue de 5,9 millardos, cifra insuficiente para cubrir homologaciones, aumento de salario mínimo y contrataciones que ha hecho el gobierno. Los 2 créditos adicionales no alcanzan para cubrir 100% de lo requerido”, explicó.
Advirtió que al inicio del último cuatrimestre del año, no tienen los recursos para aguinaldos. “Los trabajadores lo saben porque los únicos ingresos son por la vía de las transferencias del gobierno central”, dijo D´ Elia.
La solución sería la ley de hacienda pública estadal, que de acuerdo con la Constitución debió aprobarse en agosto de 2001. Ese instrumento permitiría a los estados cumplir los compromisos laborales al generar ingresos propios por medio de impuestos y otros mecanismos de inversión directa.
Trabajadores informados
D´ Elia precisó que el déficit se distribuye así: “Para cubrir el aumento de salario mínimo se requieren 387 millones de bolívares; en agosto aprobaron un crédito adicional de apenas 51 millones. En aguinaldos el déficit es de 853 millones; en prestaciones y fideicomiso, 525 millones; para homologaciones, 448 millones; para sueldos, primas y aportes por contrato, 385 millones de bolívares. Total, 2.598 millardos de bolívares”.
Aclaró que el monto excluye otras deudas adicionales por intereses de fideicomiso, liquidaciones, emolumentos y diferencias por ajuste del tabulador nacional al personal administrativo, entre otros. “Estamos en mesas de trabajo permanente con los sindicatos, que conocen la situación de la gobernación porque, a diferencia de los municipios, no tenemos ingresos propios y dependemos exclusivamente del gobierno nacional. El presupuesto se va en pagos de sueldos y salarios. Ellos saben que no podemos dejar de hacer una obra para pagarles porque todas las obras se hacen por FCI. No tenemos margen de maniobra; dependemos de la transferencia del gobierno central”.
Informó que elaboraron el presupuesto de 2015, el cual asciende a 16,3 millardos de bolívares. “Es el cálculo hecho para pagar a trabajadores y sostener los programas sociales. Incluye la altísima inflación y un aumento de 60% para los trabajadores, para que no pierdan más poder adquisitivo”, explicó.
El Nacional
