Los estudiantes que encabezan las manifestaciones prodemocracia y los Gobiernos de Pekín y Hong Kong han endurecido sus posturas este jueves. Ante la amenaza de los promotores de las protestas prodemocracia de incrementar los actos de desobediencia civil y ocupar edificios oficiales si para esta medianoche (18.00 hora peninsular en España) no ha dimitido el jefe del ejecutivo local, Leung Chun-Ying, la policía ha advertido de que no descarta el uso de la fuerza si los manifestantes intensifican su campaña de movilización. Media hora antes de que terminara el plazo, Leung ha comparecido ante la prensa y ha reiterado que no renunciará al cargo, aunque ha designado a Carrie Lam, la ‘número dos’ del Gobierno local, para dialogar con los líderes estudiantiles cuanto antes, según informa la agencia de noticias Reuters.
Un portavoz de la policía hongkonesa, el superintendente Hui Chun-Tak, ha asegurado que se recurrirá a un “uso apropiado de la fuerza” si la situación empeora. “Subrayamos que la policía no tolerará ningún bloqueo ilegal de los edificios oficiales”, ha advertido. Los organizadores de las protestas han instado a las familias con niños a que abandonen el área de las concentraciones, mientras los agentes han trasladado a la sede de la Administración autónoma cajas con lo que parece ser, según las imágenes que circulan en las redes sociales, material antidisturbio.
Mientras tanto, un portavoz del Ejecutivo ha instado a las decenas de miles de manifestantes a disolverse. Tras dos días festivos, el viernes se retomará la actividad laboral y más de 3.000 funcionarios intentarán acudir a sus puestos de trabajo en el complejo gubernamental, bloqueado ahora por las protestas. Si los empleados de la Administración no pueden entrar, “afectará al orden público y el suministro de servicios a los ciudadanos”, aseguró el portavoz gubernamental.
Pekín ha elevado también el tono contra las protestas. Los medios oficiales han advertido que si las manifestaciones continúan podrían causar el “caos” en la ciudad. El diario oficial del Partido Comunista de China, El Diario del Pueblo, advierte en un editorial publicado este jueves que “el Gobierno central continuará apoyando de manera firme e inquebrantable las medidas legales y las políticas que adopten de acuerdo con la ley [el jefe del Gobierno local] Leung y la policía autónoma hacia estas protestas ilegales”.
El comentario del periódico llega después de que el propio ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, de visita en EE UU para participar en la Asamblea General de la ONU, advirtiera contra cualquier posible injerencia extranjera en la situación. “Los asuntos de Hong Kong son asuntos internos chinos. Esperamos que los países respeten la soberanía china”, declaró Wang el miércoles antes de reunirse en Washington con el secretario de Estado de EEUU, John Kerry. El ministro también calificó las movilizaciones en Hong Kong de “actos ilegales”. “Ningún país, ninguna sociedad permitiría estos actos ilegales que violan el orden público”, sostuvo.
Los manifestantes exigen la dimisión de Leung como un primer paso necesario antes de acometer una reforma electoral que permita la celebración de comicios bajo sufragio universal y con libre designación de candidatos, su meta definitiva. Hasta el momento, el sistema electoral es de sufragio indirecto muy limitado.
Pekín había prometido introducir el sufragio universal en la excolonia británica para las elecciones de 2017. Pero el 31 de agosto presentó una reforma que, si bien reconoce el voto para todos, impone una serie de normas para el nombramiento de candidatos que implica, según los manifestantes, que cualquier aspirante que se presente tendrá que contar con el visto bueno previo del Gobierno central.
Aunque hasta el momento se ha limitado a esperar y ver, sin intervenir directamente en Hong Kong, el Gobierno central ha declarado expresamente su apoyo a Leung. Y también ha detenido a simpatizantes en territorio de la China continental que habían expresado de alguna manera su apoyo a los manifestantes en Hong Kong, según ha denunciado la organización China Human Rights Defenders.
El País
