IGUALA, México (AP) — El descubrimiento de fosas clandestinas el fin de semana en el sur de México atrajo la atención sobre otra problemática región del país, donde autoridades señalan a la policía local de vínculos con el narcotráfico y de estar detrás de la desaparición de 43 estudiantes.
Mientras las autoridades trabajaban el lunes en determinar si los 28 cuerpos encontrados en las fosas clandestinas son de algunos de los estudiantes de magisterio que desaparecieron hace poco más de una semana, el gobierno federal anunció que desarmó a la policía local y que la recién creada Gendarmería asumirá las labores de seguridad pública.
El presidente Enrique Peña Nieto calificó el lunes los hechos de “indignantes, dolorosos e inaceptables” y ordenó a su gobierno dar con los responsables y evitar que haya impunidad en los hechos ocurridos en Iguala, localidad del estado sureño de Guerrero ubicada unos 200 kilómetros al sur de la ciudad de México.
El mandatario habló en medio de preocupaciones de organizaciones internacionales de que sea un posible caso de ejecuciones sumarias, como temen ocurrió hace unos meses en una zona cercana.
Además del caso de Iguala, en el que la policía local está implicada, a finales de junio ocho miembros de un batallón del Ejército fueron detenidos, y tres de ellos acusados de homicidio, por la muerte de 22 presuntos delincuentes tras una confrontación en el Estado de México, vecino a Guerrero.
Poco después, el procurador general Jesús Murillo anunció que se trasladará a la zona para encabezar él mismo las investigaciones en torno a los ataques y la desaparición de los estudiantesde la Normal Rural de Ayotzinapa, de formación de profesores de educación básica.
También el lunes, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, informó que las labores policiales serán asumidas por elementos de la Gendarmería, una nueva división de la Policía Federal anunciada en agosto.
Dijo que los policías municipales fueron enviados a un centro de capacitación en una base militar en el centro de México y que se revisan sus armas para ver si las han usado en la comisión de actos delictivos.
El procurador general dijo que aún no se cuenta con elementos para identificar los cuerpos encontrados en las fosas y dijo que se tendrán “cuando los tengamos”, pero evitó dar un plazo.
El procurador del estado sureño de Guerrero, Iñaky Blanco, dijo el domingo por la noche que los cuerpos están muy deteriorados para ser identificados de inmediato y que las pruebas genéticas podrían demorar entre dos semanas y dos meses para determinar si corresponden a algunos de los estudiantes que desaparecieron.
Las autoridades han detenido a 26 personas, la mayoría policías de Iguala, por su presunta participación. Uno de los arrestados aseguró a las autoridades que 17 de los estudiantes fueron llevados a una de las fosas localizadas y los mataron ahí, presuntamente por órdenes de Guerreros Unidos, un grupo del narcotráfico.
Hasta ahora no se ha dado a conocer un posible móvil para llevarse a los alumnos. Funcionarios estatales han dicho que imágenes de video mostraron a policías llevarse en patrullas a un número no determinado de estudiantes, quienes el 26 de septiembre llegaron a Iguala para solicitar donaciones.
Pero comenzaron a surgir especulaciones después que el lunes apareció en Iguala una manta firmada por Guerreros Unidos. En el texto se exige la liberación de los 22 policías detenidos y advierte de posibles consecuencias si no ocurría en las siguientes 24 horas.
“La guerra ya empezó”, dice la manta.
Samuel González, ex fiscal antidrogas de México, dijo que el cártel de los Guerreros Unidos podría haber sospechado que los jóvenes había sido enviados al lugar por algún grupo rival.
Manuel Martínez, vocero de las familias de los estudiantes, rechazó que los jóvenes tuvieran algún vínculo con los hechos.
El procurador Murillo dijo que ese tipo de amenazas sólo hará que las autoridades busquen actuar de manera “más contundente” contra los responsables.
Las familias de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa convocaron a una protesta nacional para el miércoles, a la que se espera que se sumen alumnos y profesores.
“El país se va a paralizar”, dijo el vocero Martínez sobre la protesta.
El procurador de Guerrero dijo el domingo que los asesinos abrieron las fosas en una zona muy agreste en las faldas de un cerro a dos kilómetros de cualquier camino, hicieron una cama de ramas y troncos, colocaron encima los cadáveres y luego les prendieron fuego tras rociarlos con una sustancia inflamable.
Las fosas, que fueron localizadas el sábado en las afueras de una barriada marginal de Iguala, son unos enterramientos “profundos y recientes”, dijo un funcionario que estuvo en el lugar y habló con la AP a condición de no ser identificado. Añadió que los cuerpos estaban “completamente carbonizados”, algunos incluso “sin ningún tipo de tejidos”.
El 26 de septiembre un grupo de estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa — un especie de internado conocido por sus fuertes acciones de protesta y activismo de izquierda y a la que asisten alumnos de comunidades muy pobres— tomó varios autobuses en Iguala para usarlos en sus manifestaciones pero fueron atacados en varias ocasiones.
Para Blanco hay evidencias suficientes para afirmar que la policía local y “sicarios a su servicio” fueron los probables responsables de esos ataques y del homicidio de seis personas — entre ellos tres estudiantes y un futbolista de 15 años_, así como de la desaparición de los 43 alumnos de la escuela.
Según la información en poder de la investigación, el jefe de la policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, actualmente prófugo, dio la orden de detener a los muchachos y fue uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos el que ordenó ‘levantarlos’ (desaparición forzada) y ejecutarlos, aseguró Blanco.
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