Vía El Comercio

“Estamos infectados de delincuentes extranjeros”. Con esta frase, el ministro de Seguridad de Argentina, Sergio Berni, resumió uno de los principales temores de una parte de la sociedad nacional en los últimos tiempos: la participación de delincuentes de otros países en crímenes de alto impacto.

Las declaraciones de Berni se producían tras un tiroteo entre una supuesta banda organizada integrada por colombianos y los custodias de un fiscal federal del país, a plena luz del día y en una de las autopistas más transitadas de Buenos Aires.

Remarcando que los siete detenidos por el tiroteo eran extranjeros, Berni aseguró que hay foráneos que “vienen a la Argentina a delinquir, amparados por la flojera judicial, y que generan delitos que por su tipificación son excarcelables rápidamente”.

“Y cuando recuperan la libertad, no van a la iglesia a pedir disculpas, sino que nuevamente salen a la calle a delinquir”, añadió.

Sus palabras avivaron una polémica que se había instalado en los medios y en los debates del país apenas unos días antes, cuando la propia presidenta del país anunció que enviaría al Congreso una reforma del Código Procesal que plantea la expulsión de extranjeros que cometan delitos, bajo determinadas circunstancias.

“No podrán volver a ingresar al país por quince años y si lo hacen serán juzgados por el delito por el que fueron expulsados”, afirmaba en una declaración televisada a todo el país Cristina Fernández de Kirchner.

Mano dura

Lo que sorprendió a los argentinos no fue que una jefa de Estado anunciara que aplicaría mano dura contra delincuentes extranjeros.

Lo llamativo es que lo hiciera precisamente esta presidenta, que tradicionalmente ha defendido la integración de migrantes en el país, que extendió planes sociales a la comunidad extranjera en Argentina o que en el pasado había criticado “al club de países xenófobos del planeta” por sus políticas de extranjería (durante la creación del Ministerio de Seguridad, en 2010).

Ante las críticas de la oposición a su política de migración, que a menudo la califica de “descontrolada”, aseguró una vez que “gente mala o que delinque, la hay de todas las nacionalidades, de todos los colores y de todas las religiones”.

¿Qué ha cambiado desde entonces?

Por un lado, el tema de la seguridad se ha convertido en un asunto prioritario para los argentinos en los últimos años.

Donde antes el ejecutivo hablaba de una cuestión de “sensación” o “percepción” de inseguridad ahora empieza a admitir sin tapujos que la situación no está del todo bien, aunque la dimensión real del problema es difícil de medir puesto que Argentina dejó de publicar en 2009 estadísticas oficiales sobre criminalidad.

Pero por otro, si bien se sigue considerando a Argentina como uno de los países más seguros del continente -según Naciones Unidas tiene una de las tasas de homicidios más bajas de América Latina, con 5,8 muertes violentas por cada cada 100.000 habitantes-, la participación de extranjeros en crímenes que han conmocionado a la sociedad -como asesinatos a plena luz del día o tiroteos en espacios públicos como parques o centros comerciales-, puso el tema de la “delincuencia no argentina” en el centro del discurso político.

Durante un encuentro con la prensa internacional el pasado año, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, le dijo a BBC Mundo que el control del narcotráfico en la ciudad y los alrededores estaba principalmente en manos de extranjeros, sobre todo provenientes de Colombia y Perú.

Ahora el tema se trasladó también a la agenda del oficialismo.

Las cifras

Pero, ¿tiene Argentina realmente un problema con los delincuentes extranjeros?

Según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), menos del 6% de los delincuentes presos en argentina son extranjeros, la mayoría de Paraguay, Bolivia, Perú y Colombia, una cifra que ronda la media de los últimos años.

Si se tiene en cuenta la presencia de extranjeros en cárceles del nivel federal, la cifra aumenta al 20%, pero este tipo de penales representan sólo un 16% del total de presos en el país. Aquí si aumentó el porcentaje de extranjeros presos, que pasó del 14% en 2004 al 20% actual.

La presencia de extanjeros en las cárceles argentinas es una de las más altas de América Latina.

Entre los vecinos, en Uruguay la población carcelaria foránea es del 3% y en Chile del 3,5%. Pero en Argentina es menor que en países de Europa como España (35%) o Inglaterra (12%), o que en Estados Unidos (7%), según el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios, una ONG especializada en temas carcelarios.

Pero más allá de las cifras sobre prisiones, es difícil conocer cuántos delitos se cometen ahora por extranjeros al no haber estadísticas públicas actuales sobre el tema.

En cualquier caso, la expulsión de delincuentes extranjeros planteada por el gobierno tendría un impacto limitado, según los expertos, ya que entre los requisitos para proceder a la deportación se incluyen que el extranjero sea detenido en flagrancia, que esté en situación irregular en el país, que el delito implique penas menores a tres años y que tanto el detenido como el juez y el fiscal aprueben la salida.

Por ejemplo, en la actualidad más de la mitad de los extranjeros procesados o condenados en Argentina lo están por delitos de narcotráfico penados con más de tres años de cárcel, según el SNEEP. Otros lo están por agresiones sexuales y homicidios, que no estarían incluidos en el plan de expulsión.

¿Xenofobia?

El proyecto del nuevo Código Procesal, que se discute ahora en el Congreso, ha sido bien recibido en general por los simpatizantes del gobierno, sobre todo por los cambios que plantea para agilizar los procesos judiciales.

Pero el apartado referente a la expulsión de extranjeros generó una reacción poco habitual: fue aplaudido por un sector de la oposición -el que tradicionalmente pidió más mano dura contra la delincuencia extranjera, con el aspirante a presidente Sergio Massa a la cabeza- y duramente criticado desde sectores que tradicionalmente se han mostrado más cercanos al kirchnerismo, como el grupo de intelectuales Carta Abierta o el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Es imposible asociar migración con delito”, explica Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del CELS.

“Estas asociaciones lo que generan son estereotipos que estigmatizan. Es una asociación errónea, y esto vuelve sobre el mismo problema de siempre: culpar del delito a un grupo específico, generando repercusiones que en este caso podrían derivar en xenofobia”, añade.

Quizás una de las críticas más contundentes llegó desde las páginas del diario Página12, tradicionalmente cercano al oficialismo, donde el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, insinuó que Berni y los “machos malos de la política” alientan el debate sobre la delincuencia extranjera para “buscar votos con la represión, sin reparar en formas ni derechos”.

Berni rechazó que su discurso fuera xenófobo o que culpara a los extranjeros de la inseguridad del delito.

Quienes dicen eso, asegura, “es porque no tiene la responsabilidad de estar todos los días en la calle o tienen otras intenciones más allá de solucionar el problema de los delitos”.

Mientras el Senado debate la reforma al Código Procesal Penal impulsada por la Casa Rosada, la discusión sigue también en las tertulias televisivas, en redes sociales y en declaraciones políticas.

Y a falta sólo de un año para las próximas elecciones presidenciales, este tema promete colocarse en la agenda argentina -y quizás en de países extranjeros- un buen rato más.