Desde un gobierno autocalificado de “obrero” que en realidad ha sido el sepulturero de las conquistas laborales, se tejió luego del paro cívico de 2002 la más cruenta trama contra la libertad sindical
La onda expansiva del paro cívico nacional no solo afectó la relación política entre Estado y sociedad, la oposición y el gobierno de Hugo Chávez, entre la población y las esperanzas de cambio político. Tuvo su particular efecto en el mundo del trabajo al promoverse desde el régimen políticas que implosionaron el sistema de relaciones laborales.
El proceso del paro cívico y su resultado final permitió descubrir aun más la vocación autoritaria del régimen. Sus acciones violentas en los campos petroleros de Paraguaná, la Costa Oriental del Lago o la represión contra las movilizaciones en Caracas, presagiaban la imposibilidad de dialogar una solución al conflicto.
Por tanto, la derrota de la huelga significó para el régimen la oportunidad de imponer su talante militarista ante los sindicatos y las normas laborales internacionales, la libertad sindical, la negociación colectiva y el tripartismo como método para abordar la solución de los conflictos laborales.
Impacto laboral del paro cívico 2002
En el campo sindical promovió el paralelismo sindical para debilitar la CTV, las federaciones y sindicatos de base, promoviendo inicialmente a la UNT como central reconocida por el régimen. Así también apresó al presidente de la central Carlos Ortega, quien definitivamente debió exilarse hasta el presente.
Ahora bien, la ofensiva antilaboral se afincó en el sector petrolero como venganza por ser el soporte fundamental del conflicto. El régimen despidió a 23.000 trabajadores sin reconocimiento de prestaciones sociales. Posteriormente, en 2005, desmanteló el Contrato Colectivo Petrolero (CCP), al eliminar, mediante un referéndum truculento, el comisariato y la cláusula 69, que les permitía a los sindicatos petroleros ingresar un porcentaje de personal al trabajo de contratistas.
En ese contexto impuso un agresivo plan de flexibilización laboral implementando falsas cooperativas de trabajo asociado (CTA) en el sector de contratistas petroleras para evadir la aplicación del CCP a estos trabajadores y abaratar el costo de la mano de obra en el sector. Dicha política fue la referencia para aplicar el fraude laboral con las CTA en el resto de empresas públicas, específicamente en Ciudad Guayana, en la CANTV, en el sector eléctrico, en alcaldías, gobernaciones e institutos autónomos públicos.
Milicias obreras, control obrero, consejos de trabajadores, cogestión obrera en ALCASA, conjuntamente con un paralelismo sindical exacerbado, fueron implementados desde el Ministerio del Trabajo, un ente que se encargaba de aprobar sindicatos de maletín solo con la condición de que se denominaran bolivarianos, socialistas y revolucionarios.
Así pues, desde un gobierno autocalificado de “obrero”, que en realidad ha sido el sepulturero de las conquistas laborales, se tejió luego del paro cívico de 2002 la más cruenta trama contra la libertad sindical. La negociación colectiva fue reducida a caricatura en el sector público por la suspensión arbitraria de los convenios colectivos durante durante estas dos décadas.
Este aniversario amerita profundas reflexiones en el seno del movimiento sindical venezolano a la hora de establecer espacios unitarios ante una tiranía que, disfrazada de revolucionaria, pretende eliminar definitivamente la libertad sindical y los derechos de los trabajadores venezolanos.
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