El problema de los presos armados en las cárceles y centros de detención preventiva de Venezuela no es asunto nuevo. Basta con recordar el homenaje que los reclusos del Internado Judicial de San Antonio en la isla de Margarita le rindieron al que por muchos años fue su pran, Teófilo Rodríguez Cazorla, alias el Conejo, cuando fue asesinado a finales de enero de 2016.
Podemos considerar la exhibición de armas de todo tipo, calibre y modelo en la azotea del mencionado penal, acompañadas de ráfagas de disparos por un buen tiempo, como la muestra más grande del poderío armamentista de los presos venezolanos en la historia penitenciaria venezolana.
Los presos venezolanos siempre han estado armados. Anteriormente solo usaban armas de fabricación casera, como los chuzos y chopos. A finales del siglo pasado, de 1998 en adelante, se comenzaron a ver armas de otro tipo, cada vez más sofisticadas y modernas. Ello, sumado al surgimiento de los pranes, aproximadamente desde el 2005 en adelante, hizo que los presos estuvieran, en muchas ocasiones, mejor armados que los funcionarios encargados de su custodia.
Para no irnos muy lejos, el pasado fin de semana un motín arrojó un saldo de un recluso muerto y al menos once heridos en el Centro de Detención Preventiva, CDP, de la Coordinación Policial de la Policía del estado Mérida, ubicado en la población de El Vigía, municipio Alberto Adriani de esta entidad andina. En este motín algunos de los reclusos fueron heridos con armas de fuego. Igualmente, un muerto y 16 reclusos heridos, tres de ellos graves, fue el saldo que dejó la explosión de una granada en el calabozo C del centro de detención preventiva de la Policía del estado Monagas, al oriente de Venezuela. El hecho ocurrió la madrugada de este domingo, 7 de febrero. Y también dejó daños en la infraestructura del calabozo.
Como vemos, los reclusos de Venezuela siguen armados. Los eventos antes narrados son una prueba de ello; de hecho, lo ocurrido en la Policía del estado Monagas fue producto de la explosión de una granada, un arma de guerra que debería únicamente estar en poder de las Fuerzas Armadas Nacionales, pero que aquí son usadas por los privados de libertad como si se tratara de juguetes de uso personal.
Podría narrar en este artículo infinidad de eventos similares que han ocurrido en nuestras cárceles y ahora en los centros de detención preventiva, las nuevas cárceles venezolanas. Acontecimientos donde los presos han demostrado el gran poderío armamentista que poseen. Lo que sí me costaría mucho recordar es en cuál de estos múltiples eventos las autoridades nacionales abrieron una investigación para determinar cómo ingresaron estas armas a los recintos carcelarios.
Y realmente dificulto que sean los familiares quienes lo hacen. No solo porque los visitantes, en su mayoría mujeres, son sometidas a fuertes requisas para su ingreso a estos recintos; sino que porque es imposible que estos puedan ingresar armas del calibre que poseen los reclusos.
Realmente el ingreso de armas a los recintos carcelarios y centros de detención preventiva que se encuentran en poder de los reclusos es otra de las tareas pendientes para darle una solución al problema penitenciario venezolano.
Es necesario que se investigue quiénes y cómo ingresan estas armas a los centros de reclusión. Y que se sancione a los responsables de estos delitos. Cuando eso ocurra podremos decir que hay algún interés de las autoridades en solucionar este grave problema.
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