Pedagogía del fraude
No hay duda de que el ejercicio de la política se ve a menudo tentado por una exasperada avidez de poder. Esta tentación ha sido razón de múltiples problemas que han propiciado graves complicaciones políticas. Conflictos que degeneran en desgarros de toda índole. Incluso, en la desintegración y derrumbe de estructuras políticas de todo tamaño.
Tanto es la oscuridad que opaca el discurrir de la política actual, que su ejercicio provoca un horroroso ruido que espanta a quien lo escucha. Actúa como tajante premisa para que se sospeche de corrupto a quien se atreva a postular su nombre a cargos públicos. Tanto que se ha vuelto “desaconsejable incursionar en la política”. Las desconfianzas se tornan inmediatas.
A esto se le viene conociendo como “hartazgo electoral” por líneas políticas que no encuentran el límite entre la desvergüenza, la honestidad y la observancia a la ley. También son condiciones que pautan actitudes soportadas sobre una cierta pedagogía política. Pedagogía esta que concibe la concepción de hechos propios de cuestionar con base en una metodología que canaliza el cómo, cuándo y dónde cometer la trampa necesaria que valida (fraudulentamente) el acceso al poder político.
Asimismo, a su maquinación, tratamiento mediático, complicidad a lo interno y aspectos metódicos de exteriorización y logística de los comicios en particular.
A este respecto, la pedagogía del fraude describe sus criterios dirigidos a atender hasta los más minúsculos detalles. Así, evitaría que se evidencien los intríngulis que sirven de soporte al fraude a cometer o cometido. En preparación o en desarrollo. De manera que se tienen preparados los guiones que han de fundamentar la necesidad de mantener el estatus administrativo, político y burocrático que garantiza un proceso eleccionario turbio.
Por tanto, se tendrán resultados que arrojen dudas inexpugnables. Imposibles de admitir verificaciones. O de acceder a una contraloría confiable toda vez que los funcionarios encargados de demostrar la necesaria transparencia, poco puedan dar razón a dicho respecto. Pues o poco entienden lo que acontece a lo interno del fraude, o están adoctrinados como cómplices silentes del hecho mismo. O no les está permitido declarar públicamente sobre las maniobras.
La pedagogía del fraude concibe la problemática del timado proceso bajo los intereses que pesan sobre la coyuntura política en efervescencia. Sobre todo, considerando la condición de negocio sobre la cual se dictan las transacciones que determinan el fraude trazado desde las instancias que operan el poder.
Caso Venezuela
En Venezuela, los procesos electorales fraudulentos se convirtieron en realidades convencionales dada la operatividad que los correspondientes procedimientos han demandado. Especialmente, a lo largo de los más recientes eventos que tocan el siglo XXI. Estadísticamente se ha demostrado la inconsistencia del proceso electoral que sirve de razón al fraude como hecho.
La misma opinión pública está plenamente convencida del tamaño de la artimaña que se comete al realizar elecciones parlamentarias que en nada serán justas, libres y verificables. Solo por el afán de enquistarse en el poder. Es lo que explica el concepto de “hegemonía del poder”.
Asimismo, Venezuela ha sido teatro de operaciones políticas para intentar, de manera reiterada, un remedo de democratización del sistema electoral. Además, absolutamente evidente desde todas las plataformas comunicacionales posibles. Para ello, la pedagogía del fraude insiste en trabar toda tentativa de despartidizar la esfera gubernamental. Ello le sirve de coartada o justificación al intento de enrarecer cada elección. Buscando siempre cómodas ganancias político-partidistas.
Los criterios de tan pervertida pedagogía lograron cuajar situaciones cuyos objetivos se benefician del modelo reaccionario y sectario impuesto por la coalición gubernamental. Todos, necesarios al propósito de escamotear el proceso electoral convocado de manera inconstitucional. El mismo es un crimen contra la soberanía popular toda vez que atenta contra las libertades políticas.
A partir de dicha base, formada de oscuras ejecutorias, se estructuró un organismo electoral totalmente parcializado a los dictados del régimen. Con un registro electoral arreglado. Valiéndose de dirigentes opositores confeccionados a la medida del dictador. De partidos políticos, cuyos símbolos han sido secuestrados.
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Además, comprados para que actúen como candidatos en el proceso electoral del 6-D. De un sistema electrónico de votación sospechoso de toda presunción. Con miembros de mesa afectos al régimen. Con tan inicua tramoya político-electoral, el régimen estará buscando cambiarse de ropaje ante la comunidad internacional. De la propia vestimenta de dictadura, por el que permite un disfraz de “gobierno ajustado a la norma democrática”. En consecuencia, no se tienen condiciones para asegurar un proceso comicial autónomo, equitativo, justo y transparente.
En fin, el régimen (abusador y vergonzoso) está suficientemente preparado para continuar atornillado al poder político. Con su impúdico pretexto electoral, busca instituir un Estado socialista que dé paso a la creación de un Estado comunal. Es decir, una situación violentamente judicial que derrumbe los cimientos republicano y democrático que inspiraron la lucha de precursores y libertadores, siglos atrás.
Los dictados constitucionales serán convertidos en carroña política. Para lo cual fue sancionada (por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente) la llamada Ley Antibloqueo, monumento a la corrupción y poder absoluto del tirano y sus cómplices.
El régimen cuenta con los instrumentos que permitirán la instauración de un modelo de país a imagen y semejanza del que siguen países cuyos sistemas políticos dan ventaja a la cúpula dominante para imponer sus conveniencias. Así, el régimen ha podido ejecutar todo esto apoyándose en los trazados del guion político militarista y fascista concebidos desde la pedagogía del fraude (electoral).
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