Estos días de cuarentena y de resguardo preventivo en casa por la COVID-19, me han servido para revisar las propuestas que desde la organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad, y muchas también a título personal, hemos presentado al país para dar solución a la grave crisis penitenciaria que vive Venezuela desde hace muchos años. En los actuales momentos esta ha llegado a su nivel más alto debido a la ignorancia manifiesta de los encargados de dirigir del tema carcelario, marcado por una serie de constantes desaciertos e improvisaciones. Ahora no los voy a enumerar, pero podemos resumir diciendo que, en toda la historia de nuestro país, nunca habíamos tenido un sistema penitenciario tan colapsado y deficiente.
Antes de entrar en el tema quiero aclarar que, en los actuales momentos, aun y cuando desde hace muchos años no existen cifras oficiales, tenemos un aproximado de 110.000 reclusos, unos 45.000 en las cárceles tradicionales y 65.000 en Centros de Detención Preventiva o Calabozos Policiales, que son espacios para albergar a privados de libertad por lapsos no mayores de 48 horas. Pero que por los desaciertos de que hablaba al comienzo del artículo, se han convertido en cárceles permanentes. De este número, aproximadamente el 8 % son mujeres.
Comienzo por decir que el caos penitenciario que se vive en Venezuela, tiene solución. Si bien es cierto que es mucho lo que hay que hacer y que se tardará un tiempo en tener unos recintos carcelarios adaptados a los estándares internacionales, el enfermo terminal aún respira y le late el corazón, por lo que salvarlo es posible. Para esto se requiere del consenso de los mejores, de los que conocen de cárceles, que no son muchos, pero los hay; es necesario desprenderse de egos, ideologías políticas, religiosas y de cualquier otro tipo y sentarse a buscar soluciones que sean realizables a corto, mediano y largo plazo, sin caer en fantasías o cosas irrealizables.
Hay normativas importantes que ya recogen parte de las propuestas que hemos hecho a lo largo de los años y que están consagradas tanto en el artículo 272 de la Constitución Nacional, como en el Código Orgánico Penitenciario, que aun y cuando creo que requiere unas reformas importantes, ya contiene avances clave que solo hay que poner en práctica, porque hasta ahora ninguno se aplica. Igual la Asamblea Nacional actual ha sancionado la ley que prohíbe el uso de celulares e internet en los recintos carcelarios, que es la única ley promulgada por el régimen de Nicolás Maduro, y la ley de calabozos policiales que regulariza la función de estos recintos. Solo falta promulgarla, esto ya es un avance importante, al menos en materia legislativa. Falta ponerlo en práctica.
Teniendo a los mejores y cumpliendo con lo que dice la Constitución Nacional, de que las cárceles serán dirigidas por penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, al igual que contar con un soporte legislativo de base, hay que solucionar la grave situación que tenemos con los centros de detención preventiva o calabozos policiales, que es para mí es el más grave problema que se vive actualmente en nuestro sistema penitenciario.
Para descongestionar los calabozos policiales hay que comenzar por atacar uno de los más grandes flagelos que sufre nuestro sistema penitenciario, el retardo procesal. Aproximadamente el 70 % de los presos venezolanos están actualmente en proceso y no tienen una sentencia condenatoria, teóricamente son inocentes. Para esto hay que crear algún mecanismo de emergencia que permita eliminar, o al menos disminuir de una manera importante, el retardo de los procesos; se tendría que habilitar todo el aparato judicial para esto y así descongestionar tanto las cárceles como los calabozos policiales.
Igualmente, entre esas primeras medidas tendrían que establecerse, está la construcción de nuevas cárceles, así como ampliación y remodelación de las existentes. Aunque no soy de los que piensan que la solución es la construcción de nuevas cárceles, sí creo que actualmente Venezuela lo necesita. La meta debería ser que cada estado del país tuviera al menos un recinto para procesados y otro para penados. Hay que explorar la posibilidad de construir cárceles prefabricadas en muy corto tiempo, hay algunas experiencias en otros países de este tipo de construcciones que sería importante revisar para aplicarlas aquí.
Estos puntos serían, a mi parecer, un buen comienzo para el rescate del sistema penitenciario en Venezuela. Es mucho lo que hay que hacer y para esto se necesita gente comprometida en trabajar y no en figurar y robar.
