Mike Pompeo, Secretario de Estado de los Estados Unidos
MÁS DE US$ 696 MILLONES HABRÍAN SIDO suministrados por el estatal Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) al régimen cubano desde el año 2003 durante los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff. El 98% de ese dinero fue otorgado oficialmente para bienes y servicios destinados a la “ampliación y modernización” del Puerto de Mariel por intermedio de la empresa Companhia de Obras e Infra-Estrutura S.A. filial de la brasileña Constructora Norberto Odebrecht. En el mismo lapso, el BNDES habría firmado contratos por US$ 3.231 millones con el régimen chavista en Venezuela para obras y suministros de las empresas brasileñas Constructora Andrade Gutierres (US$ 1.503 millones), Constructora Norberto Odebrecht (US$ 1.359 millones) y Construcciones y Comercio Camargo Correa (US$ 368 millones).
Las cifras proceden de la página oficial del BNDES que fueron puestas a disposición pública el 17ENE19. El gobierno de Jair Bolsonaro había prometido abrir la “caja negra” del BNDES y ahora ha colocado en su portal todos los contratos firmados por los gobiernos izquierdista del PT con empresas proveedoras brasileñas a gobiernos extranjeros.
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Está ganando cuerpo la línea definida por el Consejero de Seguridad Nacional de EEUU John Bolton y el Secretario de Estado Mike Pompeo para unificar la acción estadounidense sobre los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El Departamento de Estado de EEUU informó el 16ENE19 su decisión de evaluar la activación de la legislación que permitiría a ciudadanos estadounidenses demandar en tribunales de EEUU a toda persona que “trafique con propiedades confiscadas por el Gobierno cubano” desde el 01ENE1959. Esta posibilidad está contemplada en el “Título Tercero” de la “Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática”, conocida como Ley Helmes-Burton refrendada en 1996 por Bill Clinton. La aplicación del “Título Tercero” ha estado suspendida desde el mismo momento de su aprobación, mediante la emisión de aplazamientos semestrales emitidos por el Presidente de EEUU y notificados al Congreso. Pero ahora el gobierno Trump asoma la posibilidad de activarla.
Mike Pompeo, en su condición de Secretario de Estado, notificó al Congreso de EEUU que el nuevo aplazamiento de la aplicación del Título Tercero será sólo por 45 días a partir del 01FEB19 y no por seis meses como solía serlo desde 1996. “Esta extensión nos permitirá llevar a cabo una revisión cuidadosa del derecho a actuar en virtud del Título III a la luz de los intereses nacionales de EEUU y a los esfuerzos para acelerar la transición a la democracia en Cuba e incluyen factores como la brutal opresión de los gobiernos cubanos a los derechos humanos y las libertades fundamentales y su apoyo a los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos en Venezuela y Nicaragua”, afirma el comunicado del Departamento de Estado. El gobierno Trump ya conectó las sanciones a Cuba con su línea política hacia los regímenes de Nicolás Maduro y Daniel Ortega.
La amenaza de aplicar el “Título Tercero” desató una rápida reacción en La Habana. En un comunicado emitido el 17ENE19, la Cancillería cubana reconoce que la aplicación de la ley Helms-Burton busca “entorpecer las relaciones económicas, comerciales y financieras de Cuba con terceros países y afectar su capacidad de atraer inversión directa de capital extranjero” justo en momentos cuando el régimen cubano anda en procura de inversionistas extranjeros.
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Interrogado sobre la disposición del gobierno de EEUU para reconocer “a la oposición venezolana y a su liderazgo como el gobierno legítimo de Venezuela”, el Secretario de Estado de EEUU Mike Pompeo se limitó a afirmar que “siempre estamos viendo todas las opciones con respecto a cómo ejecutamos la diplomacia y cómo influimos en el resultado”. Interrogado y repreguntado, Pompeo rehuyó una respuesta precisa y prefirió comentar sobre el gran número de venezolanos que han abandonado su país. Pompeo fue consultado por periodistas que seguían su periplo por el Medio Oriente durante una rueda de prensa celebrada el 12ENE19 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, en la cual el propio Secretario pidió que la conversación no se limitara a los temas de los países involucrados en el viaje.
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Jair Bolsonaro aspira liderar las acciones internacionales para “la mudanza del escenario venezolano” según una nota difundida por Itamaraty, la cancillería brasileña, el 17ENE19.
El gobierno brasileño extendió invitación a varios representantes de la oposición venezolana para un encuentro el 17ENE19 en Brasilia. La reunión celebrada en el Palacio de Itamaraty desde media mañana hasta bien entrada la tarde, fue encabezada por el canciller Ernesto Araújo y por el embajador Otávio Brandelli actual Secretario General de la cancillería brasileña. El propósito del encuentro, según fuentes consultadas en Brasilia, fue abrir puentes con las diversas tendencias políticas que se mueven en la oposición venezolana. Se trataba de una reunión para intercambio de puntos de vista y no para la toma de decisiones en nombre de los gobiernos presentes. Oficialmente, según Itamaraty, la “reunión tuvo por objeto analizar la situación en Venezuela producto de la ilegitimidad del ejercicio de la presidencia por Nicolás Maduro y de la manifestación del Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Gauidó, de su disposición de asumir la Presidencia de Venezuela interinamente, siguiendo la Constitución venezolana. Tuvo igualmente por objetivo discutir ideas de acción concreta para restablecer la democracia en Venezuela”.
En la lista de invitados figuraba la dirigente opositora María Corina Machado quien está impedida de abandonar Venezuela por órdenes de un tribunal desde el año 2014. El profesor Carlos Blanco asistió al encuentro en representación de Machado. Las embajadas de EEUU y de los gobiernos miembros del Grupo de Lima en Brasilia fueron invitadas al encuentro en el cual participó, además, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, quien se ocupa del “tema Venezuela”. Durante las diversas reuniones participó el argentino Gustavo Cinosi como representante del Secretario General de la OEA Luis Almagro.
Los venezolanos Julio Borges (Primero Justicia), Antonio Ledezma, Carlos Vecchio (Voluntad Popular), Carlos Blanco y Roderick Navarro (Resistencia) aparecen entre los participantes en el encuentro, aunque Itamaraty no difundió nombres de los asistentes a quienes sólo identificó como representantes “de las principales fuerzas políticas democráticas venezolanas”. Voluntad Popular es el partido en el cual milita el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó.
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En paralelo a la reunión con dirigentes políticos, el canciller brasileño Ernesto Araújo sostuvo un encuentro en el Palacio de Itamaraty con el magistrado Miguel Ángel Martín a quien calificó como “Presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio”. Araújo y Martí se trasladaron a media tarde al Palacio de Planalto junto al enviado de la OEA y al embajador Otávio Brandelli para una audiencia concedida por el presidente Jair Bolsonaro. En la reunión también intervino Filipe G. Martins el nuevo asesor de política exterior de la presidencia brasileña. Al término del encuentro en el cual Bolsonaro se valió de un traductor, fue grabado un video con intervenciones de Bolsonaro, Cinasi y Martín. “Todo lo haremos para que la democracia sea reestablecida y que ustedes puedan vivir en libertad” afirmó Bolsonaro en un “mensaje a los venezolanos”. Bolsonaro agregó: “Sabemos que ese desgobierno llegó al poder inclusive con la ayuda de presidentes que el Brasil ya tuvo, como Lula y Dilma, y eso en parte nos convierte en responsables de esa situación en que ustedes se encuentran”.
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Mediante una declaración del 10ENE19, en la cual la cancillería argentina afirmó “desconocer la legitimidad del mandato iniciado en el día de la fecha por Nicolás Maduro”, el gobierno de Mauricio Macri enunció una serie de medidas contra el régimen chavista. Ese día Macri ordenó a la Unidad de Información Financiera (UIF) emitir “un alerta al sector financiero y bancario sobre los riesgos de realizar operaciones con empresas públicas venezolanas o controladas por el Estado venezolano”. La medida comenzó a ser implementada el 17ENE19 cuando la UIF emitió una alerta que incluye un listado de 96 jerarcas del régimen venezolano encabezados por Nicolás Maduro y en la cual figuran además 24 empresas de propiedad estatal venezolana.
La alerta de la UIF advierte a bancos, empresas financieras, casas de cambio, vendedores de automóviles, casinos, entre otros, definidos como el “sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, sobre “los riesgos de operar con las personas físicas y jurídicas vinculadas al poder ilegítimo” de Venezuela. La UIF instruyó sobre la emisión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) para todas las “operaciones realizadas o tentadas” por las personas que figuran en la lista. Igualmente, la UIF solicita la remisión de ROS sobre todos los activos que pudieran poseer en Argentina los miembros del gobierno de Maduro así como personas que pudieran tener vínculos “personales o jurídicos” con ellos.
Las sanciones implementadas por Argentina contra altos funcionarios chavistas sigue la línea acordada el 04ENE19 por el Grupo de Lima. Ya el 10ENE19 el gobierno de Perú emitió un listado de 101 funcionarios o personas vinculadas al régimen venezolano a las cuales se les prohibió el ingreso a ese país y cuyos nombres fueron incluidos en la lista de “sujetos obligados a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera”.
