EN EL ÚLTIMO AÑO HEMOS SEGUIDO DE CERCA la situación de cada venezolano en el exterior, que se vio obligado a huir de la crisis humanitaria propiciada por el régimen de Nicolás Maduro y que hoy en algunos de los países de la región vive una nueva pesadilla.

Los casos más dramáticos como el de Curazao, República Dominicana y Trinidad y Tobago los tenemos bajo lupa. Recientemente, pudimos constatar en persona el sufrimiento de cientos de hermanos venezolanos detenidos en las principales cárceles de Trinidad y Tobago.

Mi visita a Trinidad y Tobago tuvo como finalidad atender el problema de los venezolanos en la isla e interceder ante las autoridades para lograr la libertad de los encarcelados por problemas migratorios.

Dadas las condiciones del cautiverio he demandado que se les garanticen sus derechos humanos. Las reuniones con activistas de los derechos humanos y las comparecencias públicas tuvieron como norte exclusivo encontrar una solución a la situación de unos compatriotas de la diáspora que no tienen quien los defienda.

En nuestras reuniones observamos bastante preocupación por el acuerdo de gas firmado entre ambas naciones, el que no obtuvo la evaluación obligatoria de la Asamblea Nacional.

Hoy vemos con extrañeza como el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley se refiere a un supuesto intento por parte de la oposición en su país de acabar con este acuerdo de gas. Señala que ella es apoyada por “fuerzas opositoras” en Venezuela casualmente luego de nuestra visita a la isla.

Rowley no puede desviar el foco de atención sobre el maltrato que reciben nuestros hermanos defendiendo un acuerdo con serios cuestionamientos legales.

No hago conjeturas sobre hechos futuros que puedan incidir en las relaciones de nuestros dos países. Solo afirmo que la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela exige que los contratos de interés nacional sean aprobados por la Asamblea Nacional, poder legítimo del cual soy miembro.

Como integrante de la Comisión de Política Exterior del poder legislativo actúo como defensor de los emigrantes y contribuyo a organizar la solidaridad con la diáspora en todos los países receptores, igual que mis colegas de Comisión.

Al tomar nota de las declaraciones de Rowley, le hago nuevamente un llamado para en lugar de levantar acusaciones sin base, se encarga más bien de adoptar medidas para asegurar la atención médica que requieren algunos de los venezolanos detenidos y en especial compatriotas embarazadas, de las cuales una de ellas perdió a sus bebés días atrás por la falta de atención médica requerida.

Una vez más, aunque sea clamar en el desierto de su irresponsabilidad, le exijo a Nicolás Maduro y al canciller Jorge Arreaza que en cumplimiento de sus atribuciones gestione la libertad de los venezolanos presos en Trinidad y Tobago y que propicien la atención consular que merecen nuestros hermanos en todo el mundo.

@carlosvalero08