¿POR QUÉ CUESTA ACEPTAR o reconocer que la economía no se ordena desde la verticalidad del caudillaje gubernamental? La historia de la economía contemporánea, da perfecta cuenta de que la dinámica económica no se supedita a otra cosa que no sea lo que determina la oferta y la demanda. Particularmente, porque es lo que dispone el mercado para regular el reacomodo natural de lo que se produce y lo que se necesita o solicita.

Aunque es cierto que ningún problema económico tiene una solución absolutamente económica, tal como aseguró John Stuart Mill hace más de ciento cincuenta años, sólo la economía tiene la capacidad de ordenar el juego social. Y asimismo, de asentir y afianzar el poder político. Así que desde la economía, es posible configurar el desarrollo humano a los fines de incentivar y guiar el comportamiento del mercado. Tanto, como de ajustarlo a las necesidades de la sociedad.

Pero cuán difícil se hace entender la dinámica que pauta la economía sobre la sociedad. Y desde luego, en el fragor de la política. Más aún, la lectura de realidades tan pesadas por complicadas y discrecionales, como las que se dan en el contexto de un sistema político autoritario, terminan de complicar el funcionamiento natural de la economía. Sobre todo, bajo un régimen totalitario. Es el caso Venezuela.

El régimen que entre golpes y traspiés mantiene a Venezuela, no quiere admitir el carácter autonómico de la economía. Posiblemente, porque no le conviene dado el grueso de sus intereses e impúdicas necesidades. O tal vez, porque su apuesta es a trancar el juego adredemente. De manera tal que en virtud de los hechos acontecidos, pudiera inferirse una actitud gubernamental que revela ciertas estrategias dirigidas a deformar el entramado social con el propósito de imponer el reacomodo de la economía para entonces suplantarla por otra. Pero marcadamente obsoleta. De esta forma, le sería menos difícil al gobierno central estructurar su aparato socialista a fin de someter el comportamiento social a los exigencias de lo que concibe y ordena el modelo revolucionario pretendido. O sea, un modelo económico que mejor pueda resultarle a instancia de subordinar la sociedad venezolana a sus inconsultas y arbitrarias imposiciones.

De ahí que la desproporcionada e insólita inflación que azota la movilidad social venezolana, parece ser el más idóneo canal funcional a través del cual el régimen se arroga la potestad de coaccionar política y económicamente a la población para subyugarla. Para someterla a instancia de condiciones que ha juzgado “convenientes” con el propósito de reducir el país a su mínima expresión productiva. No sólo en lo intelectual. Igualmente, en lo industrial, empresarial, gremial, sindical e institucional.

El discurso gubernamental sigue el curso de lo que puede esconder bajo una brecha. Una brecha no sólo económica. Sino además financiera, jurídica, política y administrativa, particularmente. Tanto es la grosera magnitud de tal brecha, que no hay forma de que el alto gobierno evidencie el tipo y carácter de los instrumentos regulatorios sobre los cuales es posible el ordenamiento y motivación de la economía y de la sociedad en su ámbito más general.

Lejos de lo que estos mecanismos significan para enfilar el desarrollo económico, político y social del país, el régimen socialista está empeñado en aludir al manido “petro”, como si el mismo fuera la panacea que, supuestamente, permitirá el alivio de los profundos problemas que han consumido a Venezuela y casi han agotado su tenacidad y persistencia. No conforme con lo que resulta de tanta verborrea sin razón ni fundamentación alguna, el Fondo Monetario Internacional, así como otras calificadas corporaciones y centros de estudio, han anunciado una inflación de 1.370.000 % para diciembre 2018.

Refutar tan seria advertencia con símbolos agoreros y signos mágicos, envueltos en un discurso iracundo y amenazador, es la manifestación más pedestre del concepto de economía que exhibe el alto gobierno. No sólo con indicadores infundados. Sino además, con funcionarios sin el menos rasgo de haber estudiado economía, académica y formalmente. Es así que no cabe duda alguna reconocer que este régimen prefirió hacer que la economía naufragara, antes que crear la oportunidad de enrumbar la nave por destino seguro. O sea, dejó a la economía a la deriva. Fue entonces como cayó la economía en la vorágine (roja).

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