EN MEDIO DE LA DESTRUCCIÓN ORGANIZADA DEL PAÍS, proceso ésta emplazado por el alto gobierno mediante arbitrariedad consensuada y otras atenciones de disfrazada alcahuetería, la ciudadanía pasó a un segundo plano. O mejor dicho, al último lugar en la escala de socialización referida por la teoría social y la pedagogía actual. En Venezuela, según la actitud demostrada individual y colectivamente, ya no queda espacio para situar la ciudadanía a instancia de lo que su importancia demanda y requiere. Contrario a todo dictamen cultural, la ciudadanía dejó de comprenderse como proceso social que compromete el hecho político. Incluso, más allá de las circunstancias que suscriben las realidades sobre las cuales se traza el devenir de una comunidad que busca registrar sus decisiones y hechos en los anales de la historia contemporánea.
Las realidades hablan por sí solas. La descomposición social, en complicidad con el desarreglo de la política y el desorden de la economía, pervirtieron las prioridades del desarrollo nacional. El obsceno y oneroso costo de la vida, se tradujo en deterioro de la calidad de vida. Este problema incitó una fuerza tan descomunal de hechos, que rayaron en graves consecuencias de toda índole. La calidad de vida, como concepto referido al bienestar en todas las expresiones del desarrollo humano, comenzó a verse arrinconado por la incidencia de circunstancias dominadas por intereses propios de una denigrante politiquería.
De nada valieron discursos y compromisos afirmados a través de declaraciones públicas o manifiestos escritos a nombre de convencionalismos tan manidos como “patria”, “soberanía”, “socialismo”, “revolución”, “democracia” o “ protagonismo del pueblo”. La brecha que se abrió entre la palabra pronunciada o escrita y las realidades o praxis, ha sido descomunal. Además, la magnitud del desastre que se dio en el cauce de tan enorme y aterradora fisura, no ha sido de fácil cotejo con anteriores coyunturas que igualmente pusieron en riesgo expectativas de vida del venezolano. Al menos, nunca, en la medida como se ha visto por estos tiempos de tan contradictorio siglo XXI.
El alto gobierno ha demostrado que poco sabe de ciudadanía. Quizás, porque como condición, no está comprendida entre los valores superiores del ordenamiento jurídico que invoca la Constitución Nacional sancionada en 1999. Escasamente, para la Carta Magna, la ciudadanía quedó precariamente establecida en su artículo 39 cuando explica que “quienes no estén sujetos a inhabilitación política ni interdicción civil (…), ejercen la ciudadanía. En consecuencia, son titulares de derecho y deberes políticos”. O sea, la ciudadanía queda reducida a un estado de derecho sin que para ello tenga alguna importancia las implicaciones sociales, culturales, emocionales, psicológicas y políticas que comprometen la construcción y el ejercicio de la ciudadanía.
Otras leyes que pudieran complementar la ciudadanía como práctica de afabilidad, concordia, solidaridad y respeto, tales como la Ley de educación o la LOPNNA, no dicen más que escuetas definiciones que si bien pudieran exaltar y exhortar debidas conductas de socialización, no tienen el empuje conceptual ni operativo para llevar adelante lo que implica la noción de ciudadanía y sus derivaciones.
La ciudadanía pareciera haber quedado para regular y evaluar consideraciones de razón teorética. Ni siquiera los aislados esfuerzos de construir ciudadanía desarrollados por reconocidas organizaciones privadas, han sido suficiente para construir ciudadanía en un país que fácilmente desvió el curso que forjaron precursores y libertadores. Igualmente, connotados hombres y mujeres al servicio de valores y principios a partir de los cuales vale comprometer la idealización de un “país posible” y su alcance integral.
Por consiguiente, construir ciudadanía, en tanto que constituye un acto en el que el imaginario juega con la posibilidad construir el andamiaje necesario sobre el cual han de erigirse factores, razones, recursos, hechos y propósitos, se convirtió en un objetivo de dificultoso establecimiento. Y es que ese proceso, descansa en la capacidad de interactuar que cada venezolano debería y podría desarrollar a fin de asentir lazos de afecto, adhesión y respeto entre personas. Indistintamente de que entre estos venezolanos exista o no consideraciones hacia el otro, tanto como una relación de amistad o compañerismo. Asimismo, que se establezca el respeto para con la normativa sobre la cual se cimienta el Estado.
Sólo así, será posible lograr que estas personas se sientan como sujetos que participan en un proceso de reconstrucción de realidades. Pero, en igualdad de derechos y deberes como miembros de la sociedad dentro de la cual conviven, coexisten y cohabitan. Todo ello, en un contexto determinado por espacios públicos que, en su conjunto, definen el perfil de una comunidad afianzada en la concordia y acuerdos que incita el concepto y praxis de ciudadanía. De lo contrario, poco nada tendría sentido al momento de confirmar lo que compromete el valor e importancia de disfrutar las realidades que se hacen día a día desde el ámbito de una ciudad, de un país. Pues entonces, quedaría preguntarse: ¿para qué ciudadanía?
