Por Moisés Naím

¿Cómo se sentirían los españoles si un Gobierno con propensiones autoritarias convoca unas elecciones adelantadas en las que los partidos opositores están invalidados, sus principales dirigentes están presos o exiliados y el árbitro electoral es un ente controlado por el presidente que busca ser reelecto? Para ser más concreto, ir a unas elecciones que se celebrarán dentro de unas semanas y en las cuales el PSOE está invalidado, Pedro Sánchez está preso y Albert Rivera, en el exilio.

Cuando decidieron negociar con el régimen de Nicolás Maduro su participación en las próximas elecciones, los grupos opositores tenían unos objetivos muy concretos: que se organizaran unos comicios presidenciales transparentes, libres y competitivos; que se liberara a todos los presos políticos; que se restituyeran los derechos políticos a los candidatos opositores arbitrariamente inhabilitados; que se reconociera la Asamblea Nacional elegida por el pueblo y, lo más importante, que se atendiera la crisis que está diezmando a los venezolanos. Nada de eso resultó aceptable para el Gobierno de Maduro

Y eso lo sabe Zapatero.

Todos los sondeos de opinión muestran que la mayoría de los venezolanos no quiere que Nicolás Maduro siga siendo su presidente. Y la gran mayoría desea que la salida del actual régimen sea democrática y sin violencia. ¡Quieren votar! Pero no en elecciones donde las trampas y los trucos garanticen la continuidad de este Gobierno. El Consejo Nacional Electoral es el árbitro, en teoría independiente, que está a cargo de garantizar la pulcritud de las elecciones. En la práctica es, desde hace casi dos décadas, un desvergonzado y transparente apéndice del Gobierno.

Eso lo sabe Zapatero.

La gran mayoría de los medios de comunicación están controlados directa o indirectamente por el régimen, que los usa como un potente instrumento de propaganda. También son la fuente de constantes e inmisericordes ataques a la oposición, a la cual no se le permite el derecho de réplica o la rectificación de las infamias que diariamente diseminan los órganos del Estado. Eso lo sabe Zapatero.

El Gobierno no ha permitido la presencia de observadores internacionales neutrales y cualificados en ninguna de las elecciones que ha habido y en las que están por venir. Eso también lo sabe Zapatero.

Más aún, los líderes de la oposición más populares, competentes y electoralmente competitivos están presos, han sido inhabilitados por jueces leales al Gobierno o han debido huir al exilio. Y sí, eso lo sabe Zapatero.

A los 28 años, David Smolansky fue electo alcalde de El Hatillo, una zona adyacente a Caracas. El alcalde más joven en la historia de Venezuela llevó a cabo una gestión exitosa y supo sobreponerse a las más burdas maniobras del Gobierno para hacerlo fracasar. La popularidad y el éxito de Smolansky resultaron intolerables para Maduro y sus esbirros. El joven alcalde fue acusado por el Tribunal Supremo de Justicia, otro apéndice del Gobierno, de no reprimir con violencia las protestas pacíficas que ocurrieron en su jurisdicción. Fue inmediatamente destituido y se ordenó su arresto y traslado a una cárcel donde rutinariamente los presos políticos son torturados. Smolansky se negó a entregarse y estuvo 35 días en fuga. Finalmente, se lanzó a un arriesgado periplo por el sur de Venezuela que le permitió entrar a Brasil por la ruta de la selva. En un gesto que les honra, las autoridades brasileñas lo acogieron. Hoy el joven político vive en el exilio y sueña con volver a trabajar por Venezuela. El de Smolansky no es un caso aislado. Otros 12 alcaldes han sido arbitrariamente destituidos, y la mitad de ellos han sido encarcelados y maltratados.

Y, por supuesto, todo esto lo sabe Zapatero.

Hace pocos días, el exjefe del Gobierno español participó junto con Pablo Iglesias, el líder de Podemos, en un acto de apoyo a Evo Morales, el presidente de Bolivia. Morales lleva doce años en el poder y aspira a un cuarto mandato. La Constitución boliviana no contempla esa posibilidad: un presidente solo puede permanecer en el cargo dos periodos consecutivos. En 2016 Morales convocó un referéndum nacional para eliminar esa limitación. Lo perdió. Sin amilanarse, el presidente apeló entonces al Tribunal Constitucional, cuyos magistrados no tuvieron problema alguno en decidir que Morales puede postularse una vez más a la presidencia de Bolivia.

La conducta de Evo Morales no merece el aval y el aplauso de un demócrata.

Y Zapatero lo sabe.

@moisesnaim