El Consejo Federal de Gobierno transmitido el lunes en cadena nacional desde el Palacio de Miraflores fue el escenario donde los cuatro gobernadores adecos –juramentados ante la espuria asamblea nacional constituyente– demostraron la verdadera dimensión de su traición; no solo habían prometido que no se arrodillarían ante ella, se trata de la ruptura que provocaron en la unidad representada en la Mesa de Unidad Democrática y que ha significado la pérdida de credibilidad en la comunidad internacional, que ahora pone en entredicho a la oposición venezolana, reconocida con el prestigioso Premio Sájarov por su lucha heroica durante esos meses de desobediencia civil, cuando el país clamaba por el cambio del régimen y que inútilmente costaron la vida a 130 jóvenes venezolanos, miles de heridos y cientos de presos políticos.

La felonía de los cuatro adecos, convenientemente “autoexcluidos”, ha sido aprovechada por el régimen de Nicolás Maduro para presumir de demócrata y avanzar en su escalada de atomizar a la oposición, de orquestar una “oposición útil” –actualmente en construcción– e incluso de elegir a un candidato presidencial a su medida que garantice una nueva derrota a los demócratas para continuar en el poder.

El gobierno mueve sus piezas desde la sala del crimen, o sea, el Tribunal Supremo de Justicia, y retira la inhabilitación política del ex candidato presidencial y líder de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales. En las próximas horas sabremos si aspira a la gobernación o la candidatura presidencial. El régimen sigue dividiendo a la oposición, mantiene la inhabilitación del ex gobernador Henrique Capriles, pero habilita a Rosales para que se una al lamentable combo de aspirantes a la candidatura presidencial –Henri Falcón y Henry Ramos– y se mida en unas primarias que podrían no ser el reflejo del verdadero sentir del pueblo opositor, porque sus resultados podrían estar alterados si los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela son inducidos a participar en esas primarias y favorecer al candidato escogido por el gobierno.

El ex ministro del Interior general Miguel Rodríguez Torres, experto en temas de inteligencia, sostiene que miembros del PSUV fueron obligados a votar por los candidatos de Acción Democrática durante las elecciones primarias de la MUD para los comicios regionales, como producto de las negaciones AD-PSUV. De ser cierta esa aberración, estamos en presencia de una gran farsa, de una canallada y, lo que es peor, evidenciaría una crisis de legitimidad en las elecciones primarias de la MUD donde AD –sospechosamente– resultó con mayoría de candidatos a gobernaciones.

Si los pesuvistas votan en las elecciones primarias donde se definirá el candidato presidencial opositor, significará una gigantesca estafa. Lo que debe plantearse es un rearme ético de los partidos que puedan librarse de determinados lastres y apostar por la credibilidad de los políticos más allá de lo habitual.

Los que somos conscientes de la deslegitimación que atraviesa la MUD no podemos sino reconocer gestos como el del gobernador destituido en el Zulia, Juan Pablo Guanipa; o del líder de la causa R, Andrés Velásquez, despojado de la Gobernación de Bolívar; y los esfuerzos hechos por María Corina Machado y el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, al construir una nueva alianza, como Soy Venezuela, que viene a llenar un vacío ético y político que pueda acabar con la desesperanza y demuestre que la causa no se perdió en manos de una dirigencia infiltrada que traicionó al país y que no debe ser incluida en ninguna plataforma para generar los cambios que exigen los venezolanos.