Las disposiciones del gobierno de La Habana, insisten seguramente, una y otra vez, por unos medios o por otros, en que los mandatarios de Miraflores convenzan al liderazgo de la Oposición venezolana, de reconocer como legítimo el esperpento jurídico y político montado el 30 de julio pasado, en medio de rechazo casi universal del electorado venezolano y el desconocimiento de una impresionante cantidad de gobiernos democráticos en América y Europa. Ante el fracaso de todos los intentos, han recurrido a una estratagema bastante descarada: invitar a un diálogo cuyo primer resultado para el Palacio de la Revolución y el de Miraflores, ha de ser, ante todo y, sobre todo, el anhelado reconocimiento del bodrio jurídico que el gordo Escarrá le montó a Maduro. Quieren empezar por allí. Casi nada.
Pero ese reconocimiento no vendrá, por un montón de razones. La primera de todas, porque ese mandato popular y esa asamblea no existen en Derecho. Nunca existieron y nunca van a existir. Simplemente porque carece de los ingredientes esenciales, que son la convocatoria popular y la elección por parte de la mayoría genuina del pueblo venezolano, mediante un procedimiento que no pueda, de ninguna manera, escamotear la auténtica y originaria voluntad popular. Esos ingredientes nunca existieron, y nunca van a existir para el remedo convocado el 30 de julio de 2017. No se puede desandar la historia.
Pero hay mucho más. Reconocer el parapeto del 30 de julio es matar al dialogante. Sería poner al pueblo venezolano y a la Oposición que lo representa, en manos de los bandidos, en forma definitiva. Sería entregara la dirección popular, atada de pies y manos, a la banda que ocupó la otra parte del Palacio Federal Legislativo, por la fuerza de los chopos. Sería recurrir a un suicidio institucional, a una autoliquidación política. Sumar una nueva catástrofe, a la ya producida sobre la Patria Venezolana, por el cataclismo institucional, político, económico y social que ha supuesto para Venezuela el haberla entregado y dejado hasta ahora, en manos de los comunistas cubanos y de sus socios.
Y más todavía. La República Dominicana no es un territorio neutral, y la neutralidad de la sede es una condición clásica en todo proceso de negociación. Los dominicanos han votado con el enemigo, en la OEA y es además uno de los países beneficiados por Petrocaribe. Adicionalmente, todos los “facilitadores” o casi, son en realidad socios en los negociados del poder chavista.
Las condiciones para empezar a hablar, hace tiempo que están sobre la mesa y la Unidad no retrocederá. Empecemos entonces por la sede, y por poner en marcha todas las demás condiciones, de todos conocidas. Después, sin duda, en algún momento, hay que hablar, sobre muchos temas esenciales, empezando por los poderes de la transición, y la reconstrucción radical del mando militar. Pero será después.
