La lectura del aplastante significado de más de 7,6 millones de votos de la consulta popular en la cual la mayoría de los venezolanos, incluyendo a los del exilio, exigieron de manera rotunda el fin de la narcodictadura de Maduro debe tener una consecuencia inmediata y terminante.

Los venezolanos ejercimos un mandato claro, establecido en la tercera pregunta del plebiscito, que llama a la conformación de un gobierno de unidad nacional para convocar elecciones libres. El resultado no debe dar lugar a erróneas interpretaciones, o incluso peor, a convertir en derrota un triunfo tan concluyente.

Como lo indicara el gobernador Henrique Capriles, los venezolanos están esperando acciones más contundentes que los anuncios de la MUD del pasado lunes y advierte que “si la dirigencia no escucha, el pueblo le pasará por encima”. De hecho, los trancazos espontáneos de ayer son un claro mensaje a la MUD para que forme nuevo gobierno y acate el mandato del pasado domingo, que no es más que llover sobre mojado sobre los resultados apabullantes de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.

El paro de 24 horas previo a la retrasada designación de nuevos magistrados del TSJ, el próximo viernes, empaña la voluntad popular expresada firmemente el pasado 16J. Capriles plantea una huelga y no un paro. El país comienza a ver las costuras que nos impiden avanzar a través de un gobierno de transición y que la AN como poder legítimo debe conformarlo. Para mañana es tarde porque serán disueltos por la asamblea nacional constituyente cuando los desalojen para sesionar en el Hemiciclo a partir del 1° de agosto. En la comunidad internacional comienzan a mirar con estupor los retardos de la Asamblea Nacional, que aún contando con un decisivo apoyo internacional para nombrar al interlocutor legítimo y reconocido por 99% de los gobiernos del mundo, no lo ha hecho.

El comunicado sin precedentes del presidente Donald Trump, a menos de 24 horas del plebiscito, también es un mensaje directo a la dirigencia opositora, y debe entenderse con toda la dimensión de su relevancia política a través del explícito lenguaje diplomático de la Casa Blanca, quien junto con los pronunciamientos de la Unión Europea, Alemania, Canadá, Colombia, México, Brasil y España, han sido los primeros en expresar, de una forma implícita, que reconocerán al nuevo gobierno que constituya la Asamblea Nacional. Ese será el signo del fin de la dictadura.

Negociaciones

Como lo advertí en mi artículo de la semana pasada, sectores opositores siguen soñando (y negociando) con elecciones regionales, intentan llegar a un pacto que entierre la constituyente, permita la celebración de elecciones de gobernadores y Maduro prolongue la agonía hasta diciembre de 2018. Las declaraciones del dirigente de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, replanteando el diálogo, recibió ipso facto una respuesta en perfecta sintonía del alcalde Jorge Rodríguez. Para más inri, el diputado Freddy Guevara de Voluntad Popular afirmó que están dispuestos a “discutir sin manipulaciones si retiran la constituyente”.

Aquí el único diálogo posible es el que facilite un acuerdo para la rendición del narcorégimen y llame a elecciones generales en un lapso no menor a 3 meses. Obvian que en enero de este año, la AN decretó el abandono del cargo de Nicolás Maduro y todavía, a pesar de estar en cuenta regresiva, no han nombrado al gobierno interino, que sin duda generará la escisión de la Fuerza Armada y aglutinará a los sectores democráticos para producir el quiebre del régimen de manera definitiva.

El momento es crucial, puede significar el anhelado cambio hacia la libertad, o hacia la tragedia cubana, pero agravada en el siglo XXI.