Lo que está sucediendo en Venezuela, no tiene parangón. Los problemas que mantienen represados al país político y económico, rebasaron groseramente las estructuras jurídico-legales y procedimientos funcionales sobre las cuales se depara la dinámica de una sociedad cuyo desempeño busca seguir criterios de desarrollo que plantean el crecimiento y calidad de vida como objetivos fundamentales. La decisión adoptada a nivel presidencial de crear tantas vicepresidencias como intereses militares en conflicto puedan hacer tambalear la revolución, sumada a la perversa resolución de ceder atribuciones políticas institucionalmente establecidas a un militar, representó la ruptura total de la constitucionalidad. Dicho evento, fue un desgarramiento del ordenamiento legislativo en el cual se cimienta la concepción del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia referido por la Constitución de la República. Asimismo, dejó ver otra razón que en su desespero, en lo político, exasperó la fundamentación que suscribe el concepto de soberanía popular tal como la refiere la Constitución Nacional.
Aunque los efectos de tan drástica y caótica determinación presidencial habrán de derivarse de las determinaciones recién asumidas, y que seguramente tendrán carácter explosivo o de turbulentas consecuencias, sus razones son propias de un reflexivo análisis que pueda dar con las causas que motivaron tan extraña abdicación, dimisión o renuncia de obligaciones que pauta el andamiaje sobre el cual descansa la concepción del Estado venezolano.
Quizás más que un diagnóstico politológico, cabría a este respecto un estudio que sólo podría ser mejor referido desde el Derecho Constitucional. Particularmente, porque éste aborda la organización cuyas responsabilidades decantan jurídicamente en los órganos e instituciones del Estado dada las funciones soberanas que a ellas corresponden en aras de lograr el funcionamiento cabal de la organización estatal. Sin embargo, tan interesante escenario no podría disociarse del análisis político que implica la procedencia de tan grave desafuero. Pero además, complica la esencia del susodicho problema ser expresión fehaciente del elevado grado de crisis política que le ha confiscado al país su productividad, libertades y derechos fundamentales.
El artículo 5o constitucional, refiere que la soberanía (popular) “reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce en la forma prevista en la Constitución (…) y mediante el sufragio (…) Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. Aún así, no queda claro lo que escuda o impugna el concepto de soberanía. El mismo, forjado en la medida que emergió la democracia, establece que el poder está en manos del pueblo. Por tanto, tal autoridad se ejerce a través de órganos de razón constitucional representativos del aludido pueblo. Esto implica la cualidad de “igualdad” que políticamente reside en cada individuo, pues en virtud de lo que recoge la significación de soberanía, todos son libres e iguales puesto que nadie obedecería o sería mandado por un individuo o sus intereses. Porque la voluntad general, es la que tiene el poder soberano. Sin embargo, esta concepción ha permitido múltiples abusos ya que en nombre de la voluntad popular o “pueblo”, los gobiernos se han excedido en sus medidas o determinaciones incitando atropellos a los derechos de las minorías.
Por otra parte, se habla de soberanía nacional o facultad política de cada Estado tiene de ejercer el poder sobre su sistema de gobierno, tanto como sobre su territorio y sobre su población, sin intromisión alguna de países extranjeros. Desconocerla, es atentar contra la esencia de Estado por cuanto representa la más elevada autoridad donde reside el poder político y público de un pueblo, de una nación o de un Estado sobre su territorio y sus habitantes. Y los riesgos que engendran estos tiempos de revoluciones, convulsiones políticas y conflictos sociales, han animado en Venezuela todo este ámbito de sórdidas decisiones tomadas desde el alto gobierno con la intención de malograr el país para entonces apropiarse desmedidamente del poder. Para lograrlo, estos gobernantes han saboteado la Norma Suprema, así como han urdido contra la propia justicia valiéndose de falaces y ruidosas creaciones para lo cual la impunidad y la corrupción han sido efectivos procesadores de decisiones elaboradas con la alevosía necesaria y suficiente para desarreglar el país sin medir consecuencias de ninguna clase.
Quizás es por eso que poca importancia se le ha dado al hecho de atender el peligro que constituye para el país que su futuro descanse en las manos de hombres que han pretendido el poder por el poder. En su perverso afán de dominar todo, se encubren intereses que buscan descarriar la legalidad hacia un régimen corrupto. La historia está colmada de episodios que cuentan cómo la sedición ha engullido sistemas políticos. Es el ejemplo de cuando los pueblos no hacen valer su soberanía, padecen de serias crisis que casi siempre pecan de inaguantables. Más cuando los problemas que los afectan, tal como la que vive Venezuela, raya con situaciones en la que la soberanía popular se halla “herida de muerte…”.
