La semana pasada el país recibió la noticia de la muerte de dos de los delincuentes más buscados en el país y que dirigían dos de las principales megabandas criminales que existen en Venezuela. El primero, José Antonio Tovar Colina, conocido como “el Picure”, fue dado de baja luego de un enfrentamiento con efectivos policiales en el barrio Concha de Mango en El Sombrero, estado Guárico, y quien dirigía una que operaba en los estados Guárico, Aragua y Miranda. El otro delincuente muerto fue José Andrés Ulloa Sánchez, alías el Topo, él y su banda controlaban yacimientos en el sur del estado Bolívar, donde 90% de la población vive de la minería y desde el año 2009 controlaba la zona, fue además el responsable de la muerte de 18 mineros recientemente en la ciudad de Tumeremo en el estado Bolívar.
Ambos personajes, líderes de 2 grandes megabandas, forman parte de estos grupos delincuenciales que se han establecido en el país en los últimos años y que en su mayoría están compuestas de más de 80 personas con un gran arsenal de armamentos, en su mayoría de guerra, con el que no sufren ningún temor a enfrentarse a los cuerpos de seguridad venezolanos y cometer infinidades de delitos entre los que encontramos: secuestros, extorsiones, robos, tráfico de drogas, sicariatos etc.
La estructura de estas megabandas es muy similar a las que se ven en las cárceles venezolanas, donde los pranes y su grupo cercano mantienen el control absoluto de los recintos penitenciarios. Esta organización muy bien constituida, con una cadena de mando que es respetada por sus integrantes, probablemente se debe a que muchos de los líderes de estas megabandas vienen de la cárcel y desde ahí han tomado esta forma de organización carcelaria y de la cual fueron sus líderes para aplicarla en la calle a los grupos delincuenciales que ellos dirigen, aunado a que en muchos casos trabajan en conjunto con los pranes carcelarios.
Muchos expertos en el tema consideran que las megabandas, a diferencia de los grupos delincuenciales anteriores que no tendrían más de 10 miembros, fueron tomadas de las maras centroamericanas que mantienen el control de la actividad delictiva en esos países.
El abogado y criminalista Fermín Mármol dice que existen ocho bloques criminales que agobian el país:
1) Bandas y megabandas criminales. 2) Colectivos armados y violentos, “que son los paramilitares urbanos”. 3) Frente Bolivariano de Liberación (FBL) y sus distintas divisiones, “que serían los paramilitares rurales”. 4) El “pranato carcelario” o “la República de los pranes”. 5) Seudosindicatos de la construcción y los seudosindicatos mineros. 6) Incidencia de extranjeros en Venezuela: FARC, ELN, paramilitares, garimpeiros y disidentes de cualquiera de estos grupos. 7) Holding de la corrupción. 8) Holding del tráfico ilegal de drogas y legitimación de capitales. De acuerdo con el abogado “todos los días 100.000 personas salen a las calles a cometer un delito, ya sean violentos (secuestro, robo, homicidio), o delitos de astucia (estafa, fraudes, apropiaciones indebidas, corrupción)”.
A todos estos grupos, en los que según Mármol García estaría agrupada la delincuencia en el país, me atrevería a agregar uno más que, aun y cuando podría agruparse en el “holding de la corrupción”, por el grave daño que están causando actualmente a toda la población venezolana, merecen ser estudiados aparte; me refiero a los grupos que trafican con los alimentos y que popularmente conocemos como bachaqueros.
Para la organización Paz Activa y su director general, Luis Cedeño: “Las Fuerzas Armadas se han conseguido con pequeñas milicias muy bien organizadas y con un poder de fuego que representan un contrapeso a las fuerzas regulares, cuentan con recursos humanos y financieros para mantener unidades operativas de alta movilidad y flexibilidad en su desempeño que las hacen polivalentes en los diversos escenarios en que operan; desde un secuestro, hasta un asalto a una comisaría o punto de control militar con gran eficacia”.
La firma británica Jane’s Information Group publicó recientemente, un informe sobre la situación de violencia criminal que se ha propagado en Venezuela en los últimos años, con el surgimiento de megabandas criminales (+ de 50 miembros) que retan de manera directa al poder del Estado en muchas regiones de Venezuela. En este informe señala: “Las malas condiciones socioeconómicas y una respuesta débil del gobierno han permitido el fortalecimiento de las bandas nacionales, lo que plantea un desafío directo a la autoridad del Estado en muchas áreas. Esta es la consecuencia de una política fallida de tolerancia hacia las bandas criminales la cual les permite la oportunidad de aumentar su tamaño, su red y capacidades. En particular, esto plantea una amenaza masiva a las fuerzas de seguridad (que han sido objeto de robos para despojarlos de sus armas o de venganza) y seguridad privada (empresas de protección y diplomáticos), que no podrían soportar un ataque sorpresa por una banda fuertemente armada de 150 personas, con fusiles de asalto y granadas. Ello es muy difícil de resistir”. Para esta organización “la situación continuará deteriorándose durante el año ya que las autoridades gubernamentales no están abordando el origen de la delincuencia y la violencia, que incluye la desigualdad de ingresos, instituciones débiles, la corrupción generalizada, la falta de capacidad de aplicación de la ley, la falta de coordinación entre los niveles nacional, regional y las policías municipales e, incluso, la participación del equipo de gobierno y los funcionarios militares como apoyo logístico a las operaciones de tráfico de drogas de los países andinos a Estados Unidos y Europa a través de América Central y el Caribe”.
Sin dudas, el problema de las megabandas es otro de los muchos que enfrentamos los venezolanos y donde el tema de la seguridad ciudadana, según encuestas realizadas, ocupa el segundo lugar entre las preocupaciones más grandes que tenemos. Esto no se va a resolver con la muerte del “Picure” o “el Topo” donde en esas bandas se ha concebido una estructura organizacional que no hay dudas que garantizará la continuidad de las mismas, sino con políticas acertadas en seguridad ciudadana por parte del Poder Ejecutivo. No hay que olvidar que en los últimos 17 años se han diseñado 23 planes de seguridad y que todos han fracasado, incluyendo el último llamado Operación de Liberación al Pueblo (OLP), muy cuestionado por sus constantes violaciones de los derechos humanos.
Los venezolanos y todos los que aquí habitamos estamos urgidos de vivir seguros, y el Estado está en la obligación de garantizarlo, es nuestro derecho. ¿Cuánto tiempo más esperaremos para esto?
@cnietopalma
