Las efemérides también enseñan. Dentro de 22 días, se cumplirán 40 años del 27 de septiembre de 1975, fecha infausta en la historia de España, cuando la dictadura de Franco se empeñó, contra la protesta internacional más enconada, en fusilar a cinco ciudadanos españoles, acusados de terroristas.
Tres pertenecían al Frente Revolucionario Antifascista Patriótico (FRAP): José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz. Y dos a ETA, Ángel Otaegui y Juan Paredes Manot, ‘Txiki’. Fueron condenados a muerte por el último consejo de guerra del franquismo, por el supuesto asesinato de un guardia civil.
Recuerdo haber seguido el caso a través de las revistas Cambio 16 y Triunfo, donde escribía un magnífico e inolvidable periodista, Eduardo Haro Tecglen. Las compraba en el quiosco de Benito, en el cruce de las avenidas Solano López y Los Jabillos, en una Sabana Grande cosmopolita y bohemia. El mundo estero, junto a los familiares de los acusados, esperaba un indulto de última hora.
El clima de aquel momento se respira en estas líneas de la revista Cambio 16: “La Embajada española en Lisboa fue destruida y millones de manifestantes en casi todas las capitales europeas y en otras del planeta causaron destrozos en las propiedades españolas; los embajadores de los países de la CEE fueron llamados a consulta por sus respectivos Gobiernos e incluso se solicitó la reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para votar la expulsión de España de los organismos internacionales…’’. Pero el indulto no llegó y los cinco detenidos fueron ajusticiados.
Dos meses después de los fusilamientos, falleció el dictador Francisco Franco. Ahí comenzó el martirio de familiares de las víctimas: se pasaron una vida tras la anulación de los consejos de guerra.
Se trata de otro capítulo infame, el de la llegada de la transición y la democracia, con las manos atadas. Doris Benegas, abogada de la familia Baena, sufrió miles de trabas para recuperar la copia del consejo de guerra. Recorrió tribunales una y otra vez, hasta que venció a la conspiración de silencio que se alzaba para proteger al franquismo.
Cuando pasaron 30 años de los hechos ocurridos, uno de los familiares de las víctimas se preguntó si realmente ese tiempo había transcurrido. En el año 2008 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó derogar la Ley de Amnistía de 1977; reconocer la no prescripción de los crímenes de lesa humanidad; investigar los crímenes de la dictadura, reparar los daños causados y exhumar e identificar los restos de las personas desparecidas.
Los gobiernos españoles se han negado a seguir recomendaciones de Naciones Unidas porque “la anulación de los procesos permite, a quien lo considere oportuno, exigir reparaciones por errores flagrantes de la justicia, cometidos por tribunales ilegales en aplicación de leyes manifiestamente injustas’’.
Silvia Carretero tenía 21 años en 1975 y era la esposa embarazada de Luis Sánchez Bravo. Fue torturada por Billy, el niño y otros guardias civiles. Ante la posibilidad de que abortara, quedó en libertad y huyó a Francia, donde vivió hasta finales de 1976.
Esta efemérides, casi paradójica, me ha recordado dos cosas recurrentes en la historia. La primera: cuando los regímenes van a caer cometen atrocidades, o bien porque no entienden que van a caer y quieren mostrar su fuerza, o bien porque sabiendo que caen, quieren hacer mucho daño.
La segunda: las democracias que suceden a esos regímenes no siempre pueden hacer justicia. Aún así, Silvia Carretero no ceja en su empeño. Cada vez que se ve las marcas en su manos y muñecas, recuerda a su marido.
@sdahbar
