Supongo que con solo leer el título de mi artículo de hoy, a más de uno le cause estupor y hasta bochorno, lamentablemente somos un país patriarcal y machista donde la sola idea de que personas del mismo sexo puedan contraer nupcias puede resultar para muchos una aberración, en nuestras casas nos enseñaron que la única unión posible era entre en un hombre y una mujer, cosa reafirmada en nuestras legislación.
La comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (Lgbti) ha hecho y sigue haciendo grandes esfuerzos por dar a conocer los derechos que tienen como cualquier otra persona y que los mismos deben ser respetados y garantizados por el Estado y no ser discriminados como hoy en día lo están siendo.
En Venezuela no existe una legislación que apruebe los matrimonios entre personas del mismo sexo, ni siquiera las uniones civiles que le podrían dar estabilidad a parejas que deciden compartir una vida juntas y no cuentan con una garantía para proteger bienes patrimoniales que han adquirido en la relación. La comunidad Lgbti es una comunidad sin derechos, inexistente.
Desde enero de 2014 las organizaciones que defienden los derechos de la comunidad Lgbti presentaron ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para que se apruebe el matrimonio igualitario en Venezuela y a pesar de que se ha escuchado al Presidente de la Asamblea Nacional hablar a favor del reconocimiento de derechos a estas personas, la discusión en la Asamblea Nacional ni siquiera se inicia, al parecer existe un buen número de diputados del partido de gobierno que son cristianos evangélicos que se oponen de manera contundente a que esto se apruebe por ir contra sus creencias religiosas.
El matrimonio igualitario ha sido aprobado en 22 países del mundo, la mitad de ellos pertenecientes al continente europeo. Por otro lado, en 16 países del planeta permiten las uniones civiles entre las personas que conforman esta comunidad. En América Latina en Argentina, Uruguay; Brasil, México, Estados Unidos y Canadá tienen aprobado el matrimonio igualitario, mientras en Chile, Colombia y Ecuador se reconocen las uniones civiles.
Lamentablemente en Venezuela vamos al final de la cola en esta materia, a pesar de los grandes intentos de las organizaciones Lgbti de que sus luchas vean frutos. Citando a la reconocida jurista, profesora universitaria y activista a nivel mundial de los derechos de las personas Lgbti Tamara Adrián: “Venezuela es un Estado homofóbico y transfóbico, además de no avanzar, hay un estancamiento en orientación sexual e identidad de género”.
Un punto importante es que según estudios hechos por la ONG de defensa a los derechos de los niños y adolescentes Cecodap se ha llegado a la conclusión de que más de la dos terceras partes del acoso escolar es a niños que muestran tendencias gays o lesbianas, lo que se ataca es la diferencia. Este tipo de bullying está coadyuvado por los educadores y avalado por la familia. Y eso genera un clima que lleva eventualmente a suicidios elevadísimos.
Igualmente los crímenes de odio motivados por orientación sexual e identidad de género ocurren en nuestro país, según cifras de la organización Acción Ciudadana contra el Sida en un estudio que realizaron en 2013 entre 2009 y agosto de 2013 ocurrieron al menos 99 casos que entran en esta categoría.
Además del proyecto de ley para el matrimonio igualitario que guarda el sueño eterno en la Asamblea Nacional desde enero de 2014 sin ni siquiera haber iniciado su discusión, en enero de este año la organización Venezuela Igualitaria introdujo un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia solicitando la nulidad parcial del artículo 44 del código civil venezolano que establece que «el matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer», alegando que dicho artículo es discriminatorio y contradice los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución.
Mientras la comunidad Lgbti de Venezuela sigue esperando que sus derechos sean reconocidos, esto va más allá de declarar un día contra la discriminación de este sector, sino que requiere de acciones concretas para resguardar los derechos de este grupo, no podemos hablar de respeto a los derechos humanos cuando por tabúes, falsas creencias o extremismos religiosos se pretende excluir derechos a personas que representan al menos un 10% de la población en Venezuela.
@cnietopalma
