Pranificación II por Alejandro Moreno
La Encrucijada –nombre ficticio de un pueblo real– era un lugar más bien pacífico, poco sometido a sobresaltos. Con la anterior alcaldesa, hecha en socialismo, entró en escena un pintoresco personaje, dicen que su amante, y con él cierta banda delincuencial que se dedica a lo suyo: a la extorsión, al cobro de vacunas a los comerciantes, a todo el que se destacara y hasta a los perrocalenteros. La policía nacional, Cicpc, se instala en el pueblo y ejerce su acción sobre esos criminales alguno de los cuales muere en enfrentamientos. La banda reacciona agrediendo con granadas al puesto policial. Se producen algunas detenciones. El jefe de la banda, salido de cárcel y conectado con pranes, impone un día de paro a colegios y negocios, bajo amenaza de bombas si no se libera a los detenidos. La población se encierra en sus casas. Un colegio privado que abrió, fue largamente tiroteado. La gente teme que declaren al pueblo zona de paz con la consiguiente exclusión de la policía y la instalación de la pranocracia.
En La Encrucijada, el sistema cárcel está en proceso. En los barrios, en los urbanismos, en las comunidades populares donde ya está instalado –Aragua, Monagas, Sucre, Guárico, Miranda y…– funciona así: una banda de malandros que dicen tener intención de regenerarse, de acuerdo con alguna instancia oficial y conectada directamente con un pran de la cárcel, cercana o lejana, se encarga de la seguridad y la paz. Ocupa los locales de la policía, que ha sido expulsada y a la que se le ha prohibido entrar en la zona, cobra un tanto mensual por cada familia, por cada negocio, por cada vehículo así como por los colegios, clínicas o lugares de salud y por cualquier actividad económicamente productiva pública o privada que haya. Para garantizar la seguridad y la paz, imponen normas a toda la población, desde horarios de entrada y salida hasta la forma de solucionar los conflictos familiares internos. Estos deben solucionarse o desaparecer bajo pena de muerte que ellos ejecutarán.
Muchos de los habitantes del lugar dicen que así están mejor porque no hay tiros a cada rato y no se está a merced de atracos imprevistos, incluso de la policía.
Contra la intervención de agentes del orden en San Vicente, se mostró una pancarta: “Unidos por la paz, no queremos policías”. Otra ante la prensa: “Vivimos en sana paz desde que se fueron los policías hace dos meses”. ¿Libertad por seguridad? ¿Es la siniestra seguridad que se le ofrece al pueblo? Además, precaria y fugaz si entran bandas o ministros y gobernadores en conflicto.
