Hay un régimen que reprimirá a la disidencia, pero reflejará sus propias contradicciones internas
Existen sectores políticos que aún conciben la situación nacional como una crisis típica de un sistema democrático. Asumen las decisiones del régimen como caprichos del ejercicio del poder. Los hechos han demostrado que este criterio está totalmente errado, el país se encuentra en medio del diseño y ejecución de una “neodictadura”. Las dictaduras modernas se diferencian de las tradicionales en que llegan al poder por la vía del voto popular y tratan de ampararse bajo el velo de esa “legitimidad”. Por este motivo hoy el régimen pretende establecer una relación irrevocable entre democracia y elecciones.
Lo que vemos en la práctica es distinto, se están ejecutando nuevas y viejas fórmulas de autoritarismo, la judicialización de los diputados Mardo, Caldera y Aranguren constituyen un ejemplo. Se debe adicionar lo ocurrido con los diputados Nora Bracho y Julio Borges, a quienes se les suspendió el derecho de palabra por 30 días, pero además los refieren a estudios psiquiátricos, como en la época de Stalin.
La creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección a la Patria (Cesppa) y a su vez, el nombramiento del mayor general Gustavo González como su máxima autoridad, es a todas luces inconstitucional. Este organismo despoja de funciones a varios ministerios y concentra todo el poder en el sector militar. El Cesppa está orientado a funcionar como “órgano rector en seguridad, defensa, inteligencia, orden interno, relaciones exteriores y otras que tengan impacto en la seguridad de la patria”. Es una instancia superior a los poderes establecidos en la Constitución.
La creación de este centro estratégico es una copia de la Ley 88 aprobada en el “parlamento” cubano, el 16 de febrero de 1999. En dicha ley se establece la pena para quienes se dediquen a organizar elementos contrarrevolucionarios, quebrantar el orden interno, o propicien la guerra económica. Entre el Cesppa, la Ley Habilitante y las sanciones en el Parlamento hay un elemento comunicante, un régimen que reprimirá a la disidencia, pero que también reflejará las propias contradicciones internas de dicho régimen. El pueblo no los quiere. La última encuesta de IVAD señala que siete de diez venezolanos considera que la crisis del país es culpa del Ejecutivo Nacional.
