Sostuvo que siempre ha sido defensor del ingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos
El presidente colombiano Gustavo Petro criticó la decisión del régimen de Nicolás Maduro de expulsar de Venezuela a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
“Nosotros nos hemos pronunciado desde hace años sobre la situación de Venezuela. Yo le pedí al presidente (Hugo) Chávez que reingresara al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se burlan muchos. Hay muchos enemigos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo hemos visto, no sólo están fuera de nuestras fronteras, están dentro de nuestras fronteras”, indicó.
Petro aseveró que su posición ha sido la de defender un sistema interamericano de Derechos Humanos y de Justicia ante las faltas judiciales en los países.
“La posición mía es la defensa de un sistema interamericano de Derechos Humanos y de Justicia, que ante las falencias de la justicia nacionales o su politización que está llevando la cárcel mucha gente y que puede llevarnos a unos niveles de violencia muy grandes, pues actúe de forma complementaria para acabar la impunidad”, expresó.
El pasado jueves 15 de febrero el Gobierno venezolano anunció la expulsión del personal de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del país por sus supuestos crímenes contra Venezuela.
La decisión se produjo luego que la ONU, además de varias organizaciones nacionales e internacionales criticaran la detención de la activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, el pasado 9 de febrero.
Tanto la ONU como el resto de las organizaciones denunciaron un patrón de desapariciones forzadas por parte de los cuerpos de seguridad.
San Miguel fue detenida junto con cinco de sus familiares, entre ellos su hija Miranda Díaz San Miguel y dos hermanos de la activista, al relacionarlos con un presunto complot e intento de magnicidio contra Maduro.
Abogados y familiares han denunciado que no se les ha permitido comunicarse con ellos ni se les ha informado sobre el proceso de su caso judicial, pese a que el fiscal impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, negó la versión de la desaparición forzada.
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