Walter Márquez califica de «terrorismo judicial» su imputación bajo la Ley contra el Odio
Advierte que la Fiscalía del Ministerio Público «es diligente en nuestra contra y negligente con las víctimas de crímenes de lesa humanidad»
Textos y fotografías: Diario La Nación del Táchira
El defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, compareció este lunes 11 de septiembre a la Fiscalía primera del Ministerio Público, después de haber sido denunciado por delitos tipificados en la Ley contra el Odio, por parte del alcalde del municipio San Cristóbal, Silfredo Zambrano; por el director General, Juan Rodolfo Martínez y el síndico, Mario Izarra.
«Por odio es que ellos han destruido locales y perseguido personas. Mi defensa la asumirá por parte de la Fundación El Amparo el abogado Jesús Alberto Berro. No hay elementos probatorios que nos imputen un señalamiento concreto, simplemente un terrorismo judicial», expresó Márquez al frente del Ministerio Público.
«En mi caso pretenden intimidar y no lo van a lograr, vamos a seguir denunciando las graves irregularidades cometidas en la Alcaldía de San Cristóbal, las vamos a llevar a instancias internacionales, y con el equipo de abogados vamos a preparar los argumentos de la defensa», agregó.
Sin pruebas
El también director de Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven) precisó que se trata de una simulación de hecho punible por parte del alcalde Silfredo Zambrano y del director General, Juan Rodolfo Martínez, quien es el director «del clan de los Martínez».
«Deberían preguntarse cuántos hermanos de Juan Rodolfo trabajan en la Alcaldía, varios de ellos. El señor alcalde cree que porque está pintando y arreglando lo va a eximir la historia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en San Cristóbal. Vamos a seguir actuando, no nos vamos a dejar intimidar», denunció.
Márquez indicó que la Fiscalía está siendo diligente imputándolo a él como defensor de derechos humanos, mientras que cerró las averiguaciones en contra del alcalde Silfredo Zambrano y los demás funcionarios, por lo que el juez quinto de control fue el que reordenó que se realizaran las investigaciones.
«El Ministerio Público está siendo diligente en nuestra contra y negligente con las víctimas de crímenes de lesa humanidad y grave violación de derechos humanos», enfatizó.
Criminalizan defensa de derechos humanos
Por su parte, la coordinadora del Foro Penal Venezolano capítulo Táchira, Raquel Sánchez, indicó que con la denuncia a Walter Márquez se está criminalizando la defensa de los derechos humanos en el estado Táchira.
«Es una alerta para nosotros en el estado Táchira que Walter esté siendo investigado en estos momentos por acompañar a presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos, cuando la Fiscalía del Ministerio Público del estado venezolano debe estar en la obligación de investigar si estas acciones o estos señalamientos que este defensor de derechos humanos está elevando, tienen o no carácter penal», manifestó.
Recordó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 6 establece que la comunidad en general puede participar en el tema de la administración de justicia, y el rol que encarga es el de ser contralora de que se cumpla con la ley; y además la reforma del Código Orgánico Procesal Penal da a los defensores de derechos humanos la potestad de asistir a las víctimas en su acompañamiento para llegar a la verdad.
La Coordinadora del Foro Penal Táchira hizo un llamado al respeto a la defensa de los derechos humanos, porque el Estado tiene la obligación de garantizar, y porque el impacto que buscan los defensores es la protección de toda la comunidad. Las ONG esperan que el debido proceso judicial se cumpla.
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