En el caso que involucra a un grupo de militares en la supuesta “Operación Armagedón” tanto el grupo de trabajo de la ONU y como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en su visita a Venezuela, señalaron que se trata de una detención arbitraria
Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia
Ana Leonor Acosta y Kelvi Zambrano, abogados de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia y defensores del Capitán de Corbeta Carlos Macsotay, indicaron en el marco de los conversatorios titulados “Conversando sobre ddhh”, que la sala constitucional negó la solicitud de amparo a favor del militar, violando nuevamente tratados internacionales que tiene rango constitucional.
El próximo 17 de mayo, el capitán de Corbeta Carlos Macsotay cumplirá cinco años privado de libertad y sin sentencia, al igual que otros militares de la Fuerza Armada Nacional, señalados de formar parte de la llamada “Operación Armagedón”, supuesta acción militar que pretendía impedir la reelección de Nicolás Maduro en mayo de 2018.
«Carlos Macsotay fue detenido hace cinco años junto a otros militares sin orden de un tribunal, llevados a un juicio sin pruebas y además han sido víctimas de tortura, desaparición forzada y aunque la defensa en juicio ha sido impecable, hasta el momento no se ha obtenido justicia”, dijo la abogada Ana Leonor Acosta.
Acosta recordó que en este caso, que involucra a un grupo de militares en la supuesta “Operación Armagedón” tanto el grupo de trabajo de la ONU y como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en su visita a Venezuela, señalaron que se trata de una detención arbitraria.
Detenciones arbitrarias sin límites
Acosta señaló que el caso del capitán de corbeta es una detención arbitraria y ratificó que estas detenciones deben tener un límite y el capitán de corbeta ya tiene cinco años sin debido proceso ni acceso a la justicia, «además, se ha demostrado que no hay elementos para enjuiciarlo, que les violan sus derechos humanos y la posibilidad de un juicio justo e imparcial”, acotó
La abogada señaló que los privados tienen secuelas de las torturas que sufrieron cuando estuvieron desaparecidos, necesitan atención médica y oportuna y esto también se les ha negado.
Por su parte, el abogado Kelvi Zambrano señaló que la solicitud de amparo hecha por la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia se hizo al margen del proceso judicial que siguen los tribunales penales militares.
“En esta acción de amparo estamos solicitando a la sala constitucional que se pronuncie en relación al caso, ya que el Capitán de Corbeta es víctima de una detención arbitraria y esto lo hemos fundado en base a dos criterios”, informó el especialista en derecho penal.
Zambrano reiteró que el grupo de trabajo consideró que el Capitán Macsotay había sido privado de libertad de manera arbitraria y que el tribunal ante el cual estaba siendo juzgado no gozaba de autonomía e independencia.
Situación complicada para los presos políticos
Los abogados de esta ONG alertaron que la situación de los presos militares civiles y militares cada vez es más delicada y que la salud de esto está en franco deterioro.
Denuncian que han sido torturados y que el Estado hace caso omiso a las opiniones de los órganos internacionales y principios internacionales sobre los derechos humanos.
El amparo fue presentado en marzo del año pasado a favor de Macsotay y de los teniente Antonio Escola y Gustavo Carrero. Hasta el momento solo se han pronunciado sobre el caso del Capitán de Corbeta.
