Un informe del Centro para los Defensores y la Justicia expone que los principales victimarios fueron funcionarios públicos, en el 51 % de los casos
La ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) informó el 21 de abril que en Venezuela se registraron 226 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en el primer trimestre de 2023. Esta cifra representa 131 % más con respecto al mismo período de 2022, cuando se documentaron 98 casos.
«Durante el primer trimestre de 2023 se profundizó el cierre del espacio cívico y democrático. El Estado venezolano continuó agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos», señaló la organización en su más reciente informe, que precisa que en enero se documentaron 105 casos, en febrero 63, y en marzo 58.
Del total de casos, 141 fueron de estigmatización, 51 de hostigamiento, 30 amenazas, tres ataques digitales y una detención arbitraria.
La ONG señaló que, en el primer trimestre, continuaron los «discursos y campañas de desprestigio y la estigmatización, señalando a las organizaciones no gubernamentales de ser terroristas, agentes desestabilizadores y traidores».
Asimismo, dijo que 93 % de las víctimas fueron las organizaciones de derechos humanos y el 7 % personas que trabajan en la defensa de estas garantías.
Responsables de los ataques
De acuerdo con el informe de la ONG, los principales victimarios fueron funcionarios públicos, en el 51 % de los casos, seguidos de los medios de comunicación (25 %), personas o agrupaciones afectas a intereses políticos del Estado (17 %), instituciones públicas (5 %), y organismos de seguridad (2 %).
«Al cierre del primer trimestre del año, la política de criminalización de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos permanece vigente», señaló.
El CDJ exhortó al Estado a garantizar un «entorno propicio y seguro» para el ejercicio de la promoción de los derechos humanos en el país.
«El Estado y todos los actores que actúan con su consentimiento y aquiescencia deben cesar de inmediato los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas», añadió.
ONG piden respetar DDHH de investigados por corrupción
Un total de 35 ONG venezolanas pidieron este 3 de abril respeto para los derechos humanos previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales vinculantes para el Estado, de todos aquellos funcionarios y empresarios que están siendo investigados por presuntos hechos de corrupción, por los que fueron detenidos en las últimas semanas.
«El derecho a un debido proceso, así como el derecho a la presunción de inocencia, asisten a cualquier persona privada de su libertad en el país. También es necesario recordar que el arresto, la detención o la prisión solo se pueden llevar a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o autorizados para ese fin», señalaron las organizaciones en un comunicado.
Asimismo, dijeron que las personas detenidas fueron presentadas ante tribunales pasado el lapso de 48 horas que establece el artículo 44 de la Constitución, «en instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) que no son sede judicial».
«También preocupa que uno de los detenidos sea un diputado que no habría sido detenido en flagrancia, pues la información pública hace referencia a una investigación de ‘meses’, y a quien además no se le hizo el antejuicio de mérito oportunamente conforme a lo establecido en el artículo 200 de la Constitución», agregaron.
Las organizaciones indicaron que el Estado venezolano tiene la obligación de investigar a todos los responsables de «corrupción estructural y de gran escala» que afecta al país, así como «desmontar los mecanismos y políticas institucionales que la han generado», entre ellas la «falta generalizada de acceso a la información y la ausencia de memorias y cuentas auditables».
Con información de EFE
