José Labrador, presidente de AsoBarinas, recordó que tienen cuatro años luchando contra los atropellos a las familias productoras del campo barinés.
La Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) y la Asociación de Productores Rurales del Estado Barinas (AsoBarinas) piden al Estado actuar contra las invasiones y ocupaciones ilegales en la entidad llanera.
Durante una asamblea, Armando Chacín, presidente de Fedenaga, rechazó el conflicto de la tierra y subrayó que debe haber una actuación inmediata por parte del Estado para resolver este problema.
Asimismo, insistió en el compromiso de presionar hasta que la «inacción del Estado» voltee la mirada hacia el amparo de la «poca producción» que se mantiene el país.
También, Chacín denunció la «extorsión que de alguna manera aplican algunos funcionarios públicos para hacerse de lo que no es de ellos».
Además, criticó el desacato de los cuerpos de seguridad en los desalojos que resultan de decisiones de tribunales de la República.
«Paz sin justicia no existe (…) ¿Cómo podemos hablar de paz si no hay justicia?», reflexionó.
«No son delitos comunes lo que está pasando, están atentando contra la producción de alimentos y contra un país que bastante golpeado está», dijo para lamentar que hasta la fecha no han obtenido respuesta.
En cuanto al tema del abigeato y otros delitos, Chacín enfatizó que es necesario combatir la invasión como un hecho que entorpece la producción nacional.
En tal sentido, propuso la creación de un comité de víctimas para que empecemos a darle forma y manera a la recuperación del sector, reseñó una nota de prensa.
Caída de la producción en Barinas
José Labrador, presidente de AsoBarinas, recordó que tienen cuatro años luchando contra los atropellos a las familias productoras del campo de Barinas.
Ante eso, denunció el uso, desde entonces, de instrumentos como la Ley de Tierras de forma fraudulenta para apropiarse de unidades de producción.
«Se metían en una finca, atacaban el productor, le quemaban la finca, le robaban los animales, les destruían las máquinas operativas y después denunciaban la tierra como ociosa», destacó.
Asimismo, dijo que todo esto ha ocasionado que Barinas, donde llegaron a sembrarse 70.000 hectáreas de maíz, hoy apenas este número supere las 8.000, lo que supone una reducción de casi 90%.
«Hoy queremos decir al Estado que esos productores aún tienen voluntad de trabajar, restitúyanle sus derechos», finalizó.
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