Entre las propuestas de Human Rights Watch se encuentra derogar las disposiciones legales violatorias de la libertad de expresión que fomentan la autocensura, incluyendo las normas sobre desacato y la Ley contra el Odio
Foto: EFE/Alberto Valdés
La ONG internacional Human Rights Watch presentó una serie de propuestas sobre derechos humanos para abordar en el diálogo que se llevará a cabo en México entre la oposición y la administración de Nicolás Maduro.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, consideró que una negociación exitosa debe «generar resultados tangibles» que permitan restablecer el Estado de derecho y el ejercicio de derechos fundamentales en Venezuela.
Con respecto a lo anterior, Vivanco señala que se incluyen acciones como «terminar con la censura y la represión, liberar a presos políticos y garantizar que ingrese ayuda humanitaria apolítica al país».
«También debe contar con un acompañamiento internacional riguroso de la implementación del acuerdo”, agregó Vivanco.
Human Rights Watch señala que el desafío está en restablecer el Estado de derecho que la administración de Maduro «ha desmantelado por completo», para lo cual presentaron las siguientes propuestas:
Liberar de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos.
Ordenar el cese de las detenciones arbitrarias y abusos contra opositores por parte de fuerzas de seguridad, así como poner fin a su colaboración con grupos «armados» partidarios del oficialismo para «intimidar a críticos y cometer abusos».
Reformar la Policía Nacional Bolivariana y, entre otras medidas, disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Terminar la censura y la «campaña sistemática en contra de periodistas independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil». Poner fin al hostigamiento público, garantizar que las organizaciones internacionales puedan obtener la documentación necesaria para operar en el país, así como restituir todos los bienes, equipos y oficinas de El Nacional a sus propietarios.
Permitir el pleno despliegue de todas las organizaciones humanitarias, incluyendo el Programa Mundial de Alimentos, que tengan interés y capacidad de proporcionar ayuda de forma apolítica y acorde con los principios humanitarios básicos.
Trabajar con expertos en sistemas de justicia de la sociedad civil, venezolanos e internacionales, así como con la oposición, para establecer una comisión independiente con el fin de formular propuestas concretas y trabajar con las autoridades relevantes para:
Reformar el poder judicial con el propósito de restablecer la independencia judicial, para lo cual es necesario (1) establecer un mecanismo para nombrar los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante un proceso de selección abierto y transparente; derogar disposiciones de la Ley Orgánica del TSJ, que permiten que los legisladores puedan destituir a magistrados por mayoría simple de votos; y asegurar que los jueces inferiores ocupen cargos permanentes con garantías de inamovilidad.
Derogar las disposiciones legales violatorias de la libertad de expresión que fomentan la autocensura, incluyendo las normas sobre desacato y la Ley contra el Odio.
Derogar disposiciones legales que violan el derecho de libre asociación al limitar la independencia de las organizaciones de la sociedad civil.
Asegurar que haya elecciones libres y justas con observación internacional independiente.
Por otro lado, representantes de Maduro deberían asumir el compromiso de asegurar que el Ministerio Público:
Deje de fabricar cargos que obedecen a motivaciones políticas contra críticos, opositores políticos y defensores de derechos humanos.
Retire todos los cargos contra críticos, opositores políticos, periodistas independientes y defensores de derechos humanos procesados por cuestionar acciones o políticas del gobierno, y poner fin a los procesos que respondan a motivaciones políticas.
Investigue de manera oportuna y exhaustiva los señalamientos de violaciones de derechos humanos perpetradas por fuerzas de seguridad, organismos de inteligencia y grupos armados partidarios del gobierno desde 2014, lo cual incluye los casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones y procesos penales arbitrarios, torturas y maltrato, y desapariciones forzadas.
Sobre la CPI
HRW recordó que la situación de Venezuela también es objeto de examen preliminar por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional desde febrero del año 2018.
Al respecto, recuerdan que, tras culminar su mandato en junio de 2021, la entonces fiscal Fatou Bensouda, anunció que la Fiscalía concluyó su examen preliminar.
Vale recordar que la sala de Primera Instancia de la CPI desestimó el pedido de Venezuela.
Entonces, el nuevo fiscal, Karim Kan, deberá decidir se corresponde llevar adelante una investigación formal.
Human Rights concluyó que, pese a la existencia de pruebas, las autoridades venezolanas no han investigado adecuadamente los abusos generalizados.
