«Efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Sebin se llevaron a la señora Teresa Sánchez, madre de Javier Tarazona, mientras realizaban allanamiento de su hogar», escribió Fundaredes en su cuenta de Twitter
Varios activistas venezolanos denunciaron el 14 de julio la detención de Teresa Sánchez, madre del director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, quien se encuentra preso desde el pasado 2 de julio junto a otras dos personas de esa organización.
«Efectivos del (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) Sebin se llevaron a la señora Teresa Sánchez, madre de Javier Tarazona, mientras realizaban allanamiento de su hogar», escribió Fundaredes en su cuenta de Twitter.
Por su parte, la también activista de esa organización Clara Ramírez escribió en la misma red social que Sánchez «es beneficiaria, al igual que Tarazona, de una medida cautelar otorgada» por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dicha decisión la tomó la CIDH el 1 de julio de 2020 «tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».
El abogado Orlando González, miembro de la ONG Foro penal en la ciudad de San Cristóbal, capital del estado fronterizo Táchira, donde reside Tarazona, afirmó que los funcionarios del Sebin se llevaron a Sánchez con «rumbo desconocido» junto a un menor de edad.
En un video difundido en Twitter por el director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, González explicó que en el allanamiento del domicilio de Tarazona no estuvo presente su abogado ni permitieron el acceso de testigos.
Tarazona fue detenido junto a su hermano Rafael y Omar García, ambos miembros de Fundaredes, y los tres fueron imputados este sábado por «incitación al odio» y otros delitos.
«Javier Tarazona, defensores de DDHH de Fundaredes, quedan privados de la libertad. Les imputan supuesta traición a la patria, terrorismo e incitación al odio», indicó el director Himiob el pasado 3 de julio.
Tarazona fue una voz fundamental para informar acerca del conflicto que comenzó en marzo pasado entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC en el estado Apure (fronterizo con Colombia) y que se prolongó por aproximadamente dos meses con un saldó indeterminado de fallecidos.
Al frente de Fundaredes, se convirtió en una fuente clave para conocer lo que sucedía en la zona ante la falta de datos oficiales.
