Argentina manifestó que su retiro es “sin perjuicio de las acciones que la Fiscalía lleva a cabo relativas a la situación de Venezuela conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, respetando la independencia judicial”
Este miércoles, se conoció que el Gobierno de Argentina, presidido por Alberto Fernández, retiró la acusación que pesaba sobre el régimen de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, por presuntos crímenes de Lesa Humanidad.
“El Gobierno de la República Argentina se retira de dicha remisión como así también de toda presentación realizada en ese marco, incluyendo la Nota OI 48/2019 del 30 de septiembre de 2019 vinculada a un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina”, afirma el documento enviado a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda.
La demanda contra el Gobierno de Venezuela ante la CPI fue interpuesta por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina, en 2018, cuando aún gobernaba Mauricio Macri. El objetivo de la misma es que «se investigue al régimen de Venezuela por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad».
Argentina manifestó que su retiro es “sin perjuicio de las acciones que la Fiscalía lleva a cabo relativas a la situación de Venezuela conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, respetando la independencia judicial”.
El gobierno argentino impulsó a partir de la asunción de Fernández un giro en la política exterior, sobre todo, con respecto a Caracas. El pasado mes de marzo, Argentina se retiró del Grupo de Lima. La salida de ese bloque regional se debió a “la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima” que había llevado a “posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar”.
En el comunicado, el gobierno argentino también denunció que las acciones del foro, liderado en las formas por Brasil y Colombia, no habían “conducido a nada” y dijo que la solución a la crisis venezolana pasa por un “diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular”, y que permita la realización de “elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional”.
*Con información de Infobae y TC
