Un informe, elaborado por la comisión para derechos humanos y atención a las víctimas designado por Juan Guaidó, recoge que pudo confirmar «estadísticas de ejecuciones extrajudiciales por parte de las FAES equivalente 400 víctimas identificadas y otras 125 no identificadas»
La oposición presentó este 3 de mayo un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante 2020, en el que denuncia que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuya disolución ha pedido la ONU, cometió 400 ejecuciones extrajudiciales identificadas.
El informe, elaborado por la comisión para derechos humanos y atención a las víctimas designado por el opositor Juan Guaidó, recoge que pudo confirmar «estadísticas de ejecuciones extrajudiciales por parte de las FAES equivalente 400 víctimas identificadas y otras 125 no identificadas».
«Esto se suma a las más de 2.500 registradas a nivel nacional por la señora Michelle Bachelet desde la oficina de la alta comisionada (de la ONU para los Derechos Humanos). Hemos podido concluir que existe un patrón de ejecuciones que afecta de manera particular a jóvenes varones de escasos recursos debido a la militarización de la seguridad ciudadana», subraya.
El reporte añade que han observado «que las víctimas arbitrariamente ejecutadas en el año 2020 fueron en su totalidad hombres jóvenes, generalmente no mayores de 50 años, pertenecientes a familias de bajos ingresos y habitantes de zonas populares con altas tasas de delincuencia».
Además, aseguran que «todas las ejecuciones extrajudiciales fueron justificadas en las versiones oficiales asegurando que las muertes se produjeron en el contexto de presuntos ‘enfrentamientos con antisociales’ o de ‘resistencia a la autoridad'».
También documentaron 232 «detenciones arbitrarias identificadas» en el 2020, además de tener «noticias» de otros 106 casos de personas que, presuntamente, también fueron arrestadas.
«No obstante, estas últimas se han excluido del conteo total debido a que no pudieron ser plenamente identificadas», añade el reporte.
De ellos, 134 eran miembros de la sociedad civil, 42 trabajadores de la prensa, 23 profesionales de la salud, 14 defensores de derechos humanos, 11 miembros del equipo de Guaidó «y personas cercanas», cuatro diputados y dirigentes políticos y cuatro agentes estatales.
En esta práctica, siempre según el informe opositor, participaron «diversos cuerpos de seguridad del Estado, frecuentemente adscritos» a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y las FAES.
«Es importante resaltar que un alto número de detenciones arbitrarias fueron cometidas en contextos de manifestaciones pacíficas», añaden.
