La nueva normativa le exige a las ONG que entreguen un listado donde se identifique a las personas beneficiadas por sus programas sociales
El acoso por parte del régimen de Nicolás Maduro en contra de las organizaciones no gubernamentales (ONG) sigue tomando terreno. Esta vez con la nueva normativa para el registro ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo se pretende aumentar el control hacia estas.
Con un plazo de 30 días para registrarse y con exigencias de develar quiénes son los beneficiarios, quiénes son los donantes y quiénes los socios, las autoridades pretenden inmiscuirse en las labores de defensa de derechos humanos, así como en el trabajo de ayuda humanitaria que las ONG realizan en el país.
Sobre esto, varias organizaciones sin fines de lucro que realizan labores humanitarias en el país, reaccionaron a la medida impuesta por el gobierno de Nicolás Maduro.
“Es ilegal desde todo punto de vista porque se les está dando (a las ONG) un trato de terroristas porque parte del principio de que si no te registras, eres terrorista; ya por ahí hay un trato inadecuado, sobre todo a las organizaciones que estamos registradas en Venezuela”, detalla Luis Francisco Cabezas, director de Convite.
Marino Alvarado, coordinador de investigación del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), explica que esta “normativa es inconstitucional” porque obstaculiza el trabajo de miles de organizaciones que trabajan en el país por la justicia, el bienestar social y la defensa de los derechos humanos.
A juicio de ambos defensores de DDHH, detrás de esta nueva normativa hay enormes peligros y riesgos, no solo para las ONG sino también para los beneficiarios. Tanto Alvarado como Cabezas indican que con esta nueva ley se busca perseguir, amedrentar e intimidar; lo que conlleva a que la gente se abstenga de denunciar al Estado porque las organizaciones que llevan estas causas ahora están obligadas a revelar la identidad de los denunciantes y a dejarlos expuestos.
Las ONG del país no acatarán el llamado a este registro, pues consideran que sería darle información a la dictadura para que aumenten las represiones, las torturas y las detenciones arbitrarias. “No lo vamos a hacer y resistiremos; ese es un punto que no tiene negociación”, enfatizó Marino Alvarado.
Por su parte, Luis Francisco Cabezas recuerda que las organizaciones no gubernamentales que laboran en el país están registradas legalmente en el Seniat, Saren y desarrollan operaciones económicas a través de la banca nacional que son monitoreadas por Sudeban.
Cabezas advierte que con esta acción se está atacando la labor humanitaria, la defensa de los derechos humanos y la protección a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
*Con información de TalCual
