Según un informe de Provea y el Centro Gumilla, solo entre los meses de marzo a junio, en plena cuarentena, los policías y militares asesinaron a 1.091 personas
El Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Centro Gumilla denunciaron que los cuerpos policiales y militares de Venezuela fueron más letales que la Covid-19 durante el año 2020. Un total de 2853 personas fueron víctimas de la letalidad de los cuerpos armados del Estado venezolano.
La mayoría de las víctimas fueron jóvenes de sectores populares, entre 18 y 30 años de edad, lo que indica un patrón de discriminación que pone en riesgo la vida de los jóvenes,
Los estados en los que la población sufrió con mayor rigor la violencia institucional de policías y militares fueron por orden de letalidad Zulia, Aragua, Bolívar, Lara, Carabobo y Miranda. En todo el 2020 el estado Zulia fue el que registró más muertes con 667, seguido de Aragua con 297, luego aparece Bolívar con 269 muertes y Lara con 193. En muchos de los casos familiares o vecinos desmintieron la versión de enfrentamiento.
Mayo fue el mes donde policías y militares actuaron con mayor letalidad. 379 personas fueron asesinadas en un contexto de cuarentena por coronavirus, en el que la circulación de personas en la vía pública era mucho menor, pero los operativos violentos contra la población no se detuvieron. Solo entre los meses de marzo a junio, en plena cuarentena, los policías y militares asesinaron a 1.091 personas.
Así actuaron los cuerpos policiales
La Policía Nacional Bolivariana (PNB) principalmente a través de su cuerpo élite las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) es el cuerpo policial más letal. En 2020, la PNB fue responsable de 672 asesinatos, lo cual representa el 23,55% del total. Muy de cerca el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) con 593 casos, lo que equivale al 17,52% del total.
En los dos últimos años en el debate público se ha opacado la responsabilidad de este organismo en las cientos de presuntas ejecuciones ocurridas en el país. El señalamiento se ha centrado en el FAES puesto que actuando en menos estados del país es el cuerpo de seguridad que más atenta contra el derecho a la vida. Las policías estadales fueron responsables de 721 presuntas ejecuciones, equivalente a 25,71%. Llama la atención la letalidad de la policía del estado Zulia responsable de 262 asesinatos, Aragua con 104 y la del estado Carabobo con 101 muertes.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es responsable de 359 casos en su gran mayoría responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Llama la atención el significativo incremento en el número de casos responsabilidad de la FANB. Provea pudo identificar en 2019 la participación de la FANB en 55 presuntas ejecuciones. Este resultado corresponde al cada vez más creciente proceso de militarización de las labores de seguridad ciudadana.
Las policías municipales por su parte, fueron responsables de 134 presuntas ejecuciones. Estas policías, que están definidas como policías principalmente de carácter preventivo, participan con mayor frecuencia en operativos donde el resultado es dar muerte a presuntos delincuentes.
Provea y el Centro Gumilla insisten en que las autoridades siguen sin dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales de protección de derechos humanos, persisten en mantener una política de seguridad que no respeta el derecho a la vida y otros derechos humanos, no se investiga ni sanciona a los autores materiales y a las cadenas de mando de los responsables de las miles de presuntas ejecuciones.
Ambas organizaciones destacaron que la actuación del gobierno de Nicolás Maduro insiste en reforzar la lógica belicista y la estigmatización y criminalización de distintos actores sociales para “justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales y militares, y consolidar el Estado policial y militar que supone la primacía de los intereses del Estado por encima de los derechos ciudadanos”.
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