Defensa de ONG Azul Positivo interpone apelación para exigir libertad de sus activistas - Runrun
Defensa de ONG Azul Positivo interpone apelación para exigir libertad de sus activistas
Provea a través de sus redes sociales exigió a la corte de apelaciones a actuar. La organización argumentó que el trabajo humanitario no puede catalogarse como un crimen

 

La defensa legal de la organización no gubernamental Azul Positivo interpuso un recurso de apelación para exigir la libertad de Johan León Reyes, director general; Yordy Bermúdez Gutiérrez, director ejecutivo; Layners Gutiérrez Díaz, director de finanzas; Alejandro Gómez Di Maggio, asistente administrativo; y Luis Ferrebuz, promotor social, integrantes de la ONG que operaba en el estado Zulia orientada a la prevención del VIH.

“La defensa de Azul Positivo interpone apelación para exigir la libertad de los cinco trabajadores humanitarios, arbitrariamente detenidos en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar, Dgcim, de Maracaibo”, escribió el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

Provea a través de sus redes sociales exigió a la corte de apelaciones a actuar. La organización argumentó que el trabajo humanitario no puede catalogarse como un crimen.

Más de 80 organizaciones de la sociedad civil del Área Metropolitana de Caracas emitieron un comunicado para rechazar la decisión del Tribunal 4to de Control del Zulia de dictar medida preventiva en contra de los cinco miembros de la ONG.

Las organizaciones que suscriben esta manifestación alertan que la decisión de encarcelarlos agrava el patrón de hostigamiento y persecución contra quienes intentan aliviar el sufrimiento de la población en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país y la pandemia del coronavirus. 

Las ONG consideran que el 2021 será el año donde se «intentará silenciar e inhibir a quienes hablaremos alto y claro sobre el sufrimiento de los venezolanos, especialmente a los activistas de la sociedad civil» y explican que los antecedentes reflejan que los ataques están focalizados «contra los trabajadores humanitarios del interior del país, con un perfil más discreto a los activistas de Caracas, con menor visibilidad e impacto mediático». 

Reiteran que los más afectados por esta decisión son las 9.000 personas de las comunidades vulnerables del estado Zulia que se beneficiaban directamente de la labor de esta ONG que trabaja en la región desde el año 2004.

«Si la principal estrategia del autoritarismo es la separación y fragmentación de sus críticos, estamos comprometidos en mantenernos unidos como movimiento y responder en conjunto al ataque contra cualquiera de nosotros», enfatiza el comunicado.

Aquí el comunicado íntegro: 

 

*Con información de TC y CU