La organización exige al Estado derogar la ley por ser un instrumento que va en contra de los estándares internacionales
El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) determinó que la llamada Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, aprobada por la asamblea nacional constituyente en noviembre de 2017, ha sido utilizada por el Estado como un mecanismo de persecución, censura y autocensura en el país.
Así lo afirman en su más reciente informe llamado «Normativa contra el odio: la censura hecha ley», en el que además indicaron que hay al menos 23 afectados, entre medios de comunicación y trabajadores de la prensa, desde 2018.
A 17 afectados les aplicaron acciones legales, entre las imputaciones de los tribunales y las denuncias formales de actores públicos; mientras que los otros 6 fueron amenazados e intimidados con ser denunciados o procesados «“por incitación o promoción al odio”.
El trabajo de Ipys también reveló que “el 2020 ha sido el año con más personas detenidas y enjuiciadas por la norma aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con un total de 34 ciudadanos que han sido privados de libertad”, según datos de la organización Foro Penal.
“Funcionarios públicos se han valido de la ‘Ley contra el odio’ para perseguir e intimidar a medios de comunicación, periodistas, religiosos, trabajadores de la salud, empleados públicos y hasta ciudadanos comunes por hacer valer su derecho a la libertad de expresión y opinión”, destacaron en el informe.
Igualmente señalaron que dentro de la ley se pena el discurso de odio, pero no se establecen límites claros sobre su categorización, lo que deja espacio libre a la interpretación, a la ambigüedad y da la potestad al Estado de establecer cuáles mensajes son generadores de odio y cuáles no.
Por eso Ipys Venezuela exigió al Estado venezolano la derogación de la «ley contra el odio» por ser un instrumento que va en contra de los estándares internacionales. De igual forma, la organización pidió la liberación y el cese de las investigaciones contra los ciudadanos señalados por los delitos contenidos en este estatuto, y el levantamiento de las medidas cautelares aplicadas en cada caso.
Con información de El Impulso
